Marta Colomina. REPORTERO
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A unque el gobierno conoce hace rato
quiénes fueron los asesinos de Robert Serra ─ como lo saben los periodistas que
han conversado con los vecinos de La Pastora y están policialmente “dateados” ─
Maduro anunció que pronto dará a conocer los nombres de los ejecutores del
crimen de Serra y sus “autores intelectuales”, coletilla esta última que le
permite seguir acusando a Uribe y a otros “fascistas”, y repite así la pifia
sobre la “culpabilidad del imperio y de
los mayameros” en el asesinato de Otaiza, cuando la verdad es que este
murió a manos de una sanguinaria banda de adolescentes. La fantasía macabra de
achacar los asesinatos del fiscal Anderson, Otaiza y ahora Serra a los
“enemigos” del régimen no puede ser sostenida a la luz de las pruebas recabadas
esta semana por quienes investigan oficialmente el espantoso asesinato del
joven diputado. Periodistas avezados en criminalística y algunos diarios han
develado que Serra fue asesinado por personas cercanas. Thábata Molina desde el
principio afirmó que los asesinos de Serra “pertenecían a su entorno” y Yasmín
Velasco el martes 7 publicó en su cuenta de Twitter que “Robert Serra fue robado
y luego asesinado por 2 de sus escoltas” y menciona las detenciones que ha
venido haciendo el Cicpc (aunque este las niega).
En “allanamiento
a edificio de la Misión Vivienda de El Paraíso fueron detenidas 8 personas,
pues se presume que allí vive el policaracas detenido por el caso Serra, quien
era uno de sus escoltas”. El Nacional
del viernes 10 informa que “las
investigaciones sobre el doble crimen apuntan a Edwin Torres, agente de
Policaracas, quien está detenido desde el lunes (…) De la residencia de Torres, el Cicpc se habría llevado objetos de
interés criminalístico”. Además de Torres, “4 de los autores materiales del crimen ya fueron identificados por los
investigadores y son buscados”.
Además de sus cuatro escoltas, Serra era
protegido por numerosos “colectivos” con los que mantenía contacto permanente,
así que cuando estallaron los sucesos sangrientos en Quinta Crespo tras el
allanamiento del Cicpc del edificio Manfredir, donde murieron cinco miembros de
los grupos “Escudos de la Revolución” y “5 de Marzo”, la posible asociación de
tal hecho con la muerte de Serra era inevitable, aunque la especie fuese negada
por el director del Cicpc. El colega Manuel Malaver el pasado domingo, en La
Razón, apunta que Serra habría sido comisionado para convencer a los
“colectivos” del desarme, a lo que se habrían negado mayoritariamente. Sabido
es que estos grupos tienen armas de guerra, como las tenía el diputado Serra.
Por cierto, mudez oficial sobre esta irregular tenencia.
Las 8 horas de enfrentamiento en Quinta
Crespo concluyeron con la muerte de 5 “colectivos”, entre ellos José Odreman,
quien recibió 32 disparos y pasó de ser un personaje fotografiado al lado de
Maduro, Cilia Flores, Robert Serra, generales y otros miembros del alto
gobierno, y de aparecer elogiado en el canal militar TV FANB, a ser calificado
de “asesino” y “delincuente”: “No se trata de colectivos, eran grupos
organizados dedicados al robo, secuestro y homicidios en el área
metropolitana”, dijo el subdirector del Cicpc. Sin embargo, Richard Sánchez,
policía y hermano de Odreman, desmintió al Cicpc: dice haber revisado en el
Sipol el expediente de su hermano y de Maikol, y “ninguno de los dos tienen solicitud por homicidios”. Las
contradicciones son indigeribles. Mientras los vecinos del Manfredir niegan que
“colectivos” se enfrentaran al Cicpc y acusan al cuerpo policial de “limpiar la
escena del crimen”, el Cicpc lo niega y repite que estos “colectivos” serían
delincuentes de la peor ralea.
Maduro no ha emitido palabra sobre tan
graves hechos.
La ficción de la escritora Mary Shelley
sobre el desquiciado “científico” Victor Frankenstein en su búsqueda del
secreto de la vida y asesinado por su monstruosa creación, parece haberse hecho
realidad en Venezuela. Los “colectivos” tendrían más poder de fuego que los
organismos de seguridad, incluida la FAN, y han sido usados por el régimen para
atacar manifestaciones pacíficas, amedrentar testigos en las mesas electorales
y otras acciones delictivas.
Aunque por ahora la sublevación parece
sofocada (durante el funeral de Odreman en Cotiza los integrantes del colectivo
“5 de Marzo” emitieron un comunicado en el que ya no responsabilizan al
ministro Rodríguez Torres de las muertes de los colectivos, sino a la CIA), lo
cierto es que el régimen les ha dado un poder enorme que no parece estar en
condiciones de controlar.
Lo terrible es que también los cuerpos
de seguridad y los demás poderes públicos, nacidos para ser guardianes del
orden y la seguridad, se han convertido en enemigos de la justicia y de los
derechos ciudadanos.
Así que frente a tanta violencia
incontrolada, tanto caos y tanto silencio cómplice, Venezuela es víctima de
numerosos frankenstein, entre ellos quienes piden a Maduro rechazar el mandato
de la ONU de liberar a Leopoldo López.
