lunes, 28 de diciembre de 2020

LA HOJA DE RUTA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CUBANOS.

 

Proyecto del Centro para la Democracia en las Américas y la Oficina de Washington sobre América Latina. (Segunda parte)

 


Mario J. Viera

 

En la propuesta para la renovación de los compromisos diplomáticos con Cuba, los ponentes consideran que se puede alcanzar una política exitosa siempre que sirvan al interés nacional y adaptar de manera realista las capacidades a los objetivos (“sentido normativo); y contar, además, con suficiente apoyo de las partes interesadas pertinentes para ser sostenibles (sentido político) Teniendo esto presente, el proyecto del Centro para la Democracia en las Américas y la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA), plantea cuatro interrogantes para las cuales intenta responder:

 

• ¿Por qué Cuba debería ser una prioridad cuando tantas otras cuestiones urgentes requieren atención?

• Después de cuatro años de hostilidad estadounidense, ¿Cuba sigue interesada en mejorar las relaciones?

• ¿Qué piensan las principales partes interesadas sobre esta polémica cuestión política interna?

• ¿Cómo puede una nueva política de compromiso superar los obstáculos del apoyo de Cuba al gobierno venezolano y el misterio sin resolver de las lesiones al personal estadounidense que presta servicio en Cuba?

 

Esto, según los ponentes, requiere alcanzar tres imprescindibles etapas, dentro de las cuales se consideran:

1.   Reparación del daño: En los primeros meses de la nueva administración, revertir el daño causado por el uso de la autoridad ejecutiva por parte del presidente Trump para "cancelar" la apertura del presidente Obama.

2.   Tomar la Iniciativa: Identificar e implementar medidas adicionales para avanzar la política de participación a un nuevo nivel utilizando la autoridad ejecutiva del presidente.

3     Terminar el trabajo: Tratar de cambiar las disposiciones legales que han prescrito las sanciones contra Cuba en la ley, limitando la autoridad constitucional del presidente para dirigir la política exterior de estados Unidos.

 

Ante los numerosos problemas, a los que, el gobierno de Biden tendrá que buscarle soluciones, tales como “la pandemia COVID-19, la peor recesión económica desde la década de 1930, y las demandas de justicia racial que se habían demorado durante mucho tiempo”, los ponentes del proyecto se cuestionan, si Cuba, debiera ser una prioridad en la agenda del presidente. “Después de todo ─ aseguran ─, Cuba es un país pequeño que no representa una amenaza real para los Estados Unidos, a pesar de más de medio siglo de antagonismo”. Existen, de acuerdo a los ponentes, “varias buenas razones para que el presidente se mueva rápidamente para volver a comprometerse con Cuba”.

 

La primera de estas “buenas razones” es la crisis en Venezuela, porque, señalan, “guste o no, una solución política a la crisis venezolana requerirá la cooperación internacional entre actores con diferentes intereses, incluyendo Cuba y Estados Unidos”. En segundo lugar, se dice, está previsto que estados Unidos organice la Novena Cumbre de las Américas a finales de 2021, donde la nueva administración de Estados Unidos podrá formular “su enfoque general hacia América Latina, incluida Cuba”. Consideran los ponentes que, si “Estados Unidos detuvo el compromiso; dependerá de los Estados Unidos dar los primeros pasos hacia su restauración”, aprovechando un encuentro de Biden con el nombrado como presidente por el PCC, Miguel Díaz-Canel, en esa Cumbre, para subrayar el interés de Estados Unidos en mejorar las relaciones.

 

En mi opinión este “primer paso” que se le propone dar a Biden, sería un error político y hasta mostraría una posición débil por parte de Estados Unidos. Es cierto que, el denominado “compromiso”, se interrumpió por la política oportunista de Trump hacia Cuba, aunque, reamente, fue el propio gobierno de Cuaba quien creó las condiciones para torpedear las buenas intenciones del presidente Obama. Biden pudiera abrirse a una solución pactada con el gobierno cubano sí, y solo, si el representante de ese gobierno fuera quien diera el primer paso. Por otra parte, si fuera Biden quien diera el primer paso en el acercamiento, el sector ultraderechista del exilio cubano se haría más agresivo hacia la administración demócrata, y se ahondaría más la división que hoy afecta a toda la comunidad cubana de exiliados y emigrantes.

 

En tercer lugar, se declara en el proyecto, “volver a comprometerse con Cuba es relativamente fácil”; esto solo es verdad a medias. Es cierto que Biden, de un plumazo pudiera revertir las sanciones que, por autoridad ejecutiva, Donald Trump le impuso a Cuba. Sin embargo, la situación actual no es la misma que se esperaba alcanzar en 2016. Independiente de las acciones agresivas de la administración Trump, en Cuba, tanto las condiciones económicas como políticas y sociales se abocan a una crisis. El régimen se ha dado a la tarea de reprimir a la disidencia, en especial después de los acontecimientos del pasado 27 de noviembre; en tanto, las diferentes y escuálidas organizaciones opositores al interior de la isla, están entregadas a un inmovilismo político confiando en las quimeras de las organizaciones de ultraderecha del exilio y sus promesas de liberación via las acciones de sanciones económicas.

 

No se puede volver al 2016. Biden no debe hacerle concesiones unilaterales al régimen de la dictadura de un partido colocado por encima del Estado y la sociedad. La política de descongelamiento de las relaciones diplomáticas mutuas, se puede reencaminar a partir se la supresión de las sanciones económicas impuestas por Trump, conjuntamente con el reintegro del personal diplomático estadounidense retirado de la embajada de Estados Unidos, desde septiembre de 2017, como respuesta a las lesiones reportadas a unas dos docenas de ellos, por un supuesto ataque sónico que no ha podido ser identificado claramente.

 

Este tema de las afectaciones sufridas por el personal diplomático de Estados Unidos en La Habana, es considerado, dentro del proyecto, como uno de los dos principales obstáculos para el reinicio del compromiso Cuba-Estados Unidos. Resaltado en negrita, el proyecto plantea, con respecto a este conflicto, lo siguiente: “El presidente no debe permitir que este misterio sin resolver determine nuestra relación con Cuba. Devolver las embajadas de Estados Unidos y Cuba a la plena funcionalidad es un primer paso crítico en una nueva política de compromiso. Propone entonces, cumplir determinados requisitos para que esto se haga de forma segura:

 

• Dotar la embajada poco a poco, con nuevo personal, priorizando la reanudación de los servicios consulares, la ausencia de los cuales ha puesto la mayor carga para la reunificación familiar y el intercambio cultural. • Realizar pruebas de referencia y reevaluaciones periódicas del personal estadounidense estacionado en La Habana para identificar rápidamente cualquier problema nuevo. • Aumentar la seguridad en y alrededor de las residencias diplomáticas de los Estados Unidos. • Continuar los esfuerzos para identificar la causa original de las lesiones, compartiendo toda la información necesaria con los investigadores de la Academia Nacional de Ciencias, reanudando la cooperación con los investigadores cubanos y replicando el protocolo de pruebas canadiense sobre temas estadounidenses para determinar si produce resultados comparables (…) Las precauciones enumeradas anteriormente reducirán la probabilidad de nuevos casos y proporcionarán la capacidad de identificarlos rápidamente si se produce alguno”.

 

El segundo obstáculo, de marcado carácter político, el proyecto lo ve en la crisis en Venezuela y en la implicación del gobierno de Cuba a favor del gobierno de Maduro.  La crisis política, económica y humanitaria en Venezuela ─ señala el proyecto ─ es uno de los temas más urgentes en el hemisferio occidental y el apoyo de Cuba al gobierno de Maduro representa tanto un obstáculo político para el renovar el compromiso como para una oportunidad diplomática”.

 

Según el proyecto, la participación de Cuba tiene importancia capital en la búsqueda de una solución negociada del caso venezolano, “que conduzca a elecciones libres y justas”, y la “política estadounidense debe apoyar los esfuerzos internacionales para lograr un acuerdo político que conduzca a elecciones libres y justas, en la línea del acuerdo que puso fin a la guerra civil de Nicaragua en 1990”. Se agrega diciendo: “Como partidario clave del gobierno de Maduro, Cuba tendrá una influencia considerable sobre si tal solución es posible. Te guste o no, involucrarse con La Habana es una condición necesaria para llegar a un asentamiento venezolano que funcione”.

 

 

El supuesto de que el régimen cubano sea un partícipe crucial en la solución de la crisis venezolana, más que nada, solo es una expresión de “buenos deseos”. Aunque el proyecto funda sus esperanzas en la participación cubana durante las conversaciones que pusieron fin a la guerra entre Angola y Sudáfrica en la década de 1980, y su participación en los acuerdos de paz en Centroamérica en la década de 1990 y, en asociación con Noruega, al acuerdo de paz colombiano negociado en La Habana en 2016; esto no significa necesariamente que, el régimen del PCC se interesará en conversaciones que puedan producir la caída del gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela es un aliado de primera línea de Cuba. Es del todo improbable que Cuba se una en un esfuerzo común con Estados Unidos para “apoyar un esfuerzo de mediación internacional viable encaminado a resolver la crisis venezolana a través de elecciones libres y justas”.

 

Sin embargo, el proyecto se contradice cuando, luego de considerar el papel de Cuba como mediador en Venezuela, concluye diciendo: El volver al compromiso con Cuba no debe condicionarse a los progresos en Venezuela ni al fin del apoyo cubano a Maduro. Volver a comprometerse con Cuba es la política exterior correcta porque sirve a una amplia gama de intereses estadounidenses, a pesar del conflicto venezolano”. No obstante, no abandona del todo sus esperanzas con respecto al régimen de La Habana: “Pero volver a comprometerse ─ confían los ponentes del proyecto ─ creará condiciones más propicias para alistar la cooperación cubana para poner fin a ese conflicto”. Algo así como la comedia de Shakespeare “Sueños de una noche de verano”.

 

 

Pero, ¿realmente Cuba es una cuestión de política exterior de alto perfil, como lo entienden los redactores del proyecto?, “tal vez más de lo que la importancia intrínseca de Cuba dictaría. La apertura del presidente Obama en 2014 a Cuba atrajo la atención y los elogios a nivel mundial como un acontecimiento histórico. Una de las razones del alto perfil de Cuba es la larga historia de crisis”, se afirma en el proyecto; y agrega: “Otra es la diáspora cubano-estadounidense, que se preocupa profundamente por las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ya sea a favor o en contra. Una acción rápida para volver a comprometerse con Cuba enviará el mensaje de que el presidente tiene la intención de tener una política exterior activa, volver a comprometerse con aliados y adversarios, y reconstruir la estatura estadounidense en el mundo”.

 

Los autores del proyecto se cuestionan diciendo: “¿Es Cuba un socio confiable? ¿Mantendrán los líderes cubanos su parte del trato? La respuesta corta es sí”. ¿Y por qué esta rotunda afirmación?, porque así lo consideran los promotores del proyecto diciendo: “…a lo largo de la administración Trump, los líderes cubanos continuaron insistiendo en que están abiertos a mejorar las relaciones con los Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo. Sin embargo, para superar las sospechas cubanas, (según el proyecto, como resultado de “la reversión del presidente Trump de los logros hechos durante la apertura de Obama”) una nueva administración estadounidense tendrá que hacer un esfuerzo concertado para reconstruir una medida de confianza, lo que significa tomar los primeros pasos para renovar el proceso. De nuevo la condición de que Estados Unidos dé el primer paso. No, la administración de Biden debe dejar asentado que el proceso de distensión con Cuba, no implica el que Estados Unidos renuncie a la denuncia de las violaciones de los derechos humanos de Cuba tanto civiles como políticos; que Estados Unidos reconoce el derecho de todo cubano a organizarse políticamente y a disentir; que Estados Unidos condena todas las manifestaciones represivas por razones políticas, y los denominados “Actos de Repudio”, lo que no implica intromisión en los asuntos internos de Cuba.

 

Es que, según lo enunciado en el proyecto, Cuba sigue interesada en el compromiso., porque las “condiciones políticas y económicas de Cuba han cambiado desde que el presidente Obama y el presidente Castro anunciaron su intención de normalizar las relaciones, pero los incentivos económicos estructurales que llevaron a Cuba a apoyar la normalización siguen vigentes”. Lo único vigente es que ambas embajadas continúan abiertas y solo existe una cooperación en temas como el narcotráfico. Lo que el régimen de La Habana está interesado es en el relajamiento de las sanciones económica y en el levantamiento del embargo, sin mayores compromisos de su parte; sin intromisión en sus asuntos internos, como es el tema de los derechos humanos. El PCC reclama este punto como cota aparte de cualquier acuerdo, nada de legalización de la oposición, nada de libre expresión que no sea favorable a su poder.

 

¿Cuál es la propuesta del proyecto para que Estados Unidos sea quien dé el primer paso para la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos que la política de Trump ha dificultado? Partiendo del postulado asumido por los redactores del proyecto, que una “nueva política de compromiso implica relativamente poco riesgo político y el potencial de movilizar una amplia variedad de electores en apoyo”, los promotores del proyecto del Centro para la Democracia en las Américas y la Oficina de Washington sobre América Latina, plantean varias recomendaciones que la administración Biden-Harris debieran seguir.  

 

En primer lugar, el proyecto plantea, como cuestión esencial, lo siguiente: En los primeros 100 días, un representante presidencial debe reunirse con miembros comprensivos de la comunidad cubano-estadounidense, pidiendo su apoyo para una nueva política de compromiso y escuchando qué temas son de especial importancia para ellos. Esto dicho, luego de exponer: “Muchos de los líderes de la comunidad cubano-estadounidense que fueron partidarios abiertos de la política del presidente Obama han estado callados ante la reversión de la misma por parte del presidente Trump, no porque ya no apoyen el compromiso, sino porque vieron un espacio limitado para que sus voces marcaran la diferencia”. ¿Muchos? Habría que preguntar, quiénes son esos líderes. ¿Acaso algunos como Max Lesnik de la Alianza Martiana o como la Brigada Antonio Maceo o la Fundación para la Normalización de las Relaciones entre Estados Unidos y Cuba de Elena Freyre? Todos comprometidos en la defensa del sistema que rige en Cuba. ¿Acaso algunos de los participantes en el encuentro con representantes del gobierno cubano, denominado “La Nación y la Emigración”? Por otra parte, ¿Quiénes son, a juicio de los promotores del proyecto, esos “miembros comprensivos de la comunidad cubano-estadounidense”? Tal vez, Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia que ha estado opuesto al embargo, o miembros fundadores de CubaOne Foundation o algún miembro cubano de Engage Cuba.

 

No creo que alguno de ellos sea representativo del conjunto de la comunidad cubana de exiliados y emigrados.

 

El proyecto fundamenta esta propuesta basándose en los resultados de una encuesta realizada en marzo de 2015, cuyos resultados mostraban un apoyo del 51% de los cubano-americanos a la normalización y un 47% se declaraba a favor de levantar el embargo. Un año después del anuncio de Obama, los cubano-americanos apoyaron la normalización (56% a favor, 36% en contra) y el levantamiento del embargo (53% a favor, 31% en contra). Todos estos datos, luego de los cuatro años de propaganda trumpista han dejado de ser confiables. Las organizaciones cubanas del exilio han tendido cada vez más hacia posiciones de extrema derecha y de firme oposición a cualquier política que entiendan como favorable al régimen de La Habana. Entre estas, se destacan el Directorio Democrático Cubano y su apéndice, la Asamblea de la Resistencia Cubana, que, según sus impulsores, agrupa a organizaciones opositoras de dentro y fuera de la isla.

 

La recomendación a la nueva administración más apropiada debería ser: “En los primeros 100 días, la Oficina del Contador General (GAO) y la United States Agency for International Development (USAID), deberán realizar una auditoria a todas las organizaciones del exilio cubano para ver en qué se invierte el dinero de los contribuyentes que cubre los respectivos grants, y cuyos resultados se hagan públicos”.

 

Otra de las recomendaciones incluidas en la “Hoja de ruta”, plantea lo siguiente: “Al principio, la nueva administración debe consultar con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el Consejo Empresarial EE.UU.-Cuba y la Coalición de Agricultura de los Estados Unidos para Cuba para discutir cómo el gobierno de los Estados Unidos puede facilitar la expansión de las relaciones comerciales con Cuba”. Sin embargo, lo principal a tener en cuenta es no hacer concesiones unilaterales al régimen del PCC a cambio de nada. Aunque, conveniente para los Estados Unidos, la administración Biden no debe mostrarse muy generosa en cuanto a facilitar la expansión comercial con Cuba. Esta expansión comercial debe tener en cuenta la situación de los derechos políticos y civiles existentes en Cuba, el respeto a la libre expresión y al disenso.

 

En otro sentido, no puede omitirse la realidad de la economía cubana, tal como lo expresa Richard E. Feinberg, en la monografía titulada “Extender la mano: La nueva economía de Cuba y la respuesta internacional”: “La principal restricción que retrasa a la economía cubana no son las sanciones impuestas por los Estados Unidos (aunque son realmente duras). En realidad, es el propio modelo económico desactualizado de planificación centralizada que Cuba heredó de la Unión Soviética”. Además, gravitando en la economía cubana está la situación de su deuda externa tal y como demostró un Documento de la Unión Europea sobre la estrategia nacional de Cuba y Programa Nacional Indicativo para el período 2011-2013, citado por Feinberg, los $ 31,6 mil millones de deuda externa cubana en el 2008, Cuba debía mil millones o más a cada uno de sus acreedores: Venezuela ($11.4 mil millones), España ($3.2 mil millones), China ($3.2 mil millones), Japón ($2.8 mil millones), Argentina ($2 mil millones), Francia ($1.9 mil millones), Rumania ($1.2 mil millones), y Rusia postsoviética ($1.1 mil millones).

 

Con el presupuesto de que una sección bipartidista de la comunidad de política exterior y seguridad nacional apoyó la apertura del presidente Obama a Cuba con el argumento de que la vieja política era un remanente ineficaz de la Guerra Fría que estaba dañando las relaciones de Estados Unidos con los aliados, especialmente en América Latina”, el proyecto propone, que: En los primeros 100 días, el presidente debe reunirse con miembros seleccionados del Congreso, incluidos demócratas y republicanos que apoyan el compromiso (por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Cuba en la Cámara), para pedir su apoyo”. Propuesta esta que pasa por alto la realidad política actualmente existente, luego de los cuatro años de los desastres trumpistas, manifestada en una acentuada polarización entre los congresistas republicanos y demócratas que dificulta el avance de cualquier iniciativa presidencial si, finalmente, los demócratas no aseguran la mayoría formal en el Senado. Por otra parte, el denominado Grupo de Trabajo de Cuba en la Cámara, prácticamente ha desaparecido.

 

El Grupo de Trabajo de Cuba (Cuba Working Group) fue una iniciativa bipartidista aparecido en diciembre de 2015, formado por 17 representantes republicanos y 17 demócratas, como un grupo especial de la cámara baja del Congreso en apoyo a un abordaje "más pragmático" para una mejora de las relaciones con Cuba. El 4 de junio de 2019, lo que quedaba del grupo especial, tras el anuncio del Departamento del Tesoro de aumentar las restricciones a los viajes de los Estados Unidos a Cuba, declaró: “Todo estadounidense debe tener derecho a viajar libremente. La decisión de la Administración de restringir aún más los viajes de Estados Unidos a Cuba no sólo viola ese derecho, sino que socava los esfuerzos para ayudar a promover la democracia y mejorar la vida del pueblo cubano. La fallida política de embargo de Estados Unidos hacia Cuba en los últimos 60 años ha dado lugar al resultado que vemos hoy. Ahora, los miembros del Congreso deben preguntarse si quieren continuar por el mismo camino con respecto a Cuba o trazar un nuevo rumbo a través de la participación.

 

 

(Continuamos)

viernes, 18 de diciembre de 2020

Un proyecto del Centro para la Democracia en las Américas y la Oficina de Washington sobre América Latina

Mario J. Viera

 



El periódico digital Diario de Cuba, en su edición del 18 de diciembre, dedica un espacio para reportar la iniciativa, propuesta por la Oficina de Washington sobre Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés) y el Centro para la Democracia en las Américas al presidente electo Joe Biden, para el impulso de una nueva política de compromiso de Estados Unidos con Cuba.

 

En esta edición, Diario de Cuba colocó un link para el acceso al documento, editado en pdf. Un documento que, a no dudar, generará un amplio debate, dado el conjunto de sus propuestas. Es creíble considerar que, las organizaciones ultraderechistas del exilio cubano, de entrada y sin ahondar en esas propuestas, demonizará el Proyecto. Otros, también sin el empleo de un análisis sin prejuicios, lo aplaudirán. Sin embargo, debemos analizar la propuesta, sin posiciones pre condicionadas, para considerar lo que de positivo o negativo hay en la misma.

 

Intentaré un análisis lo más objetivo que pueda sobre las bases teóricas sobre las que se asientan las propuestas ofrecidas en el proyecto.

 

Estados Unidos y Cuba, ¿Una nueva política de compromiso? De acuerdo con el Proyecto, la respuesta es afirmativa; una nueva política de compromiso con Cuba “que sirva a los intereses estadounidenses y a los del pueblo cubano”.

 

El primero de sus fundamentos teóricos, critica la “política de hostilidad y confrontación” que contra Cuba mantuvo Trump, sin resultados favorables en la situación de los derechos humanos en Cuba. Este tipo de política, de acuerdo con los autores del proyecto, agudizó “la mentalidad de asedio del régimen, le dio una excusa para la represión de los disidentes y otras voces independientes, y proporcionó un chivo expiatorio conveniente para el empeoramiento de la economía de Cuba. Algo a lo cual en diferentes comentarios me he referido. Ahora bien, la propuesta agrega algo, con lo cual no coincido en sentido general: “Una estrategia de compromiso puede eliminar esas excusas, crear un entorno internacional que haga beneficioso para los líderes cubanos permitir una mayor libertad política y económica en la isla, y fomentar una sociedad civil más vibrante que, con el tiempo, presionará por el cambio”. Esto último es una simple verdad de opinión, un supuesto sin base lógica en la mentalidad política de los líderes de un estado totalitario. El régimen, jamás estará dispuesto a entrar en un estado de perestroika y glasnost porque ya tienen la experiencia de lo ocurrido en el bloque comunista de la Europa oriental; porque desde el mismo instante cuando permitan “una mayor libertad política y económica en la isla” el poder se le escapará de sus manos.

 

El segundo fundamento teórico, se refiere a la ya muy manida propuesta del contacto pueblo a pueblo. Es muy cierto, sin lugar a dudas, tal como se expresa en este punto que “los contactos entre personas benefician a la gente de ambos países, especialmente a las familias cubanas y cubanas americanas con familiares a ambos lados del Estrecho de Florida”. Ahora bien ¿qué decir de las conexiones culturales entre Estados Unidos y Cuba, de las que dicen “se remontan al menos a 150 años”? Sobre esto hay mucha tela que cortar; en ese intercambio cultural ¿autorizaría el régimen a artistas e intelectuales independientes de la isla formar parte del intercambio cultural? ¿Permitiría que artistas como los más de trecientos que se plantaron el pasado 27 de noviembre ante el Ministerio de Cultural con propuestas de libre arte, formar parte de ese intercambio cultural? ¿Sería esto así? Solo los intelectuales y artistas identificados con el régimen cubano serían quienes tendrían la autorización para viajar a Estados Unidos en intercambio cultural.   

 

Se afirma, y es cierto, que “la administración Trump hizo todo lo posible para cortar estas conexiones”; pero no es cierto que cortar las conexiones culturales entre ambas naciones infligiera “serias dificultades económicas al pueblo cubano”. Aunque está demostrado que los turistas no influyen en la cultura democrática de un determinado país, si es cierto lo planteado en el proyecto: “Los visitantes extranjeros ponen dinero directamente en manos de los cubanos a través de restaurantes privados, taxis independientes y alquileres de habitaciones privadas. Ningún otro flujo económico internacional, excepto las remesas, tiene un beneficio directo e inmediato para el nivel de vida de las familias cubanas”. Pero la conclusión que se extrae de este enunciado no necesariamente esté en relación directa con la propuesta del Proyecto: “Una relación vibrante de la sociedad civil empoderará al pueblo cubano y sentará las bases para una reconciliación duradera”; pareciera lógica, pero en Cuba la lógica funciona de otra manera.

 

Esa denominada sociedad civil, si se trata del sector denominado “cuentapropista” siempre estará estrictamente controlado por medio de regulaciones legales limitantes de sus actividades y operaciones, y sometidos a una política fiscal de gravámenes.

 

La tercera propuesta es todo un dechado de ilusiones, algo así como “un debiera ser” sin tomar en cuenta la realidad de un estado totalitario limitante de la libre economía y aferrado al principio del sistema de planificación centralizada de todo el sector de la producción y los servicios:

 

Cuba y los Estados Unidos son socios económicos naturales en virtud de su proximidad. Al aliviar las restricciones al comercio y la inversión con el sector cubano no estatal y con las empresas estatales que producen bienes y servicios que benefician directamente al pueblo cubano, el gobierno de los Estados Unidos puede ayudar a fomentar la prosperidad y una mayor libertad económica. Cuba está experimentando un proceso de reforma económica, avanzando lentamente hacia una economía más abierta, un cambio que Estados Unidos debería favorecer, alentar y apoyar”.

 

¿Qué el gobierno de los Estados Unidos puede ayudar a fomentar la prosperidad y una mayor libertad económica en Cuba? ¿Cómo? Según el proyecto, “aliviando las restricciones al comercio y la inversión con el sector cubano no estatal y con las empresas estatales que producen bienes y servicios”. Por supuesto esto sería lo aconsejable en una Cuba liberada del régimen dictatorial y totalitario que actualmente rige en Cuba. En la Cuba actual no es así. Lo primero que debería conseguirse es que el gobierno de Cuba eliminara las restricciones que impone sobre el comercio no estatal, algo que ha mostrado no sentirse interesado. Las tímidas iniciativas económicas que ha estado conduciendo el gobierno cubano, no pueden reconocerse como un verdadero proceso de reformas y mucho menos después de la implantación de las nuevas tareas de choque con relación a la reforma monetaria. Al régimen cubano no le interesa, para nada avanzar hacia una economía más abierta; eso no forma parte de su esencia fundamental.

 

La última de las propuestas teórica fundamentales de todo el Proyecto afirma con toda razón:

 

A medida que la hostilidad y las sanciones económicas de Estados Unidos aumentaron durante la administración Trump, Cuba se ha vuelto hacia nuestros rivales globales, tal como lo hizo durante la Guerra Fría, Rusia y China han aumentado su asistencia económica y su inversión en Cuba y han comenzado a construir alianzas estratégicas. Y también es cierto, aunque relativamente, cuando expone: “Estados Unidos tiene más en común culturalmente con Cuba y más para ofrecer económicamente que Rusia o China si perseguimos una política de compromiso”. Y es relativamente cierto, porque Estados Unidos no debiera, de manera unilateral y a cambio de nada, hacerle a la dictadura cubana demasiadas concesiones económicas; ni convertirse en su nueva vaca nutricia que le permita subsistir por más tiempo.

 

Los dos últimos párrafos de este último fundamento teórico constituyen todo un catálogo de falacias:

 

Cuba está cambiando. Una nueva generación de líderes, nacida después de la revolución de 1959, está tomando las riendas del poder. En abril de 2021, Raúl Castro renunciará como Primer Secretario del Partido Comunista Cubano, renunciando a su último cargo oficial. La economía está cambiando. El proceso de reforma iniciado en 2011 se ha movido lentamente, pero se ha acelerado en el último año, creando una mayor diversidad económica y apertura. La sociedad civil está cambiando, impulsada en gran parte por la expansión de Internet, que ha permitido a las personas crear redes sociales virtuales que se están manifestando en reuniones del mundo real y, ocasionalmente, protestas.

 

Los Estados Unidos pueden tener una influencia positiva en la trayectoria del cambio, pero sólo por estar comprometidos. Continuar con las políticas del pasado o simplemente modificarlas al margen, dejará a Estados Unidos fuera del juego, aislados de sus aliados, aislados de cubanos comunes y corrientes que no sean pequeños grupos de disidentes, y aislados de la nueva generación de líderes cubanos que darán forma al futuro de la isla”.

 

Ni Cuba está cambiando, ni tampoco su economía. Como tampoco es una esperanza de futuro el relevo generacional de los dirigentes del Partido Comunista de Cuba. Díaz-Canel, ha demostrado que puede ser tan ortodoxo como lo pudiera ser Machado Ventura. La sociedad civil, en Cuba es solo un nombre. No hay apertura, ya se está viendo lo que ocurre con el Movimiento San Isidro y el 27 de Noviembre; no hay sindicalismo independiente ni asociaciones de profesionales autónomas. ¡No existe una sociedad civil!

 

La propuesta de compromiso es todo un compendio de buenas intenciones; pero ya sabemos, como tanto se ha dicho, que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Se trata de otro proyecto más, elaborado por personas de alto nivel académico, sin dudas, pero sin conocimiento práctico de la realidad cubana; sin el concurso de aquellos que están al corriente de esa realidad y conocedores de qué realmente es un estado totalitario, de qué es la persecución policiaca, las cárceles, los atropellos, lo que es la lucha día tras día para alcanzar el sueño de una sociedad abierta.

 

Sobre el resto de las propuestas y la hoja de ruta del Proyecto del Centro para la Democracia en las Américas y la Oficina de Washington sobre América Latina, me referiré en otra ocasión.