Prensa de EEUU encara a Obama por el caso Gross

Rolando Cartaya/ Especial para martinoticias

La ratificación de la condena de 15 años impuesta en La Habana al trabajador internacionalista estadounidense Alan Gross ha provocado al menos un par de fuertes críticas en la prensa norteamericana a la política del presidente Barack Obama de relajar sanciones y / o buscar una distensión con ciertos regímenes autoritarios del mundo.

Recientemente la Casa Blanca prometió vetar cualquier proyecto de presupuesto que revirtiera su política hacia Cuba, pero un artículo publicado por The Washington Post dice que la aplicación de este enfoque de compromiso constructivo hacia Rusia, China, Siria, Irán y la isla caribeña sólo ha empeorado la situación de derechos humanos en esos países.

La autora, la columnista conservadora Jennifer Rubin, considera que en el caso cubano la flexibilización de las sanciones parece haber envalentonado a la dictadura, que ahora ha ratificado la condena a Gross.

Cita en su apoyo las críticas de congresistas como los republicanos Ileana Ros-Lehtinen y Marco Rubio, y la posición del representante por Nueva York, Eliot Engel, el demócrata de más alto rango en el subcomité de asuntos del Hemisferio Occidental de la cámara baja; y recoge asimismo la opinión del ex secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos en el gobierno de Ronald Reagan, Elliot Abrams:

Dice Abrams: “De hecho Obama ha concedido al régimen de los Castro numerosos beneficios, permitiendo, por ejemplo, que más estadounidenses puedan viajar a Cuba y ayudando así a su economía. Algunos, fueron concedidos en 2009, poco después de que Obama asumiera la presidencia, pero otros fueron implementados este año, mientras Alan Gross permanecía en una prisión cubana”.

Rubin critica en particular la respuesta del Ejecutivo –que caracteriza como una solitaria oración sin advertencias ni amenazas-- a la ratificación de la sentencia de Gross. La nota leída por un portavoz de la Casa Blanca hace un llamado a que el contratista sea liberado de manera inmediata e incondicional, “para que pueda regresar junto a su familia y termine la larga odisea que comenzó hace mucho más de un año”.

“Estoy segura de que en La Habana deben estar temblando”, concluye con sarcasmo Jennifer Rubin.

Otra reacción similar provino de un medio situado mucho más al centro. En un editorial, The Miami Herald dice que Obama no tiene más remedio ahora que “stiffen his backbone”, endurecer su columna vertebral (una frase bastante fuerte en inglés), y reaccionar a estas tácticas duras congelando --en formas que llamen su atención -- los esfuerzos por buscar un acercamiento con la dirigencia cubana. El Herald recuerda que su Consejo Editorial ha apoyado y apoya el aumento de los contactos de pueblo a pueblo y las visitas familiares. Pero dice que las exigencias retóricas de la administración para que Gross sea liberado no han llegado a ninguna parte, y que quizás no llegarán a menos que se dé una respuesta adecuada.

El diario recomienda, para empezar, suspender los intercambios culturales, reteniendo las visas que permiten a artistas cubanos venir a este país y cosechar beneficios financieros para el régimen; y reducir las visitas familiares a una anual, en lugar de la actual ausencia de límites. Cuba –apunta el editorial--necesita dólares ahora, y cualquier cosa que afecte ese salvavidas les importará al régimen y a sus dirigentes.

El editorial de The Miami Herald concluye con este párrafo: “Hay un momento y un lugar para la buena voluntad, los gestos unilaterales y las concesiones. Pero mientras Alan Gross siga siendo un rehén de la dictadura cubana, ésta no merece gestos conciliatorios de los Estados Unidos, ni el nivel de respeto que la comunidad internacional otorga a los países libres”.

Las dos piezas periodísticas sobre el caso Gross y la política hacia Cuba han coincidido con un artículo, en la misma cuerda, de Mary Anastasia O’Grady para The Wall Street Journal. La autora contrasta lo que describe como tímida postura del gobierno de  Obama frente a los abusos perpetrados por el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, con la severidad que adoptó su administración en 2009, frente a las instituciones democráticas hondureñas que depusieron al contumaz –es un decir-- presidente Manuel Zelaya.

Artículo relacionado:

Alan Gross sigue siendo pieza clave de la diplomacia castrista.

Alan Gross sigue siendo pieza clave de la diplomacia castrista.

Mario J. Viera

Era de esperar. Nunca el Tribunal Supremo Popular ha rechazado lo decidido por un juez de primera instancia, al menos en los juicios de interés de la Seguridad del Estado, que, en definitiva, es la decisión de la cúpula gobernante del castrismo.

Una breve nota informativa  aparecida en la oficialista Cuba debate, adornada con una bandera nacional dio la noticia, que por nueva no era inesperada:

“La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular emitió resolución definitiva en la que desestima la impugnación realizada por el ciudadano estadounidense Alan Phillip Gross y su abogada contra la sentencia dictada por el Tribunal Provincial Popular de La Habana”.

El informativo castrista asegura, algo que ponemos en duda que durante “la tramitación del asunto, Alan Gross ha contado con todas las garantías y derechos sobre el debido proceso judicial previstos en la Constitución, las leyes cubanas y los instrumentos internacionales relativos a estos temas”.

Como regla general, el alto tribunal castrista niega la oportunidad al convicto o a su representación legal exponer directamente sus argumentos de derecho. En este caso fue una excepción por su impacto internacional, lo que obligó al gobierno a acceder a recibir a Gross y a su abogado en la sala de deliberaciones.

Alan Gross es, no quepa dudas de ello, una pieza importante para el chantaje castrista. De acuerdo con noticias Radio Martí, Roland Behar, vocero de la comunidad judío-cubana del exilio, la ratificación de la condena no es una sorpresa, pues el gobierno cubano lo que buscaba era que la poderosa comunidad judía de los Estados Unidos intercediera por la liberación de los cinco espías cubanos de la Red Avispa.

Al ratificar la condena del contratista norteamericano, el gobierno de Cuba está transmitiendo un fuerte mensaje a la administración Obama, en lo que constituye un reto hacia el presidente de Estados Unidos, y al mismo tiempo, una advertencia a la oposición interna de que la Ley 88 continúa vigente pese a la excarcelación de los últimos opositores y periodistas independiente que continuaban en prisión sancionados por esa misma ley.

Por otra parte es una fuerte evidencia de la arrogancia del gobierno de Raúl Castro que pretende demostrar que sus decisiones son firmes en la defensa de la soberanía nacional supuestamente agredida por actos del gobierno de los Estados Unidos.

En este rejuego de intrigas, Gross se ha convertido en la carta que el castrismo considera ser la de triunfo para lograr la puesta en libertad de sus cinco sicarios condenados en Estados Unidos por los delitos comprobados de espionaje.

Ante el hecho de la ratificación de la condena a 15 años de prisión de Alan Gross por el manipulado Tribunal Supremo Popular, el senador cubano americano Marcos Rubio, consideró que la decisión es una violación “deplorable de los derechos humanos” y aprovechó la ocasión para impulsar las propuestas de congresistas republicanos de endurecer el embargo limitando las visitas de cubanos residentes en Estados Unidos a sus familiares en Cuba y al envío de remesas a la isla.

“La administración de Obama insiste en continuar adelante con las políticas que ponen más dinero en las arcas de este régimen que patrocina el terrorismo y va en contra de todos los fundamentos de Estados Unidos. Insto a Obama a poner fin a sus equivocadas concesiones unilaterales, negar los recursos al régimen que necesita para imponer su voluntad represiva”, expreso de una manera oportunista el senador Rubio a lo que agregó que era necesario condenar la decisión del alto tribunal de Cuba e insistir en la liberación de Ross.

Por su parte el el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Tommy Vietor exigió la liberación “inmediata e incondicional” del condenado y que se le permita regresar “con su familia y poner fin al largo suplicio”

La suerte de Gross está echada y si Estados Unidos no ejerce una poderosa presión diplomática y económica contra el régimen de Castro que le haga entender que no se aceptará de ningún modo una dilación para revertir la sentencia impuesta sobre el ciudadano americano, Gross vivirá por largos años las miserias, angustias y atropellos que se sufren en las cárceles cubanas.

Perspectivas de la visita de Jimmy Carter a Cuba.

James Carter es recibido por Bruno Rodríguez, Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Raúl Castro a su llegada a La Habana

Carter, ex presidente de los Estados Unidos está en Cuba para una visita de breves días. El gobierno de Cuba le había extendido la invitación. ¿Qué se oculta tras la amable invitación hecha por el gobierno del general Raúl Castro?

De acuerdo con una nota oficial del gobierno de Cuba, su estancia en el país “cumplimenta una invitación del Gobierno cubano y durante la misma se reunirá con el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, General de Ejército Raúl Castro”.

Los analistas políticos han opinado en general que la visita de Carter a Cuba está relacionada con el caso del subcontratista Alan P. Gross. En mi opinión este criterio no carece de fundamento.

La detención de Gross fue, a no dudarlo, una sugerencia de Fidel Castro con el propósito de lograr un medio de obtener la liberación de los cinco terroristas presos en Estados Unidos por actividades de espionaje. Objetivo fallado. Los cinco “héroes” del castrismo continúan tras las rejas.

Es evidente que Raúl Castro pretende enmendar el entuerto. Ya ganó experiencia utilizando un intermediario “aceptable” en la jerarquía católica de La Habana para quitarse la presión que la opinión internacional ejercía sobre su gobierno tras la muerte en una prolongada huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo, cediendo al reclamo de la liberación o excarcelación de los presos de conciencia, otra barrabasada del mayor de los Castro que debía ser resuelta “elegantemente”.

Carter ha sido el artífice de la política de la defensa de los derechos humanos; ha sido un hombre que ha estado dispuesto a dialogar con el castrismo, nadie mejor que él para echar tierra sobre el conflicto generado con la detención y sanción impuesta sobre Alan Gross.

No será inconcebible que algunos días después de que Carter regrese a los Estados Unidos, con un mensaje del general para el presidente Obama que se anuncie la anulación de la sentencia de 15 años dictada contra el judeo americano Alan P. Ross o su puesta en libertad atendiendo a consideraciones humanitarias.

Por supuesto que Raúl Castro tratará de influir en el ánimo de Jimmy Carter buscando que los cinco sicarios de su seguridad del estado sean excarcelados y devueltos a Cuba; algo sobre lo que este no tiene dominio ni competencia.

Alan P. Gross sancionado a 15 años de prisión.

Quince años de prisión es la sentencia que el viernes le impuso el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana a Alan P. Gross y dada a conocer este sábado.

En el fallo del Tribunal se declaró que las pruebas presentadas durante la vista oral había quedado establecida la participación directa del acusado “en un proyecto subversivo del Gobierno de Estados Unidos” contra el gobierno de Cuba y dirigido a “destruir” el sistema de gobierno impuesto en Cuba por el régimen de los Castro "mediante el empleo de sistemas de info-comunicaciones fuera del control de las autoridades para promover planes desestabilizadores".

En las conclusiones del Tribunal se asegura que Gross había declarado haber sido manipulado por la Agencia USAID “subordinada al Departamento de Estado y que financia a la empresa contratista DAI, en nombre de la cual Gross vino a Cuba”.

El supuesto delito del que se acusó a Alan Gross es la figura del sui géneris Código Penal cubano definida como  "actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado”.

Concluso para sentencia: Alan P. Gross.

Ayer cerró la vista del juicio seguido contra el subcontratista de la empresa Development Alternatives quedando pendiente para emitir sentencia.

La prensa internacional no fue autorizada asistir a la sala donde se celebró la última vista del juicio. De acuerdo a la información que Juventud Rebelde brinda de lo sucedido durante de la vista es evidente que solo se autorizó en el recinto a representantes del periodismo oficial.

De acuerdo con la nota oficial “la Fiscalía aportó elementos de prueba sobre la participación directa del acusado en la introducción y desarrollo en el país de un proyecto subversivo para intentar derrocar la Revolución, que tenía como blancos esenciales el sector juvenil, centros universitarios, culturales, religiosos, grupos femeninos y raciales”. Algo tenebroso es lo que se desprende de la redacción del informe “periodístico”; pero del que también se puede suponer que Alan Gross será declarado culpable.

La nota no hace referencia a los argumentos que expusiera la defensa a favor del acusado. Solo se concreta en los supuestos elementos de prueba de la parte acusadora sin definir en qué consistía “el proyecto subversivo” encaminado a derrocar la revolución (entiéndase “gobierno totalitario de los Castro) y dirigido a “blancos esenciales” de la sociedad.

Continúa la nota oficial hablando de “propósitos anticubanos” y de la creación de “redes clandestinas de infocomunicaciones o fuera del control de las autoridades cubanas”. Dicho de este modo se da a entender todo un plan de actividades subversivas para ser ejecutado por misteriosas células conspirativas a favor de un gobierno extranjero; pero lo que realmente importa es que los supuestos medios clandestinos de comunicación que había suministrado el acusado, laptops, celulares y medios de enlaces directos a la internet estarían fuera del control de las autoridades cubanas. Eso no lo puede admitir el castrismo. El régimen tiene que conocer qué piensa la gente, con quién se comunica, qué dice durante una conversación telefónica. El gobierno es quien dice si una persona puede tener acceso o no al internet, dependiendo de su “confiabilidad política”. Nadie está autorizado a conectarse en la red para emitir sus opiniones a no ser que estas coincidas con las que sostiene el régimen y el criminal Partido Comunista.

Las “sofisticadas tecnologías” que se dice, distribuía Gross a “troche y moche” pretendían “alimentar provocaciones contrarrevolucionarias”. Ya luce gastado ese lenguaje, esa eterna dicotomía de “revolución-contrarrevolución” cuando ya los términos se han convertido en sus propias negaciones. La revolución negada a sí misma es la verdadera contrarrevolución y la antigua contrarrevolución es ahora la nueva revolución que se asoma en el horizonte buscando cambios profundos en la vida política, social y económica de la nación.

Divulgar los actos de acoso por la red, enviar a los medios internacionales imágenes de los actos de repudio en contra de los opositores captadas por celulares son las “provocaciones contrarrevolucionarias” a las que se refiere el estado policiaco que rige en la isla. El gobierno reclama para sí el derecho a ser intocable por la crítica. Nadie está autorizado a denunciar las violaciones de los derechos civiles y humanos que el régimen comete a diario con el empleo de la represión y la jauría de matones agrupados en los fascistas grupos de “respuesta rápida”. Es mucho el temor que en las altas esferas de la elite gubernamental se siente con el ejemplo de Túnez y Egipto. Es pánico lo que estremece a la nomenclatura cuando sigue paso a paso lo que se está viviendo en Libia.

El juicio es una mascarada. Su propósito es darle una advertencia a la ciudadanía y transmitir la idea de que el gobierno es poderoso y firme frente a los Estados Unidos, sin descartar que sea un medio de represalia contra un ciudadano americano por la condena de los cinco miserables de la red avispa que purgan sus culpas en prisiones de los Estados Unidos.

Se inició juicio contra Alan P. Gross

Ayer 4 de marzo se inició en La Habana el juicio incoado en contra del sub contratista judeo americano Alan P. Gross acusado bajo los términos del artículo 91 de la Ley 88, la misma por la que fueron procesados 75 opositores y periodistas independientes durante la Primavera Negra de Cuba.

La vista se llevó a cabo bajo fuerte control policiaco en una dependencia judicial de la barriada de La Víbora y solo se permitió la presencia en la sala a la esposa del acusado, su abogado estadounidense Peter J. Kahn y representantes consulares de la Sección de Intereses de los Estados Unidos. No se permitió el acceso de la prensa como es acostumbrado en los juicios políticos que se realizan en Cuba.

De acuerdo con una nota del oficialista Cuba Debate, Gross en esta primera vista “hizo declaración libre y respondió preguntas del fiscal, de la defensa y del tribunal sobre los hechos que se le imputan”.

A la salida del tribunal Peter J. Klan no dio amplia información del proceso concretándose a declarar que “Alan y su representación legal cubana llevaron a cabo una defensa vigorosa”. La abogada que representa a Gross es la licenciada cubana Nuris Piñero Sierra, quien a su vez representa a los cinco espías de la Red Avispa condenados en los Estados Unidos.

En una declaración del abogado cubano Wilfredo Vallín presidente de una organización de abogados de oposición se refirió a la abogada diciendo: "Ella lo va a defender sin límite alguno, eso es seguro. Ellos (el gobierno) tienen que, aunque sea, cumplir con las apariencias de darle un juicio justo”

El periódico español EL PAIS llama la atención sobre el “destape” de dos agentes de la seguridad del estado infiltrados en las filas de la oposición días antes como ocurriera durante el proceso de los 75. Agregando que según “diversos observadores, el objetivo es demostrar que Washington es el financiador y principal organizador de la oposición”, idea esta compartida por los académicos Lawrence Wilkerson y Arturo López-Levy, fuertes críticos de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra el gobierno castrista.  Estos dos académicos consideraron en una columna aparecida en la página digital The Washington Note opinaron que con ese juicio el gobierno de Raúl Castro podría cumplir tres de sus objetivos: ‘‘Estimular los sentimientos nacionalistas del pueblo cubano para denunciar la interferencia extranjera en los asuntos internos de Cuba. Crear un ejemplo para disuadir a otros cubanos, estadounidenses y personas de terceros países de participar en programas para cambiar el régimen y, finalmente, Impulsar la condena internacional de la política de EEUU y fortalecer la solidaridad con la soberanía de Cuba''.

Es opinión generalizada entre los opositores cubanos que los juicios que se llevan a cabo en Cuba contra acusados por actos políticos considerados por el gobierno como delitos, los juicios son solo representaciones judiciales y que las sentencias ya han sido determinadas previamente.

Varios observadores creen que una vez condenado Gross, será posteriormente excarcelado. Algunos consideran que el juicio y la petición fiscal de veinte años de prisión contra Gross es la respuesta que da el gobierno de Castro a la negación de la Casa Blanca de intercambiar la libertad de Gross por la de los cinco espías de la inteligencia cubana que cumplen prisión en Estados Unidos.

De acuerdo con la nota oficial aparecida en Cubadebate el “juicio proseguirá este sábado con la continuación de la práctica de la prueba documental, pericial y testifical, las declaraciones del instructor y los informes conclusivos del fiscal y la defensa” lo que hace pensar que el acto concluirá mañana en un juicio apresurado.

Alan Gros, una pieza en el chantaje castrista

Mario J. Viera   

El plan se fraguó hace 14 meses. La seguridad del estado conocía perfectamente qué hacía en Cuba Alan Gros. No tenían ninguna duda: Alan Gros no estaba haciendo ninguna labor de espionaje. Tal vez no les agradara que repartiera celulares y equipos de computadora entre la comunidad judía; pero de ahí no pasaría.

Sin embargo el castrismo es muy hábil a la hora de crear situaciones críticas, y surgió la idea brillante de ordenar el arresto del contratista americano ya cuando se disponía a abandonar el país. ¿El propósito? Utilizar su arresto como una pieza de cambio a favor de la liberación de los cinco espías cubanos condenados en los Estados Unidos.

Lo que el mundo dijera al respecto nada les importaría. La izquierda internacional, los intelectuales filo comunistas, los acomodados progres que disfrutan de buenos hoteles y gozan de un muy buen estándar de vida en Europa, no dirían nada en contra; ellos seguirían redactando cartas a favor de la supuesta injusticia que el odiado imperialismo había cometido contra cinco “héroes” supuestamente también “anti terroristas”.

Se había producido un canje de espías entre los Estados Unidos y Rusia, ¿por qué no sucedería lo mismo en el caso de los espías cubanos y Alan Ros? Pensaron los intrigantes de la inteligencia cubana y los ancianitos que controlan el poder. Tan confiado estaban que hasta el propio Fidel Castro aseguraría que sus cinco agentes estarían de regreso antes de que terminara el 2010. Sin embargo la Casa Blanca rechazó tal posibilidad.

Todavía no habían levantado cargos contra Ros. Esperaban confiados, pero sin dejar de lado sus presiones sobre la comunidad judía de Cuba; es por eso que Raúl Castro asistió a la celebración de la fiesta del Janucá en la sinagoga judía Beth Shalom. Conocían perfectamente que la Secretaria de Estado, Hillary Clinton había pedido a organizaciones judío americanas que intercedieran ante el gobierno de Cuba a favor de Alan Gros.

Por supuesto, dirigentes de la comunidad judío cubana se apresuraron a decir que no conocían a Alan Gros. Así Adela Dworin, presidenta de la sinagoga, pocos días antes de la visita de Raúl Castro a la sinagoga declaró: “Es lamentable lo que ha ocurrido con ese señor. Lo más triste ─ agregó ─  es que se haya querido involucrar a la comunidad judía en Cuba, que es totalmente ajena”. Por su parte, Mayra Levy del Centro Hebreo Sefardí, afirmó que nunca había conocido a Gros y que este jamás entró en contacto con el Centro Sefardí.

Odén Marichal, secretario del Consejo de Iglesias de Cuba durante una conferencia de prensa  declaró que en el marco de una entrevista que tuviera en Estados Unidos con Peter Brennan, coordinador de asuntos cubanos del Departamento de Estado y en otra con Dan Restrepo del Consejo de Seguridad Pública, que habían dejado “bien claro (...) que la comunidad hebrea de Cuba, que es miembro del Consejo de Iglesias de Cuba, nos dijeron: "Nosotros jamás tuvimos relación con ese señor, jamás nos trajo equipo de ningún tipo...’ ellos negaron cualquier relación con Alan Gross”

Con la complicidad de los representantes de la comunidad judía se preparaba el plan B. Acusar a Alan Gros de actividades de espionaje a favor del gobierno de los Estados Unidos. Había que apretar la tuerca para lograr su propósito, obtener un significativo triunfo político sobre los Estados Unidos, la liberación de los espías cubanos.

Poco antes de que La Habana anunciara que se instruirían de cargos a Alan Gros con una petición fiscal de 20 años de privación de libertad de acuerdo con lo estipulado en la Ley 88, Gerardo Hernández se retractó de su anterior declaración de no haber conocido los planes del gobierno de Cuba de derribar sobre aguas internacionales a las avionetas de Hermanos al Rescate y ahora dice: “Es una farsa. Estoy seguro que todo cubano sabe que no tengo ningún desacuerdo con mi gobierno acerca del derribo de los aviones. Yo no sabía nada acerca de los vuelos de ese día, así que no podía saber que iban a ser derribados. Creo que sucedió en el espacio aéreo cubano, lo cual no es un crimen según el derecho internacional”.

Este cambio de posición la hizo a dos representantes de la quinta columna anti americana, Danny Glover y Saul Landau, durante una visita que estos le hicieran en la Penitenciaría Federal en Victorville, California.

Todo parece indicar que el plan ya estaba en marcha. Ahora se acusaría formalmente a Alan Gros. El propósito, por supuesto es utilizar al contratista americano como pieza de chantaje para presionar a Estados Unidos ante la opinión nacional obligándole a transigir por un cambio a favor de los cinco agentes de la represiva inteligencia cubana.