Mario J. Viera
Ha llegado el momento del análisis sereno.
La oposición aceptó el reto, fue a los comicios del 15 de octubre y perdió; de
las 23 posiciones de gobernación, la Mesa de Unidad Democrática solo pudo asegurar
cinco gubernaturas, cuando apostaba por ganar 18 gobernaciones sobre la base de
las encuestas que le eran favorables. De los cinco estados más codiciados y
claves en las elecciones, Zulia, Carabobo, Miranda, Barinas y Bolívar la
oposición solo pudo imponerse en el estado de Zulia. ¿Cómo pudo ser esto?
Luego de conocidos los resultados
electorales comenzaron las críticas contra la MUD y sus tácticas de activismo
político. Poniendo en dudas la seriedad de la MUD, Marianella Salazar
columnista de El Nacional crítica que ante los claros fraudes cometidos por el
CNE todavía no se había hecho “un llamado a la calle en defensa del voto y
contra el fraude”. Carlos Blanco, también columnista de El Nacional calificó de
“estruendosa” la derrota sufrida por la oposición en estos comicios “una doble derrota: la de la MUD que articuló
esa política a pesar de las prevenciones que se le plantearon; y también una
derrota para el país democrático – más allá de ese grupo dirigente – que
dispuesto a votar o no, recibió el mazazo de un descalabro que ni buscó ni
merece. (...) Es la ruptura política y emocional entre la ciudadanía y ese
equipo dirigente el que reclama una nueva dirección”. En tanto que Elides
J. Rojas de El Universal consideró que el fracaso, independiente de los
factores de fraude presentes, se debió a “una oposición errática y casi
amateur” y señaló: “Habrá otros procesos
electorales. Pero con el mismo árbitro y en las mismas condiciones será
imposible”.
María Corina Machado presidenta del
partido Vente Venezuela que no apoyó la participación en los comicios del 15 de
octubre y que se había separado de la MUD por tal motivo, ya había declarado: "Ir a las elecciones regionales como están
planteadas hoy es legitimar un Consejo Nacional Electoral que el mundo entero
reconoce cómplice del más grande fraude en la historia de este hemisferio. Ir a
las elecciones es aceptar que perdimos la lucha en la calle y eso no es verdad",
ante los resultados alcanzados declaró que la “salida es una nueva unidad
ciudadana”. En tanto, Freddy Guevara, coordinador del partido Voluntad Popular consideró:
"Tenemos que pasar un proceso de
revisión profunda de toda la estrategia opositora y de la Unidad para
reunificarnos como sociedad democrática y enfrentar juntos esta amenaza
totalitaria y criminal que pretende secuestrar a los venezolanos solamente por
sus negocios".
En sintonía con la posición de María
Corina Machado, el diputado Richard Blanco dirigente de Alianza Bravo Pueblo
(ABP) expresó que no se uniría con los que decidieran participar en las
elecciones regionales, pero sin separarse de la MUD y expuso: “Si estamos hablando de que hubo un fraude
perpetrado por Maduro y el CNE, no vamos a ir a elecciones regionales, porque
si eso sucede simplemente van a hacer una Constitución que pondrá por encima de
los gobernadores figuras nombradas a dedo por Maduro”.
El Secretario General de la Organización
de Estados Americanos, fuerte crítico del régimen de Nicolás Maduro, expresó su
opinión: "No se pueden reconocer los
resultados de una elección en un país en el cual no existen garantías para el
ejercicio efectivo de la democracia", sin embargo, observó en tono
crítico: “Es muy claro que cualquier
fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en
instrumento esencial del eventual fraude y demuestra que no tiene reflejos
democráticos para proteger los derechos de la gente, en este caso, el voto”.
Sobre esto redundó el expresidente de Colombia Andrés Pastrana diciendo: “La única garantía que tiene el que participa
en una elección sin garantías es que va perder”.
Lo que sí es evidente es que la oposición
fue a los comicios dividida y enfrentada a una minoría abstencionista. Ese fue,
si no el principal, uno de los principales errores que condujeron al fracaso
electoral. La MUD, tal como lo hace ver Fernando Mires, actuó tímidamente, como
pidiendo escusas a los abstencionistas, entre ellos a María Corina Machado. Tenía
que considerar que el régimen y su ente electoral haría lo que fuera necesario
para boicotear las elecciones y no confiarse únicamente en las encuestas; es
como ahora lo ha expresado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela
Julio Borges a la agencia Efe: “El
Gobierno en todas las elecciones lo que ha hecho es destruir la confianza en el
voto” y aseguró que el régimen no se inhibiría en hacer uso del
clientelismo que tanto rédito le ha asegurado, así una de las formas de
controlar la votación sería el del recurso de presión "a través del hambre, (...) de carnés obligatorios que hace que la gente
presente para poder votar, a través de todo lo que significa la coacción de los
empleados públicos, y a través de lo que significa el control político y armado
en los centros electorales". Destruir la confianza en el voto, en el
arma eficaz y de más potencia con que cuenta la oposición, para generar apatía
y abstencionismo. Por último, la oposición tenía que haberse preparado para
defender hasta con las uñas el voto, no solo con el empleo de testigos
electorales, sino con movilización de masas y, por supuesto haber exigido la
presencia de observadores imparciales para garantizar la transparencia del
proceso. Henrique Capriles ante los resultados electorales, especialmente en el
estado de Miranda donde había actuado como Gobernador advirtió y denunció
recientemente, diciendo: “Cuidado porque
yo veo en declaraciones echarle la culpa a la gente. Hasta las 7:00 pm del día
domingo todas nuestras proyecciones, todo lo que recibíamos de reporte era que
estábamos ganando, pero nunca nos había tocado que 48 horas antes cerraran y
cambiaran centros, fue primera vez que nos pasó”.
Ajustada a la Constitución, la oposición
había exigido reiteradamente la convocatoria a elecciones. Su apego al
principio constitucional le valió el apoyo internacional. Ahora, cuando el
régimen convocó a elecciones, aunque ajustadas a sus conveniencias, la
oposición no tenía otra opción que ir a la confrontación electoral a pesar de
todas las condiciones en su contra. El abstencionismo, sería una graciosa
cesión de todas las gubernaturas al régimen de Maduro. Para Fernando Mires, el
abstencionismo, en las actuales condiciones que vive Venezuela es simple y
llanamente una expresión de cretinismo político: “El abstencionismo políticamente organizado ─ no las personas que por
razones A o X no desean votar ─ vale decir, esa tendencia convertida en
movimiento y que, siguiendo la lógica de la dictadura venezolana está llamando
abiertamente a la abstención, es (...) una
expresión de cretinismo político en su fase más avanzada de desarrollo”. El
régimen quería y buscaba que la oposición se dividiera en dos bandos, uno a
favor de la solución electoral y otra a favor del abstencionismo, obstando a
favor del segundo y de este modo poder demostrar, como así lo ha expresado el
26 de mayo en una de sus tantas páginas oficialistas, que “el antichavismo no tiene una
agenda política electoral, apuesta a vías no electorales... luego de haber atizado a la comunidad
internacional afirmando que en Venezuela debían abrirse caminos electorales,
deben explicar ahora a la comunidad internacional por qué no piensan participar
en las elecciones convocadas”.
Precisamente dentro de los cinco estados
de mayor peso en las elecciones tres de ellos fueron donde se produjeron las
mayores abstenciones, de acuerdo con datos publicados por el Consejo Nacional
Electoral (CNE). Zulia, ganado por la oposición, el estado con mayor número de
electores del país, alrededor de 2,4 millones, y una de las mayores reservas de
petróleo y gas del continente, la abstención alcanzó el 44.26%. Miranda que ha
sido bastión de la oposición y estado de la gubernatura de Henrique Capriles es
el segundo en número de electores con más de dos millones y que en opinión del
politólogo y experto en Derecho Constitucional Luis Salamanca, según la AFP, es
el estado que “puede ser decisivo en las presidenciales de 2018”, alcanzó un
41.39% de abstención electoral. El tercer estado con mayor número de electores y
donde funciona la antes poderosa gran industria del país, Carabobo alcanzó el
40.95% de abstencionismo, aunque estas cifras no determinaron en los resultados
electorales, pero son un índice de lo que intentó obtener el régimen, la
desconfianza hacia el voto, hacia la solución por medio de la vía electoral y
que un sector de la oposición suscribió e impulsó.
Aunque la oposición encuadrada dentro de
la Mesa de Unidad Democrática denunciara que el régimen había asumido “el camino del fraude, la violencia,
irregularidad, manipulación, ventajismo, corrupción, trampa, extorsión,
coacción y chantaje para torcer y desconocer la voluntad (del pueblo
venezolano)”, y lo que destacara Gerardo Blyde, jefe del comando de campaña de
la oposición inmediatamente después que el Consejo Nacional Electoral divulgara
los resultados del proceso electoral, al decir: “Tal como lo anunciáramos minutos antes de que la presidenta del CNE
diera el primer boletín, la Unidad alertó al país que esos resultados no se
correspondían con lo que estábamos manejando”, el experto en Derecho Constitucional Salamanca
expresó: “Nada es óptimo en Venezuela, no
hay una vía óptima, especial, todas las vías pueden ayudar, hay que ir a votar,
estar pendiente de los militares, continuar las negociaciones y respaldar la
presión internacional, impulsar todos los caminos que puedan conducir al cambio”.
Sin embargo, las negociaciones ya se
habían intentado el 13 y el 14 de septiembre. En República Dominicana se llevó
a cabo un encuentro entre representantes del gobierno de Maduro y de la
oposición, bajo el auspicio del presidente de ese país Danilo Medina y del
expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, con el propósito de encontrar
una solución a la crisis política, social y económica que se presentaba en
Venezuela tras las poderosas protestas callejeras iniciadas el 1 de abril, que
dejaron un saldo de 121 muertos y cerca de 2 mil heridos, según cifras
oficiales, y la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, electa el 30 de
julio, rechazada por la oposición por no amoldarse a los postulados
constitucionales y criticada internacionalmente. En ese contexto debían
reanudarse las negociaciones para el 27 de septiembre; sin embargo, la Mesa de
Unidad Democrática se retiró de las conversaciones alegando en carta dirigida
al presidente Medina “que todavía no hay un ambiente propicio para continuar
con la fase de conversaciones exploratorias fijadas para el día 27...”
El 29 de marzo de 2017 Nicolás Maduro, vía
Tribunal Supremo de Justicia, comete un auto golpe al anular las funciones de
la Asamblea Nacional y afirmara tajantemente: “En Venezuela ese Poder Legislativo no existe, no tiene ninguna
influencia hoy por hoy en la vida política, económica y social de Venezuela”.
Se anulaba el Poder Legislativo dejando estas funciones en poder del Tribunal
Supremo, a lo que el presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora,
Julio Borges declararía: “Nicolás dio un
golpe de Estado. Es la primera vez que dos sentencias le dan todo el poder para
hacer las leyes que le dé la gana. EL TSJ se eligieron a ellos mismos y a
nosotros 14 millones de venezolanos” y anunció que se harían marchas de
protesta en contra de la decisión del TSJ; fue así que se iniciaron los cien
días de marchas y protestas callejeras que estremecieron a todo el país. La
fuerza de las protestas populares y la presión internacional hizo que el TSJ
modificara su decisión de asumir las funciones legislativas y se optara. el 1
de mayo, por la convocatoria a una Asamblea Nacional constituyente (ANC). El 30
de julio se realizaron las votaciones para elegir a los diputados para la
constituyente, todo en violación de lo estipulado constitucionalmente,
declarando el gobierno que se había recibido el apoyo de 8,1 millones de
votantes que representaban el 41,43 % del censo electoral; lo que para la firma
Smartmatic encargada del recuento de votos habría sido una manipulación de las
cifras de participación en aquellas elecciones. Antonio Múgica, consejero
delegado de la encuestadora declaró entonces: “Una auditoría permitiría conocer la cifra exacta de participación.
Estimamos que la diferencia entre la
cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores",
Ahora es el remate, con los resultados
oficiales de las elecciones regionales, el establecimiento de una Asamblea
Constituyente espuria y con máximos poderes legislativos, la Asamblea Nacional,
colocada prácticamente en la ilegalidad, pareciera que ya no hay una solución
electoral, al menos en el sentir de la población. Como ha dicho el ya citado
Salamanca: “Si tú decides pasarle la
cerradura a la salida electoral en Venezuela por lo que ocurrió con las
regionales, no sabemos cuál sería la otra salida”. He ahí el asunto: ¿Cuál será
la otra salida?; una “por fuera del sistema” como ha mencionado la directora de
DataStrategia, Carmen Beatriz Fernández que contemple “desde el golpe de Estado
hasta la intervención extranjera” soluciones estas llevadas al absurdo. Sin embargo ante los muy dudosos resultados
electorales y las claras evidencias de fraudes cometidos por el oficialismo, la
respuesta internacional ha sido contundente.
La Iniciativa Democrática de España y las Américas
(IDEA) una asociación de expresidentes de América Latina y España entre los que
se mencionan los expresidentes de Costa Rica Oscar Arias, Rafael Ángel
Calderón, Laura Chinchilla, y Miguel Ángel Rodríguez; los expresidentes de
Panamá Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso; los de Colombia César Gaviria
Trujillo, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez; y José María Aznar, de España,
Vicente Fox de México, Alfredo Cristiani del Uruguay, Luis Alberto Lacalle de
Bolivia y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia emitieron un comunicado el 17 de
octubre donde denunciaban los resultados electorales del 15 de octubre como la
expresión de “una línea continuada de irregularidades” propias de los regímenes
dictatoriales que en Venezuela su expresión se encuentra “en los desconocimientos previos del derecho del pueblo a convocar un
referendo revocatorio y del principio del voto universal, directo y secreto, a
fin de instalar una constituyente de facto violatoria del orden constitucional
y democrático...” Ese mismo día el Gobierno de costa Rica emitió un
comunicado en donde declaraba que desconocía y consideraba “irregulares, fraudulentos
y viciados de nulidad los resultados de la jornada electoral, sin supervisión
internacional confiable”; además reiteró que desconocía a la asamblea nacional
constituyente y “todos los actos emanados de ella, entre los que se incluye la
juramentación de nuevos gobernadores el miércoles 18 de octubre de 2017”.
Pero la realidad es que hay frustración
entre la población y aun dentro del campo opositor y muchos ya ven que por la
vía electoral en Venezuela ya no hay solución. Ante esta realidad, Diego
Moya-Ocampos, analista del IHS Markit declaró a la AFP: “La opción de diálogo y la salida electoral se van cada vez más
distantes y de nuevo la protesta de calle y la comunidad internacional van a
marcar la pauta”. Algunos consideran que la única opción que queda en
Venezuela, ante la intolerancia del régimen de Maduro y ante su falta de
voluntad política de buscar una solución por vías democráticas, es la del
Maidan, la resistencia noviolenta, la desobediencia civil, el reto político, o
como afirma María Corina Machado: “La ruta de la libertad es la ruta de la
rebeldía, de la desobediencia cívica”.
Por otra parte, el presidente de Colombia Juan
Manuel Santos ha propuesto un nuevo camino. El 17 de octubre en su cuenta de Twitter
planteó tres condiciones indispensables para encontrar una solución por la vía
pacífica y democrática: “Ante no
reconocimiento de resultados electorales en Venezuela la solución es: elecciones generales, veedores extranjeros y CNE independiente”. Algo que considera
adecuado el director de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la
Universidad de los Andes y coautor del libro Transiciones Democráticas, Sebastián Bitar cuando aseguró: “En este momento, con el poco apoyo del
chavismo, unas elecciones generales para presidente llevarían inevitablemente a
un cambio de gobierno, y un CNE independiente implicaría un cambio de régimen”.
Ahora bien, ¿cómo conseguir estos condicionamientos propuestos por Juan Manuel
Santos, cuando, tal como lo ve el mismo Bitar, el diálogo “aparentemente no ha
dado resultados en el caso venezolano”? Bitar ha declarado sobre la disyuntiva
del voto en Venezuela y asegura: “Uno no
gana con ética en la política, gana con poder. El poder para una fuerza política de oposición como la venezolana son
los votos, no hay otro, digamos, que sea más relevante. El segundo poder,
que hay que valorar hoy día, es que el
tema venezolano pasó a ser un asunto latinoamericano”.
En mi opinión, considero que la vía de
defender la Constitución por parte de la oposición y su recurso a la via
electoral no debe abandonarse en función de solo las protestas callejeras
buscando la caída del régimen. Ambos métodos deben combinarse. La desobediencia
civil para desconocer a la espuria e inconstitucional Asamblea Nacional
Constituyente y las movilizaciones de calle para exigir la formación de un
Consejo Nacional Electoral independiente que convoque a elecciones
presidenciales con veedores internacionales que avalen la transparencia del
proceso electoral. Maiden y vía electoral con el apoyo principalmente de
América Latina, como el Grupo de Lima integrado por Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú,
además de Canadá y como la Organización de Estados Americanos.
