Mario J. Viera
La historia recoge ejemplos de humillaciones y humillados. Quizá el más conocido acto de humillación se produjo en Italia durante el siglo XI, cuando el Emperador alemán Enrique IV se puso de rodillas ante el Papa Gregorio VII, pidiéndole perdón. Este hecho es recogido por la historia como la humillación de Canossa. Por el asunto de las investiduras eclesiásticas el emperador se enfrentó al Papa exigiendo el derecho de nombrar obispos. Roma se enfureció y luego de excomulgar al orgulloso soberano, liberó a los nobles alemanes del voto de sumisión que debían al emperador. Allí ardió Troya. El emperador vio en peligro su trono y tuvo que ir a humillarse a Canossa ante el soberbio Papa Gregorio.
Otro hecho humillante sucedió en Cuba en 1901. Ocurrió en los finales de la Ocupación americana luego de la derrota de España por el ejército de Estados Unidos. El 18 de abril de 1898, el Congreso de los Estados Unidos acordaba un Resolución Conjunta que autorizaba al presidente Mc Kinley a declarar la guerra a España. En el primer Por Tanto de la resolución se establecía: “Que el pueblo de la isla de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente” y en el cuarto decía: “Que los Estados Unidos por la presente declaran que no tienen deseo ni intención de ejercer soberanía, jurisdicción o dominio sobre dicha Isla, excepto para su pacificación, y afirman su determinación, cuando ésta se haya conseguido, de dejar el gobierno y dominio de la Isla a su pueblo”.
Las aspiraciones imperialistas del gobierno que se extendían hacia las Filipinas, Puerto Rico y Cuba tenía una excepción en el caso cubano ya que la Resolución Conjunta impedía la ocupación permanente de la isla por parte de Estados Unidos, por lo que tuvo que conformarse a que Cuba fuera un protectorado de la gran Nación del Norte. El instrumento legal para implementar tal protectorado lo constituyó una enmienda a la Ley de Gastos del Ejército promovida por el senador Orville H. Platt el 28 de febrero de 1901 y que se conocería como Enmienda Platt.
En el Artículo III de dicha Enmienda se establecía: “...el Gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un Gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que, con respecto a Cuba, han sido impuestas a los EE.UU. por el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba”.
Los diputados cubanos a la Constituyente de 1901 tuvieron que enfrentar la imposición de la Enmienda del senador Platt como apéndice a la Constitución de la República. Propuesta ante la correspondiente comisión se llegó a un acuerdo interpretativo que hizo que el general del Ejército Libertador cubano José Lacret dijera en voz alta: “Tres fechas tiene Cuba. El 10 de octubre aprendimos a morir por la patria. El 24 de febrero aprendimos a matar por la independencia. Hoy, 28 de mayo de 1901 hemos esclavizado a nuestro pueblo con férreas y gruesas cadenas”.
McKinley luego de conocer el acuerdo interpretativo, según Carlos Márquez Sterling, lo rechazó: "La Enmienda -dijo- hay que votarla tal como está aprobada por el Congreso. De lo contrario la ocupación de la Isla se prolongará indefinidamente". La Asamblea volvió sobre sus pasos y en una nueva sesión, llena de incidentes aprobó la imposición de Washington. Esta vez por 16 votos contra 11.
Esta introducción con referencias históricas, que, por cierto, nada tienen que ver con Honduras, sirve, no obstante para hallar un símil con la firma del acuerdo de Cartagena y el reintegro de Honduras a la Organización de Estados Americanos. Un símil de humillación y de humillados.
Porfirio Lobo no tuvo más remedio que sufrir su humillación de Canossas en Colombia inclinándose ante Hugo Chávez y con la complacencia de Juan Manuel Santos. A cambio recibiría el reconocimiento de su gobierno y el reintegro de su país al seno de la desprestigiada organización interamericana.
Como sucedió con los constituyentes cubanos de 1901 que tuvieron que aceptar la imposición de la Enmienda que restringía la soberanía de Cuba, Lobo tuvo que aceptar firmar el acuerdo de Cartagena, una enmienda Platt de corte chavista.
Honduras quedaría humillada, su presidente electo tenía que aceptar “los cuatro puntos planteados por el ex Presidente Zelaya para la solución de la crisis política”; tuvo que aceptar como buenas “las resoluciones de la Organización de Estados Americanos en la cual condenó los sucesos del 28 de junio del 2009 como un Golpe de Estado”; aceptar la imputación de que el Congreso y el poder judicial llevaron a cabo un golpe de estado que destituyera de su cargo al miserable de Mel Zelaya.
Además Lobo comprometió a todos los hondureños a “garantizar el proceso de fortalecimiento de la vida democrática del país con participación política en igualdad de condiciones (...) para el Frente Nacional de Resistencia Popular”; es decir, darle el reconocimiento a una organización provocadora, extremista y de filiación chavista vinculada a intereses externos.
Y esos intereses externos impusieron como condición previa la “decisión de las autoridades competentes de anular los procesos judiciales en contra del Ex Presidente José Manuel Zelaya Rosales, subrayando la presentación de los documentos por la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría General de la República ante el Tribunal de Apelaciones ad hoc, según los cuales ambas instituciones renuncian a presentar recurso de amparo, así como su admisión por parte del Tribunal, con lo cual la decisión judicial es definitiva”, algo que como bien hace destacar Luz Ernestina Mejía de la redacción del diario EL HERALDO, es “una amnistía impuesta por capricho desde afuera por extranjeros que no saben, no comprenden ni quieren comprender lo que sí sabemos y comprendemos los hondureños”
La corrupción del gobierno de Zelaya, su accionar en contra de las leyes del país, su intento de menoscabar el cumplimiento de los postulados constitucionales quedarían impunes, lo que de hecho es constitutivo de una imposición a la independencia del poder judicial. Y muy en primer lugar, el gobierno de Lobo tenía que validar la consulta popular que planteaba Zelaya de modificar la Constitución causa y fundamento del acto que provocó su destitución. Como dijera el coronel de aviación retirado José Israel Navarro en un artículo para el diario LA TRIBUNA, “...cualquier desviación de este acuerdo será excusa para que el FNRP lo denuncie, así que a cumplir con el cambio de la Constitución para que se permita la reelección, sin ponerle alguna colita u obstáculo (...) después del reconocimiento de la OEA debemos hacer fiesta y sólo nos falta condecorar al Presidente de Venezuela y al presidente de la OEA, POR TAN MAGNO EVENTO”.
Todavía más humillante es la aceptación de la intromisión extranjera en los asuntos internos del país al reconocer “la conveniencia de contar con un acompañamiento solidario de la Comisión de Seguimiento conformada por los dos mediadores del proceso de reconciliación nacional en la República de Honduras, que podrá ampliarse a otros países de común acuerdo entre las partes”.
Esta humillante situación la expresa correctamente el Editorial del 8 de junio del periódico LA PRENSA: “Las actitudes contradictorias de algunos personajes que vociferan en contra del organismo continental cada vez que les conviene y luego lo utilizan para poner condiciones a un estado soberano no tienen explicación sensata ni justificación alguna. No cabe siquiera en nuestra imaginación la posibilidad de pensar que cualquier nación norte o sudamericana iba a admitir que se le indicara de manera tan poco amable el camino que tenía que recorrer para recuperar un sitio que naturalmente le correspondía”.
Y agrega:
“En múltiples ocasiones los hondureños sentimos indignación ante los atropellos a los que nos vimos sometidos, sobre todo, cuando procedían de estados o individuos a los que libertad, democracia, derechos humanos o legalidad les resultan postizos”.
¿Cómo es posible aceptar que sea el gobierno de Chávez, aunque sea con el contubernio de Juan Manuel Santos, quien supervise el supuesto proceso de democratización de Honduras? Chávez que es la negación del estado de derecho y de los fundamentos de la democracia; Chávez que durante el gobierno de Zelaya se inmiscuía descaradamente en los asuntos internos de Honduras y que ofendiera, en Honduras, a los opositores al gobierno de Zelaya y a quienes rechazaban la entrega de Honduras a la locura del socialismo del siglo XXI.
Pero si vergonzoso y humillante ha sido el Acuerdo de Cartagena, vil e indigno fue el acto de repudio que orquestaran en El Salvador un grupo extremista condenando el reintegro de Honduras a la OEA. Al frente de los protestantes se encontraba la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Bertha Cáceres. Quien declaró a la agencia EFE: "Este es un acto de condena a la decisión de la OEA, una decisión arbitraria de reconocer, de reincorporar al régimen violador de derechos humanos de 'Pepe' Lobo". Y agrega la extremista de izquierda: “Estamos condenando ese nefasto antecedente que deja la OEA y que demuestra que es una instancia internacional inútil para los pueblos, que no resuelve, que no tiene sentido de existir si es para legitimar golpes de Estado y le abre la puerta a los sectores de ultraderecha y del imperialismo”. A esta señora no le importa que su país sea bloqueado internacional en el plano económico que significa su ausencia de la OEA, aunque no le falta razón cuando califica a la OEA como “una instancia internacional inútil para los pueblos” pero no en el sentido que ella quiere darle, sino porque no ha impedido que los Chávez, los Ortega, Morales y Correa tengan asiento seguro en su seno y voz cantante en sus acuerdos.
Bertha Cáceres es una chavista convencida, y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, una mujer que apoya a las narco guerrillas de las FARC que dice condenar “la lógica imperialista y asesina del régimen colombiano que viola de manera sistemática y brutal los derechos humanos y criminaliza las luchas legitimas de este pueblo”; que exige que los facinerosos de las FARC sean “tratados con dignidad y respeto y no ser entregados-as a las hordas fascistas”.
Una carta que el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras le enviara a Chávez con fecha 24 de abril del 2011 le manifestaban su “preocupación por la detención del compañero y hermano Joaquín Pérez Becerra, quien ha tenido a lo largo de muchos años la entrega de alzar su voz contra la violencia, el crimen, la barbarie que vive el pueblo hermano de Colombia...”
Joaquín Pérez Becerra, alias “Alberto Martínez”, un guerrillero de las FARC que era “el principal responsable de los contactos y células de apoyo político y financiero de las FARC en Italia, Alemania, España, Holanda, Suiza, Bélgica y Noruega” y que había permanecido por 30 años en la guerrilla comunista de Colombia.
Pérez Becerra había sido aprehendido en el aeropuerto de Maiquetía, Venezuela, procedente de Frankfurt el 23 de abril de 2011. De este individuo dijo el Ministerio venezolano de Interior y Justicia que su captura era “otra demostración del Gobierno Bolivariano de su compromiso en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado”.
Honduras tiene que aguantar su humillación y soportar a los traidores que se manifiestan en su contra, muchos de los cuales se agrupan en el llamado Frente Nacional de Resistencia Popular.
