Mario J. Viera
Intensa ha sido la lluvia de cartas,
proposiciones y sugerencias, que no cesa de caer sobre la administración de Joe
Biden, solicitándole la instrumentación de una nueva política hacia Cuba. Desde
el amable intento de los “puentes de amor”, solicitando la remoción de todas
las políticas de Trump tendientes a incrementar las sanciones económicas no
selectivas contra Cuba, y hasta la eliminación del “bloqueo/embargo”; la
romántica propuesta del proyecto del Centro para la Democracia en las Américas,
y la Oficina de Washington sobre América Latina, pidiendo a Estados Unidos dar
el primer paso; la coja propuesta de la Joven Cuba; la carta del Cuba Study
Group con la recomendación de que ambos gobiernos [Estados Unidos y Cuba] “negocien acuerdos de cooperación y faciliten
arreglos económicos entre su sector privado que puedan consolidar
suficientemente las relaciones diplomáticas y la integración socioeconómica
entre los dos países”, más interesado en hacer negocios en Cuba que
cualquier otro criterio altruista; hasta concluir el aguacero con la ríspida
Carta Cuba-Estados Unidos que propone hasta casi la celebración de un simposio
para llevar a cabo las negociaciones diplomáticas entre ambos estados.
Parece, no obstante, que Biden no se está
dando prisa en el tema de la renovación del acercamiento con el gobierno de
Cuba; al menos, hasta ahora, no ha hecho ninguna alusión al asunto. Bueno, sí, este
24 de febrero, aniversario 25 del derribo de dos avionetas de Hermanos al
Rescate por aviones Mig del Ejército Cubano, Biden envió al Congreso una
proclamación por la cual prorrogó, por un año más la declaración de emergencia
con Cuba, firmada por Bill Clinton e 1ro de marzo de 1996, aduciendo que sigue
existiendo la necesidad de continuarla.
En su declaración, Biden expresó: “La posibilidad de entradas no autorizadas a gran escala de embarcaciones registradas en Estados Unidos en aguas territoriales cubanas perturbaría
las relaciones internacionales de los Estados Unidos con respecto a Cuba al
permitir o proporcionar los medios para facilitar una migración masiva de
ciudadanos cubanos y amenazar nuestra seguridad nacional”.
Algo más. El 8 de febrero, el encargado de
negocios estadounidense Mark Cassayre hizo la siguiente declaración: "Tengo el gusto de informarles que, esta
mañana, el secretario de Estado Blinken
va a anunciar que Estados Unidos se comprometerá de nuevo en el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, en calidad de observador", Algunos días
después, Bliken explicaría en un comunicado que “la administración Biden ha reencauzado a Estados Unidos a una política exterior centrada en la
democracia, los derechos humanos y la igualdad”, para agregar: “El uso efectivo de herramientas
multilaterales es un elemento importante de esa visión, y en ese sentido, el
presidente ha instruido al Departamento de Estado a reintegrarse inmediatamente
y de forma robusta con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”; afirmando
además, que “seguirá denunciando abusos en
países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Irán (…) Los que tienen peores registros de derechos humanos no deberían ser
miembros de este Consejo”.
Todavía más. Así se refirió la
exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante el gobierno de
Obama, Samantha Power con respecto a la canción “Patria y Vida”, opinó: "Una mirada muy interesante a la nueva
generación de jóvenes en Cuba y cómo están presionando contra la represión
gubernamental”. Power, que también ha sido nominada por Biden para dirigir
la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID); agregó a su
comentario, diciendo: “Un grupo de
artistas canalizó sus frustraciones en una nueva canción tremendamente popular
que el Gobierno ahora está desesperado por suprimir”.
Ninguno de estos mensajes debe sonar muy
agradable a los oídos de los regentes del PCC.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer
si ya la administración Biden le haya pedido al Departamento de Estado un estudio
para revisar la pertenencia de Cuba dentro de la lista de países patrocinadores
del terrorismo, vuelta a colocar por Trump en la lista negra el 11 de enero de
2021, revirtiendo la decisión tomada por la administración Obama el 29 de mayo
de 2015 para excluirle de tal designación. Todo un regalito de “buena voluntad”
que le dejara Trump a Joe Biden con el propósito de dificultar el proceso de
renovar las relaciones diplomáticas entre Estados y Cuba.
Mientras Biden se toma su tiempo para la
elaboración de su política hacia Cuba, ya le han aparecido cuatro piedrecitas
en su zapato para hacerle cojear. Se trata de cuatro congresistas cubano
americanos ─ casualmente todos con representación de Florida en el Congreso de
Estados Unidos ─, el senador Marco Rubio y los representantes Mario
Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A, Giménez, lo cuales, en un
comunicado dirigido a la Casa Blanca, instaron a “mantener la presión” sobre
Cuba a propósito de un tema muy delicado en Miami, como es el nuevo aniversario
del derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate sobre aguas
internacionales.
En el comunicado, los cuatro radicales
congresistas declaran: "Cada año que pasa nos sirve como
recordatorio que este régimen asesino, narcoterrorista y antiamericano
no ha cambiado en lo absoluto. El régimen castrista debe enfrentar
consecuencias por sus actos criminales. Específicamente el asesino Raúl
Castro, quien ordenó esta atrocidad, así como los tres individuos ya
imputados en una Corte Federal de los Estados Unidos: el general Rubén Martínez
Puente y los pilotos de combate Lorenzo Alberto Pérez-Pérez y Francisco
Pérez-Pérez. El régimen ha demostrado repetidamente que no respeta la vida
humana ni los derechos humanos más básicos. Mientras que los asesinos
responsables sigan caminando sobre la faz de la tierra seguiremos exigiendo
justicia para las víctimas del régimen: Carlos, Armando, Mario y Pablo”.
Declaraciones estas muy duras, que obligan
a pensar, si resulta políticamente ventajoso para la Casa Blanca impulsar un
acercamiento con el gobierno de Cuba. Por cierto, en el comunicado, ni por
casualidad hicieron una referencia a la masacre del remolcador Trece de Marzo,
ocurrida el 13 de julio de 1994,
provocada por la embestida de embarcaciones gubernamentales contra el
remolcador, provocando el saldo de 41 civiles, incluidos 11 niños, que pretendían
llegar a territorio de Estados Unidos. Cualquiera sea un poco suspicaz,
pensaría que, el propósito del comunicado, aparte de tener la intención de
dificultar cualquier relajamiento de las relaciones diplomáticas con Cuba,
estaría dirigido a las elecciones intermedias de 2022. ¡El factor Miami-Florida!
Sí, el factor Miami-Florida, algo que toma
en cuenta la carta del Cuba Study Group., dirigida al presidente Joe Biden,
cuando, en una de sus partes, resalta que, “el
gobierno cubano también debe darse cuenta de que es poco probable que el
acercamiento con Estados Unidos sea sólido si intenta eludir Miami”. Reconociendo que la política de Estados Unidos
hacia Cuba, no debiera guiarse por la política electoral interna, el Cuba Study
Group consideró que esto solo será “una
aspiración más que un reflejo de la realidad actual” como consecuencia de, “la fuerte oposición partidista en el
Congreso de Estados Unidos y el enorme papel de Florida (y su número cada vez
mayor de votantes inmigrantes cubanos) en el Colegio Electoral (…) El sentimiento de los votantes
cubanoamericanos hacia el gobierno cubano y las relaciones entre Estados Unidos
y Cuba representa el mayor obstáculo político interno hacia la normalización”,
lo que yo denomino “Factor Miami-Florida”.
En lo esencial, el cúmulo de sugerencias
que, desde diferentes grupos de intereses, se promueven, se resumen en lo
siguiente: levantar las restricciones a los vuelos comerciales y chárter, poner
fin a los límites de remesas, restablecer los servicios consulares en Cuba,
reiniciar el Programa de Reunificación
Familiar para Cubanos, suspender la ejecución de los títulos III y IV de la
Ley Helms-Burton; todo esto, algo que, como he dicho en otro artículo, Biden,
por sí mismo y por condiciones humanitarias, puede decretar la derogación de
las sanciones económicas que Donald Trump, previamente había dictado. No
obstante, el presidente y su gobierno se están tomando su tiempo para
implementar todo lo concerniente a la política que ha de seguir, respecto a
Cuba.
Ahora bien, algunos proponen que la
administración Biden se decida por el levantamiento del embargo y hasta hay los
que reclaman su levantamiento incondicional (Carta de la Joven Cuba). Esto es
algo muy diferente. Repito aquí lo que antes dije en el artículo que publiqué
el 12 de febrero (La Carta de la Joven Cuba al presidente Biden, cojea): “Aunque el embargo sea, en el presente, solo
una reliquia anquilosada del periodo de guerra fría; aunque su aplicación no ha
conseguido aperturas y reformas profundas en Cuba, las sanciones económicas contempladas en las leyes Torricelli y
Helms-Burton no pueden o no deben ser levantadas de manera unilateral por parte
de Estados Unidos, y aunque en muchos sectores de la economía estadounidense se
plantean reclamos para su supresión, optar por su levantamiento necesita pasar
por un proceso de negociaciones, en una especie de quid pro quo”.
El embargo es un tema espinoso y de muchas aristas. Independientemente
de que la Ley Helms-Burton codificó el embargo, también estableció. como premisa
para su levantamiento, la existencia de un Gobierno de transición en Cuba, con determinadas
características, entre las cuales se pueden enumerar las siguientes: que haya
legalizado todas las actividades políticas; que haya puesto en libertad a todos
los presos políticos; haya disuelto el Departamento de Seguridad del Estado,
incluidos los Comités de Defensa de la Revolución y las Brigadas de Respuesta
Rápida; y haya expresado públicamente su compromiso de organizar elecciones
libres y justas para un nuevo gobierno; con la participación de múltiples
partidos políticos independientes; que exprese públicamente, su decisión de
avanzar en el establecimiento de un poder judicial independiente; el respeto de
los derechos humanos y las libertades fundamentales internacionalmente
reconocidos; la creación de condiciones para el establecimiento de sindicatos
independientes, y de asociaciones sociales, económicas y políticas
independientes; y sobre todo que ese gobierno de transición no incluya a
Fidel Castro ni a Raúl Castro. Solo cuando se certifique la existencia de
un gobierno de transición y la formación de un gobierno elegido
democráticamente, podrá levantarse el embargo.
Dentro de estas condicionales presentes en la vigente ley, un
presidente, sea Biden o cualquier otro presidente, dictar por orden ejecutiva
el levantamiento del embargo sería ir contra derecho, por muy legítima que
pudiera ser considerada tal decisión. Para derogar la Helms-Burton, el Partido
Demócrata necesitaría ganar en el 2022 una mayoría congresional de cerca de las
dos terceras partes de todos los escaños, tanto en el Senado como en la Cámara
de representantes, algo que a todas luces no parece ser probable, Aún en el
caso que esto ocurriera y se lograra derogar la Helms-Burton debería
considerarse si resultara apropiado el levantamiento del embargo de solo un plumazo,
o hacerlo por etapas.
Bajo las condiciones políticas que hoy rigen en Cuba, el levantamiento
del embargo no redundaría en mayores beneficios para el cubano común y corriente;
solo se obtendrían algunas ligeras mejoras existenciales. El cubano continuaría
siendo el mismo gallo desplumado de antes, aunque con un poco más de maíz. Tal
vez quedaría sin sentido la coartada del régimen como plaza sitiada. Tal vez la
retórica de lucha “antimperialista” se suavizase. Pero, el Partido Comunista de
Cuba mantendría su no discutible hegemonía; las leyes de desacato no serían revocadas
y el sistema judicial perduraría como tal y no como uno de los poderes
independientes del estado. La represión en contra de la opinión disidente persistiría
bajo formas más sutiles, los medios informativos continuarían bajo el monopolio
oficialista y con mayores recursos económicos para sostenerles y para reforzar
la propaganda gubernamental; los sindicatos continuarían siendo secciones
sindicales para servir como correa transmisora de las directivas del PCC.
La economía pudiera mejorar, pero solo, en especial, para tanto el
sector de los empresarios privados, como el de los inversores extranjeros en
asociación con el gobierno; y el sector de los altos cargos del aparato gubernamental.
No quedaría resuelto el problema del desabasto de la población, porque la
prominencia estaría en el sector estatal de la economía bajo el principio de la
planificación centralizada. Mantener el embargo, por otra parte, no garantiza
de ningún modo la democratización de Cuba; levantar el embargo, tampoco
garantizará la democratización del país.
Alcanzar la democracia en Cuba, no viene de mano del embargo estadounidense,
ni de su supresión. La democracia, en Cuba, se alcanzará cuando cese el
tribalismo entre los diferentes grupos de la oposición interna; cuando esa
oposición se disponga a unirse en el lanzamiento de un reto poderoso al
régimen; cuando esa oposición se aparte, se autonomice de los grupos de
ultraderecha del exilio; cuando esa oposición deje de ser figura virtual para
convertirse en presencia real actuando dentro de las entrañas del pueblo.
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