Mario
J. Viera
Al
igual que en 2003, Fidel Castro, atacado de paranoia, lanzara una ola represiva
para acallar toda manifestación de disidencia y la voz del periodismo
independiente, el inepto representante de la dictadura del PCC Miguel
Díaz-Canel ha emprendido un poderoso movimiento represivo en contra de aquellos
que, en ejercicio de sus legítimos derechos a la manifestación pública y a la
protesta, el 11 de julio de 2021 se manifestaron masivamente en 40 ciudades de
Cuba, con el reclamo de libertad, de
reformas políticas, de la falta de medicamentos y de pan.
Ante
la avalancha de miles de cubanos lanzándose a las calles, el mediocre
Díaz-Canel sintió miedo. Temeroso de mostrarse débil ante la opinión del
verdadero hombre fuerte del poder, Raúl Castro, emitió un patético, irreflexivo
y estúpido llamamiento a los fieles de la dictadura, los militantes del PCC y
las turbas de elementos de baja estofa social agrupados dentro de las brigadas
de respuesta rápida, para, al amparo de los mercenarios agentes de la Seguridad
del Estado, los efectivos de la corrupta policía nacional, las violentas tropas
especiales de Ministerio del Interior, salieran a enfrentar las protestas.
Como
muy bien lo ha declarado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de
Amnistía Internacional: “En respuesta a las protestas del 11 de julio, las
autoridades cubanas han utilizado la misma maquinaria de control que usan desde
hace décadas para actuar contra quienes piensan de otra manera, aunque esta vez
en una escala que no habíamos visto en casi 20 años y con nuevas tácticas que
incluyen censura e interrupciones de Internet para controlar y encubrir las
graves violaciones de derechos humanos que han cometido”. En fin, el
gobierno usurpador, que hoy asume el poder político en Cuba, ha triplicado los
actos represivos de la Primavera Negra de 2003.
En
sentido amplio de la palabra, las manifestaciones espontáneas del 11 de julio
fueron pacíficas enarbolando consignas contra Díaz-Canel, gritos de Libertad y
la consigna de Patria y Vida; en algunos muy escasos sectores de los
manifestantes se cometieron varios actos de vandalismo contra las Tiendas MLC,
principalmente en la ciudad matancera de Cárdenas, algún asalto contra autos
policiales y lanzamiento de piedras contra efectivos de la policía,
principalmente en el reparto La Güinera del Municipio Arroyo Naranjo en La
Habana. Los actos de violencia fueron ejecutados principalmente por los
sicarios de la Seguridad del Estado y por las bandas de respuesta rápida.
Ninguno de estos estallidos de protestas, en los diversas poblaciones y
ciudades donde se produjeron, fueron incentivados por los grupos disidentes al
interior de la isla y, mucho menos, por las organizaciones de exiliados de la
Florida. La inmensa mayoría de los participantes en las manifestaciones no
formaban parte de los grupos contestarios de Cuba. Muchos de ellos se habían
unido a las manifestaciones, contagiados por el reto planteado a la dictadura,
dando rienda suelta a sus frustraciones como ciudadanos y al ansia de libertad
que alienta en cada alma humana.
La
maquinaria represiva del régimen despótico del Partido Comunista de Cuba se
puso en marcha, con el arresto de una cifra conservadora de más de 1 300
ciudadanos. Muchos de esos detenidos todavía permanecen en lugares desconocidos
para sus familiares; muchos de ellos en edades de la adolescencia. Hubo golpes,
hubo atropello y hasta un policía asesinó a disparos a uno de los manifestantes
en La Güinera, actuando con total impunidad.
Había
que imponer el miedo y dar un escarmiento contundente dirigido a acallar el
ánimo levantisco del cubano. Así comenzó el verano e invierno negros de Cuba
Según
la página oficial de la dictadura cubana, Cubadebate, se habían juzgado hasta
el 4 de agosto de 2021, a 62 personas. Del total de juzgados, aseguró, tratando
de ocultar lo inocultable, 53 fueron sancionados por “desórdenes públicos”;
alegando que a estos se les impusieron sanciones leves de un año de privación
de libertad o multa de hasta 300 cuotas. Unos muy pocos, demasiado pocos,
fueron puestos en libertad luego de una estancia en calabozos de Villa Marista
y de 100 y Aldabó. De acuerdo con informaciones independientes, Ciber Cuba
reportó (20/01/2022) que solo se conocía de nueve personas que
hayan sido beneficiadas con el sobreseimiento de sus causas, mientras
que 99 personas han sido liberadas con multas.
Pero,
el 14 de enero de 2022 informes independientes mostraban que, en esa semana,
620 detenidos habían enfrentado juicio o ya tenían fecha para su
enjuiciamiento, y entre ellos había cinco menores de edad.
El
Tribunal del Municipio Plaza de la Revolución, en esa fecha, impuso sanción de
prisión a:
1
Leoalys de la Caridad Valera Vázquez (15 años de edad), 12 años de prisión.
2
Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez (15 años de edad), 15 años de prisión
3
Karen Vázquez Pérez (18 años de edad), 15 años de prisión.
4
Marlon Brando Díaz Oliva (15 años de edad), 18 años de prisión.
5
Jesús Enrique Vázquez Cabrera (15 años de edad), 18 años de prisión.
6
Elier Padrón Romero (18 años de edad), 18 años de prisión.
7
Orlando Carvajal Cabrera (15 años de edad), 20 años de prisión.
8
Dianyi Liriano Fuentes (20 años), 20 años de prisión.
9
Alexis Sosa Ruiz (20 años de edad), 20 años de prisión.
10
Lázaro Zamora González (20 años de edad), 20 años de prisión.
11
Alexander Guillermo Martínez Amoroso (25 años de edad), 20 años de prisión.
12
José Luis Sánchez Tito (20 años de edad) sentencia de 22 años de prisión.
13
Frank Aldama Rodríguez (20 años de edad), 22 años de prisión.
14
Miguel Páez Estiven (25 años de edad), 30 años de prisión.
15
Dayron Martín Rodríguez (25 años de edad), 30 años de prisión.
Ya
antes, entre el 20 y 21 de diciembre de 2021. Chadrián Vila Sequín (22 años de
edad), había sido sancionado a 11 años de privación de libertad, en
Matanzas; y el 27 de diciembre de 2021 en el Tribunal Provincial de
Artemisa había dictado condena de prisión a:
Luis
Giraldo Martínez (27 años de edad), 12 años de prisión
Yeremin
Salcine Jane (31 años de edad), 10 años de prisión
Eddy
Gutiérrez Alonso (24 años de edad), 8 años de prisión.
Además,
el Tribunal Municipal Popular de San José de las Lajas, impuso sanción conjunta
y única" a Roberto Pérez Fonseca, (38 años de edad), 10 años de prisión.
El
periódico Granma de fecha 25 de enero actual reconoció que hay “790 personas
instruidas de cargo” según asegura la fiscalía “por actos vandálicos, que
atentaron contra autoridades, personas y bienes”, de los cuales, asevera, el 21
% de estas personas tenían antecedentes penales. Al mismo tiempo, reconoce que
existen 110 expedientes ya presentados ante loas tribunales contra 710 acusados
para su juzgamiento”, una cifra esta descomunal de acusados en tan breve
tiempo, supuestamente por actos vandálicos. Informa, además, el libelo oficial,
que “el 69 % de ellos asegurados con la medida cautelar de prisión provisional”;
es decir un total de 490 están en prisión, Especificó Granma que entre los 710
encausados ya, existen 33 entre las edades de 16 a 18 años de edad; y 25 de los
mismos permanecen recluidos en prisiones.
Contra
todos los encausados, muy ciertamente los fiscales actuantes pedirán largas
condenas de prisión, como ya se ha hecho presente en varios tribunales
provinciales y municipales, que varían entre los seis años de prisión hasta los
30 años. Ya, antes de ser presentados ante los tribunales, como es notoria
costumbre de sistema judicial del régimen, están hallados culpables sobre la
base de los testimonios que aporten al caso los oficiales de la Seguridad de
Estado a cargo de las actuaciones.
A
todas estas cifras, ahora aportadas por Granma hay que agregar los casos ya
mencionados supra, más los que relacionamos como pendientes, tales como:
1.
El Tribunal Provincial de Mayabeque en San José de las Lajas, el día 20 de
enero de 2022 inició juicio acusatorio contra las hermanas Angélica y María
Cristina Garrido, y otros 5 manifestantes del 11 de julio. La fiscalía interesa
para ellas penas de prisión de 10 y 15 años respectivamente; y para el resto de
los acusados, Giorbis Pardo del Toro, Alexis Pedro Acosta Hernández, Osmany
Hernández Rodríguez, Yanet Sánchez Cocho y Patricia Lázara Acosta Sánchez, la
fiscalía penas de prisión entre 18 y 7 años de prisión.
2.
En La Habana esperaban sanción el 14 de enero de 2022: Yosvany García, de 33
años de edad; fue acusado de sedición junto con otros 20 manifestantes,
incluidos cinco adolescentes de 17 y 16 años, pudiendo enfrentar una sanción de
30 años de prisión. Rowland Castillo, de 17 años de edad. Los fiscales están
pidiendo una sentencia de 23 años en su contra por sedición.
Esta
es una muestra, no completa de todos los ciudadanos que el régimen del PCC ha
llevado ante los tribunales, y las penas impuestas o solicitadas contra los
mismos, solo por ejercer el derecho legítimo de manifestación, de expresión y
de protesta.
Las
informaciones que ahora ofrece el poco creíble diario Granma, no responden a un
verdadero ejercicio de transparencia informativa. Su verdadero propósito va
dirigido al pueblo; para que todos conozcan a que se expone todo aquel que se
decida por manifestarse públicamente en contra del régimen impuesto por el
reaccionario PCC; para que todos comprendan, que la pesadilla orwelliana, es
hoy y lo será siempre, la realidad que en Cuba se vive.
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