Mario J. Viera
Para un cubano refugiado político en
Estados Unidos y residente en el sur de la Florida, no le resulta muy cómodo,
fácil y exento de polémicas, dar un enfoque objetivo al tema de la reinclusión
de Cuba en la lista negra de los Estados Patrocinadores del terrorismo.
El pasado 11 de enero, solo a muy pocos
días del fin del periodo presidencial de Donald Trump, Estados Unidos, volvía a
incluir a Cuba en la selecta lista de los Estados patrocinadores del terrorismo
─ Corea del Norte, Irán y Siria, luego de la exclusión de esta lista de Sudán
tras haber reconocido al estado de Israel ─ bajo la acusación al régimen de La
Habana de "brindar apoyo repetidamente a actos de terrorismo
internacional", además de albergar, desde la década de los 70, a fugitivos
estadounidenses como los militantes del Black Power, Ronald (Ishmael) LaBeet,
Charles Lee Hill y Joanne Chesimard, también conocida como Assata Shakur, y a
dirigentes de grupos rebeldes colombianos.
El anuncio de esta decisión lo dio a
conocer Mike Pompeo, en un mensaje de su cuenta de Twitter donde exponía: “El continuo
apoyo de Cuba al terrorismo en el hemisferio occidental debe detenerse. Hoy Estados Unidos está
devolviendo a Cuba a la lista de Estados Patrocinadores de Terrorismo para
responsabilizar al régimen de Castro por su comportamiento maligno”; para
luego agregar en un comunicado: "Durante
décadas, el gobierno cubano ha alimentado, alojado y brindado atención médica a asesinos, fabricantes de bombas y
secuestradores, mientras que muchos cubanos pasan hambre, se quedan sin
hogar y no tienen medicamentos básicos". Alegaba, además, Pompeo como
una de las bases para sustentar el ingreso de Cuba, nuevamente como Estado
patrocinador del terrorismo, es la negativa cubana de extraditar a Colombia a
los negociadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, tras la
ruptura de las negociaciones de paz al producirse el atentado con bombas por
parte del ELN contra una academia policial de Bogotá donde murieron 22 personas.
Se alegaba también el apoyo que el
gobierno de Cuba le ha estado prestando al gobierno de Nicolás Maduro; gobierno
que ha sido señalado de violaciones a los derechos humanos por parte de la
comunidad internacional, acusando a Cuba de crear "un ambiente permisivo
para que los terroristas internacionales vivan y prosperen dentro de
Venezuela". No obstante, hay una evidente exclusión, ya que Venezuela,
donde “los terroristas internacionales” viven y prosperan, no fue incluida por
la administración Trump en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
No obstante, al inicio de la administración Trump en 2017, Cuba se mantenía
fuera de la lista de patrocinadores del terrorismo.
Desde 1982 Cuba formaba parte de la lista
hasta el 2015 cuando, durante la administración de Obama, se decidió excluirla
de la lista. De acuerdo con la información recogida por Radio y Televisión
Martí, el 14 de abril de ese año, el presidente Obama, tras su reunión con Raúl
Castro, en Panamá durante la celebración Cumbre de las Américas, anunció su
decisión de eliminar a Cuba de lista negra, “Las razones por las que Washington mantenía a Cuba junto a Irán, Sudán
y Siria, en la lista negra ─ según informó entonces Radio Televisión Martí ─
eran su presunta acogida a miembros de la
organización terrorista vasca ETA,
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y algunos fugitivos
de la justicia estadounidense”.
El portavoz del Departamento de Estado, Jeff Rathke, explicó en un comunicado
que "la rescisión de la designación
de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo refleja nuestra evaluación de
que Cuba cumple con los criterios legales para la rescisión", que
"si bien Estados Unidos tiene
importantes preocupaciones y desacuerdos con una amplia gama de políticas y
conductas de Cuba, estas son ajenas a los criterios pertinentes para la
rescisión de la designación de un Estado como patrocinador del terrorismo".
En marzo de 2016, no obstante, la organización
anticastrista del exilio cubano, Centro
para una Cuba Libre, presidida por Frank Calzón elaboró un informe dirigido
a los funcionarios del gobierno de Obama, Ben Rhodes, Consejero de Seguridad
Nacional; Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica; y Jeffrey DeLaurentis, embajador en La
Habana, un listado de “terroristas” para que, “tan pronto como sea posible”
llamaran la atención de Barack Obama, entre los que incluía a ciudadanos
estadounidenses como, Joanne Chesimard, alias Assata Shakur; Charlie Hill;
los puertorriqueño Víctor Manuel Gerena y William Morales; e Ishmael LaBeet. En
julio de 2017, el Centro por una Cuba Libre no desiste en su empeño de
revertir la política que, hacia Cuba, el gobierno de Obama abría, y hace un
llamamiento al presidente Trump acompañado de la firma de más de 100 ex
embajadores estadounidenses, académicos, expresos políticos cubanos, líderes
empresariales y escritores, teniendo en cuenta las leyes y los estatutos de
este país. Motivado por este llamamiento, Trump, el 9 de julio de 2017, anunció un
freno parcial al deshielo con Cuba si no se cumplían ciertas condiciones, como
elecciones libres y justas, que se permitiera la oposición política y una
apertura económica, y, en primer lugar, la extradición de todos los convictos
estadounidenses que huyeron a Cuba en busca de asilo.
Pero, como bien apunta el New York Times,
los “expertos sostienen que, si Estados
Unidos solicita la extradición de esas personas, Cuba puede hacer lo mismo. Eso
podría incluir la entrega de Luis Posada Carriles, un cubano relacionado con la
CIA que vive en Estados Unidos, pero es buscado por el gobierno
cubano debido a, entre otras cosas, su posible participación en el ataque
con una bomba que mató a 73 personas en un avión cubano de pasajeros”.
Posada Carriles fallecería, casi un año después, el 23 de mayo de 2018. Con
independencia de lo apuntado por el New York Times, Cuba podría alegar que,
además de Posada Carriles, Estados Unidos dio refugio a oficiales del derrocado
gobierno de Batista que eran reclamados por el gobierno de la isla por
numerosos hechos de sangre, y nunca fueron extraditados, como los connotados
Esteban Ventura, Pilar García y Rolando Masferrer.
Con fecha 19 de julio de 2017, seis meses
después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados
Unidos, Radio y Televisión Martí, informó: “El
Departamento de Estado (en esa fecha),
denunció que Venezuela siguió albergando
a individuos ligados a las FARC, al grupo terrorista español ETA
y a simpatizantes de la milicia libanesa Hizbulá, y que ‘por undécimo
año consecutivo’, Caracas ‘no cooperó adecuadamente con los esfuerzos
antiterroristas de EEUU’". Sin embargo, a diferencia de Cuba, que, por
las mismas razones en 1982, fuera incluida en la lista de los patrocinadores
del terrorismo, no se incluyó a Venezuela en esa lista y aún sigue sin su
inclusión como Estado patrocinador del terrorismo.
En rechazo a la reinserción de Cuba en la
lista de patrocinadores del terrorismo, el expresidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, respaldado, según el diario español El País, por el grupo de
líderes mundiales reunidos en la organización The Elders, le solicitó a Joe Biden que revoque la designación de
Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo”. “Rechazo inequívocamente la decisión de la Administración estadounidense
anterior de redesignar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. El
presidente Biden debería comenzar de inmediato el proceso de revisión para
revocar esto. Cuba debe ser aplaudida
por la función crucial que desempeñó para ayudar a poner fin a décadas de
conflicto y facilitar la reconciliación en Colombia, y no enfrentar sanciones
por haberlo hecho. Los países que facilitan los procesos de paz merecen nuestro
agradecimiento y reconocimiento”, expresó Santos en declaraciones recogidas
por The Elders.
The
Elders es una organización
internacional no gubernamental, formada por un grupo de conocidos líderes
globales, defensores de la paz, y de los derechos humanos, y cuyo propósito es
contribuir a resolver problemas mundiales, como el cambio climático, el VIH /
SIDA, el hambre y la pobreza, así como a "utilizar su independencia
política para ayudar a resolver algunos de los conflictos más difíciles del
mundo". Como informa el diario colombiano El Tiempo, para formar parte de “este
selecto grupo porque solo tiene 18 miembros, de los cuales 2 ya fallecieron, la
persona debe contar con una importante confianza de la comunidad internacional,
haber construido una reputación por su liderazgo inclusivo y progresivo y, debe
encontrarse actualmente apartada de cargos públicos”.
Entre los miembros de The Elders, se
cuentan personalidades como, Martti
Ahtisaari, expresidente de Finlandia, Premio Nobel de la Paz; Gro Harlem Brundtland, ex Primera
Ministro de Noruega; Fernando Henrique
Cardoso, expresidente de Brasil; Jimmy
Carter, expresidente de los Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz; Ricardo Lagos, expresidente de Chile; Mary Robinson, expresidente de Irlanda
y ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Ernesto Zedillo, expresidente de México;
Juan Manuel Santos, expresidente de
Colombia, Premio Nobel de la Paz; Aung San Suu Kyi, Birmania líder de la
oposición y Secretaria General de la Liga Nacional para la Democracia que fue presa
política en Birmania y es Premio Nobel de la Paz; Ellen Johnson Sirleaf, ex Presidenta de Liberia y Premio Nobel de
la Paz 2011; y Zeid Raad Al Hussein,
alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos entre 2012 y
2014.
Aunque el gobierno del presidente colombiano
Iván Duque Márquez exige la extradición del
grupo de comandantes del ELN que participaban en las rotas negociaciones de paz
con su gobierno ha elevado la tensión en las relaciones con Cuba que se niega a
las extradiciones, la organización The Elders, advierte: “Los negociadores del ELN habían
recibido garantías formales de un regreso seguro, de acuerdo con los protocolos estándares para las negociaciones de
paz, que el Gobierno cubano debe defender”. Por otra parte, Humberto de la
Calle, jefe del Equipo Negociador por
parte del Gobierno de Juan Manuel Santos en el Proceso de Paz con las FARC,
y Sergio Jaramillo, quien entre 2010 y 2012 ejerció el cargo de Alto Asesor
Presidencial de Seguridad Nacional, del gobierno Santos, y a los cuales se les
considera como los arquitectos del acuerdo con las FARC, declararon:
“Es
entonces un despropósito y un acto de
ingratitud estatal sin par con la República de Cuba que, en el marco de
negociaciones similares con el ELN, el
Gobierno de Iván Duque haya exigido la entrega a las autoridades colombianas de
los miembros de esa delegación, en contra de los protocolos firmados por el
Gobierno de Colombia y los garantes internacionales, que exigen regresar a los
negociadores del ELN a sus lugares de origen en caso de rompimiento de las conversaciones.
El hecho de que el ELN hubiera cometido un acto de terrorismo atroz en la
Escuela de Cadetes de la Policía Nacional en Bogotá – que condenamos con la
mayor vehemencia – y de que el Gobierno, como es su derecho, hubiera abandonado
la negociación, no cambia los términos
de lo acordado formalmente por Colombia en el marco del proceso de paz”.
“Noruega,
como pone de relieve El País, el otro
garante del proceso con las FARC, ha señalado que, si los países que facilitan
esfuerzos de paz corren el riesgo de terminar incluidos en la lista negra de
patrocinadores del terrorismo, lo van a pensar dos veces antes de apoyar esos
esfuerzos”.
Cuando se compara a Cuba con el trío de
asociados dentro de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, hoy por
hoy, se puede concluir que no cumple con los mismos méritos ─si mérito se
pudiera calificar a toda acción detestable ─ que esos estados, Corea del Norte,
Irán y Siria, poseen. El régimen del Partido Comunista de Cuba (PCC) no es para
nada un modelo digno de seguir ni de defender. Sin embargo, nada semejan sus
métodos represivos con el terrorismo de estado que practican esos gobiernos
insertos en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. En Cuba se
aplicó la Ley 88 que condenaba con largos años de prisión a activistas y
periodistas independientes, pero nada como la aplicación del delito de desacato
que el 21 de noviembre de 2008 condenó en Birmania al comediante U Maung Thura
a 45 años de privación de libertad, solo por criticar la mala gestión del
gobierno ante los destrozos provocados por un huracán.
No es necesario elaborar una leyenda negra
para condenar al régimen del PCC. Mucho se puede alegar en su contra, como los
sucesos del remolcador Trece de Marzo y del río Canimar y el derribo de las
avionetas de Hermanos al rescate sobre aguas internacionales. Se puede condenar
al régimen por su pésima conducción de la economía nacional, por su desprecio y
persecución a la opinión disidente, por esto y por mucho más. Valdría más reclamar
la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ocupa
ilegítimamente.
La inclusión de Cuba, nuevamente en la
lista de estados patrocinadores del terrorismo, por parte de la administración
trumpista, conlleva dos posibles propósitos, contentar al sector ultraderechista
de la comunidad cubana con vistas a una probable candidatura de Trump para el
2024 y, dificultarle a la administración Biden dar pasos en su propósito de
mejorar las relaciones diplomáticas con el Estado cubano.
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