Mario
J. Viera
Se
trata de un proyecto economicista que omite lo más importante: lo político. En
una transición de la dictadura a la democracia lo importante es establecer todo
el contexto jurídico y social que transforme las estructuras del Estado opresor,
no solo las estructuras económicas. Nada se dice en el proyecto presentado sobre
el marco legal que debe sustentar a una sociedad democrática. Un marco que debe
amparar el ejercicio de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos. Centrarse
únicamente en lo económico hace ver que el único problema de la dictadura son
los factores económicos. Bajo sistemas de gobiernos autoritarios o
dictatoriales, la economía puede florecer, como fue el caso durante la dictadura
de Fulgencio Batista, la tiranía de Pinochet en Chile y el desarrollo económico
que se advierte en la China comunista.
Nada
se dice sobre la actual Constitución. La Constitución vigente debe quedar
derogada y en su lugar restablecer la Constitución de 1940, para darle el marco
legal y legítimo a todo el proceso transicional. Si se entendiera luego que la
Constitución del 40 requiere reformas, estas se deberán hacer por una
Convención electa con la participación de todos los factores políticos de la
nación y no por un determinado grupo de brillantes intelectuales y
especialistas en temas económicos.
Las
“50 actuaciones urgentes” del Consejo para la Transición Democrática en Cuba,
tal como las proyecta, son acciones propuestas para emprender ahora mismo; para
“paliar la situación actual en el país”, como queda expresado en el comunicado
publicado. Más que Consejo para la Transición, este organismo o asociación
debieras denominarse “Consejo ─ particular o independiente ─ de asesoramiento
al actual gobierno”, dirigido a aportar proyectos de reformas, principalmente
económicas, que debieran ser acometidas por el actual y presente gobierno de
Cuba. Es lo que se evidencia en la súplica planteada en el comunicado del supuesto
“Consejo de Transición”: “La vida de los cubanos está en juego y no hay
tiempo que perder. A quién tenga el valor de dar el paso Dios y el
pueblo se lo premiarán y si no se lo demandarán”. No sé que pinta Dios en
este asunto.
Antes
que emprender cualquier reforma económica, lo primero que hay que hacer ─ si se
habla seriamente de una transición hacia la democracia ─ es reformar el Poder
Judicial sobre la base de un código legal que emerja de un marco
constitucional. Por supuesto que, antes, habría que derrocar a la dictadura y
asumir el poder político; sin este elemento primario, todo lo que se proponga
son sueños de una noche de verano: ¡Irrealizables!
Antes
que estar proponiendo “estabilidad de precios”, “equilibrio presupuestario”, “tipos
de intereses”, “tipo de cambio de la moneda único y flexible”, o una “Reforma
fiscal y tributaria con la creación de figuras como IRPF, IVA e Impuesto de
sociedades, como ejes del sistema fiscal” ─ que la gran mayoría del pueblo no
tiene ni la menor idea de lo que esto significa ─, temas estos sobre los cuales
deberá decidir, en su momento, el Congreso ─ ya sea unicameral o bicameral ─
que sea electo luego del periodo necesario de transición, y no presentarlos
para congraciarse con los Estados Unidos y la ultraderecha del Partido
Republicano, hay que exigir la disolución e ilegalización del Partido Comunista
de Cuba; disolver las denominadas organizaciones de masas ─ organismos de control
por parte del PCC ─ de una sola vez, sin buscar su “reducción y extinción
progresiva”, ni “modificar su funcionamiento”, como se propone en el enjundioso
proyecto transicional.
Debe
restablecerse la división política del país en sus primigenias seis provincias,
puesto que una estructura de 16 provincias representa una carga onerosa en el
presupuesto nacional. Debe reformarse el Código Penal vigente. Se debe
reestructurar el Ministerio del Interior para transformarle en Ministerio de
Gobernación, desmilitarizado. Reorganizar las fuerzas armadas y la reducción de
sus filas; suprimir el Servicio Militar Obligatorio. Hacer una profunda depuración dentro de las
instancias de la actual Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del
Estado y presentar ante la justicia a todos los mandos y efectivos de las mismas
que hayan cometido actos violatorios de los derechos humanos de los ciudadanos.
Se deberá depurar a los miembros de los actuales tribunales de justicia, jueces
y fiscales. Restablecer la Autonomía Universitaria de acuerdo con la Ley Docente
del 8 de enero de 1937. Todos, temas que no se han contemplado en el economicista
proyecto “transicional” del mentado “Consejo”.
Como
hay que quedar bien parado ante la derecha republicana, pues ¡Nada!, hay que
pensar en un “Plan especial a la compensación por las expropiaciones del
período revolucionario bajo asistencia y colaboración internacional”. Un
plan de compensación que debe estar bajo la asistencia y colaboración
internacional. De entrada, esto lo tiene que decidir el Congreso en el
ejercicio de la soberanía nacional, y se debe decidir en Cuba sin ninguna intromisión
internacional. Hay muchos problemas que resolver en Cuba antes que estar
prometiendo planes especiales de compensaciones. Eso puede esperar, no resulta
prioritario.
¿Libertad
de empresa? ¡Muy bien, así lo reclama el Consejo para la Transición Democrática
en Cuba! Pero sin definir qué se entiende por tal libertad; por supuesto, los
consejeros pueden alegar que es obvio, aunque, en realidad, no lo es. La Carta
Magna del 40 en su artículo 87 reconoció “la existencia y legitimidad de la
propiedad privada en su más amplio concepto de función social”, lo cual
es extensivo al concepto de empresa, y, agrega “sin más limitaciones que
aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la
Ley”; es decir, toda empresa tiene límites a su libertad; tiene que
inscribirse formalmente en registros públicos, la obligación de pagar
impuestos, la prohibición de causar daños a la salud pública o al medio
ecológico y la obligación de respetar lo dispuesto en las leyes sociales y los
derechos laborales, como el derecho a salarios justos y equitativos, a los
seguros por accidentes laborales, a mantener un ambiente limpio y saludable
para los empleados, a la libre sindicalización y al derecho a la huelga. Temas
estos que tampoco se toma nota dentro del proyecto de los ilustres consejeros.
¡Ah,
y los consejeros se preocupan por la deuda externa de Cuba! Plantean: “Compromisos
transparentes de pago de la deuda externa para promover un acceso ordenado de
Cuba a los mercados internacionales de capitales. Solicitud de asistencia
financiera a los organismos cualificados”. Al respecto yo no omitiría de decir
algo: ¡Al carajo la deuda externa contraída por el régimen del PCC! Los
convenios contraídos con usurpadores de cargos públicos no generan obligaciones.
¿Saldar la deuda externa que se había contraído con la extinta Unión Soviética
a favor de Rusia? ¿Con Venezuela? ¿Con China?
Para qué extenderme más en los proyectos magistrales de un Consejo para la Transición que no ha alcanzado el poder político en Cuba
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