Mario J. Viera
El medio ambiente es una
propiedad eminentemente colectiva, propiedad de todos los habitantes del
planeta, por tanto, un bien común al cual todos tenemos el derecho de disfrute,
uso y conservación. Frente al derecho de la propiedad privada, la propiedad
particular, este derecho, de propiedad de todos, es y tiene que ser
inconmovible. El derecho a la propiedad privada debe entenderse dentro de los
límites de su importancia social, derecho de uso (ius utendi) y disfrute, pero no de abuso (ius abutendi). Nadie tiene derecho en uso de sus derechos de
propiedad privada a dañar o limitar el derecho de la propiedad privada de
otros. La propiedad privada es sagrada, esto es cierto, y fundamento de las
libertades, pero el ejercicio del derecho a la propiedad privada no implica que
se posea el derecho a esquilmar los recursos naturales de un país o un
territorio en particular y mucho menos a los bienes universales a los cuales
todos, como habitantes de este planeta, tenemos el derecho natural de
disfrutar, ríos, mares, acuíferos, subsuelo, bosques y aire. Tenemos el derecho
a respira aire limpio y sin poluciones y ante este derecho nadie puede alegar
el derecho de uso y abuso de su propiedad privada.
La Constitución cubana de
1940 en su artículo 87 reconocía del derecho de la propiedad privada en su
concepto de función social, declarando: “El
Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y
sin más limitaciones que aquellas
que por motivo de necesidad pública o
interés social establezca la ley”. Si tomamos este concepto de las
limitaciones por necesidad pública o interés social de la propiedad privada
podemos encuadrar dentro de las mismas las regulaciones encaminadas hacia la
protección del medio ambiente.
Existe lo que se denomina
abuso de derecho en el caso cuando en el ejercicio del derecho de propiedad se
ejecutan acciones cuyos resultados acarrean problemas al vecino o al uso de su
propiedad. Esto está contemplado y regulado por el derecho civil. Tomemos como
ejemplo lo estipulado al respecto en el artículo 7.2 del Código Civil español
de 1889: “La ley no ampara el abuso de
derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la
intención del autor, por su objeto o por
las circunstancias en que se realizase sobrepase manifiestamente los
límites normales del ejercicio de un derecho, con daño a tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y
a la adopción de medidas judiciales o administrativas que impidan la
persistencia en el abuso”. El Código Civil griego de 1941 estableció en su
artículo 281: "El ejercicio de un
derecho está prohibido si sobrepasa
manifiestamente los límites impuestos por la buena fe o las buenas
costumbres o por el fin social o
económico de dicho derecho". Por otra parte, el Código Civil
húngaro de 1960 plantea en el inciso 2 de su artículo 5, lo siguiente: “El ejercicio de un derecho es abusivo cuando tiende a un fin
incompatible con el destino social del derecho y especialmente cuando acarrea daño a la economía nacional
y a los ciudadanos, avanza sobre sus derechos e intereses legítimos o procura la adquisición de ventajas
indebidas”. Tempranamente en el Código Civil prusiano de 1794, como
anota Luis Moisset de Espanés, se estableció que “nadie puede abusar de su propiedad para agraviar o perjudicar a otro".
Todo acto “por las
circunstancias en que se realice” con daño a tercero es considerado como abuso
de derecho y causa de indemnización, porque nadie puede hacer abuso de su
propiedad para causar perjuicios a otros. Cuando las empresas de petróleo y gas,
con sus emanaciones de gases perjudiciales y tóxicos contaminan la atmósfera
sobrepasando el fin económico de su derecho de propiedad provocando, por
negligencia o intención, daños a terceros, es decir a todos nosotros, se
requiere adoptar de medidas judiciales o administrativas que impidan la
persistencia en el abuso”; por tanto, se requieren regulaciones en el ejercicio
de su derecho de propiedad privada con el propósito de limitar su capacidad de
adquisición de ventajas indebidas.
En Estados Unidos existe
una poderosa corriente de oposición a todo tipo de regulaciones gubernamentales
que pongan límites a los intereses del mercado, especialmente impulsada por el
partido republicano. No obstantes, son numerosas las regulaciones que se han implantado
en diversos renglones que no han suscitado ninguna posición disidente, como es
el caso de las regulaciones impuestas para las construcciones de edificaciones
o las que regulan el mercado de la industria tabacalera prohibiéndole el empleo
de la propaganda comercial e imponiendo gravámenes indirectos al consumo de
cigarrillos y cigarros, principalmente dictadas por legisladores republicanos.
Del mismo modo en el sector financiero se han establecido regulaciones como es
el caso de la Ley Dodd-Frank Wall Street
Reform and Consumer Protection (21 de julio de 2010) a la que se le
incorporó la denominada Regla Volcker
dirigida a minimizar conflictos de interés financieros. En marzo de 2015, el
presidente Obama presentó su plan para reducir las emisiones de carbono de las
plantas termoeléctricas del país. El denominado Plan de Energía Limpia propuesto por Obama tenía como objetivo
reducir para el 2030 las emisiones de carbono en un 32% con respecto a los
niveles de 2005, considerando, según expresara, que las estaciones
termoeléctricas producían "aproximadamente un tercio" de la
contaminación total por carbono del país; este sería, opinó, “el paso más grande y más importante que
hemos tomado nunca para combatir el cambio climático”. En defensa de su
proyecto Obama afirmó: “Solamente tenemos
un hogar, un planeta. No hay un plan B”, una verdad incuestionable. Entre
los propósitos perseguidos por el Plan de Energía Limpia se preveía que para el
2025 Estados Unidos reduciría las emisiones de efecto invernadero, no solo las
procedentes de las termoeléctricas, entre un 26% y un 28% respecto a los
niveles de 2005.
Sin embargo, como reportara
el Huffington Post: “Varios (políticos)
republicanos, entre ellos algunos
precandidatos presidenciales, la industria del carbón y parte de la comunidad
empresarial consideran que las nuevas directrices de la EPA para las
termoeléctricas destruirán miles de empleos y encarecerán el coste de la
energía”. Esta es la respuesta que dieran aquellos que, sin la debida
preparación académica, rechazan la realidad del cambio climático como resultado
de los gases de efecto invernadero y que defienden intereses puramente egoístas
de obtener más ganancias sin consideración por las consecuencias por daños a
terceros, en este caso, de todos los habitantes del planeta. No existe plan B.
La filosofía de Donald
Trump ─ si alguna en realidad tuviera ─ es la negación del calentamiento global
como efecto del cambio climático bajo la acción del hombre. Para él, el
calentamiento global es cuento chino; así lo expresó en uno de sus habituales
tuits, este del 6 de noviembre de 2012 cuando anotó: “El concepto del calentamiento global fue creado por y para los chinos
para atacar la competitividad de la industria estadounidense”. Coincidiendo
con los intereses de la industria del carbón y de las petroleras y siguiendo
los postulados de los republicanos cambio climáticos detractores, Trump
califica las regulaciones planteadas dentro del Plan de Energía Limpia como “regulaciones
asesinas de empleos (job-killing
regulations)”.
El 28 de marzo firma Trump
una Orden Ejecutiva que revoca la de Barack Obama, diciendo muy complacido: “I am taking historic steps to lift
restrictions on American energy, to reverse government intrusion, and to cancel
job-killing regulations”. ¿Pasos históricos? Siempre presente su grandilocuencia al considerar
que todos sus actos deben tener preeminencia histórica, cuando solo lo que hizo
fue anteponer intereses particulares a los intereses universales al usufructo
de una atmósfera limpia. Se trata, simplemente de un flagrante acto de abuso de
derecho, además de ser un acto irreflexivo y sin el debido asesoramiento
científico.
En su desesperado acto de
revocar lo que ve como “intrusión gubernamental”, Trump no paró en mientes para
desconocer la carta firmada por 375 especialistas ambientalista que le
remitieron para que considerara que “el
cambio climático provocado por los seres humanos no es una creencia, un engaño
o una conspiración. Es una realidad física”. En este documento los
especialistas daban razones de peso diciendo: “Los combustibles fósiles alimentaron la revolución industrial. Sin
embargo, la combustión de petróleo, carbón y gas también causó la mayor parte
del aumento histórico en los niveles atmosféricos de gases de efecto
invernadero que atrapan el calor. Este aumento de los gases de efecto invernadero
está cambiando el clima de la Tierra (...) La ciencia básica de cómo los gases de invernadero atrapan el calor
es clara y lo ha sido durante más de un siglo”.
Muy satisfecho con las
medidas que acaba de dictar, Trump afirmó sonriente: “Vamos a poner a nuestros mineros a trabajar otra vez”. ¿Hay
fundamento en lo que afirma? Revirtiendo con su proclamada “Independencia energética”
la prohibición de arrendamiento de carbón en tierras federales estipulada en la
orden ejecutiva de Obama del Plan de Energía Limpia, ¿garantizará un aumento en
los empleos en las empresas del carbón? Él lo cree así; en cambio, BBC Mundo lo
pone en duda reportando: “En 2015, las
empresas de carbón emplearon a unos 66.000 mineros, el número más bajo desde
que el organismo de estadística del Departamento de Energía de Estados Unidos
comenzara a registrar estas cifras en 1978. Los motivos, han apuntado varios
expertos, se deben a la creciente mecanización
en la industria y al aumento en la
producción de gas natural, una alternativa menos costosa y contaminante que
el carbón”.
De inmediato ya esta orden
presidencial ha originado fuertes críticas por parte de las organizaciones
ambientalistas que han prometido someterlas a las cortes. Así lo han asegurado
David Doniger del Consejo para la Defensa
de los Recursos Naturales (NRDC) Liz Perera, de la organización Sierra Club, quien considera que esta
orden presidencial representa “uno de los
mayores ataques en contra de las acciones por el medio ambiente que Estados
Unidos haya visto jamás”, para a continuación agregar: “Trump está señalando un cambio en la
filosofía ampliamente aceptada de que el dióxido de carbono es el enemigo, el
principal motor del cambio climático”. Por su parte Doniger consideró que
se trata de “un plan de destrucción
climática en lugar de un plan de acción”.
