Elecciones en Honduras: De pie; pero en vilo

Juan Ramón Martínez. LA TRIBUNA

Concluidas las elecciones, con una votación masiva, se ha confirmado que el sistema democrático de partidos funciona, que el pueblo  rechaza las aventuras políticas extremas, que los partidos tradicionales ─ representados por el Partido Nacional  todavía tienen capacidad de convocatoria ─, que hay diferencias en la manera de ver las cosas; y que, es evidente que más de la mitad de la población electoral, está descontenta con lo que hasta ahora han hecho los políticos. Adicionalmente, hay que decir que el Partido Liberal, sigue postrado, afectado de sus propias debilidades, que Libre ─ pese a la derrota anunciada ─ sigue siendo una propuesta tentadora; y que fuera de Nasralla, que asume la voluntad de cambio de una fuerte cantidad de compatriotas que están a disgusto con la falta de ética de los que han gobernado al país, los nuevos partidos no tienen futuro alguno. Tanto los más garrudos, como los más recientes. Carecen de fuerza, no despiertan el imaginario popular y provocan poca esperanza. Hay que hacer algo.

Los hondureños votaron masivamente. Su concurrencia volvió a las tendencias observadas en las elecciones de 2005. Y su comportamiento, desde todas las “tiendas” políticas, fue ejemplar. Y el hecho que se haya decidido por un sector tradicional como el Partido Nacional, que levantó la bandera de la defensa del sistema democrático ante la embestida totalitaria de Libre, no disminuye el hecho que más de la mitad de los que votaron, tienen quejas e incomodidades con los partidos políticos, con el liderazgo poco comprometido con sus necesidades. Y  que rechaza una partidocracia irresponsable, inconsecuente, vendedora de dulces para niños de pecho, con una burocracia que no está al servicio de la ciudadanía, sino que bajo el caudillismo inmoral, que descuida sus deberes de  servir  a la población. Y que más bien, extrae la riqueza y se la apropia egoístamente.

Todo confirma que el país debe transformarse. Que la sociedad debe fortalecerse ─ más allá de las ONG que no pueden; ni deben, sustituir a los partidos políticos ─ que estos tienen que democratizarse y modernizarse científicamente, para que dejando de ser expresión caudillezca, se transformen en entidades democráticas, sometidas al estado de derecho; y colocadas bajo la mirada escrutadora de los electores, que deben recuperar el poder, la fuerza y la dirección de las cúpulas autoritarias que los dirigen. Los resultados alcanzados por Nasralla, que sin organización confiable ganó el departamento de Cortés, derrotando al Partido Liberal que nunca contó con el respaldo de los Rosenthal que no gozan del respaldo de los liberales; y que, aparentemente apoyan a Libre es una indicación que hay espacio para los outsaider, para los “predicadores” sin partido, sin ideología definida y sin propuestas. Porque gran parte del pueblo está cansado de las chapucerías, de la falta de responsabilidad; e incluso de la deshonestidad de los que solo buscan los cargos para robar y ofender. Amargándole la vida.

Libre, debe haber aprendido la lección. No se puede enfrentar a todos simultáneamente. Que la política es el arte de la negociación. Que el apoyo externo, inadmisible es complementario. Y que la agresividad, el culto al autoritarismo, no provocan el respaldo para creer que pueden asaltar al país. Y convertirlo en una hacienda particular, manejada por la esposa del caudillo, dueño de ese instituto político. Se impuso la moderación y se rechazó el revanchismo.

La primera conclusión, es que el país sigue cojeando de la pierna izquierda, que hay que hacer esfuerzos para reformar la institucionalidad vigente, que se debe cambiar la operación del Congreso Nacional – democratizándolo y colocando a los diputados al servicio de sus votantes ─  que el Poder Ejecutivo debe reducirse y descentralizarse; y que el Poder Judicial, está obligado a probar su capacidad para funcionar sin miedo; y sin que los jueces se entreguen al tilín tilín del narcotráfico internacional. El que Libre haya ganado en las zonas más afectadas por este delito, debe obligar a sus dirigentes a cambiar; y muchos, ser sustituidos por personas sanas que comprueben que, no son narcodependientes. Y la segunda, es que hay que cambiar de actitud, siendo más responsables con Honduras. Que seguimos de pie; pero en vilo. Podemos caernos. Empujados por el viento, por los aventureros, los locos; o por los narcotraficantes. ¡Ojo al Cristo¡

De Diálogos y consultas en Honduras.

Mario J. Viera

Es decepcionante revisar las noticias políticas de Honduras. Se siente como si los pícaros dominan el panorama de la política hondureña. Tal es la impresión de que todo se empantana en un lodazal de intereses creados. La democracia en Honduras no está asegurada. El Pacto de Cartagena ha servido para alentar las ambiciones reeleccionistas de muchos políticos con historial de corrupción.

La demagogia ocupa cátedra en Honduras en la boca de muchos oportunistas, de esos que como bien indica Boris Zelaya Rubí del diario LA TRIBUNA, “enarbolan la bandera a favor de los desposeídos, gritando que la solución es el socialismo del siglo XXI, y pretenden obtener el poder como un medio y no como un fin, para “desaparecer” la miseria de Honduras”.

Las puertas están abiertas de par en par para darle estancia a “los resistentes o chingastes” como define Borís Zelaya a los sicofantes revolucionarios que siguen al otro Zelaya, al Mel. Nada bueno puede esperarse para Honduras de aquellos que se declaran partidarios del chavismo y hacen loas a Fidel Castro, el hombre que retrotrajo a Cuba a la condición de un país tercermundista. ¿Quieren para Honduras la triste suerte que le ha tocado a los cubanos? Esto es lo que se agazapa en la propuesta de una supuesta “refundación hondureña”.

Ante este peligro advierte Zelaya Rubí con mucho juicio: “La gente pobre no debe engañarse por lo que ahora se hacen llamar revolucionarios, ellos tienen como única intención volver a tener poder y más dinero fácil, quieren arrebatarle la dirigencia a los movimientos populares o mejor dicho grupos de presión, cuya misión ha sido la de influir desde afuera (del esquema del Estado) sobre los poderes públicos, con miras a la defensa de sus intereses. En determinados momentos han hecho sentir su influencia en algunos gobiernos, para equilibrar situaciones que no permitan que el gobernante se convierta en un dictador, evitando que dirija el país como si fuera su hacienda particular”.

Alegan los cartagenistas que en el pueblo hondureño hay frustración y pesimismo y por tanto se debe reformar la Constitución mediante una Asamblea Constituyente; y sí, es cierto que en Honduras hay frustración y pesimismo; la frustración y el pesimismo que se ha originado en la pérdida de confianza hacia su clase política y a los empresarios ávidos de ganancia. Esto lo resume claramente Mario Argueta de EL HERALDO hablando a propósito del informe de la Comisión de la Verdad:

“El egoísmo de los políticos, su manipulación de los afiliados, la perpetuación de una visión cimentada en el clientelismo y en la concepción del Estado como un botín a repartirse por los vencedores, la institucionalización de la corrupción y la impunidad, la ausencia de una visión de país -a la vez consensuada y de largo plazo-, la falta de continuidad en los proyectos de una administración y la siguiente, más su ausencia de patriotismo y de sentido del bien común, constituyen elementos inherentes a los peligrosos niveles de frustración y pesimismo de la población”

Y agrega:

“A esto debe agregarse el hecho de que la clase empresarial tradicionalmente ha medrado a la sombra del sector público, exigiendo y obteniendo todo tipo de privilegios (exenciones tributarias, dispensa de impuestos, favoritismo en la adjudicación de licitaciones y contratos), sin arriesgar sus capitales; de hecho, evadiendo el fisco y optando por la fuga de sus dineros hacia el exterior”.

Y resume Argueta:

“En unos y otros ha faltado un sentido del bien común, de solidaridad con las mayorías, de suficiente dosis de un horizonte de filosofía política que les permita compartir al menos una parte de sus ganancias con los de abajo”.

Entonces Don Pepe ha reunido en Casa de Gobierno a representantes de los partidos políticos y los representantes del Frente Amplio de Resistencia Popular para llevar a cabo un diálogo sectorial en el denominado Gran Diálogo Nacional. El propósito es enfrentar los diferentes puntos de vista sobre reforma constitucional, consulta popular y la defensa o el rechazo de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

Fueron tres horas de debates. Abrió la justa de retóricas Ricardo Alvarez del Partido Nacional haciendo hincapié que Honduras no necesitaba una asamblea constituyente para dar respuesta a los grandes problemas de la sociedad, sino aplicar una política concreta para mejorar la asistencia a los pobres.

"Necesitamos ─ dijo ─ asegurarnos de que más allá de los discursos le demos al hondureño lo necesario para tener una vida digna, la dignidad de un empleo bien remunerado, el derecho a comer y vivir con seguridad”.

Elvis Santos, presidente del Partido Liberal se volvió hacia el defenestrado presidente Zelaya saludándolo, de acuerdo con el diario LA PRENSA, por haberse decidido a formar su nuevo partido político, el FARP; quizá pensaba como Zelaya Rubí, quien en su artículo “Herrados con el fierro de corruptos” dijera:

“Gran favor le hace el tal “Mel” a los partidos políticos, organizaciones sindicales y de otra índole, limpiándolos de dirigentes nefastos que les han hecho tanto daño al perpetuarse en esas cimeras posiciones, llamándolos a formar parte de la gigantesca directiva del nonato partido “Frente Amplio de Resistencia Popular” que en poco tiempo se convertirá en una “Torre de Babel”, ya que sus integrantes no se pondrán de acuerdo por tener diferentes principios y fines”.

Y agregó Elvin Santos que la principal necesidad de la población son medicinas, educación y seguridad y no "procesos revolucionarios que no han dado los frutos".

Julio Soriano de Convergencia Nacional se mostró sarcástico “qué Presidente merece ser reelecto", dijo y agregó que la mayoría de los hondureños no quiere saber nada de los partidos tradicionales porque todos los que han pasado por el gobierno no han hecho nada.

Para Jorge Aguilar del Partido Innovación y Unidad dijo, de acuerdo con LA PRENSA, que las reformas profundas deben ir acompañadas del cambio de actitud de los políticos porque todos han sido salpicados por las malas prácticas. En cuanto a las reformas pidió crear el juicio político y el referéndum revocatorio, además de combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

Lucas Aguilera de Democracia Cristiana fue tajante, en su opinión se debe  dejar a un lado los temas trillados que dividen a la familia, pues es necesidad priorizar el empleo, la seguridad, la alimentación y la producción, según se informa en la página digital de la presidencia de Honduras.

Todos a una, los representantes de la izquierda bananera de Honduras se declararon a favor de la cuarta urna para consultar al electorado si desea remover los artículos pétreos y a favor de una Asamblea Constituyente.

Tienen plena razón todos los que en el Gran Diálogo Nacional reclamaron que no se requiere una nueva Asamblea Constituyente para enmendar la Constitución nacional sin necesidad de una supuesta “refundación nacional”. Las reformas necesarias son como las sugeridas por Jorge Aguilar: crear el juicio político y el referéndum revocatorio, además de combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Esta es también una sugerencia de la Comisión de la Verdad en su informe.

La revocación de Manuel Zelaya se hubiera producido sin mayor fuerza de haber existido entre las normas constitucionales el juicio político o impeachment en la legislación anglosajona. De haber existido ese mecanismo constitucional, Zelaya hoy no estaría formando parte del Diálogo Nacional; tal vez, incluso, estaría preso; Insulza no se habría rendido ante las exigencias injerencistas de Hugo Chávez.

Ya la figura del juicio político formaba parte del texto de la Constitución cubana de 1901 que establecía en el primer acápite de su artículo 41 sobre las atribuciones del Senado el “juzgar, constituido en Tribunal de Justicia, al Presidente de la República, cuando fuere acusado por la Cámara de Representantes de delito contra la seguridad del Estado, contra el libre funcionamiento de los Poderes Legislativo o Judicial, o de infracción de los preceptos constitucionales”.

Este precepto fue también recogido y ampliado en el epígrafe a) del artículo 122 de  la Constitución de 1940, como una de las atribuciones de Senado: “Juzgar, constituido en Tribunal, al Presidente de la República cuando fuere acusado por la Cámara de Representantes de delito contra la seguridad exterior del Estado, el libre funcionamiento de los Poderes Legislativos o Judicial o de infracción de los preceptos constitucionales. Para actuar con esta atribución será indispensable que la acusación formulada por la Cámara de Representantes haya sido acordada por las dos terceras partes de sus miembros. Integrarán el Tribunal, a los efectos de este artículo, los miembros del Senado y todos los del Tribunal Supremo, presididos por quien ostente en ese instante el cargo de Presidente de este Tribunal”.

Quizá hasta sería conveniente sustituir la Asamblea unicameral de Honduras por un Congreso bicameral con la creación de los dos cuerpos colegisladores la Cámara y el Senado.

Un breve estudio constitucional

René Gómez Manzano

Los constituyentes hondureños de 1982 (mucho antes de la irrupción de Mel Zelaya en la escena pública) se adelantaron a los socialistas del siglo XXI

LA HABANA, Cuba, julio (www.cubanet.org) – El pretexto más invocado por los “socialistas del siglo XXI” para justificar la promulgación de una constitución nueva, es el de “empoderar al pueblo”, reconociéndole un rosario de derechos sociales, cuyo disfrute real no puede ser garantizado en la práctica.

Se trata de un ejercicio demagógico de la peor especie. Actúan como si el mero enunciado de esos propósitos resolviera los problemas, aunque  saben perfectamente que su solución depende de las condiciones materiales, que casi nunca existen y que ellos mismos, con el sistema económico obsoleto e ineficiente que propugnan, son incapaces de crear.

Por supuesto que lo del “empoderamiento popular” es una patraña, genialmente desenmascarada por Martí, cuando señalaba uno de los peligros de la idea socialista: “La rabia disimulada de los ambiciosos que comienzan por fingirse, por tener hombros en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados”.

Pero el objetivo real es otro: garantizar la perpetuación en el poder, lo cual exige, como primer paso, que en la nueva carta magna se autorice la reelección presidencial inmediata, prohibida en la generalidad de las constituciones latinoamericanas, entre ellas las que regían anteriormente en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En este aspecto, el caso de Honduras y José Manuel Zelaya presenta características propias, porque la ley fundamental de ese hermano país centroamericano es generosa en la enunciación de aquellos derechos sociales a los que aludía anteriormente.

Los constituyentes hondureños de 1982 (mucho antes de la irrupción de Mel Zelaya en la escena pública) se adelantaron a los socialistas del siglo XXI, al reconocer próvidamente, entre otras cosas, que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia y a la protección de la salud”, así como “el derecho de vivienda digna”.

En otro orden de cosas, no faltan en la Constitución de ese país otros objetivos ambiciosos: la declaración de la educación como “función esencial del Estado”, la aspiración a un sistema económico basado en “principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacionales”, así como la “erradicación del analfabetismo como “tarea primordial del Estado”.

Es decir, que cuando todavía Hugo Chávez rumiaba sus apetitos inconfesados de poder como oficial subalterno en los cuartelitos venezolanos, ya los constituyentes hondureños de 1982, sin saberlo, se habían apropiado anticipadamente de toda la retórica populista del “socialismo del siglo XXI”.

Pero si la Constitución vigente, lejos de obstaculizarla, facilita la administración de esas recetas seudo marxistas en la fraterna Honduras, ¿entonces por qué la insistencia en considerar la instalación de una Asamblea Constituyente como “el gran anhelo que manifiesta la Resistencia a partir del 28 de junio del 2009”, según acaba de recordar la ex canciller Patricia Rodas?

El problema radica en que la misma carta magna de 1982 prohíbe absolutamente la reelección presidencial: “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o designado” (artículo 239). Este mismo precepto plantea severas penas para quien “quebrante esta disposición o proponga su reforma”.

Lo cual significa que el único camino abierto ante Mel Zelaya para volver a disfrutar de “las mieles del poder” —como diría Fidel Castro—, y hacerlo, además, durante “cincuenta años” (que es el plazo que, seguramente pensando en sus mentores cubanos, acaba de anunciar el señor del sombrerón en un mitin de sus paniaguados), es la redacción de una nueva Constitución.

Y en eso están los incondicionales del amillonado personaje, agrupados desde hace algunas días en el Frente Amplio de Resistencia Popular, nueva fuerza política con siglas de connotaciones narco guerrilleras: FARP.

Esta novedosa aventura nos permitió disfrutar recientemente el gracioso espectáculo del terrateniente y frustrado aspirante a discípulo de Chávez, actuando como un camarada más, levantando el puño izquierdo y haciendo con él movimientos horizontales hacia delante y hacia atrás, un gesto entre ridículo y obsceno.

En el ínterin, las trompetas propagandísticas de TeleSur y el Noticiero de la Televisión Cubana no paran de alabar a Zelaya y a su nuevo engendro politiquero. Esperemos que los demócratas hondureños logren mantenerlos a raya.

Cultura jurídica hondureña y la visión gringa

Una visión frágil y poco útil

Juan Ramón Martínez. LA TRIBUNA

No todo lo que se hace en Harvard es bueno. Ni sus egresados son genios per se. Conozco a muchos de ellos, tontos con birrete. Es fácil decir que todo lo de “Bayer es bueno”, porque es publicidad; seudo verdad. En el análisis jurídico y en el análisis político, se tiene que demostrar con hechos la calidad de las cosas. El análisis rendido por los consultores de Harvard, de los que ignoramos su experiencia para bregar con el derecho hispano porque no hemos leído sus obras  sobre el tema, nos parece bastante débil, poco serio para mejorar el conocimiento jurídico de los problemas que produjo el que Zelaya irrespetara la ley. Confía demasiado en ésta, la torna autónoma, ignora la limitada fortaleza de las instituciones, pasa por alto las debilidades culturales, prescinde de los valores históricos que han conformado la personalidad de la sociedad, y no le prestan atención al caudillismo político, pasando por alto el hecho que aquí no opera una opinión pública respetada por los gobernantes y los políticos. El que se hayan concentrado sólo en el tema de la “cuarta urna”, desvinculándola de los actos destinados a declarar moribunda a la Constitución de 1982, los intentos para convencer a la población que los problemas económicos eran producidos por un sistema legal inadecuado y las acciones destinadas a rendir por hambre al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia, le restan credibilidad a sus conclusiones. Posiblemente nunca escucharon; y el hondureño que forma parte del grupo que comentamos, tampoco se los refirió ni siquiera con carácter anecdótico, la expresión que mejor sintetiza la crisis: la declaración sonriente de Zelaya en el sentido que los diputados, iban a atravesar un momento de crisis, que no tendrían ni siquiera azúcar para endulzar sus tasas de café.

La primera debilidad de este informe es ser incompleto, parcial y por ello, sólo escasamente útil. Su parcial y limitada visión el problema, al concentrarse tan solo en las acciones finales de la “cuarta urna”, les lleva a conclusiones dubitativas y poco útiles, al final de cuentas. Cuando se refiere a Zelaya, duda sobre la ilegalidad de sus acciones; pero condena en forma anticipada a los militares y pone en duda la calidad del sistema legal hondureño, casi diciéndonos que si no seguimos el camino anglosajón para regular el juicio político, las acciones que ejecutamos en el país son ilegales. El concepto hispánico llamado “ultra petita”, posiblemente es desconocido por los ilustres doctores de Harvard. Por ello no es traído a cuenta porque aquí, aunque es limitada la esfera de acción de los jueces en comparación con los estadounidenses, tienen cuando la ley expresa vacíos –que son obvios en el caso que nos ocupa y en otros muchos más–, autoridad para decidir con la misma propiedad que el juez en el modelo anglosajón. Eso es lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. Y lo hizo de tal forma que, que lo hizo bien.

Las acciones de Zelaya en contra del sistema constitucional, no se reducen a la “cuarta urna”. Este era el penúltimo evento. Como los autores presumen sobre los diputados y los magistrados, habría sido útil que también prejuzgaran sobre las intenciones continuistas de Zelaya, la supresión de la Constitución de 1982, la instalación de una Constituyente nombrada de dedo por el ex gobernante; e incluso, debieron resaltar que la primera persona que acuso de continuista y con pretensión reeleccionista fue el que mejor aprovechó la crisis, Porfirio Lobo Sosa, entonces candidato del Partido Nacional. Una lectura de los diarios del período anterior, les pudo haber ayudado a los ilustres constitucionalistas estadounidenses, a tener una mejor compresión de la cultura nacional y el papel del derecho dentro de la misma. Como es lógico, sus recomendaciones para impedir que los hechos del 28 de junio vuelvan a repetirse son incompletas, sin mayor importancia real. El problema tiene raíces culturales, políticas, históricas y no sólo carácter jurídico. Por ello no pudieron descubrir la idea que la ley sólo la cumplen los débiles, que el gobierno no es controlado por la ciudadanía; ni mucho menos pudieron identificar que la operación democrática es precaria y que la división de los poderes es incompleta. En este último apartado, nos habría gustado escuchar siquiera que el manejo del dinero de los poderes no provenga del Ejecutivo. Sólo eso habría bastado. Y no otras justificaciones innecesarias.

No sean descarados, en Honduras la destitución de Zelaya fue un contra golpe.

Mario J. Viera. 

Un cable de la embajada de Estados Unidos en Honduras revelado por Wikileaks muestra que el embajador Hugo Llorens conocía perfectamente que Mel Zelaya estaba actuando ilegalmente impulsando la encuesta popular con la que pretendía modificar la Constitución hondureña.

En su informe al Departamento de Estado, Llorens señalaba que el general Romeo Vásquez había sido despedido por Zelaya al negarse “a llevar a cabo una orden de proporcionar apoyo para el 28 de junio para apoyar una encuesta de referéndum en noviembre, sobre la reforma constitucional, una encuesta declarada ilegal por un Tribunal de Apelación de Honduras”.

En su informe, el embajador Llorens reconoce que la encuesta impulsada por Zelaya había sido declarada “ilegal por la Corte de Apelaciones hondureña”.

En otra parte del cable se lee: “Zelaya anunció el despido y las renuncias (de los militares) en un breve discurso transmitido a nivel nacional e instó a grupos sociales de izquierda que lo apoyaran en una reunión en el Estado Mayor Presidencial Palacio al mediodía”.

Hugo Llorens conocía esta provocación de Mel Zelaya llamando al uso de la fuerza por sus partidarios pro chavistas.

En una de las cuatro reuniones que se habían celebrado en la residencia del embajador durante los días del 17 de junio, 19, 20 y 22 este hace notar que el ex presidente Carlos Flores había argumentado que “los tribunales fallaron la encuesta como ilegal, fue porque llamaba a una constituyente y que legalmente sólo podría hacerse mediante un referéndum aprobado por el Congreso”.

Llorens expresó que las conversaciones realizadas en aquellos cuatro días de reuniones “lograron la restauración de un grado de camaradería entre los presentes. Zelaya tentativamente acordó en aceptar la nueva redacción tres veces, pero cada vez se retractó, alegando la presión de la izquierda y grupos sociales”. Con lo que quedaba evidenciado que el embajador no desconocía la táctica de Zelaya de ganar tiempo para impulsar su ilegal propósito.

Es interesante notar lo que declaraba el embajador de Estados Unidos: “Hemos instado a Zelaya de cancelar la consulta y alentado a otros líderes políticos y militares para mantener la calma. En las conversaciones en la encuesta, Flores, Santos y Micheletti, representan a la institucionalidad y destacaron la necesidad de seguir las reglas del juego, mientras que Zelaya abrazando la retórica populista, con el argumento que el país necesitaba un cambio fundamental con el fin de desarrollarse”.

Reconocía pues que los que luego serían declarados como golpistas representaban “a la institucionalidad” en tanto que Zelaya se mantenía en su “retórica populista”. “al final era evidente que Zelaya no estaba dispuesto a hacer los compromisos necesarios para llegar a un acuerdo”, concluía Llorens.

Zelaya convocó a la turba chavista a asaltar un cuartel para apoderarse de las boletas confiscadas de la declarada ilegal consulta. Pretendía generar un conflicto que llegara a la disolución del Congreso por medio de un auto golpe. La acción enérgica del Congreso y de la Judicatura, declarando la destitución de Zelaya impidió el golpe que ya perpetraba Mel Zelaya y que contaría con el respaldo solidario de Hugo Chávez y Daniel Ortega.

Al ser removido del cargo por los militares en cumplimiento de una orden judicial Chávez denunció el legítimo acto constitucional señalándolo como un golpe de estado, a lo que se unió la embajada de Estados Unidos bajo la conducción de Hugo Llorens y el hipócrita secretario general de la OEA, José Miguel Insulsa.

Los poderes Legislativo y Judicial de Honduras actuaron en consecuencia con sus leyes y evitaron el golpe de estado que se estaba tramando por Zelaya y Hugo Chávez.

Contra Zelaya había cargos de corrupción y de manejo indebido de los fondos públicos. El chantaje que impulsó la OEA, siempre muda ante los atentados de Chávez contra las libertades en su país aisló a Honduras de la comunidad internacional; impulsó un verdadero bloqueo económico contra ese pequeño estado centroamericano mientras clamaba por el levantamiento del embargo comercial que Estados Unidos mantiene contra el régimen castrista.

Como afirma Juan Ramón Martínez de la redacción de LA TRIBUNA en un artículo de opinión titulado “Sociedad y país humillado”, la OEA “es una organización moribunda, que en vez de velar por sus fueros, se ha prestado al chantaje vulgar en contra de un país pequeño e indefenso como Honduras, mientras hipócritamente se calla ante las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y Brasil. Cuando el secretario general de la OEA ha querido referirse a los asuntos internos del gobierno de Chávez, este con una fuerza y una hidalguía que la mayoría de nuestros gobernantes (de Honduras) desconocen, lo ha mandado a freír patatas a otro lado, incluso ofendiéndolo y tratándolo con epítetos que no me está permitido incluir en este artículo”.

En ese artículo el comentarista señala: “…nunca antes se había ofendido tanto a una nación como han hecho con Honduras, la OEA y un grupo de países que nos menosprecian, tanto a los hondureños –que les parecemos indolentes, distantes y casi bobos– como a nuestras instituciones”.

La democracia es una institución que requiere cuidados especiales y defensa aun contra sus propias debilidades. Los enemigos de la democracia conspiran contra ella al amparo de las libertades que ella garantiza. Así se actuó en Honduras. Honduras defendió la democracia, defendió sus leyes, defendió su institucionalidad, detuvo el tsunami chavista que amenazaba devorar a toda la América Central y el mundo le viró la espalda.

Ahora se le ha impuesto a Honduras la mayor de las humillaciones: aceptar el retorno del réprobo ex presidente sin que tenga que enfrentarse a la justicia para obtener las migajas de formar parte de una organización continental totalmente en descrédito.

El pacto de la ignominia firmado por Porfirio Lobo ha generado suspicacias sobre un posible acuerdo secreto entre este y Hugo Chávez. No solo para el embajador de Estados Unidos ante la OEA sino también para otros analistas Lobo se ha convertido en la segunda opción para Chávez en su intento de minar la democracia hondureña.

Se despiertan las ambiciones y ya hay muchos detrás de un referendo para modificar la Constitución y suprimir de ella sus artículos pétreos. El ex presidente Ricardo Maduro lo ha expresado claramente al decir que la Constituyente “la promueven algunos grupos que quieren una reelección y otros, el continuismo”. Para Maduro “En Honduras hay una ley, una Constitución que nos dice que es prohibida la reelección presidencial e incluso al que la promueve se le puede acusar de traición a la patria”

Ese fue el caso de Zelaya. Promover la reelección presidencial como él intentó, de acuerdo con la Constitución nacional podía ser declarado como traidor.

Concluyendo citaré lo que señalara Boris Zelaya Rubí, columnista de LA TRIBUNA:

“¿El regreso a la O.E.A. será sin más humillaciones… perdón, sin más condiciones? Tengan la seguridad que cualquiera que desee perpetuarse en el poder, lo sacaremos con la Ley o por la fuerza y si es posible hasta sin ‘piyama’”