Mario J. Viera
El Socialismo del Siglo XXI que rigió
durante 14 agónicos años en Bolivia, cayó estruendosamente. La transición, como
toda después de una dictadura, no es camino que pueda recorrerse sin obstáculos
y contradicciones, y mucho menos en un país multiétnico como Bolivia. La
Constitución de 2009, que rigiera a lo largo del régimen de Evo Morales, no ha
sido derogada, ni se ha puesto en vigencia la anterior Constitución de agosto
de 1994. Si la Constitución de 2009 no está derogada y el Gobierno Provisional
no ha dictado ningún Estatuto Constitucional sobre el cual establecer sus
atributos, entonces, el gobierno tiene que atenerse a los postulados de esa
Constitución para su ejercicio legal.
En medio de grandes protestas populares
por los resultados fraudulentos de las elecciones del 20 de octubre que le
declaraban como presidente electo en la primera vuelta electoral, Evo Morales,
el 12 de noviembre, se ve obligado a renunciar al cargo de presidente que
llevaba ostentando durante 14 años. El 2 de noviembre, el cristero de extrema
derecha Luis Fernando Camacho, considerado por muchos como el Bolsonaro
boliviano, se convierte en la figura más representativa de las protestas en
contra del fraude, al reclamarle al ejército y a la policía “ponerse del lado
de la gente” y pedir a Morales su renuncia. El 8 de noviembre se producen
amotinamientos de los cuerpos policiacos en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz,
extendiéndose la insubordinación a otras regiones del país. El 12 de noviembre,
el jefe del Ejército boliviano le reclama a Morales su renuncia. Se ha
producido, en la práctica, un golpe de estado atípico, que es bien recibido por
la comunidad internacional.
Con la renuncia de Evo Morales, del
Vicepresidente y de los presidentes de la Cámara y del Senado se presentó una
situación de ausencia de poder. Es entonces que, en virtud del Artículo 169.1
de la vigente Constitución, Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado por
el partido Unidad Demócrata, el mismo 12 de noviembre, se autoproclama
presidente de Bolivia, en una sesión legislativa sin quórum en ninguna de sus
cámaras. Una acción esta, que, con independencia de interese políticos, sirvió
para salvar el vacío de poder. Pero Añez no se ajustó completamente a las
normas constitucionales, pues de inmediato se dirigió a la casa de gobierno,
portando una Biblia de gran volumen, en contradicción total con el postulado
del Artículo 4 de la vigente Constitución que establece la laicidad del Estado:
“El Estado respeta y garantiza la
libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus
cosmovisiones. El Estado es
independiente de la religión”. La línea política del gobierno
provisional, gobierno de facto en su esencia, aunque haya sido reconocido por
muchos otros gobiernos, ya quedó trazada desde el mismo día cuando la Biblia
ocupara lugar prominente en la casa de gobierno sobre el texto constitucional. "¡Gracias a Dios, ha permitido que la Biblia vuelva
a entrar al Palacio!", había exclamado Añez. Es que ella en abril de
2013 había expresado en un Twitter: "¡Sueño
con una Bolivia libre de ritos satánico indígenas, la ciudad no es para los
indios que se vayan al altiplano o al chaco!!".
Si cotejamos los medios periodísticos de
Bolivia, al menos todos aquellos que poseen ediciones digitales, se comprobará
que, la mayoría se muestra a favor del gobierno transicional de Jeanine Añez.
Fueron 14 años de restricciones al ejercicio informativo y de opinión. Como
dijera en 2015, el director de Página 7, el periodista boliviano Raúl Peñaranda,
bajo el régimen de Morales, los medios en Bolivia eran preocupantes, y
agregaría: “El gobierno ha logrado acabar
casi por completo con los medios independientes. Ahora esos son solo un puñado.
El gobierno, a través de empresarios amigos, ha comprado medios y les ha
cambiado la línea editorial. También los ha presionado, con agresiones verbales
y entidades estatales, para debilitarlos y atemorizarlos. Finalmente los ha
cooptado, con millones de dólares para publicidad gubernamental. Esos medios,
para obtener esa publicidad, y luego seguir recibiéndola, también cambiaron su
línea editorial y se volvieron órganos de prensa pro-gobierno”.
Muchos periodistas tuvieron conflictos con
el régimen, sometidos a presiones que dificultaban el ejercicio de su
profesión, como los que cita Infobae en mayo de 2019, Juan Pablo Guzmán, Erwin
Valda, Jhon Arandia, Amalia Pando, Raúl Peñaranda, Carlos Valverde, Gonzalo
Rivera y Galo Hubner. La situación del control de los medios informativos
durante el gobierno de Evo Morales, la ejemplificó el periodista de la red
televisiva ATB, Juan Pablo Guzmán, cuando expresó: “Hoy no hay nada que aterrorice más a muchos medios que la queja de alguna
autoridad o de un oficialista por haber sido incomodado en una entrevista”.
La caída del régimen indigenista,
comunistoide y bolivariano, muy afín con el castrismo y el chavismo, no acabó
con todas sus estructuras. La atipicidad del golpe de estado del 12 de
noviembre se caracteriza en el hecho de que el congreso, con mayoría
oficialista, no fue disuelto. Dos fuerzas antagónicas que necesitan alcanzar
consenso para que la transición se produzca sin mayores convulsiones, de un
lado los congresistas del partido del dictador derrocado y del otro,
minoritario en el Congreso, de la oposición, ahora en el gobierno. Izquierda
contra derecha. Una izquierda bananera y una derecha mojigata.
Para poder cumplimentar lo prescrito en el
párrafo primero del artículo 169, que impone la condición de convocar elecciones
en el plazo máximo de 90 días cuando el presidente sea reemplazado de manera
definitiva, primero se hizo necesario aprobar una ley para la realización de esas
elecciones. Entre el 22 y el 23 de noviembre el proyecto para la tal ley sería
consensuado y aprobado unánimemente en el Senado y Diputados. Al siguiente día
Añez promulgó la Ley que sería conocida como, “Ley No. 1266 del Régimen
Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales”. Por
esta norma legislativa se establece un régimen excepcional y transitorio para
la designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral y Tribunales
Electorales Departamentales. ¡No queda más remedio! Hay que derogar el antiguo
Tribunal Superior Electoral conformado por elementos afines y comprometidos a
favor de Evo Morales. La Ley consta de 24 artículos en tres Capítulos, y cinco
“Disposiciones Finales”. Declara que se “deja sin efecto legal las Elecciones
Generales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados” (Artículo 2.1),
y se declara el cese de las funciones de los Vocales Titulares y Suplentes del
Tribunal Supremo Electoral al momento de la promulgación de la Ley; además se
da un plazo máximo de hasta 20 días calendario para la elección de los vocales
del Tribunal Supremos Electoral, que deberían tomar posesión “al día siguiente
de su elección”. Los veinte días calendario se cumplían el 14 de diciembre, sin
embargo, el nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia tomó posesión el
19 de diciembre tras ser elegido por el Congreso y el 20 de diciembre fueron
designados su presidente y vicepresidente (artículos 5 y 7).
El último de los capítulos de la Ley
(Capítulo IV. Elecciones Generales), trata de los pormenores de la convocatoria
a las elecciones generales. El artículo 12 establece que el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) contaba con 48 horas posteriores a su elección para presentar
el calendario electoral o convocatoria para las elecciones, es decir para el 22
de diciembre. No obstante, el TSE alegó que con el tiempo establecido no sería
suficiente para elaborar el calendario electoral de la convocatoria a
elecciones generales. El 20 de diciembre. en consecuencia, Jeanine Áñez firmó
una ley modificativa de la Ley 1266 para prorrogar por diez días el plazo que
tiene el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para convocar elecciones en el país.
“He promulgado ─ declaró Añez ─ la Ley de Modificación a la Ley N° 1266, de
Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales,
resultado de la coordinación entre la Asamblea, el TSE y el Ejecutivo para la
realización de unas elecciones limpias, justas y transparentes”.
La ampliación de los plazos, cuadra con el
gobierno de transición, ya que su mandato, legalmente debiera concluir el 22 de
enero, sin la posibilidad de celebrar los comicios antes de esa fecha. Como
citó la agencia de noticias boliviana ABI, Añez declaró: “La ley que hoy día estamos promulgando es el resultado de la coordinación
entre la Asamblea, el Tribunal Supremo Electoral y el Ejecutivo (...) estamos trabajando para la realización de
elecciones limpias, justas y transparentes”, y agregó: “Todo esto lo hacemos porque queremos que las
elecciones nacionales y subnacionales se conviertan en una fiesta democrática y
recuperación del valor de nuestro voto, y no en una pesadilla, como nos ha
pasado en octubre con el fraude monumental del Gobierno anterior de Evo Morales”.
El 27 de diciembre se hizo conocer que los
vocales del TSE perfilaban la convocatoria a elecciones generales para junio de
2020, la probable segunda vuelta para julio y la posesión de las nuevas autoridades
elegidas, el 6 de agosto. "No se
establecieron fechas concretas, pero sí hay topes. Teniendo en cuenta que se
está sujeto a cambios, el borrador del calendario electoral señala que la
primera vuelta de las elecciones se desarrollaría en junio", explicó
el vocal del Tribunal Departamental de Potosí, Julio Mujica, en declaraciones
al periódico boliviano El Deber. No obstante, el calendario electoral, deberá
ser presentado a más tardar el 7 de enero. De ser así las elecciones generales,
se celebrarán 150 días después de emitida la convocatoria. No obstante, el segundo párrafo del Artículo
12 de la Ley 1266 estableció que “Las Elecciones Generales 2020, se realizarán
en un plazo máximo de ciento veinte
(120) días calendario a partir de la
convocatoria”. De este modo, el mandato de Jeanine Añez se extenderá hasta
el 6 de agosto de 2020.
Mientras tanto
y según El Mundo: “La última encuesta realizada en Bolivia atribuye un 23%
de los apoyos a Andrónico Rodríguez, uno de los principales
favoritos para suceder a Evo y quien más atrae a las nuevas generaciones de la
revolución. que en un sólo mes ha crecido en siete puntos. Le sigue el
excandidato presidencial opositor Carlos Mesa, que también habría
crecido al calor de los errores de los otros políticos opositores, situándose
con el 21% de los apoyos. Este, en mi opinión, sería la mejor opción.
Detrás
aparecen los dos líderes cívicos que comandaron la revuelta contra Evo Morales,
Luis Fernando Camacho (13%) y Marco Pumari (10%), los dos
perdiendo apoyos tras un mes muy polémico, con acusaciones entre ambos, que al
principio había prometido ir unidos a las elecciones. No obstante, Luis
Fernando Camacho y Marco Pumari acaban de anunciar su binomio para las elecciones
generales, que, se ha considerado, se realicen en junio de 2020. "Nos
quisieron dividir, nos quieren divididos, pero demostraremos que la unión hace
la fuerza", escribió Pumari en su cuenta en Facebook. Si se me preguntara
mi opinión sobre esta pareja, diría que sería la peor opción que pudieran hacer
los bolivianos.
Detrás de
ambos se mantiene el evangélico Chi Hyun Chung, que ha perdido el
paraguas del Partido Demócrata Cristiano, pero que pese a todo conservaría
el 9% de votos”.
Con vistas a
las elecciones, Añez presentó recientemente un proyecto de ley que obliga a los
candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia a participar en debates
electorales. En apoyo a este proyecto, Añez alegó: “El expresidente Morales ha rehuido el debate de manera constante porque
para él y su grupo de gobernantes que gozaron de tantos privilegios la
democracia era un pretexto, era un instrumento para consolidar su proyecto de
poder hegemónico. A Evo Morales no le interesaba el voto informado, a él le
interesaba el fraude”.
Crisis
diplomática y nacionalismo
A lo largo del mes de diciembre, Bolivia,
más bien, su gobierno de transición, se ha visto envuelta en una controversia,
de dura retórica y teorías de conspiración, con México y España, que la mente
suspicaz, ve como dirigida a alcanzar un propósito muy diferente al pretendido
de dignidad nacional ofendida. Se trata de la crisis diplomática surgido con
México y España con motivo del asilo concedido por Andrés López Obrador a Evo
Morales y el refugio en la embajada mexicana de nueve altos funcionarios del
derrocado gobierno, entre los cuales se encuentra el exmilitar graduado de la Escuela
de las Américas, el centro de entrenamiento creado por Estados Unidos para
militares de América Latina, y exministro de la Presidencia, Juan Ramón
Quintana Taborga, uno de los hombres fuertes del equipo de Morales y
exembajador de Bolivia en Cuba. El diario boliviano Página Siete reprodujo un documento
filtrados por Wikileaks que hace referencia a Quintana Taborga; un cable, del
31 de marzo de 2006 con el código 06LAPAZ906, donde se decía que Quintana es “un irritado exmilitar que fue despedido de
su cargo en el Ministerio de Defensa el año 2000 durante el régimen de Banzer.
Quintana siempre sospechó que EEUU estaba detrás de su despido, algo que tiene
cierto respaldo, y se convirtió como resultado de eso en un estridente
antiestadounidense”.
Sobre Quintana Taborga pesan cargos de
terrorismo, acusado de promover acciones violentas y vandalismos durante los
actos de protestas que llevaron a la renuncia de Evo Morales; se le relaciona
también con cuatro cubanos, con documentos de identidad de la Brigada Médica
Cubana, que fueron detenidos en El Alto. En el auto que conducían fueron
ocupados unos 90 mil bolivianos (algo más de 13,000 dólares). De acuerdo con lo
informado en Página 7, los vecinos aseguraron que los cubanos pagaban a
manifestantes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que bajaron en una
movilización hasta La Paz, acusándoles además de estar financiando a los vándalos
que saqueaban negocios durante las manifestaciones. Según la versión de los
aprehendidos, el dinero iba a ser destinado a pagar los sueldos de los médicos
cubanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, aseguró que los
cubanos trasladaban el dinero extraído de un banco local para pagar servicios
básicos y alquileres de los 107 miembros de la brigada médica en la región de
El Alto, y, de acuerdo con Cibercuba, agregó en un comunicado oficial, que
representantes de la policía y del Ministerio Público de Bolivia visitaron las
sedes de la Brigada Médica en El Alto y La Paz y “corroboraron, a partir de
documentos, nóminas y datos bancarios, que la cifra de dinero coincidía con la
cantidad extraída regularmente todos los meses”. Finalmente, las autoridades
bolivianas, liberaron a los cuatro cubanos sin imponerles cargos.
Parece el tema de una película hollywoodense
de “intriga internacional”, y sus guionistas son tres más uno. Esta es la
crisis de las relaciones diplomáticas del gobierno transitorio de Bolivia con México
y España. Los principales redactores del texto son dos controvertidos
personajes: el expresidente de Bolivia y designado delegado del gobierno de Añez
ante la comunidad internacional, Jorge “Tuto” Quiroga, ahijado político del
exdictador militar de Bolivia Hugo Banzer, como lo fuera también el reclamado Juan
Ramón Quintana, un hombre que emplea una retórica que hace recordar los medios
expresivos de Diosdado Cabello de Venezuela; y Carlos Arturo Murillo Prijic, Ministro
de Gobierno (equivalente a Ministro de Gobernación o Ministerio del Interior),
es el “hombre duro” del gobierno de Jeanine Añez; un hombre del cual, el
periódico boliviano El Deber, ha dicho: “En diciembre del año pasado (2017),
cuando se discutía la ampliación de causales para despenalizar el aborto,
Murillo mandó a las mujeres a matarse. ‘Decidan
con su vida, quieren matarse, que se maten, que se tiren del quinto piso, que
se suiciden, hagan lo que quieran con su vida, pero no con una vida que no les
pertenece’, dijo entonces el senador”. El Torquemada de la justicia de
revancha contra el evismo. Advierte: “Les digo a todos aquellos que están en
sedición que van a ir a la cárcel”. Amenaza a Juan Ramón Quintana: “Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón
Quintana, ¿por qué es una cacería? Ese es un animal que está matando gente en
nuestro país y no lo vamos a permitir”. Y denuncia, acusa sin aportar
pruebas, diciendo que se ha identificado que en las protestas “hay cubanos, hay
venezolanos, hay gente de la guerrilla que ha estado viniendo aquí”. Asegura
luego: “A todas esas personas vamos a
aplicarles el mayor rigor de la ley. Bolivia no puede estar sufriendo por esta
gente, extranjeros que vienen a nuestra patria a matar a nuestros compatriotas
y no lo vamos a permitir”. Pero ninguno de esos supuestos agentes
extranjeros ha sido capturados y sancionados “con el mayor rigor de la ley”.
A estos dos hombres se agrega una tercera,
la encargada de las Relaciones Exteriores, Karen Longaric Rodríguez, que piensa
que los temas de exteriores son como el texto de un manual de consignas y
descalificaciones. Si México denuncia que ante su embajada en Bolivia hay una “presencia
excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos” y
hasta piqueteros que allí hacen vigilia vigilando quien sale y quien entra en
la sede, y rechaza entregar a los refugiados bolivianos en la embajada,
Longaric reclama: “Simplemente pedimos al Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador que no se inmiscuya más en nuestros asuntos internos y que respete la
soberanía boliviana, Bolivia no es una colonia de México”; y asegura: “La
Embajada es el instrumento que utiliza México para confrontar a Bolivia”. ¿A qué
viene esa aclaración de que Bolivia no es colonia de México? Quizá lo mismo que
reclama Arturo Murillo de España, tras el incidente de los “encapuchados”: “Voy a pedir a la presidenta y a la canciller
que pida que esas personas se vayan del país, no es correcto que vengan a hacer
lo que quieran, hace muchísimos años hemos
dejado de ser colonia española”. Solo demagogia nacionalista. Lo mismo
que se desprende de las declaraciones de la ministra: “Queremos manifestar nuestra preocupación y protesta a nombre del
gobierno de Bolivia frente a las acciones que constituyen un abuso a la amistad
que siempre ha existido entre España y Bolivia”. Lo mismo que se insinúa en
lo dicho por Tuto Quiroga: “López
Obrador, este cínico sinvergüenza, se pasó de bellaco con Bolivia”; lo
mismo que se intuye de lo que dijera, agregando a lo antes dicho, y dirigiéndose
a AMLO: “Entonces señor López Obrador, es
hora de hablar claro. Usted claramente ha decidido ser el padrino de los
tiranos latinoamericanos y usted es un
cobarde matoncito, porque lo hemos visto pasar vergüenza, arrodillado ante Trump, que le pone exigencias, que lo obliga a
deportar a centroamericanos y que le
está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento” (¿Verdad
que se parece al modo de hablar de Diosdado Cabello?)
Luego, cuando Añez, accedió a los
requerimientos de su Ministro de Gobierno y ordenara la salida del país de la
embajadora de México, así como de la encargada de negocios, el cónsul de España
y los famosos "encapuchados"; el gobierno español en un comunicado,
declaró: "España rechaza
tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en
los asuntos políticos internos de Bolivia (…) cualquier afirmación en este
sentido constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones
bilaterales con falsas teorías
conspiratorias. La relación entre
nuestros dos países se basa en el mutuo respeto a nuestras instituciones
democráticas y esta será siempre la referencia en nuestras actuaciones”.
En un comunicado la Unión Europea le dio
una respuesta magistral a los ineptos funcionario del Gobierno de Transición en
temas diplomáticos: “La Delegación de la
Unión Europea en Bolivia expresa su profunda preocupación por la escalada
de tensión diplomática que se ha saldado con la declaración de persona non
grata de la encargada de negocios y del encargado de la sección consular de la
Embajada de España, medida que rechaza”, dice el primer punto del
comunicado. Calificó de “medida extrema e inamistosa” la expulsión de
funcionarios diplomáticos, algo que debe reservarse a situaciones de gravedad.
Y recalca el comunicado: “El pleno
respeto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el diálogo son
fundamentales para reducir la tensión”. Y concluye el comunicado: “La Delegación de la Unión Europea también
agradecería recibir a la mayor brevedad una explicación de parte del Gobierno
interino de Bolivia”.
Y no podía faltar la cuarta rueda de la
carreta, Yerko Núñez, el Ministro de la Presidencia, quien en respuesta al
comunicado de la Unión Europea diría: “...está
claro que Bolivia no es colonia de nadie y se debe respetar la soberanía de
nuestra patria”, otra vez el tema de “colonia”. Continúa diciendo e
insistiendo en el tema de la protección de la soberanía boliviana de atropellos
externos: “En Bolivia ha habido un
atropello a la soberanía de nuestra patria por personas encapuchadas,
presumiblemente armadas, que quisieron entrar (a la residencia de México) a sacar personas que están denunciadas por
la justicia boliviana (...) Eso no es
amistoso, por eso es que nosotros como Gobierno hemos procedido a declarar
personas no gratas, porque no es amistad el venir a querer sacar a personas que
están seriamente denunciadas (...), hay
las vías diplomáticas para hacerlo”.
A continuación, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia, en un comunicado oficial, declaró: “Bolivia desea superar este impasse a la
brevedad y mantener estrechas relaciones con el Reino de España, en el marco
del tradicional respeto y la amistad que siempre las han caracterizado. Para
este cometido, el Gobierno Constitucional de Bolivia acreditará en la Embajada
de Bolivia en Madrid a un alto representante diplomático”.
Toda esta campaña nacionalista de defensa
de la soberanía, tienen solo el interés político de captar apoyos dentro de la
población; un intento para anular cualquier influencia que todavía le quede al
interior del país al Movimiento Al Socialismo (MAS). Las elecciones están
programadas para el mes de julio y ya aparecen las encuestas, nada favorables
para los cristeros. Existe el temor de que Andrónico Rodríguez del MAS pueda
ganar las elecciones y hay que captar votos, para el dueto Camacho-Pumari. La
Biblia tiene que quedarse en el Palacio de Gobierno.
Por otra parte, si se produce un agravamiento
de la crisis diplomática, si aparece algún brote de resistencia al gobierno de
transición, en cualquier punto del país, el Artículo 137 de la Constitución,
capacita a la Presidencia a implantar el estado de excepción (En caso de peligro para la seguridad del
Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, la Presidenta o
el Presidente del Estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción,
en todo o en la parte del territorio donde fuera necesario).
