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sábado, 13 de febrero de 2021

¿Sueños de profesionales en la Cuba de hoy?

 Lázaro González Valdés

 


El que tenga oídos que oiga. Si no oye, ya le pisarán su callo:

 

La Revolución, en el principio,

creó el odio y sus leyes.

Cuba fue un caos total,

las tinieblas cubrían la razón,

y la venganza se movía

sobre el ámbito social.

Y la Revolución dijo: “¡Haya exclusión!”.

Y la exclusión reinó para siempre.

 

La génesis de la Revolución cubana fue violenta y excluyente. Hoy sigue siendo violentamente excluyente, y la lógica elemental indica que lo seguirá siendo, porque se niega a ser reformada.

 

La exclusión de los revolucionarios se manifiesta en disímiles formas tangibles. Así ha sido incluso desde 1957 cuando el núcleo original, que se auto proclamó “revolucionario”, no había obtenido el poder político. Por ejemplo, a un miembro del Movimiento 26 de Julio afiliado a la guerrilla comandada por Fidel Castro en la Sierra Maestra, lo excluyeron de ese movimiento y guerrilla porque se bebió una lata de leche que robó en la cocina del campamento. Su exclusión fue por fusilamiento. Por supuesto, el castigo fue apropiado y conforme a la naturaleza del acto cometido (¡pobre de Montesquieu y su Espíritu de las Leyes!), según criterio del tribunal, compuesto por juristas revolucionarios, que le dio al acusado la oportunidad de defenderse en un juicio que duró unos minutos, le admitió a trámite el proceso de apelación que terminó ratificando la pena máxima en pocos minutos, y rechazó el derecho de súplica en sólo un minuto.

 

Más tardó en alistarse el pelotón de fusilamiento, que todo el proceso legal dispuesto al efecto para excluir al bebedor de leche por cuenta propia.

 

Indudablemente, la justicia revolucionaria ha sido súbita, sobre todo si tiene un interés específico o si necesita quitar del medio a quien considere peligro. En tales casos, llega veloz tal justicia. No deja resquicio a la duda razonable ni a la defensa eficiente, porque no da tiempo a razonar ni a defenderse. Su estilo es “el que da primero da doble”. Esa inmediatez es el antecedente de un par de figuras jurídicas que ensombrecen hoy el proceso penal y Derecho cubanos bajo los denominativos de “procedimiento sumarísimo” y “procedimiento abreviado”.

 

También fue así de repentina la Revolución en 1959 cuando, haciendo uso del poder político recién atrapado, manufacturó un “Tribunal de Depuraciones” que echó de su empleo a todo profesor y estudiante universitario disidente de la Revolución.

 

Quizá el primer profesor juzgado y depurado fue el ex presidente de la República de Cuba Dr. Ramón Grau San Martín, a quien acusaron de haber sido candidato a la presidencia en las elecciones del 1 de noviembre de 1958. ¿Qué tiene que ver la afiliación política de un docente con su pertenencia a la universidad? La respuesta es obvia: Alma Mater fue excluida. Quedó imposibilitada de nutrir el intelecto y la cultura, porque inició la era de “La universidad es sólo para los revolucionarios”.

 

El Tribunal de Depuraciones, la Comisión Mixta de Depuraciones y la Ley No. 277 del 23 de abril de 1959 fue la mezcla fulminante con que la revolución asoló las universidades despidiendo profesores y alumnos a granel. En 1959, solamente en la Escuela de Medicina de La Habana fue eliminado el 47 por ciento de su claustro original[1],[2],[3].

 

En contraste con esta historia ─ real y documentada ─ de frustraciones individuales, violación masiva del derecho humano a la educación superior y de abolición de la autonomía universitaria, hay compatriotas que acaban de percibir, por el infalible “método del callo pisao”, que la Revolución es el espantasueño de los profesionales, y también la pesadilla inconmensurable que desvela a quienes tratan de conseguir su título universitario.

 

Entre los recién apercibidos, de acuerdo a Diario de Cuba (DDC), destaca la arquitecta Lilie Suárez quien declaró en redes sociales que “acaban de destruir con un documento oficial el sueño de todos los profesionales[4].

 

La conclusión de Suárez se basa en la lista, publicada por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social en febrero 10 de 2021, por medio de la cual ese organismo del Estado prohíbe el ejercicio de casi todas las profesiones que se estudian en las universidades y escuelas técnicas, a menos que esas actividades se ejerzan bajo el control totalitario, politizado y caprichoso del Estado que, por norma constitucional, sólo puede ser dirigido, administrado y representado por funcionarios del partido comunista, o sea funcionarios de la Revolución, porque Revolución, Estado y funcionarismo comunista es la perversísima trinidad que rige en la escena surrealista del cuadro donde ha quedado atrapada la sociedad cubana desde 1959.

 

Sin embargo, la protesta cibernética de la arquitecta Suárez no es exclusiva porque a ella se unieron las voces virtuales de oficinas de arquitectura como Infraestudio, Ad Urbis, Apropia Estudio y Albor Arquitectos. Otra demanda, según DDC, vino de la restauradora Salomé García Bacalla, quien no se calla ante la lista negra de profesiones y cuestiona: “Comenzarán a perseguir a los arquitectos cubanos que la misma élite contrata para proyectar sus casas sabiendo que esa actividad está prohibida” [4]

 

¡Anda! Con su revelación deschavetada García Bacalla riposta el pisotón de callo conque el Estado la excluyó a ella y al resto de los profesionales y técnicos de la industria independiente de la construcción, remodelación y reparación de inmuebles.

 

Otros tipos de trabajo por cuenta propia fueron estigmatizados en la lista negra de actividades prohibidas. Entre ellos, periodismo, producción artística, contabilidad, abogacía, edición de textos... y continúa el listado hasta llegar a 124 profesiones.

 

La artista Tania Bruguera ve estas prohibiciones como “la talibanización de la Revolución cubana”. Para la curadora Solveig Font “esta es la confirmación (…) de que el Decreto (Ley) 349 sí se está instaurando”. En tanto que la crítica de arte Janet Batet advirtió: “Avanzamos al Medioevo a pasos agigantados” [4].

 

La Revolución hizo su movida excluyente. Ahora excluyó a decenas de miles de cuentapropistas dejándolos sin empleo, en medio de la crónica crisis económica que se agudiza por la pandemia de COVID-19. Si los perjudicados desafían individualmente la lista negra y siguen ejerciendo sus profesiones van a ser blanco fácil de la maquinaria represiva, eficiente, y aceitada legalmente con el Código Penal y la Ley No.75.

 

Esta lista negra de actividades independientes es la respuesta a las demandas de diálogo y respeto a los derechos culturales y civiles realizadas principalmente por el Movimiento 27N, que pudo movilizar frente al MINCULT unos 300 artivistas, cifra inalcanzable para los grupos disidentes que han logrado sobrevivir en Cuba luego de las embestidas militares de 1996 y 2003.

 

La Revolución consigue sobrevivir atomizando a la sociedad (como hace toda dictadura), cuidando la integridad de sus pilares de apoyo y sus fuentes de poder, pero hace énfasis en la relación miedo al castigo-obediencia por su importancia en el mantenimiento del disenso en niveles inocuos para ella.

 

Por lo tanto, la lista de actividades profesionales prohibidas no es un mero documento burocrático sino el arma legal que la jerarquía de la Revolución pone en la garganta del N27, del MSI y de los demás grupos disidentes para evitar que avancen más allá de la raya roja. Es el detente cosido por malos juristas en el viejo traje del Estado totalitario ordenado por esa Revolución que en Naciones Unidas finge orgasmos democráticos.

 


El conflicto llegó al punto donde Gene Sharp recomienda lo que él llama “jiujitsu político”. Esto indica que, si se quieren cambios, es tiempo de que los perjudicados por la lista negra de actividades prohibidas se unan con esa vanguardia que se ha delineado con el 27N y el MSI. Le toca a la vanguardia tomar la iniciativa porque según datos oficiales[5] los cuentapropistas sobrepasan los 605 mil y, considerando el padrón electoral de 2019, la resistencia no violenta sólo necesita unos 420 mil activistas en las calles para ponerle fin a la exclusión revolucionaria.

 

¡Ahora le toca jugar a las víctimas!

 

Pero si no hacen bien su movida, los profesionales seguirán desvelados, el resto de la sociedad desarraigada y la Revolución seguirá diciendo: “¡Haya exclusión! Y la exclusión reinará para siempre”.

jueves, 11 de febrero de 2021

NO ES EL EMBARGO, ESTUPIDO, ES LA POLITICA

Manuel Cuesta Morúa


 

Excepciones aparte, los economistas cubanos, a ambos lados del pasillo, insisten en que el problema de Cuba es económico. Con rigurosidad histórica, nunca lo ha sido. Ni siquiera en tiempos de guerra, como bien saben los mejores historiadores de la economía cubana. No lo fue ni antes ni después de 1959.

 

Porqué eluden la política, es una pregunta obligada para ellos si pretenden entender el origen de su propia ciencia, solo posible desprendida de cualquier visión medioeval.

 

Maynard Keynes tenía razón cuando sugería no confiar el destino de un país a los economistas. Su gastada frase: “a la larga todos estamos muertos” tenía mucho que ver con la conversación en torno a su papel en la sociedad.

 

Que si tomas tal medida, que si liberalizas más cual sector, que si autorizas aquella actividad, que si inviertes en estas áreas, que si Estados Unidos levanta el embargo y un largo menú de modelos y análisis estadísticos en torno a políticas fiscales o de precios forman parte del vademécum que ha dominado la conversación al menos desde los años ochenta del siglo pasado. Casi el mismo tiempo que le ha tomado a Irlanda del Norte subirse a la plataforma de las economías desarrolladas.

 

Todo ello como poesía alternativa a la realidad prosaica: Cuba se desplaza a la cuarta periferia de la economía mundial: más allá de Venezuela y de Haití: esta última con una vigorosa economía al detalle que hace la envidia de las mulas cubanas.

 

El problema de Cuba es político. Y solo político. Lo fue en 1953, en 1959 y lo es ahora en el 2021. El gobierno lo sabe. Por eso solo liberaliza un tipo de economía de sastre hecha para usuarios, no para clientes cubanos.

 

Lo interesante es que la cantidad de actividades liberalizadas, dicen que más de 2000, refleja exactamente el problema de toda economía moderna: no se trata del cuánto, sino del qué. Qué no se puede hacer en cuantas actividades económicas pueda practicar.

 

Mi sugerencia es que lo entendamos: Cuba se cierra, hasta nuevo aviso, tanto a la economía moderna como a la modernización económica que, en el nivel de conocimiento y de tecnología actuales, dependen mucho de las 124 zonas prohibidas.

 

Lo que nos dice, directa o indirectamente, que el embargo de Estados Unidos nada tiene que ver con la deliberada trayectoria cubana hacia el subdesarrollo.

 

Yo, que como otros tantos empezamos a oponernos a él por allá por 1992, antes que el gobierno cubano comenzara a gemir en las Naciones Unidas, entiendo que el embargo es la mejor contribución del gobierno norteamericano a la plaza sitiada de la política, no a las carencias de nuestras mesas. Por eso, y solo por eso, abogo por su levantamiento.

 

Los que aducen razones éticas para exigir su levantamiento están desplazando la responsabilidad moral por el hambre cubana.

 

No es el embargo, estúpido; parafraseando a alguien. Es la política. Desde donde se bloquea, hacia dentro, las magníficas posibilidades de Cuba.

sábado, 2 de enero de 2021

NO SOY EL ABOGADO DEL DIABLO, PERO…

 

Mario J. Viera


 

Alarmantes son las noticias que se reportan de Cuba. En casi todos los medios informativos, no los controlados por el PCC en Cuba, aparecen titulares impactantes, tales como, “El gas licuado costará hasta 30 veces más en Cuba a partir de enero”; o como el que informa, “Más de 1.7 millones de cubanos afectados por la crisis de gas licuado”; o aquel que dice: “Cilindro de gas licuado de 10 kg costará casi el doble tras el ‘ordenamiento monetario’” Al leer estos titulares de inmediato nos asalta una conclusión que pudiéramos resumirla con aquello de decir, “¡Que clase de hijos de p… son!”, por supuesto dirigido a los que en Cuba controlan el gobierno y el Estado.

¡Y sí que lo son!, aunque…

Veamos. Según se informó en el diario El Nuevo Herald, Cuba produce 3,5 millones de toneladas de petróleo al año (22 millones de barriles), de los cuales se obtienen 2.6 millones de toneladas (16.3 millones de barriles) de petróleo crudo y aproximadamente 1.000 millones de metros cúbicos de gas natural, según cifras oficiales.  Dadas estas cifras debemos preguntarnos si en Cuba existe la posibilidad de autosatisfacer su demanda de gas natural. La conclusión, ciertamente es no. En primer lugar, aclaremos, el gas manufacturado y el gas licuado de petróleo, son insumos totalmente diferentes.

El gas manufacturado es producido a partir de un proceso de gasificación del carbón, coque, o cracking catalítico de los derivados del petróleo crudo, transformación de los gases naturales o de los gases licuados de petróleo (GLP) o cualquier mezcla de ellos. Se le conoce como “gas de cañería”, “gas de la calle” en Cuba, o gas refinado.

En tanto que, el Gas licuado del petróleo (GLP) es un compuesto de gases propano y butano presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo; combinado con el aire en una proporción menor a 10% es inflamable, combustiona rápido y no emite residuos contaminantes como plomo o azufre. Es inodoro e incoloro, por lo que suele incorporarse a su composición un contenido de mercaptano que es un compuesto sulfurado, que posee un olor fuerte y que, aunque inflamable, no es tóxico. “En condiciones normales de temperatura, el GLP es un gas. Cuando se somete a presiones moderadas o se enfría, se transforma en líquido. En estado líquido, se transporta y almacena con facilidad. Una vez enfriado o presurizado, el GLP suele almacenarse en contenedores de acero o aluminio” (Gasnova. Asociación Colombiana de GLP) EL GLP se puede transportar fácilmente a cualquier lugar, ya sea a través de cilindros o en tanques estacionarios. Puede ser transportado por mar, ferrocarril, ducto o por carretera.

De acuerdo con un documento elaborado en 2012 por la Secretaría de Energía mexicana, bajo el título de Prospectiva del Mercado de Gas Licuado de Petróleo 2012-2026, se informa que, en 2010, “la producción mundial de gas LP se ubicó en 7,970.6 miles de barriles diarios (Mbd), 2.6% mayor con relación al año anterior. De dicho total, 59.4% provino del procesamiento del gas natural y 40.6% de refinerías”. Los precios del mercado mundial del GLP se fijan en comparación con el de la Costa del Golfo en Estados Unidos, de acuerdo spot del mercado de propano en Mont Belviu. Cada galón de propano, butano, etano y gasolina natural del mercado de los Estados Unidos está vinculado a los precios de OPIS, la referencia de spot oficial. OPIS cubre los mercados spot de los líquidos de gas natural todo el día, con sondeos de un grupo de fuentes inigualables que proporcionan precios confiables. OPIS es la primera agencia de establecimiento de precios para calcular los costos mayoristas implícitos de este mercado (North America LPG Report).

Según la Prospectiva del Mercado de Gas Licuado de Petróleo 2012-2026, “Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) mantuvo el primer lugar a nivel mundial en cuanto a la producción de gas LP, 22.8% del volumen total, con 1,819.3 Mbd. La obtención de gas LP por procesamiento de gas natural representó 62.3% del total de la región. De cada seis barriles producidos en la región, Estados Unidos aportó cinco y Canadá uno. (…) Durante 2010 se importaron 2,366.4 Mbd de gas LP a nivel mundial.  Japón, Estados Unidos, Corea del Sur y China concentraron 39.2% de dichas importaciones.  México se ubicó en el octavo lugar y sus importaciones representaron 3.4% del total mundial”. No obstante, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur y China concentraron 39.2% de las importaciones a nivel mundial. Por su parte, Arabia Saudita fue el principal exportador, con 16.8% del total mundial. Es decir, tanto Estados Unidos como Corea del Sur y China, requieren importar GLP para cubrir sus demandas internas de este renglón.

Y en todo este panorama ¿qué papel juega Cuba? Las reservas petroleras en la isla están limitadas, hasta tal punto que requiere del exterior para cubrir todos sus requerimientos de combustibles fósiles. Cuba no cuenta con fuentes de gas natural que le permitan producir gas licuado de petróleo. En 1960 Cuba perdía el suministro de sus proveedores habituales de petróleo, las empresas petroleras de Estados Unidos, al volcarse hacia el petróleo que la Unión Soviética a precios más favorables y subsidiados. A la caída del imperio soviético, Cuba se vio en una gran crisis energética, hasta que apareció Hugo Chávez para convertirse en su tabla de salvación. Desde entonces el gobierno cubano se convirtió en el aliado más importante de Venezuela, gracias a los generosos suministros de petróleo de ese país.

Ahora, el régimen del chavismo está en crisis, pero siguen llegando a Cuba los suministros de petróleo venezolano. Venezuela es la fuente segura y única para el petróleo que Cuba requiere; por tanto, el régimen del PCC mantendrá firmemente todo su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, coaligándose en una especie de simbiosis entre ambos países. Venezuela requiere del concurso de los servicios de inteligencia cubanos y Cuba del suministro petrolero de Venezuela. Pero la producción de petróleo de Venezuela ha decaído debido a la falta de inversiones y desde el 2011 ha comenzado a importar GLP para completar el déficit de su producción interna, que solo está produciendo 15 barriles diarios. Ahora, de acuerdo con cifras de la International Association of Oil & Gas Producers, Bolivia, Brasil, Colombia y Perú se han convertido en importantes productores de gas. Trinidad y Tobago se ha convertido en el mayor productor de gas y petróleo del Caribe y hasta ha llegado a ser el principal proveedor de gas a los Estados Unidos.

Ante la crisis petrolera de Venezuela, el gobierno de Cuba ha buscado opciones para la obtención de gas licuado de petróleo en convenio con la multinacional energética y petroquímica española, que ha estado vinculada con la isla en actividades de exploración y producción de petróleo y gas natural; una de sus opciones ha sido Trinidad y Tobago. La Corporación Panamericana S.A, una empresa del gobierno cubano para realizar convenios comerciales ya había contratado con Trinidad y Tobago el suministro de gas licuado de petróleo; sin embargo, los proveedores, según informó Lucilo Sánchez, jefe de combustibles domésticos de Cupet, se negaron a realizar las entregas planificadas para finales de diciembre de 2019.

¿Qué había sucedido? El gobierno de Trump, siguiendo su línea electorera en la búsqueda de los votos de las comunidades de venezolanos-americanos y de cubanos-americanos comenzó a apretar las tuercas de las sanciones económicas sobre Cuba. El 3 de julio de 2019 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció la imposición de sanciones a la empresa estatal cubana Cubametales dedicada a la importación y exportación de petróleo; la medida se justificaba alegando que el gobierno de Cuba, de acuerdo con el diario digital rfi, había consolidado su inversión en el sector petrolero de Venezuela con un acuerdo de cooperación firmado el 31 de octubre de 2000, al inicio del gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez, pacto, este, por el cual Venezuela exporta petróleo a Cuba, en tanto La Habana colabora con Caracas en varios sectores, en particular brindando prestaciones médicas y asistencia militar. Según declarara el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin la medida se tomaba por el apoyo que Cuba brinda al Gobierno de Nicolás Maduro. “Maduro se apoya en Cuba para mantenerse en el poder, comprando equipamiento militar y de inteligencia a cambio de petróleo”. Expresó Mnuchin, y agregó, “Las sanciones dañarán los intentos de Maduro de usar el petróleo venezolano como moneda de cambio para ayudar a que sus apoyos compren protección de Cuba y de otros actores extranjeros perversos”; algo totalmente ridículo, pues el régimen de Maduro no necesita emplear a una empresa estatal cubana como intermediaria para adquirir armamento de Rusia o China. Lo hace y lo ha hecho de manera directa.

A finales del mes de noviembre de 2019 el Departamento de Estado impuso la misma sanción económica, ahora contra la empresa estatal cubana Corporación Panamericana S.A que había asumido parte de las operaciones que llevaba a cargo Cubamentales. Ya antes, en abril de 2019, Estados Unidos había colocado sanciones contra seis compañías y 44 embarcaciones que habían transportado petróleo desde Venezuela a Cuba. Ese mismo mes, de acuerdo a lo estipulado en las leyes Torricelli y Helms-Burton se impidió la entrada a puertos de Estados Unidos al barco “The Iron Point” propiedad de la naviera italiana PB Tankers S.P.A. De inmediato PB Tankers suspendió su contrato con Cubametales. "La decisión del Tesoro de quitar las restricciones a PB Tankers, expresó Mnuchin, y desbloquear buques previamente sancionados es un recordatorio de que los cambios positivos de comportamiento pueden resultar en el levantamiento de las sanciones".

Cuando se decretaron las sanciones sobre la Corporación Panamericana S.A, el secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró: “Cubametales fue sancionada en julio de 2019; desde entonces le está costando trabajo encontrar firmas dispuestas a hacer negocios con ella, y ha venido auxiliándose de esta compañía (la Corporación Panamericana) para eludir las sanciones y mover el petróleo del esquema represivo entre Cuba y Venezuela, un esquema declarado ilegal por el gobierno legítimo (de Juan Guaidó) de Venezuela”.

Por supuesto, no podía faltar el senador por Florida, Marco Rubio, quien expresó: “A medida que Estados Unidos va haciendo responsables a quienes sostienen los regímenes de Venezuela y Cuba, que continúan violando los derechos humanos y socavando el orden democrático en nuestra región, debemos seguir instando a nuestros aliados europeos a que hagan lo mismo. Al sancionar a esta corporación cubana, Estados Unidos está enviando un mensaje claro para disuadir a cualquier empresa o individuo de ayudar a los regímenes antidemocráticos en nuestro hemisferio”.

Indiscutiblemente Cuba está bajo el poder de un régimen antidemocrático, pero hay que precisar qué se entiende por la ayuda de “cualquier empresa o individuo” al sistema antidemocrático de Cuba. Consideremos algunas de las reflexiones de Gene Sharp en su obra magistral “De la Dictadura a la Democracia”. Según Sharp, “una plena cooperación, obediencia y apoyo [del pueblo a la dictadura], harán más asequibles los recursos que el poder necesita, y, en consecuencia, fortalecerán la capacidad de obrar de cualquier gobierno”. Las sanciones económicas impuestas unilateralmente por Estados Unidos no garantizan que se debiliten los principales factores, citados por Sharp, que sostienen a la dictadura. Eso corresponde a los dirigentes de los grupos opositores al interior del país, darles solución. Las sanciones económicas deben estar selectivamente diseñadas, de modo que afecten al poder represor y sus pilares, sin producir daños colaterales sobre la población.

El movimiento opositor cubano está prácticamente aislado; pocas de sus propuestas llegan a los oídos de la población, y muy escazas, casi nulas, sus propuestas de verdadero carácter movilizador. En estas condiciones, bajo el pretexto de la supervivencia ante las “agresiones del imperialismo”, el régimen puede lanzar un verdadero aquelarre represivo dirigido a anular la voz disidente, como intentó hacer en la primavera del 2003, llevando a prisión a 75 disidentes entre activistas y periodistas independientes (Téngase presente los enunciados del artículo 4 de la actual Constitución y la vigencia de la Ley 75 de 21 de diciembre de 1994, y la Ley 88 del 16 de febrero de 1999). La oposición ha dejado transcurrir un tiempo valioso para captar apoyo dentro de la población y para hacer una fecunda labor de proselitismo. Salvo la protesta planteada por el Movimiento San Isidro y la espontaneidad del 27 de noviembre, en Cuba no hay una verdadera manifestación de reto político que esté respaldado por protestas masivas, tal como ocurriera en Venezuela, Nicaragua o como ha estado ocurriendo en Bielorrusia.

No existe una verdadera convulsión política en Cuba. El acto cívico de los plantados del 27 de noviembre, por su singularidad, y realizado al margen de los grupos opositores, llamó la atención internacional y ocupó espacios dentro de la prensa internacional. Ahora, el interés periodístico se mueve hacia otros ámbitos y casi no hay mención al que pudiera considerarse Movimiento 27 de Noviembre. No existen las motivaciones para una repulsa internacional de apoyo a una resistencia noviolenta, inexistente actualmente en Cuba, para, tal como propone Sharp, “hacer esfuerzos por movilizar la opinión pública mundial contra la dictadura desde un punto de vista humanitario, moral o religioso. Se puede trabajar para lograr que los gobiernos y las organizaciones internacionales apliquen sanciones diplomáticas, políticas y económicas contra la dictadura. Éstas podrán ser embargos económicos o de armamento, reducción de los niveles de reconocimiento diplomático, negación de asistencia económica y prohibición de inversiones en el país bajo una dictadura, expulsión del gobierno dictatorial de las diversas organizaciones internacionales y de los organismos de las Naciones Unidas”. Si no existe la confrontación pueblo/dictadura, es poco probable captar internacionalmente este conjunto de auxilio que propone Sharp.  

El Estado cubano, tanto por su propia ineficiencia como por las sanciones económicas que les son impuestas por Estados Unidos, necesita obtener divisas para poder cumplir con sus convenios comerciales. La crisis de la pandemia del COVID-19 ha golpeado a su principal industria para la obtención de moneda libremente convertible, el turismo. Otra de sus vías para obtener dólares o euros proviene de las remesas de los cubanos de la diáspora.

Para paliar esta situación, el gobierno de Cuba se ha visto obligado a impeler un proceso impopular de reordenamiento que contempla desde una reforma monetaria hasta una reforma de los precios de los artículos de la canasta familiar y de los servicios de electricidad y de gas licuado de petróleo, todas incluidas dentro de la denominación de “Tarea Ordenamiento”.  

La devaluación del peso cubano, según un artículo aparecido en el más oficialista de los diarios oficialistas de Cuba, el Granma, ha sido la decisión “más difícil por cuánto significa hacerlo sin quebrar uno solo de los principios que sostienen la vocación humana y social de la Revolución”; aunque se debe aclarar que la devaluación del peso cubano no ha sido una decisión del gobierno, sino el reconocimiento tácito de la devaluación tenida por la moneda nacional, debida a la incompetencia económica, la baja productividad de las empresas estatales, la baja capacidad competitiva en el mercado internacional de los productos de exportación, aunadas a la falta de pagos de la deuda externa, tal como se expone en un documento de la Unión Europea para el periodo 2011-2013, citado por Richard E. Feinberg, que de “los $ 31,6 mil millones de deuda externa cubana en el 2008, Cuba debía mil millones o más a cada uno de sus acreedores: Venezuela ($11.4 mil millones), España ($3.2 mil millones), China ($3.2 mil millones), Japón ($2.8 mil millones), Argentina ($2 mil millones), Francia ($1.9 mil millones), Rumania ($1.2 mil millones), y Rusia postsoviética ($1.1 mil millones).

Feinberg, señala, además: “La principal restricción que retrasa a la economía cubana no son las sanciones impuestas por los Estados Unidos (aunque son realmente duras). En realidad, es el propio modelo económico desactualizado de planificación centralizada que Cuba heredó de la Unión Soviética”. En realidad, la Tarea de Ordenamiento es, como lo expresó al Diario de Cuba, Emilio Morales una “durísima terapia de choque que los cubanos van a sentir fuertemente en sus bolsillos y el día a día de sus vidas”.

Para el economista cubano y profesor en la Universidad Javeriana de Cali, Mauricio De Miranda, citado por AP, la reforma monetaria “afecta a la esfera de la circulación, pero no asegura un aumento de la producción de bienes y de servicios, y su insuficiencia es el principal problema que tiene la economía cubana”,

Siempre he dicho que las sanciones económicas no selectivas que se le imponen al régimen de La Habana afectan con mayor incidencia en el pueblo más que al propio régimen, y que este descarga sobre las espaldas del pueblo los efectos económicos de esas sanciones. Este es el caso de las sanciones dirigidas a impedir el acceso de Cuba, como Estado, a los suministros de petróleo y sus derivados.

El ministro cubano de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz, refiriéndose al tema del aumento de los precios a los consumidores de la electricidad y al GLP, declaró: “El 48% de los combustibles empleados en la generación es importado, a precios que, además del producto, tienen incluidos valores de primas impuestas por los suministradores para resarcirse del posible riesgo de ser sancionados debido a la aplicación de las leyes estadounidenses del bloqueo a Cuba, a lo cual se suman los costos de los fletes y seguros. El combustible hay que traerlo de lugares que no están cercanos al país”; lo que la Unión Cuba-Petróleo (CUPET) en comunicado con fecha 19 de diciembre amplió, diciendo que, para establecer el precio del GLP se tomó en consideración “el precio de la tonelada de GLP comprada en el mercado internacional, dado que Cuba no compra este producto al precio mundial, sino que por razones del bloqueo y el riesgo de sanciones ya conocidas por los proveedores, el producto se adquiere a precios mucho más elevados que los precios oficiales, además se incluyen los costos de transportación marítima, almacenamiento, llenado y comercialización, la reparación de los cilindros y otros costos”.

No seré el abogado del Diablo, pero el aumento de los balones de gas de 10 kg ─ que antes era equivalente a 110 pesos cubanos ─ hasta 213 pesos, es la respuesta del gobierno de Cuba a todos los costes del producto, afectado por las sanciones económicas y el endurecimiento del embargo por el gobierno de Donald Trump; ineficiencias gubernamentales aparte. Las cargas recaen siempre sobre el pueblo.

¿Soluciones? Como lo dijera Emilio Morales al Diario de Cuba, “Cuando se hace un ajuste como este, y más aún en una economía tan disfuncional como lo es la cubana, un aumento de la inflación es inevitable. Es parte de la ecuación, debido a los propios ajustes y cambios que tienen que hacer tanto el mercado como los actores en él (empresas y consumidores)", agregando: “Lo ideal para hacer un ajuste de esta envergadura es conseguir un respaldo productivo que soporte y acompañe el proceso para poder eliminar las empresas que no son rentables y viabilizar medidas que permitan un aumento sostenido de la producción. Pero para lograr ese respaldo productivo hay que liberar las fuerzas productivas, hay que crear un mercado de libre oferta y demanda, de libre empresa, de liberación de precios”.

Esto es lo ideal. Independientemente de que las sanciones impuestas por la administración Trump sean anuladas por la nueva administración y hasta se liberen las cargas sobre las importaciones de petróleo de Cuba, no habrá cambios significativos en la conducción de la economía sometida a un sistema de planificación centralizada; puede que Cuba elimine las empresas no rentables, pero viabilizar medidas que permitan un aumento sostenido de la producción, es algo poco probable de conseguir mientras exista el principio de la planificación centralizada. Para liberar las fuerzas productivas y crear un mercado de libre oferta y demanda habría que hacer tales reformas que impliquen la desaparición del régimen de un solo partido. La solución definitiva se encuentra solo en el derrocamiento del régimen totalitario y sustituirlo por un régimen democrático de verdadero estado de derecho y por una economía de mercado. 

sábado, 26 de octubre de 2019

¿SOLUCION PARA CUBA? ¿APRETARLE EL CINTURON A LOS CUBANOS?


Mario J. Viera




Maria A. Aguila le responde a Oscar Peña por la crítica que este hiciera en contra de las últimas medidas de presión económica que ha impuesto Trump contra el régimen castrista, y le confronta diciendo:

Oscar Peña, tú que eres una gran persona y tienes la bola mágica danos porfa, el alumbrón de como quitar a la dictadura del poder, la voluntad del pueblo existe, pero no tienen los medios y están sofocados por la dictadura, cuál sería tu plan, exactamente paso a paso, para el cambio, ya sabemos que el régimen no sede un paso, ni va a hacer elecciones donde participen otros partidos, ni harían un plebiscito, entonces, cuál sería la manera, si tu sugerencia es el sometimiento del pueblo de por vida, o que sugieres una intervención americana para que alguien diga que es inferencia extranjera, la verdad no entiendo...”

Decidí dar mi opinión en respuesta a las interrogantes de Maria A. Aguila:

No sé qué responderá Oscar Peña a esa interesante pregunta. Esa pregunta es la misma que muchos se hacen, y parece que no le encuentran respuesta adecuada. Trataré de dar mi opinión sobre el tema que, la Sra. Aguila, lleva a discusión: “de como quitar a la dictadura del poder” teniendo presente que “la voluntad del pueblo existe, pero no tienen los medios y están sofocados por la dictadura”.

Algunos, tal vez muchos, creen, como cree el Sr. Mauricio Claver Carone, que las presiones económicas, llevadas hasta la saciedad contra el régimen fascista-comunista que impera en Cuba, bastarán para propiciar su caída. El mensaje subliminar de estas propuestas es simple, hacer que el hambre de los cubanos obligue a una revuelta, de tal envergadura, que conmocione al gobierno castrista. Sin embargo, existe un pero en cuanto al mensaje, y ese pero, lo da la Historia. Nunca el hambre ha impulsado revoluciones o revueltas.

No fue el hambre el motor impulsor para la Revolución Francesa de 1778, sino los intereses afectados del Tercer Estado por parte de la aristocracia. No fue el hambre, lo que antes impulsara en Inglaterra el estallido de la Revolución Gloriosa de Gran Bretaña de 1688, no fue el hambre y las miserias del pueblo, sino los intereses políticos de un sector de la aristocracia británica. No fue el hambre la que redactó la Declaración de Independencia de las Trece Colonias en América del Norte en 1776. No fue el hambre lo que impulsó a los españoles en 1808 a iniciar la Guerra de Independencia contra el dominio napoleónico, sino el resentimiento de la población por las exigencias de manutención y los desmanes de las tropas francesas. No fue el hambre del pueblo lo que motivó la lucha independista de Simón Bolívar en 1810. No fue el hambre lo que propició que el 10 de octubre de 1868, el hacendado bayamés Carlos Manuel de Céspedes diera el grito de independencia, sino los intereses políticos y económicos de los criollos. Tampoco fue el hambre lo que motivara a José Martí a iniciar “la guerra necesaria” de 1895.

Es más. no fue el hambre el motor que impulsó a las juventudes alemanas del sector oriental, a derribar el Muro de Berlín, sino la defensa de sus derechos civiles y su identidad como alemanes; como fueron las huelgas en Polonia promovidas por el Sindicato Solidaridad o en Bulgaria, la huelga general que llevara a cabo la oposición anticomunista. No fue el hambre lo que con la resistencia en Túnez se iniciara el periodo de la Primavera Arabe.

El hambre y la miseria no genera héroes. Entonces ¿Qué se debe hacer?

Primero debo enfocar un tema que influye sociológica y políticamente en la actividad de las organizaciones opositoras/disidentes al interior de la isla. Cuando las organizaciones ultra opositoras del exilio cubano en Estados Unidos, junto a individuos como Marco Rubio, los hermanos Díaz Balart, Lincoln y Mario, Mauricio Claver Carone, Marcell Felipe y Orlando Gutiérrez-Boronat, promueven como factor de desestabilización y derrocamiento del poder castrista por medio de sanciones económicas y su asfixia financiera, lo que favorecen, en realidad, es un estado de impasse, de quietismo y conformismo dentro de los sectores oposicionistas internos, que, a la espera del desastre total de la economía en Cuba, solo se dedicarán a mantenerse actuales con declaraciones y acciones de bajo nivel, confiados de que el régimen castrista o neo castrista se desplomará irremisiblemente.  ¡Error garrafal desde el punto de vista político! Es que ninguno de estos cabilderos de las medidas “duras” tienen la más elemental idea sobre la resistencia frente a un régimen totalitario; incluso, ninguno de ellos, tiene ni siquiera una idea aproximada de las realidades cubanas.

Entonces, pregunto de nuevo: ¿Qué se debe hacer? Así, aceptando como cierto lo anotado por la Sra. Aguila que “la voluntad del pueblo existe, pero no tienen los medios y están sofocados por la dictadura”, debemos plantearnos, el qué se debe hacer.

No desconozco que, cuando existe un movimiento de resistencia activo y consolidado en un país sometido a una dictadura despótica, las sanciones económicas unidas a las diplomáticas, pueden jugar un valioso medio auxiliar de apoyo a las demandas de la resistencia, y siempre que estas sean de carácter multinacional y no exclusivamente unilaterales. ¿Qué ocurrió en Venezuela cuando se entrometieron en el desarrollo de la resistencia interna el equipo Bolton- Claver Carone- Pompeo-Trump y su propuesta de “todas las opciones sobre la mesa”? Si el 10 de enero, cuando Juan Guaidó se proclamó Presidente Encargado de Venezuela, fue el “alumbrón” que hizo despertar a la durmiente oposición venezolana, luego de las propuestas de los cuatro jinetes del Apocalipsis, en plan electoralista, se produjo el “apagón” de todo ese movimiento de resistencia. Y pregunto, ¿qué se consiguió con las sanciones económicas a Nicaragua? Daniel Ortega continúa gozando de buena salud; ¡Nada!

Entonces alguno dice que, con esas medidas de carácter económico, que la administración Trump impone sobre la dictadura fascista-comunista, se puede impedir para que la Seguridad del Estado consiga técnicas más sofisticadas para reprimir al pueblo. Esto es falso, con los recursos que la Seguridad del Estado cuenta en este momento, le basta son suficientes para continuar su labor represiva.

Ahora bien, analicemos las conclusiones que plantea la Sra. Aguila de que “la voluntad del pueblo existe, pero no tienen los medios y están sofocados por la dictadura”. Según la Real Academia Española, voluntad significa, en una de sus acepciones: “Intención, ánimo o resolución de hacer algo”. Hoy por hoy, hablando en sentido general, en el pueblo no existe tal voluntad; existe descontento, sí, pero no existe la resolución de “hacer algo”, la conciencia de la necesidad del cambio. El pueblo no tiene los medios para el cambio. Esto es debatible. ¿Que está sofocado por la dictadura? Es cierto, y estará más sofocado por la dictadura si continúan los ya demostrado fracasados planes de asfixiar la economía del régimen. Sesenta años con lo mismo y nada ha cambiado. Ni cuando la caída del bloque soviético el régimen castrista pudo ser socavado. Declararon el Periodo Especial para cargar sobre las espaldas del pueblo todo el sacrificio y las penurias y sobrevivir al embate del desastre económico que representó la pérdida total de los subsidios soviéticos.

¿Medios? Si por ello se entienden los recursos necesarios para generar una revuelta armada, tengo que reconocer que no existen esos medios. El aparato represivo del régimen está preparado para enfrentar tal contingencia. ¿Qué sucedió con el intento de revuelta armada en La Habana y otras provincias, de la conspiración del 30 de agosto de 1962? Fue el concierto de todas las organizaciones anticastristas de aquel momento, Frente Anticomunista de Liberación (FAL), Frente Revolucionario Unido (FRU), Movimiento Montecristi, Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR) y el Movimiento 30 de Noviembre (MR-30-11). El resultado: el G-2 penetró varias de estas organizaciones, detuvo a algunos y lanzó un fuerte operativo en la misma fecha en que se planeaba el levantamiento, culminado con el fusilamiento de más de doscientos implicados en el movimiento. ¿Alzamiento armado? ¿En las serranías del país? ¿Empleando qué armamentos que puedan enfrentar al equipamiento de las FAR? Las fuerzas armadas del régimen poseen un buen entrenamiento en operaciones anti insurreccionales que haría de todo imposible el establecimiento de un frente guerrillero en las zonas rurales y montañosas del país. ¿Qué ocurrió con el movimiento guerrillero anticastrista en el Escambray, con todo el apoyo y los recursos que le ofrecía la CIA?

¿Medios? Sí, existen y variados. Los medios propios de la resistencia civil noviolenta. Pero, lo primero que se requiere es que exista la voluntad política de la oposición/disidencia de emprender un movimiento de resistencia cívica no violenta, incluyente, donde tengan cabida todas las posiciones de derecha, de centro y de izquierda, que animen el propósito de lanzar el reto político al Partido Comunista de Cuba y con activistas capaces de canalizar el descontento popular hacia la acción cívica y la promoción de la conciencia del cambio, de la necesidad de hacer. Segundo, existencia de un liderazgo horizontal decidido a elaborar una estrategia consensuada e inteligente para impulsar la resistencia. Tercero, centrarse en la problemática de la realidad cubana y sin esperar por la ayuda de salvadores extranjeros y actuar sin someterse a las directivas de los grupos del exilio, todos de corte derechista, republicanos y trumpistas. No resulta fácil pero no es del todo imposible, solo se requiere decisión y empeño, sin precipitaciones, pero también sin titubeos.

Cuando el movimiento de resistencia estalle y enfrente a los represores, entonces sí y solo sí será bienvenida el auxilio de la comunidad internacional y las sanciones económicas y diplomáticas multinacionales para aislar y ahogar al régimen de opresión.

lunes, 31 de octubre de 2016

Capítulo XXXV Segunda Parte. “Amigos, aliados y enemigos. Un análisis crítico de la Era del castrismo”.

Mario J. Viera


Panorama social, político y económico de Cuba en 1958

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Con el monótono esquematismo propio del marxismo estalinista, la Lic. María del Carmen Alba Moreno[1], clasifica los diferentes sectores del campesinado cubano de la época republicana en tres capas: Campesinos Ricos, campesinos medios y campesinos pobres y, junto a estas capas, la del “proletariado y el semiproletariado agrícolas”.  De acuerdo con el Censo Agrícola Nacional de 1946, las fincas agrícolas de hasta 10 caballerías (1 cab = 13.42 ha), representaban el 80% de todas las fincas, y ocupaban una superficie agraria de 82 834.5 cab, es decir, e 13.8% de toda la superficie en cultivo del país. Las fincas de 10 a 30 cab constituían el 11.5% del total de fincas con una superficie total de 86 279.6 cab para un 14.6 del total de tierra bajo cultivo. En cambio, las fincas de más de 30 cab, aunque constituían el 8.5% de todas las fincas, la superficie que ocupaban era de 426 960.6 cab para un 71.6% de toda la tierra bajo explotación. En esta última categoría caen los latifundios cañeros y las haciendas dedicadas a la ganadería extensiva. Estos, cuyos propietarios podría ser definidos como la clase de los “campesinos ricos” de Carmen Alba Moreno, en gran parte se trataba de personas jurídicas como la United Fruit Co, la Atlántica del Golfo, y la Cuban American Sugar. Estas compañías controlaban más de 52 mil caballerías de tierras de labor.

Este último dato se ha manoseado en exceso para intentar demostrar que el campesino había sido despojado de la tierra y se le impedía contar con siquiera un palmo de tierra propio; así desde el aparato burocrático del gobierno de Castro se insiste en los datos que clasifican a los campesinos en propietarios, un total de 56 134, y no propietarios, que ascendían a una cifra de 99 853, tal como se expuso en el Primer Forum Nacional de la Reforma Agraria, 1959. Se trata de una manipulación demagógica de las cifras, pues dentro de la categoría de no propietarios están incluidos aquellos que, sin poseer título de propiedad de la tierra, tienen posesión de la misma bajo la forma de aparcero, arrendatario o precarista. El aparcero es aquel campesino carente de capital que se compromete a cultivar un lote propiedad de otro campesino que le otorga los insumos necesarios para la explotación de la tierra, a cambio de repartir el total de la cosecha entre él y el propietario. El arrendatario es el campesino que paga un determinado precio o canon al propietario de una finca para el uso de un lote que este no tiene bajo explotación. El precarista, en Cuba, era el campesino no poseedor de tierras de labranza que tiene la tenencia o ha ocupado un lote de terreno no atendido por su propietario o formando parte de las tierras realengas o de propiedad estatal.

Los latifundios cañeros, principalmente. constituían verdaderos monopolios sobre el mercado de tierras y representaban un freno para el desarrollo económico del país, principalmente en las provincias orientales donde estos predominaban, y serían además un obstáculo para la diversificación agraria. El latifundio había sido declarado proscrito por la Constitución de 1940 y muchos proyectos de leyes se habían presentado en el Congreso para cumplir con aquel mandato constitucional; pero por diversos motivos, entre ellos la limitante del artículo 24 de la Constitución, y por los intereses creados, estos proyectos se posponían o nunca llegaron a ser debatidos.


La propaganda castrista ha insistido en un tema conmovedor para cualquier espectador y dramático para sus actores: los desalojos de campesinos. En documentales fílmicos de cruel realismo se describen los desalojos. Humildes y desnutridos campesinos viviendo en rústicas chozas ven, con expresión de horror y de angustia, como fieros y robustos guardias rurales le prenden fuego a la choza luego de haber lanzado fuera los pobres y escasos enseres de aquellos infelices que la ambición e impiedad de un cruel terrateniente les echa a la guardarraya. Cruel en verdad la escena que se muestra y que provoca una reacción de indignación entre los espectadores. De lo profundo del alma nos brota una frase de condena: “¡Ah, malditos latifundistas, que despojan a los pobres en complicidad de las autoridades, para hacerse ellos más ricos y más poderosos!”  Y se siente odio; odio hacia la crueldad humana, odio hacia los poderosos, odio hacia los ricos… “¡Viva la Revolución!”

Pero… ¿eran estos desalojos reiterativos en las comunidades rurales? Sí, por supuesto, hubo desalojos de campesinos; pero, aunque sin dejar de ser cruel, se trataba de desahucios al vencerse los términos del contrato de aparcería acordado entre el terrateniente y el campesino aparcero. Por lo general estos contratos de arrendamiento o de aparcería se hacían de palabra, sin ningún documento escrito; de este modo, algún que otro inescrupuloso arrendador esperaba que los cultivos estuvieran próximos a ser cosechados para reclamar la devolución del predio arrendado[2]. Para actuar, el propietario tenía que interponer un proceso de desahucio ante tribunal competente y luego, con el fallo judicial a lugar, se procedía a desalojar al aparcero[3]. ¡Claro está! El aparcero tenía derecho a interponer demanda contradictoria a la de desahucio; pero no siempre contaba el campesino con medios para contratar a un abogado que le representara y, sobre todo, muchos desconocían por ignorancia sus derechos. Las escenas de los desalojos son verdad, pero una verdad a medias. En ocasiones las disputas se generaban a partir de interpretaciones jurídicas sobre quien en realidad era el propietario de una tierra en disputa como sucedió con el muy mentado Realengo 18 ubicado en el lomerío de Guantánamo.

Cuando se iniciara la colonización de Cuba por los españoles, los municipios y ejidos repartían las tierras como corrales y hatos que tenían forma circular. Las tierras circunscriptas entre los círculos se consideraban “tierras realengas”, de propiedad de la Corona Española. Cuando se produce el Pacto del Zanjón ─ armisticio firmado entre el gobernador español y las fuerzas mambisas poniendo fin a diez años de guerra por la independencia ─, el Capitán General, Arsenio Martínez Campos, con el objeto de consolidar el armisticio, decidió repartir lotes de tierra de los realengos entre los desmovilizados del Ejército Mambí, encomendando esta labor al general del Ejército Libertador Guillermo Moncada. El Realengo 18 sería uno de aquellos que se parcelaron y repartieron entonces. Al reanudarse en 1895 la guerra por la independencia, varios generales mambises, entre ellos el general Antonio Maceo, les aseguraron a los campesinos que cultivaban tierras realengas que podían permanecer en sus lotes. Aunque sin títulos escritos que ampararan la propiedad, los campesinos se sentían como legítimos propietarios de las tierras que cultivaban. En 1920 el Consejo de Veteranos de Guantánamo logró que se reconocieran los realengos como tierra propiedad de la Nación.

Eran los años de la expansión latifundista azucarera, cuando se produjo el gran conflicto campesino entre el derecho de usucapión de la tierra por los campesinos y el supuesto derecho de dominio en virtud de compra al Estado por la Compañía Azucarera Maisí, propietaria del Central Almeida. Esta Compañía, el 3 de agosto de 1934 encargaba a un ingeniero o agrimensor de nombre Félix Barrera para que hiciera la mensura y deslinde de unas tierras que había adquirido algunos años antes y que abarcaba hasta las tierras del Realengo.  Sin embargo, los campesinos del realengo, organizados en la Asociación de Productores Agrícolas fundada por ellos mismos, se opusieron al deslinde. Armados con sus machetes y hasta con escopetas, se dice que cerca de mil hombres se opusieron a las intenciones de los propietarios del Maisí. Aunque el presidente Carlos Mendieta Montefur, un gobernante títere del Coronel Fulgencio Batista, se puso de parte de la Compañía, la lucha decidida de los campesinos, logró captar aliados en todo el país, entre los que se encontraban el Directorio Revolucionario Estudiantil y los obreros azucareros de la zona, quienes habían declarado irse a la huelga en apoyo de los campesinos del realengo. Ante tal situación, el Gobierno se vio obligado a firmar, tras fuertes negociaciones con los campesinos, el Acta de la Lima por la cual se reconocían los derechos de los campesinos a la propiedad del Realengo 18.

La legislación cubana no había llegado a formar un cuerpo normado de Derecho Agrario que regulara con precisión las relaciones de propiedad fundaría, el uso de la tierra (tratamiento del suelo y sistemas de cultivo), el empleo, una política fiscal ajustada a las características del ambiento socio-económico del agro y el impacto sobre la transformación del medio ambiente.

En sentido general, el campo quedaba relegado; pésimo era el nivel de enseñanza en las intrincadas zonas rurales y se carecía en ellas de atención médica; en el campo no había médicos rurales y el campesino tenía que recurrir a la asistencia de curanderos y a la medicina casera. No mentía Castro cuando planteara el siguiente conflicto: “Un campesino podrá preguntarse por qué antes no había maestros, por qué no había servicio médico rural, por qué no se construía antes una ciudad escolar, por qué no se traía a los hijos de los campesinos a estudiar[4]. Y esto no era una verdad de opinión; era un hecho.

En las zonas rurales había atraso y pobreza, pero sin llegar a los niveles de degradación generalizada que se sufrían en muchos países latinoamericanos y muy en especial en los países de las denominadas Repúblicas Bananeras. No, en el campo cubano no tenía sentido la desgarradora letra de El Arriero de Atahualpa Yupanqui: “Las penas y las vaquitas/ se van por la misma senda/ Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”.

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Cuba estaba en camino de superar los trastornos políticos que se sucedieron tras la revolución de 1933 ─ “la que se fue a bolina” según la definiera Raúl Roa ─, de aquellos convulso siete años transcurridos entre la caída del gobierno de Gerardo Machado hasta la proclamación de la Constitución de 1940, cuando se sucedían dramáticamente los gobiernos, ocho presidentes, algunos de los cuales ocuparon el cargo por solo algunos pocos días y uno de ellos por tan solo seis horas, Manuel Márquez Sterling y Loret de Mola, y se pusieron en práctica dos experimentos de gobierno tras la sublevación militar de las clases y sargentos conducida por el sargento Fulgencio Batista y secundada por el Directorio Revolucionario Estudiantil: la Pentarquía[5] y el gobierno revolucionario Grau-Guiteras, el de los 100 días.

Tras la entrada en vigor de la Constitución de 1940, comenzó un periodo de avance democrático, económico y social, aunque signado por una alta incidencia de corrupción administrativa en todas las esferas gubernamentales. Este periodo de praxis democrática sería interrumpido por el golpe de Estado propinado por Fulgencio Batista y por la respuesta insurreccional al cuartelazo del 10 de marzo de 1952. Los partidos políticos tradicionales fueron tomados por sorpresa y ante el desconcierto, no hubo una política de alianza unitaria que diera respuesta solidaria al atentado constitucional. Ninguno de los jefes de aquellos partidos asumió un papel de liderazgo que primero impidiera la división dentro de su partido y segundo lograra la unidad de todos los partidos, el PRC (A), el PPC (O) e incluso aliándose al PSP, como aliado de conveniencia.

La sociedad cubana en todo su conjunto, imbuida en aquel dogma de fe de tirar a mierda la política, y del criterio generalizado que: “¡Al fin y al cabo, todos los políticos roban!”, se cruzó de brazos y volvió la espalda a los acontecimientos en su culto a la antipolítica, el prejuicio, “según el cual ─ como señala Julio Borges ─ tanto los políticos profesionales como los partidos son males necesarios para las sociedades”. Defecto de formación en la conciencia social del cubano de aquellos tiempos. Es como dice este autor citado: “Los políticos y los partidos de una determinada sociedad son, para bien o para mal, con sus virtudes y defectos, el liderazgo que esa misma sociedad ha logrado engendrar. Cuando hay políticos y partidos cuestionables es porque en la sociedad hay unas condiciones morales que, de alguna manera, los causan[6].

Fidel Castro, en medio de sus despectivos ataques contra los políticos profesionales de la República llega a esta misma conclusión. En encuentro con la Asociación de Colonos celebrado el 4 de abril de 1959 afirmó: “la posibilidad de progreso de un país no depende solo de las personalidades, depende en gran parte del ambiente en que se viva y depende en gran parte también del pueblo, y el pueblo mismo muchas veces lo echa a perder todo, el pueblo muchas veces tiene buena parte de la culpa de las cosas que pasan.  

Cincuenta años antes del golpe de estado de Fulgencio Batista, Cuba había alcanzado su independencia del coloniaje hispano. El cubano del 1902 solo había conocido un sistema de gobierno lleno de corrupción que se sustentaba en los principios del absolutismo de la Metrópolis. No existía la cultura de la democracia, sino la cultura del despotismo. Dentro de aquellas condiciones políticas de colonia no se formarían ciudadanos, la mentalidad era la del súbdito y la de un súbdito con limitados derechos civiles con quien no se cuenta para nada. Tras muchos años de conflictos armados en los campos y de cuatro años de gobierno militar de los Estados Unidos, el cubano, de buenas a primeras, encontraba que la independencia era solo a medias y que la soberanía era solo una concesión, limitadas por el apéndice constitucional de la Enmienda Platt. En esas condiciones, crear conciencia de ciudadano no se logra en medio siglo.

Poco a poco se forjaba la cultura democrática, dando tropezones y avanzando a pasos, y ya en 1940, los políticos, no el pueblo, alcanzarían un consenso para dotar al país con una de las Constituciones políticas más avanzadas de su época. Solo tenía doce años de existencia la Constitución cuando fue anulada por el cuartelazo del 10 de marzo. Seis años de violencia insurreccional ahogarían para siempre a la Constitución. La cultura de la democracia se había interrumpido en un largo y agónico paréntesis de más de cincuenta años…



[1] Lic. María del Carmen Alba Moreno. La estructura social en el campo cubano en la década del 50 del siglo pasado. Espacio el Latino
[2] El artículo 1577 del Código Civil vigente entonces establecía que cuando no se establecía la duración del arrendamiento, este se entendía “hecho por todo el tiempo necesario para la recolección de los frutos que la finca arrendada diere en un año o pueda dar por una vez, aunque pasen dos o más años para obtenerlos.
[3] El artículo 1569 del Código Civil vigente entonces establecía las causas por las cuales el arrendador podía desahuciar judicialmente al arrendatario, entre las cuales se establecían: “1. Haber expirado el término convencional o el que se fija para la duración de los arrendamientos”, según el artículo 1577. 2. Falta de pago en el precio convenido. 3. Infracción de cualquiera de las condiciones estipuladas en el contrato.
[4] Fidel Castro. Discurso del 9 de agosto de 1963. Segundo Congreso de la ANAP
[5] La Pentarquía fue un breve experimento de gobierno, formado por un Ejecutivo colegiado integrado por el Doctor Ramón Grau San Martín, el Doctor Guillermo Portela, el abogado Dr. José Miguel Irizarri, el periodista Sergio Carbó, y el banquero Porfirio Franca. Este sistema o comisión colegiada de gobierno estuvo vigente desde el 5 de septiembre hasta el diez de septiembre de 1933 cuando se disolvió para dar paso al gobierno no reconocido por Estados Unidos de Grau-Guiteras el que, entre sus medidas declararía anulada la Enmienda Platt.
[6] Julio Borges. Dignidad de la Conciencia, Totalitarismo y Antipolítica