¿UN PROYECTO DE TRANSICION? LA GRAN OFERTA DE UN CONSEJO DE TRANSICION

Mario J. Viera

 

Se trata de un proyecto economicista que omite lo más importante: lo político. En una transición de la dictadura a la democracia lo importante es establecer todo el contexto jurídico y social que transforme las estructuras del Estado opresor, no solo las estructuras económicas. Nada se dice en el proyecto presentado sobre el marco legal que debe sustentar a una sociedad democrática. Un marco que debe amparar el ejercicio de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos. Centrarse únicamente en lo económico hace ver que el único problema de la dictadura son los factores económicos. Bajo sistemas de gobiernos autoritarios o dictatoriales, la economía puede florecer, como fue el caso durante la dictadura de Fulgencio Batista, la tiranía de Pinochet en Chile y el desarrollo económico que se advierte en la China comunista.

 

Nada se dice sobre la actual Constitución. La Constitución vigente debe quedar derogada y en su lugar restablecer la Constitución de 1940, para darle el marco legal y legítimo a todo el proceso transicional. Si se entendiera luego que la Constitución del 40 requiere reformas, estas se deberán hacer por una Convención electa con la participación de todos los factores políticos de la nación y no por un determinado grupo de brillantes intelectuales y especialistas en temas económicos.

 

Las “50 actuaciones urgentes” del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, tal como las proyecta, son acciones propuestas para emprender ahora mismo; para “paliar la situación actual en el país”, como queda expresado en el comunicado publicado. Más que Consejo para la Transición, este organismo o asociación debieras denominarse “Consejo ─ particular o independiente ─ de asesoramiento al actual gobierno”, dirigido a aportar proyectos de reformas, principalmente económicas, que debieran ser acometidas por el actual y presente gobierno de Cuba. Es lo que se evidencia en la súplica planteada en el comunicado del supuesto “Consejo de Transición”: “La vida de los cubanos está en juego y no hay tiempo que perder. A quién tenga el valor de dar el paso Dios y el pueblo se lo premiarán y si no se lo demandarán”. No sé que pinta Dios en este asunto.

 

Antes que emprender cualquier reforma económica, lo primero que hay que hacer ─ si se habla seriamente de una transición hacia la democracia ─ es reformar el Poder Judicial sobre la base de un código legal que emerja de un marco constitucional. Por supuesto que, antes, habría que derrocar a la dictadura y asumir el poder político; sin este elemento primario, todo lo que se proponga son sueños de una noche de verano: ¡Irrealizables!

 

Antes que estar proponiendo “estabilidad de precios”, “equilibrio presupuestario”, “tipos de intereses”, “tipo de cambio de la moneda único y flexible”, o una “Reforma fiscal y tributaria con la creación de figuras como IRPF, IVA e Impuesto de sociedades, como ejes del sistema fiscal” ─ que la gran mayoría del pueblo no tiene ni la menor idea de lo que esto significa ─, temas estos sobre los cuales deberá decidir, en su momento, el Congreso ─ ya sea unicameral o bicameral ─ que sea electo luego del periodo necesario de transición, y no presentarlos para congraciarse con los Estados Unidos y la ultraderecha del Partido Republicano, hay que exigir la disolución e ilegalización del Partido Comunista de Cuba; disolver las denominadas organizaciones de masas ─ organismos de control por parte del PCC ─ de una sola vez, sin buscar su “reducción y extinción progresiva”, ni “modificar su funcionamiento”, como se propone en el enjundioso proyecto transicional.

 

Debe restablecerse la división política del país en sus primigenias seis provincias, puesto que una estructura de 16 provincias representa una carga onerosa en el presupuesto nacional. Debe reformarse el Código Penal vigente. Se debe reestructurar el Ministerio del Interior para transformarle en Ministerio de Gobernación, desmilitarizado. Reorganizar las fuerzas armadas y la reducción de sus filas; suprimir el Servicio Militar Obligatorio.  Hacer una profunda depuración dentro de las instancias de la actual Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado y presentar ante la justicia a todos los mandos y efectivos de las mismas que hayan cometido actos violatorios de los derechos humanos de los ciudadanos. Se deberá depurar a los miembros de los actuales tribunales de justicia, jueces y fiscales. Restablecer la Autonomía Universitaria de acuerdo con la Ley Docente del 8 de enero de 1937. Todos, temas que no se han contemplado en el economicista proyecto “transicional” del mentado “Consejo”.

 

Como hay que quedar bien parado ante la derecha republicana, pues ¡Nada!, hay que pensar en un “Plan especial a la compensación por las expropiaciones del período revolucionario bajo asistencia y colaboración internacional”. Un plan de compensación que debe estar bajo la asistencia y colaboración internacional. De entrada, esto lo tiene que decidir el Congreso en el ejercicio de la soberanía nacional, y se debe decidir en Cuba sin ninguna intromisión internacional. Hay muchos problemas que resolver en Cuba antes que estar prometiendo planes especiales de compensaciones. Eso puede esperar, no resulta prioritario.

 

¿Libertad de empresa? ¡Muy bien, así lo reclama el Consejo para la Transición Democrática en Cuba! Pero sin definir qué se entiende por tal libertad; por supuesto, los consejeros pueden alegar que es obvio, aunque, en realidad, no lo es. La Carta Magna del 40 en su artículo 87 reconoció “la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social”, lo cual es extensivo al concepto de empresa, y, agrega “sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la Ley”; es decir, toda empresa tiene límites a su libertad; tiene que inscribirse formalmente en registros públicos, la obligación de pagar impuestos, la prohibición de causar daños a la salud pública o al medio ecológico y la obligación de respetar lo dispuesto en las leyes sociales y los derechos laborales, como el derecho a salarios justos y equitativos, a los seguros por accidentes laborales, a mantener un ambiente limpio y saludable para los empleados, a la libre sindicalización y al derecho a la huelga. Temas estos que tampoco se toma nota dentro del proyecto de los ilustres consejeros.

 

¡Ah, y los consejeros se preocupan por la deuda externa de Cuba! Plantean: “Compromisos transparentes de pago de la deuda externa para promover un acceso ordenado de Cuba a los mercados internacionales de capitales. Solicitud de asistencia financiera a los organismos cualificados”. Al respecto yo no omitiría de decir algo: ¡Al carajo la deuda externa contraída por el régimen del PCC! Los convenios contraídos con usurpadores de cargos públicos no generan obligaciones. ¿Saldar la deuda externa que se había contraído con la extinta Unión Soviética a favor de Rusia? ¿Con Venezuela? ¿Con China?

 

Para qué extenderme más en los proyectos magistrales de un Consejo para la Transición que no ha alcanzado el poder político en Cuba 

Sobre la hoja de ruta del Diario de Cuba

 Mario J. Viera

 

En ocasiones, cuando los intelectuales analizan problemas complejos, se elevan tanto en sus pensamientos, que terminan con sus cabezas en las nubes, pero con sus pies bien distantes de la tierra. Así, muchos intelectuales confunden lo ideal con lo real, lo que debiera ser con lo que realmente es, sin distinguir la realidad de la fantasía. Algo de todo esto se enmarca en la propuesta de hoja de ruta ideal hacia la democracia, que propone el Licenciado en Ciencias Políticas y especialista en Estudios Bíblicos y Teológicos, Dimas Castellanos, aparecida en la edición del 28 de marzo del Diario de Cuba.

 

Dimas Castellanos es un intelectual que expresa con franqueza sus opiniones, sin caer en la sacralización de los dirigentes de los grupos opositores al interior de la isla y de los males que afectan a esos grupos. En una entrevista que le concediera a Cubaencuentro. com, con fecha 8 de mayo de 2020, declaró: “El caudillismo es un mal que nos toca, los líderes de esas organizaciones quieren ser protagonistas y centro, cambian constantemente por diferencias internas; cuando llega, por ejemplo, una ayuda del exterior la miseria trae consigo la corrupción: los tres centavos recibidos son motivos de discrepancia. Hay carencia de democracia en algunas de esas organizaciones”.

 

Bien expresado, contrastado con lo que ahora analiza sobre el camino hacia la democracia en Cuba, y que él mismo califica como ideal. Tomando como argumento la experiencia histórica de Cuba, Castellanos señala los males que deben ser descartados de su ideal hoja de ruta, empleo de la arraigada violencia en la cultura política; los "mesías", que generalmente terminan concentrando más poder que los sucesores; y las “elecciones inmediatas” que “no deben realizarse sin las condiciones y garantías inexistentes en el actual escenario para poder ejercer el derecho al sufragio libre”.

 

Es honesto cuando se muestra partidario de la solución de conflictos por medio del diálogo; pero el diálogo en el cual cree es uno de “dos dimensiones”; un diálogo entre cubanos para “consensuar las condiciones mínimas para sacar al país de la crisis”; lo cual evidenciaría “que hay cubanos dispuestos y preparados para participar como sujetos activos en la solución de la crisis”, quedando implícito en el enunciado, que no se trata de un diálogo donde tenga voz el cubano común y corriente, sino un diálogo entre las élites desde los espacios virtuales, con todo ese embrollo de conclusiones intelectuales atiborradas de citas bibliográficas, donde cada cual pretenda demostrar su capacidad intelectual. Platón, por supuesto, lo aplaudiría.

 

La otra dimensión del diálogo es la conformada “entre el pueblo y el Gobierno”. ¿El pueblo dialogando con el Gobierno? Bueno, la ekklesía (Asamblea) de Atenas, hace buen rato dejó de ser apropiada. Para que el pueblo pudiera dialogar con el gobierno sería necesario, que el mismo pueblo eligiera a sus representantes para dialogar con el Gobierno, y, por supuesto, con una agenda que recogiera las demandas populares. Digo, y eso es si el Gobierno se decidiera a dialogar con el pueblo.

 

Luego Castellanos se embarca en una subjetiva apreciación, de que el Gobierno del PCC ya perdió “las condiciones que le permitieron permanecer anclado”. Ya que, considera idealmente Castellanos, el régimen o el gobierno “carece de suficiente fuerza para impedir el cambio”; sí, porque perdió sus “padrinos ideológicos” ─ en 1991, el Gobierno también había perdido sus “padrinos ideológicos” con la caída de todo el campo del socialismo real ─. Sí, porque le resulta imposible “lograr el nivel mínimo de inversión”; sí, por su “incapacidad para cumplir sus compromisos con los acreedores”; sí, por “la toma gradual de conciencia del pueblo manifestada en las crecientes protestas”. ¿Crecientes protestas? Protestas son las que han ocurrido en Bielorrusia, en Birmania y Tailandia, nada que se asemeje en Cuba; ¿los trecientos plantado ante el Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020? ¿La pérdida del monopolio de la información con las redes sociales? ¡Hace buen rato que el régimen ha perdido el monopolio informativo y la credibilidad de esos sus órganos “informativos”!; sí, por su “deficiente manejo del Covid-19”. Bueno en Brasil se ha manejado de manera más ineficiente el Covid-19; y México y hasta España. Sí, por los fracasos que está cosechando con la Tarea Ordenamiento y el aumento de la represión”. La represión ha sido siempre consustancial con el régimen y, hasta hubo momentos donde impuso el terrorismo de estado, sobre todo entre 1960 y 1963.

 

Analicemos la tesis planteada por Castellanos, “el régimen carece de suficiente fuerza para impedir el cambio” y formulemos, en contrario una antítesis: “El régimen mantiene sus principales pilares de apoyo, tales como, 1) la policía, el ejército, los órganos de inteligencia, las milicias populares, las brigadas de respuesta rápida; 2) los tribunales; 3) las estructuras del PCC en todos los niveles, local, municipal, provincial y nacional, fundados sobre el principio de la disciplina férrea; 4) las denominadas organizaciones “de masas”, destacándose entre ellas la UNEAC; y además, el control del sindicalismo; 5) los medios y aquellos que manejan la difusión de información al público. La síntesis, por tanto, puede ser formulada del siguiente modo: “el régimen todavía tiene suficiente fuerza para impedir el cambio”.

 

Ante todas las dificultades económicas y sociales, actualmente presentes en la sociedad cubana, Miguel Díaz-Canel, declaró el 20 de marzo: “Es un llamado, una vez más, a la heroicidad, a la resistencia, brindando luces”, lo que en breve significa: el pueblo debe resistir, como lo hiciera durante el periodo especial de 1991. Por otra parte, el jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC, Víctor Gaute López, y de acuerdo con el Granma, reconoció “la influencia del nuevo contexto comunicacional, en particular las redes sociales, y el desafío que entraña enfrentar las arremetidas de los enemigos de la Revolución a través de estas plataformas, con el marcado propósito de influir, sobre todo, en los jóvenes”.  

 

Aceptemos hipotéticamente, que el gobierno cubano, en un arranque de intenciones democratizantes se decidiera, de por sí, aceptar un diálogo, el cual dentro de las condiciones que ha descrito Castellanos, implica su participación “bajo el compromiso de implementar dos grandes medidas en una primera etapa: las libertades económicas”, y la libertad de expresión a continuación, “de manera que a la vez que la economía avance, se desarrolle la labor de formación ciudadana que faltó en la República”. 

 

El gran error de estas concepciones, como otras de igual calibre, es que colocan en primer lugar, lo económico, dejando en segundo lugar lo político; terreno este que el régimen no está dispuesto a ceder ni un milímetro; por otra parte, el texto da a entender que, en Cuba, a lo largo de toda su historia republicana no existía libertad de expresión que coadyuvara a desarrollar “la labor de formación ciudadana”. En La Habana, según mostrara el oficialista Juan Marrero en su libro “Dos siglos de periodismo en Cuba”, se producían veintiún periódicos, doce noticieros de radio y veintiocho revistas, además de tres noticieros de televisión y tres noticieros cinematográficos. Como refirió la revista venezolana El Nacional, que cita Radio Martí, ningún país de América Latina tenía tantas publicaciones per cápita: eran más de 70 en una isla de 6 millones de habitantes.

 

En Cuba prerrevolucionaria, existía un amplio uso de la libertad de expresión que, consagrada por la constitución de 1940, ni siquiera el régimen de Fulgencio Batista pudo acallar, como se demuestra en la sección En Cuba, de la revista Bohemia o en el semanario satírico Zig Zag. No, la labor de formación ciudadana no faltó en la República. Esta es la misma tesis que Fidel Castro argüía, negando la libertad de expresión en la República. No faltó la formación ciudadana, formación que se degradó debido al populismo de izquierda que impulsaba Fidel Castro, causa similar a lo producido en Estados Unidos con el populismo de derecha de Donald Trump, con independencia de la gran libertad de expresión que existe en Estados Unidos, la ciudadanía transformada en masas fanatizadas.

 

Aclaremos algo. La principal contradicción en Cuba, en estos momentos, es la que, como apuntaba Hegel, distingue lo aparente de la cosa que se percibe de su auténtica especie. Lo aparente en Cuba, es lo económico, visto desde el punto de vista que se concentra en los caóticos resultados de su economía; pero la auténtica contradicción presente es la política, que genera el modo de conducir lo económico. La paradoja del análisis de Castellanos queda demostrada cuando él mismo reconoce que el “mercado no es capitalista ni socialista”, sino que lo digan los chinos, que disfrutan de una economía de mercado y, al mismo tiempo, sufren un sistema de opresión totalitario. Quizá, en acto desesperado el régimen del PCC, sin consultar con nadie, sino con ellos mismos, se decida, por razones de sobrevivencia, abrirse a un sistema de mercado, pero nunca permitirá la libertad de expresión; por tanto, no se trata de economía, hay que demoler al régimen en lo político para garantizar a posteriori una libertad económica.

 

Pero la fórmula mágica de Castellanos: libertad económica + libertad de expresión, conducirá a otros improbables probables, como la libertad de asociación y “la convocatoria a una Asamblea Constituyente con delegados elegidos libremente por el pueblo, la conformación de una Constitución resultado de un nuevo consenso nacional y la instauración de un Estado de derecho, que sería la meta”. Al final, el régimen del PCC, acepta de buena gana un diálogo para entregar el poder a un Gobierno de transición. Esto, algo así como poner la carreta delante de los bueyes, primero Constituyente y luego Gobierno de transición. ¡Ah, pero falta lo ideal! Así nos alecciona Castellanos diciendo: “Lo ideal, en ese Gobierno de transición, resultado del diálogo, sería la conformación de un Gobierno colegiado”; ¡Claro que sí, porque “uno de nuestros grandes males políticos ha sido el personalismo, (y) no se debería comenzar por un gobierno personal, sino colegiado, comprometido con el cambio planteado”! ¡Vaya, algo así como reeditar la experiencia del 5 de septiembre de 1933 cuando se integró el gobierno colegiado denominado oficialmente como Comisión Ejecutiva del Gobierno Provisional de Cuba, pero que pasó a la historia conocido como el gobierno de la Pentarquía conformado por cinco mandatarios, en igualdad de facultades y cada uno con sus propios egos y sus propias opiniones, Guillermo Portela Möller, Sergio Carbó Morera, Porfirio Franca Álvarez de la Campa, José Miguel Irisarri Gamio y Ramón Grau San Martín. El experimento solo duró cinco días.

 

Pero por supuesto, en la propuesta de hoja de ruta no dejaría de asomar la nariz el plattismo nuestro de cada día: “Por ello la normalización de las relaciones [Cuba-Estados Unidos] constituye una necesidad vital para Cuba” Así de manera tan simple, Cuba transitaría hacia un estado de derecho y hacia la democracia, ¡Vamos que no se requiere lanzar en las calles un movimiento de resistencia que obligue al régimen dimitir! Solo convenciéndole de aceptar un diálogo todo quedaría resuelto.  

BOLIVIA, ¿EN CAMINO HACIA LA DEMOCRACIA?

Mario J. Viera

El Socialismo del Siglo XXI que rigió durante 14 agónicos años en Bolivia, cayó estruendosamente. La transición, como toda después de una dictadura, no es camino que pueda recorrerse sin obstáculos y contradicciones, y mucho menos en un país multiétnico como Bolivia. La Constitución de 2009, que rigiera a lo largo del régimen de Evo Morales, no ha sido derogada, ni se ha puesto en vigencia la anterior Constitución de agosto de 1994. Si la Constitución de 2009 no está derogada y el Gobierno Provisional no ha dictado ningún Estatuto Constitucional sobre el cual establecer sus atributos, entonces, el gobierno tiene que atenerse a los postulados de esa Constitución para su ejercicio legal.

En medio de grandes protestas populares por los resultados fraudulentos de las elecciones del 20 de octubre que le declaraban como presidente electo en la primera vuelta electoral, Evo Morales, el 12 de noviembre, se ve obligado a renunciar al cargo de presidente que llevaba ostentando durante 14 años. El 2 de noviembre, el cristero de extrema derecha Luis Fernando Camacho, considerado por muchos como el Bolsonaro boliviano, se convierte en la figura más representativa de las protestas en contra del fraude, al reclamarle al ejército y a la policía “ponerse del lado de la gente” y pedir a Morales su renuncia. El 8 de noviembre se producen amotinamientos de los cuerpos policiacos en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, extendiéndose la insubordinación a otras regiones del país. El 12 de noviembre, el jefe del Ejército boliviano le reclama a Morales su renuncia. Se ha producido, en la práctica, un golpe de estado atípico, que es bien recibido por la comunidad internacional.

Con la renuncia de Evo Morales, del Vicepresidente y de los presidentes de la Cámara y del Senado se presentó una situación de ausencia de poder. Es entonces que, en virtud del Artículo 169.1 de la vigente Constitución, Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado por el partido Unidad Demócrata, el mismo 12 de noviembre, se autoproclama presidente de Bolivia, en una sesión legislativa sin quórum en ninguna de sus cámaras. Una acción esta, que, con independencia de interese políticos, sirvió para salvar el vacío de poder. Pero Añez no se ajustó completamente a las normas constitucionales, pues de inmediato se dirigió a la casa de gobierno, portando una Biblia de gran volumen, en contradicción total con el postulado del Artículo 4 de la vigente Constitución que establece la laicidad del Estado: “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”. La línea política del gobierno provisional, gobierno de facto en su esencia, aunque haya sido reconocido por muchos otros gobiernos, ya quedó trazada desde el mismo día cuando la Biblia ocupara lugar prominente en la casa de gobierno sobre el texto constitucional. "¡Gracias a Dios, ha permitido que la Biblia vuelva a entrar al Palacio!", había exclamado Añez. Es que ella en abril de 2013 había expresado en un Twitter: "¡Sueño con una Bolivia libre de ritos satánico indígenas, la ciudad no es para los indios que se vayan al altiplano o al chaco!!".

Si cotejamos los medios periodísticos de Bolivia, al menos todos aquellos que poseen ediciones digitales, se comprobará que, la mayoría se muestra a favor del gobierno transicional de Jeanine Añez. Fueron 14 años de restricciones al ejercicio informativo y de opinión. Como dijera en 2015, el director de Página 7, el periodista boliviano Raúl Peñaranda, bajo el régimen de Morales, los medios en Bolivia eran preocupantes, y agregaría: “El gobierno ha logrado acabar casi por completo con los medios independientes. Ahora esos son solo un puñado. El gobierno, a través de empresarios amigos, ha comprado medios y les ha cambiado la línea editorial. También los ha presionado, con agresiones verbales y entidades estatales, para debilitarlos y atemorizarlos. Finalmente los ha cooptado, con millones de dólares para publicidad gubernamental. Esos medios, para obtener esa publicidad, y luego seguir recibiéndola, también cambiaron su línea editorial y se volvieron órganos de prensa pro-gobierno”.

Muchos periodistas tuvieron conflictos con el régimen, sometidos a presiones que dificultaban el ejercicio de su profesión, como los que cita Infobae en mayo de 2019, Juan Pablo Guzmán, Erwin Valda, Jhon Arandia, Amalia Pando, Raúl Peñaranda, Carlos Valverde, Gonzalo Rivera y Galo Hubner. La situación del control de los medios informativos durante el gobierno de Evo Morales, la ejemplificó el periodista de la red televisiva ATB, Juan Pablo Guzmán, cuando expresó: “Hoy no hay nada que aterrorice más a muchos medios que la queja de alguna autoridad o de un oficialista por haber sido incomodado en una entrevista”.

La caída del régimen indigenista, comunistoide y bolivariano, muy afín con el castrismo y el chavismo, no acabó con todas sus estructuras. La atipicidad del golpe de estado del 12 de noviembre se caracteriza en el hecho de que el congreso, con mayoría oficialista, no fue disuelto. Dos fuerzas antagónicas que necesitan alcanzar consenso para que la transición se produzca sin mayores convulsiones, de un lado los congresistas del partido del dictador derrocado y del otro, minoritario en el Congreso, de la oposición, ahora en el gobierno. Izquierda contra derecha. Una izquierda bananera y una derecha mojigata.

Para poder cumplimentar lo prescrito en el párrafo primero del artículo 169, que impone la condición de convocar elecciones en el plazo máximo de 90 días cuando el presidente sea reemplazado de manera definitiva, primero se hizo necesario aprobar una ley para la realización de esas elecciones. Entre el 22 y el 23 de noviembre el proyecto para la tal ley sería consensuado y aprobado unánimemente en el Senado y Diputados. Al siguiente día Añez promulgó la Ley que sería conocida como, “Ley No. 1266 del Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales”. Por esta norma legislativa se establece un régimen excepcional y transitorio para la designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral y Tribunales Electorales Departamentales. ¡No queda más remedio! Hay que derogar el antiguo Tribunal Superior Electoral conformado por elementos afines y comprometidos a favor de Evo Morales. La Ley consta de 24 artículos en tres Capítulos, y cinco “Disposiciones Finales”. Declara que se “deja sin efecto legal las Elecciones Generales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados” (Artículo 2.1), y se declara el cese de las funciones de los Vocales Titulares y Suplentes del Tribunal Supremo Electoral al momento de la promulgación de la Ley; además se da un plazo máximo de hasta 20 días calendario para la elección de los vocales del Tribunal Supremos Electoral, que deberían tomar posesión “al día siguiente de su elección”. Los veinte días calendario se cumplían el 14 de diciembre, sin embargo, el nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia tomó posesión el 19 de diciembre tras ser elegido por el Congreso y el 20 de diciembre fueron designados su presidente y vicepresidente (artículos 5 y 7).

El último de los capítulos de la Ley (Capítulo IV. Elecciones Generales), trata de los pormenores de la convocatoria a las elecciones generales. El artículo 12 establece que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contaba con 48 horas posteriores a su elección para presentar el calendario electoral o convocatoria para las elecciones, es decir para el 22 de diciembre. No obstante, el TSE alegó que con el tiempo establecido no sería suficiente para elaborar el calendario electoral de la convocatoria a elecciones generales. El 20 de diciembre. en consecuencia, Jeanine Áñez firmó una ley modificativa de la Ley 1266 para prorrogar por diez días el plazo que tiene el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para convocar elecciones en el país. “He promulgado ─ declaró Añez ─ la Ley de Modificación a la Ley N° 1266, de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, resultado de la coordinación entre la Asamblea, el TSE y el Ejecutivo para la realización de unas elecciones limpias, justas y transparentes”.

La ampliación de los plazos, cuadra con el gobierno de transición, ya que su mandato, legalmente debiera concluir el 22 de enero, sin la posibilidad de celebrar los comicios antes de esa fecha. Como citó la agencia de noticias boliviana ABI, Añez declaró: “La ley que hoy día estamos promulgando es el resultado de la coordinación entre la Asamblea, el Tribunal Supremo Electoral y el Ejecutivo (...) estamos trabajando para la realización de elecciones limpias, justas y transparentes”, y agregó: “Todo esto lo hacemos porque queremos que las elecciones nacionales y subnacionales se conviertan en una fiesta democrática y recuperación del valor de nuestro voto, y no en una pesadilla, como nos ha pasado en octubre con el fraude monumental del Gobierno anterior de Evo Morales”.

El 27 de diciembre se hizo conocer que los vocales del TSE perfilaban la convocatoria a elecciones generales para junio de 2020, la probable segunda vuelta para julio y la posesión de las nuevas autoridades elegidas, el 6 de agosto. "No se establecieron fechas concretas, pero sí hay topes. Teniendo en cuenta que se está sujeto a cambios, el borrador del calendario electoral señala que la primera vuelta de las elecciones se desarrollaría en junio", explicó el vocal del Tribunal Departamental de Potosí, Julio Mujica, en declaraciones al periódico boliviano El Deber. No obstante, el calendario electoral, deberá ser presentado a más tardar el 7 de enero. De ser así las elecciones generales, se celebrarán 150 días después de emitida la convocatoria.  No obstante, el segundo párrafo del Artículo 12 de la Ley 1266 estableció que “Las Elecciones Generales 2020, se realizarán en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario a partir de la convocatoria”. De este modo, el mandato de Jeanine Añez se extenderá hasta el 6 de agosto de 2020.

Mientras tanto y según El Mundo: “La última encuesta realizada en Bolivia atribuye un 23% de los apoyos a Andrónico Rodríguez, uno de los principales favoritos para suceder a Evo y quien más atrae a las nuevas generaciones de la revolución. que en un sólo mes ha crecido en siete puntos. Le sigue el excandidato presidencial opositor Carlos Mesa, que también habría crecido al calor de los errores de los otros políticos opositores, situándose con el 21% de los apoyos. Este, en mi opinión, sería la mejor opción.

Detrás aparecen los dos líderes cívicos que comandaron la revuelta contra Evo Morales, Luis Fernando Camacho (13%) y Marco Pumari (10%), los dos perdiendo apoyos tras un mes muy polémico, con acusaciones entre ambos, que al principio había prometido ir unidos a las elecciones. No obstante, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari acaban de anunciar su binomio para las elecciones generales, que, se ha considerado, se realicen en junio de 2020. "Nos quisieron dividir, nos quieren divididos, pero demostraremos que la unión hace la fuerza", escribió Pumari en su cuenta en Facebook. Si se me preguntara mi opinión sobre esta pareja, diría que sería la peor opción que pudieran hacer los bolivianos.

Detrás de ambos se mantiene el evangélico Chi Hyun Chung, que ha perdido el paraguas del Partido Demócrata Cristiano, pero que pese a todo conservaría el 9% de votos”.

Con vistas a las elecciones, Añez presentó recientemente un proyecto de ley que obliga a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia a participar en debates electorales. En apoyo a este proyecto, Añez alegó: “El expresidente Morales ha rehuido el debate de manera constante porque para él y su grupo de gobernantes que gozaron de tantos privilegios la democracia era un pretexto, era un instrumento para consolidar su proyecto de poder hegemónico. A Evo Morales no le interesaba el voto informado, a él le interesaba el fraude”.

Crisis diplomática y nacionalismo

A lo largo del mes de diciembre, Bolivia, más bien, su gobierno de transición, se ha visto envuelta en una controversia, de dura retórica y teorías de conspiración, con México y España, que la mente suspicaz, ve como dirigida a alcanzar un propósito muy diferente al pretendido de dignidad nacional ofendida. Se trata de la crisis diplomática surgido con México y España con motivo del asilo concedido por Andrés López Obrador a Evo Morales y el refugio en la embajada mexicana de nueve altos funcionarios del derrocado gobierno, entre los cuales se encuentra el exmilitar graduado de la Escuela de las Américas, el centro de entrenamiento creado por Estados Unidos para militares de América Latina, y exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana Taborga, uno de los hombres fuertes del equipo de Morales y exembajador de Bolivia en Cuba. El diario boliviano Página Siete reprodujo un documento filtrados por Wikileaks que hace referencia a Quintana Taborga; un cable, del 31 de marzo de 2006 con el código 06LAPAZ906, donde se decía que Quintana es “un irritado exmilitar que fue despedido de su cargo en el Ministerio de Defensa el año 2000 durante el régimen de Banzer. Quintana siempre sospechó que EEUU estaba detrás de su despido, algo que tiene cierto respaldo, y se convirtió como resultado de eso en un estridente antiestadounidense”.

Sobre Quintana Taborga pesan cargos de terrorismo, acusado de promover acciones violentas y vandalismos durante los actos de protestas que llevaron a la renuncia de Evo Morales; se le relaciona también con cuatro cubanos, con documentos de identidad de la Brigada Médica Cubana, que fueron detenidos en El Alto. En el auto que conducían fueron ocupados unos 90 mil bolivianos (algo más de 13,000 dólares). De acuerdo con lo informado en Página 7, los vecinos aseguraron que los cubanos pagaban a manifestantes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que bajaron en una movilización hasta La Paz, acusándoles además de estar financiando a los vándalos que saqueaban negocios durante las manifestaciones. Según la versión de los aprehendidos, el dinero iba a ser destinado a pagar los sueldos de los médicos cubanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, aseguró que los cubanos trasladaban el dinero extraído de un banco local para pagar servicios básicos y alquileres de los 107 miembros de la brigada médica en la región de El Alto, y, de acuerdo con Cibercuba, agregó en un comunicado oficial, que representantes de la policía y del Ministerio Público de Bolivia visitaron las sedes de la Brigada Médica en El Alto y La Paz y “corroboraron, a partir de documentos, nóminas y datos bancarios, que la cifra de dinero coincidía con la cantidad extraída regularmente todos los meses”. Finalmente, las autoridades bolivianas, liberaron a los cuatro cubanos sin imponerles cargos.

Parece el tema de una película hollywoodense de “intriga internacional”, y sus guionistas son tres más uno. Esta es la crisis de las relaciones diplomáticas del gobierno transitorio de Bolivia con México y España. Los principales redactores del texto son dos controvertidos personajes: el expresidente de Bolivia y designado delegado del gobierno de Añez ante la comunidad internacional, Jorge “Tuto” Quiroga, ahijado político del exdictador militar de Bolivia Hugo Banzer, como lo fuera también el reclamado Juan Ramón Quintana, un hombre que emplea una retórica que hace recordar los medios expresivos de Diosdado Cabello de Venezuela; y Carlos Arturo Murillo Prijic, Ministro de Gobierno (equivalente a Ministro de Gobernación o Ministerio del Interior), es el “hombre duro” del gobierno de Jeanine Añez; un hombre del cual, el periódico boliviano El Deber, ha dicho: “En diciembre del año pasado (2017), cuando se discutía la ampliación de causales para despenalizar el aborto, Murillo mandó a las mujeres a matarse. ‘Decidan con su vida, quieren matarse, que se maten, que se tiren del quinto piso, que se suiciden, hagan lo que quieran con su vida, pero no con una vida que no les pertenece’, dijo entonces el senador”. El Torquemada de la justicia de revancha contra el evismo. Advierte: “Les digo a todos aquellos que están en sedición que van a ir a la cárcel”. Amenaza a Juan Ramón Quintana: “Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, ¿por qué es una cacería? Ese es un animal que está matando gente en nuestro país y no lo vamos a permitir”. Y denuncia, acusa sin aportar pruebas, diciendo que se ha identificado que en las protestas “hay cubanos, hay venezolanos, hay gente de la guerrilla que ha estado viniendo aquí”. Asegura luego: “A todas esas personas vamos a aplicarles el mayor rigor de la ley. Bolivia no puede estar sufriendo por esta gente, extranjeros que vienen a nuestra patria a matar a nuestros compatriotas y no lo vamos a permitir”. Pero ninguno de esos supuestos agentes extranjeros ha sido capturados y sancionados “con el mayor rigor de la ley”.

A estos dos hombres se agrega una tercera, la encargada de las Relaciones Exteriores, Karen Longaric Rodríguez, que piensa que los temas de exteriores son como el texto de un manual de consignas y descalificaciones. Si México denuncia que ante su embajada en Bolivia hay una “presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos” y hasta piqueteros que allí hacen vigilia vigilando quien sale y quien entra en la sede, y rechaza entregar a los refugiados bolivianos en la embajada, Longaric reclama: “Simplemente pedimos al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no se inmiscuya más en nuestros asuntos internos y que respete la soberanía boliviana, Bolivia no es una colonia de México”; y asegura: “La Embajada es el instrumento que utiliza México para confrontar a Bolivia”. ¿A qué viene esa aclaración de que Bolivia no es colonia de México? Quizá lo mismo que reclama Arturo Murillo de España, tras el incidente de los “encapuchados”: “Voy a pedir a la presidenta y a la canciller que pida que esas personas se vayan del país, no es correcto que vengan a hacer lo que quieran, hace muchísimos años hemos dejado de ser colonia española”. Solo demagogia nacionalista. Lo mismo que se desprende de las declaraciones de la ministra: “Queremos manifestar nuestra preocupación y protesta a nombre del gobierno de Bolivia frente a las acciones que constituyen un abuso a la amistad que siempre ha existido entre España y Bolivia”. Lo mismo que se insinúa en lo dicho por Tuto Quiroga: “López Obrador, este cínico sinvergüenza, se pasó de bellaco con Bolivia”; lo mismo que se intuye de lo que dijera, agregando a lo antes dicho, y dirigiéndose a AMLO: “Entonces señor López Obrador, es hora de hablar claro. Usted claramente ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos y usted es un cobarde matoncito, porque lo hemos visto pasar vergüenza, arrodillado ante Trump, que le pone exigencias, que lo obliga a deportar a centroamericanos y que le está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento” (¿Verdad que se parece al modo de hablar de Diosdado Cabello?)

Luego, cuando Añez, accedió a los requerimientos de su Ministro de Gobierno y ordenara la salida del país de la embajadora de México, así como de la encargada de negocios, el cónsul de España y los famosos "encapuchados"; el gobierno español en un comunicado, declaró: "España rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia (…) cualquier afirmación en este sentido constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias. La relación entre nuestros dos países se basa en el mutuo respeto a nuestras instituciones democráticas y esta será siempre la referencia en nuestras actuaciones”.

En un comunicado la Unión Europea le dio una respuesta magistral a los ineptos funcionario del Gobierno de Transición en temas diplomáticos: “La Delegación de la Unión Europea en Bolivia expresa su profunda preocupación por la escalada de tensión diplomática que se ha saldado con la declaración de persona non grata de la encargada de negocios y del encargado de la sección consular de la Embajada de España, medida que rechaza”, dice el primer punto del comunicado. Calificó de “medida extrema e inamistosa” la expulsión de funcionarios diplomáticos, algo que debe reservarse a situaciones de gravedad. Y recalca el comunicado: “El pleno respeto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el diálogo son fundamentales para reducir la tensión”. Y concluye el comunicado: “La Delegación de la Unión Europea también agradecería recibir a la mayor brevedad una explicación de parte del Gobierno interino de Bolivia”.

Y no podía faltar la cuarta rueda de la carreta, Yerko Núñez, el Ministro de la Presidencia, quien en respuesta al comunicado de la Unión Europea diría: “...está claro que Bolivia no es colonia de nadie y se debe respetar la soberanía de nuestra patria”, otra vez el tema de “colonia”. Continúa diciendo e insistiendo en el tema de la protección de la soberanía boliviana de atropellos externos: “En Bolivia ha habido un atropello a la soberanía de nuestra patria por personas encapuchadas, presumiblemente armadas, que quisieron entrar (a la residencia de México) a sacar personas que están denunciadas por la justicia boliviana (...) Eso no es amistoso, por eso es que nosotros como Gobierno hemos procedido a declarar personas no gratas, porque no es amistad el venir a querer sacar a personas que están seriamente denunciadas (...), hay las vías diplomáticas para hacerlo”.

A continuación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, en un comunicado oficial, declaró: “Bolivia desea superar este impasse a la brevedad y mantener estrechas relaciones con el Reino de España, en el marco del tradicional respeto y la amistad que siempre las han caracterizado. Para este cometido, el Gobierno Constitucional de Bolivia acreditará en la Embajada de Bolivia en Madrid a un alto representante diplomático”.

Toda esta campaña nacionalista de defensa de la soberanía, tienen solo el interés político de captar apoyos dentro de la población; un intento para anular cualquier influencia que todavía le quede al interior del país al Movimiento Al Socialismo (MAS). Las elecciones están programadas para el mes de julio y ya aparecen las encuestas, nada favorables para los cristeros. Existe el temor de que Andrónico Rodríguez del MAS pueda ganar las elecciones y hay que captar votos, para el dueto Camacho-Pumari. La Biblia tiene que quedarse en el Palacio de Gobierno.

Por otra parte, si se produce un agravamiento de la crisis diplomática, si aparece algún brote de resistencia al gobierno de transición, en cualquier punto del país, el Artículo 137 de la Constitución, capacita a la Presidencia a implantar el estado de excepción (En caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, la Presidenta o el Presidente del Estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción, en todo o en la parte del territorio donde fuera necesario).