Si nos proponemos hacer alianzas con una
organización opositora como Somos +, debemos dejar bien en específico nuestras
condiciones y nuestras proyecciones. Una alianza se establece siguiendo una
línea de convergencias de objetivos, fundada en los principios que nos
identifica y dejando de lado lo que nos diferencia. Pero sí establecer, como primera condición,
que la alianza se debe establecer sobre el principio de negación al actual
gobierno, no reconociéndole legitimidad sino definiéndole como lo que
verdaderamente es: una dictadura sustentada en un gobierno dirigido por
usurpadores sin la legitimidad que nace de la aprobación mayoritaria de la
población expresada en elecciones libres y secretas y ajustadas a los principios
que se reconocen internacionalmente de transparencia y universalidad.
Tenemos derecho a compartir nuestras
ideas, tenemos derecho a decir lo que pensamos, tenemos derecho a defender con
seriedad y determinación el futuro que queremos.
¡Claro que tenemos esos derechos! Por
tanto no es necesario proclamarlos. Sencillamente deben ejercerse. La redacción
de este primer párrafo de las Bases y Principios, suena como si se estuviera
buscando una justificación para “decir lo que pensamos” para “defender con seriedad
y determinación el futuro que queremos”; es como si estuviéramos pidiendo
permiso para el ejercicio de esos derechos.
Somos + se funda como un movimiento que
convoca a todos los cubanos que deseen participar en la aventura hermosa y
difícil de ayudar a construir un país moderno, próspero y libre.
Muy bien por “Somos +”, si solo ese es el
objetivo que busca: participar en una aventura. Pero la lucha política no es
una aventura, sino un accionar consciente y decidido para alcanzar, en primer
lugar, el poder político. Sin ese objetivo primario no se estará hablando de
organización política sino, solo y nada más, de una organización de carácter
civilista. Hay que declarar: “Somos una organización de oposición al régimen
castrista basada en principios democráticos, y en la tradición republicana de
la nación; que para alcanzar sus objetivos políticos se conduce por la vía del
accionar pacífico y cuyo propósito es la derogación del sistema totalitario y
el establecimiento de un sistema político que se funde sobre el estado de
derecho, el acatamiento a las normas de una Constitución de corte liberal y
democrática que consagre la separación de los poderes del Estado y defina
claramente una Declaración de Derechos civiles y ciudadanos.
Es imprescindible hacer una Declaración de
Principios por medio de la cual se exprese el carácter tiránico del actual
gobierno, enumerando todas sus características: 1 Gobierno continuista basado
en la legitimación de una sola organización política con desmedro de la opinión
opositora a la que se demoniza, ultraja, persigue y reprime usando fuerzas
policiacas y paramilitares; 2 Militarismo como base de sustentación del
régimen; 3 Supresión de los derechos de manifestación, de agrupación pacífica y
de expresión; 4 Control y censura de los medios informativos y rechazo al
ejercicio del periodismo independiente; 5 Control absoluto de la economía por
parte del Estado; 5 Estado policiaco ejercido por medio de la estricta
vigilancia de los cuerpos de Seguridad del Estado y de espionaje sobre toda la
población. 6 Ausencia de las garantías procesales en los casos penales que
niegan de hecho el Debido Proceso y donde el Proceso de Instrucción no se
conduce por la vía judicial sino por “instructores” policiacos. 7 la Soberanía
no es ejercida por el Pueblo, sino que descansa y se ejerce desde el Buró
Político del Comité Central del Partido Comunista.
Ya con estos lineamientos bien definidos
se puede entonces convocar “a todos los cubanos que deseen participar”, no en
una aventura sino en la lucha por el recate de los derechos civiles, económicos
y sociales de todos los ciudadanos y por el establecimiento de la República que
se organizará “con todos y para el bien de todos”, como había deseado que así
fuera el Apóstol de las ideas republicanas, José Martí.
Política
Creemos que todos los ciudadanos debemos
elegir a quienes nos gobiernan, en los municipios, las provincias y la nación,
mediante el voto directo y secreto. Amparados en una nueva constitución que
restituya la autonomía de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial;
cuya absoluta independencia es la única garantía de una democracia real.
Sí, es cierto: “creemos que todos los ciudadanos debemos elegir a quienes nos
gobiernan, en los municipios, las provincias y la nación, mediante el voto
directo y secreto”. Está bien ¿Cómo hacemos efectiva esta creencia?
¿Esperando que el Partido Comunista se decida a escuchar nuestro consejo y se
decida a hacer elecciones mediante el voto directo y secreto para que podamos
elegir al gobierno y a las autoridades municipales y provinciales? ¿Esperando
que los usurpadores del poder en Cuba se llenen de civilismo y se decidan per se para entrar en un proceso de
transición hacia un estado verdaderamente democrático?
No tenemos solo que creer. Tenemos que
exigir. Primero: exigir la supresión inmediata del artículo 5 de la espuria
Constitución estalinista vigente en Cuba. Segundo: Exigir la renuncia del
gobierno actual y la formación de un gobierno provisional de transición
política que en un plazo de 18 meses convoque a la formación de partidos
políticos y a elecciones para elegir al nuevo gobierno. Y, Tercero: Exigir que
se declare y respete la autonomía municipal que sí es “la única garantía de una
democracia real” unida a la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial.
¿Por qué ampararse en una “nueva
Constitución” que requeriría la convocatoria a una Asamblea Constituyente
Soberana formada por todos los factores políticos del país tanto de la
oposición como del gobierno, cuando ya contamos con una Constitución, la de
1940, que no ha sido derogada de acuerdo con la ley constitucional establecida
para la reforma parcial o total de la Constitución en su Cláusula de Reforma?
La Constitución de 1940 fue el documento fundacional más progresista de toda la
América Latina cuando fue aprobada. Cierto es, debe ajustarse a las nuevas
condiciones políticas y sociales, ser reformada y ser renovada; pero esto
podría ser luego de su puesta en vigencia y de acuerdo con lo estipulado en su
Cláusula de Reforma.
Proclamar el restablecimiento de la
Constitución de 1940 tiene más fuerza política que proclamar el establecimiento
de una Constitución que ni siquiera ha sido redactado el texto de su Proyecto
ni recibido el consenso de la nación. Y tiene más fuerza porque, en primer
lugar, ello significa retornar a la democracia republicana anterior al zarpazo
del 10 de marzo de 1952.
Es necesario señalar que la Constitución
de 1940 surgió en medio de una violenta coyuntura política creada por el poder
de Fulgencio Batista y Zaldívar. Se había dictado una Ley Electoral en 1939
para elegir el nuevo gobierno pero de las experiencias acumuladas a partir de
la caída del gobierno de Gerardo Machado, los partidos de la oposición, que
conocían que tras la figura del Presidente Federico Laredo Bru estaba el
verdadero poder en manos de Fulgencio Batista, lanzaron la consigna que
prevaleció entonces: “Constituyente
primero, Elecciones después”. En los momentos actuales la consigna pudiera
ser: Primero restablecimiento de la
Constitución de 1940 y gobierno provisional de transición y elecciones después.
Dicha constitución debe incluir la premisa
insoslayable de garantizar el pleno disfrute de todos los derechos, plasmados
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así como otros adicionales
que como país instauremos.
La constitución debe convertirse en el
instrumento legal y moral más preciado de la sociedad. Y si algo tiene que ser
irreversible e irrevocable en su contenido, que sean los más altos valores de
participación democrática, del respeto a la soberanía ciudadana y a la
diversidad en todas sus manifestaciones, como garantías eternas para la paz y
la fraternidad nacional.
Nadie puede estar por encima de la ley, ni
fuera de su protección.
Estos enunciados presupuestos están ya
recogidos dentro del canon de la Constitución de 1940.
El castrismo ha hecho todo lo posible para
denigrar y demonizar la Constitución de 1940 declarando que “no era otra cosa que una Constitución tan
burguesa y neo-colonial como las que le precedieron […], que era además hipócrita porque contenía
esos pocos preceptos […] que no eran
verdaderamente revolucionarios”.
Hay un efecto de transferencia de asumir el
discurso de la tiranía cada vez que se propone la formulación de una “nueva”
Constitución.
En cuanto a los Derechos Fundamentales, la
Constitución del 40 es de carácter incluyente, como establece su Artículo 40: La enumeración de los derechos garantizados
en este Título (Derechos fundamentales) no
excluye los demás que esta Constitución establezca, ni otros de naturaleza análoga o que se deriven del principio de la
soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
Creo de utilidad citar las palabras del Dr.
Carbonell Cortina quien siempre fue un defensor de los principios de la
Constitución de 1940:
“Si
queremos ponerle fin a la tiranía y cerrar el ciclo tenebroso de la usurpación,
tenemos que encontrar, después de Castro, una
fórmula de convivencia con visos de legitimidad. Y esa fórmula no es la
Constitución totalitaria de 1976, aunque se le hagan remiendos. Ni es otra Ley
Fundamental espuria, impuesta sin consentimiento ni debate durante la
provisionalidad.
No,
la única que tiene historia, simbolismo y arraigo para poder pacificar y
regenerar el país antes de que se celebren elecciones libres, es la Carta Magna
de 1940. Ella fue el leitmotiv de la lucha contra Batista, y no ha sido abrogada ni reformada por el
pueblo, sino suspendida por la fuerza.
Lo importante es tener una base
constitucional que haya sido legitimada por la voluntad soberana del pueblo y
que permita encauzar armónicamente la transición a la democracia representativa.
Podrá después el Congreso o los delegados electos a una Asamblea Plebiscitaria
reformar o actualizar la Constitución del 40, supliendo sus deficiencias y
podando sus casuísticos excesos”.
En cuanto a la integración del gobierno
provisional de transición debe definirse sus prerrogativas, pero declarando que
la facultad de ejercer la capacidad legislativa, más allá de aquellas
reglamentaciones y disposiciones dirigidas a asegurar el orden público, la reforma
del sistema judicial y la depuración de los organismos del estado totalitario,
no está contemplada en esas prerrogativas
Fuerzas Políticas
… son los partidos, aún en los países más
desarrollados, los principales protagonistas del necesario debate político
constante. En tal sentido creemos en la necesidad de una Ley de Partidos
políticos, que instituya el orden y la transparencia desde la creación, las
campañas, las finanzas y el papel de los partidos en el ejercicio del poder.
Se
requiere una Ley de Partidos o más bien una Ley o Código Electoral, sin dudas
de ninguna clase; pero enunciar esto, solo constituye parte de un pliego de
buenas peticiones; pero ¿a quién dirigir esta petición? ¿Al gobierno de los
Castro?
Esta
Ley o Código Electoral ya existe y es el aprobado en 1943, solo se requiere
indagar en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para conocer si
existe alguna copia del mismo, aunque hay un libro de la Editorial Lex 1948 que
recoge la Ley Nro. 17 de 31 de mayo de 1943. Solo se requeriría hacerle algunas
modificaciones como establecer el derecho del voto a todos los mayores de 18
años. Además previamente antes de la convocatoria a elecciones se deberá
restructurar el Tribunal Supremo de Justicia para poder establecer legítimamente
al Tribunal Supremo Electoral como órgano rector del proceso eleccionario. Con
esto volvemos al primer punto: designación de un gobierno provisional de
transición quien deberá hacer la convocatoria electoral luego de confeccionado
el Censo Electoral Nacional.
Tengamos
en cuenta el Artículo 102 de la Constitución de 1940 que establecía: “Para la constitución de nuevos partidos
políticos es indispensable presentar, junto con la solicitud correspondiente,
un número de adhesiones igual o mayor al 2% del Censo electoral
correspondiente, según se trate de partidos nacionales, provinciales o
municipales".
La
Constitución de 1940 reconoce la libre organización de partidos y asociaciones
políticas, salvo con una prohibición expresa: “No podrán, sin embargo, formarse agrupaciones políticas de raza, sexo o
clase” (Artículo 102), y declarando antes, en su Artículo 34, como ilícita
“la formación y existencia de organizaciones
políticas contrarias al régimen de gobierno representativo democrático de la
República, o que atenten contra la plenitud de la soberanía nacional”.
Con
vistas a asegurar estas libertades y las garantías constitucionales y sociales, una vez restablecida la
Constitución de 1940, el gobierno provisional de transición deberá restablecer
el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales en concordancia con lo
estipulado en la Ley 7 de 31 de mayo de 1949, tal y como estaba vigente antes
del 10 de marzo de 1952 (Está en nuestro poder esa Ley)
Libertad
de expresión
No
es necesario dedicar un acápite especial para este tema. Se declarará que “no
puede existir una verdadera democracia sin la más amplia libertad de expresión
para todos los ciudadanos” dentro de la Declaración de Principios.
Economía
Este
es un elemento clave en todo programa de gobierno y deberá argumentarse
sólidamente. En primer lugar deberá declararse que se reconoce a la propiedad
privada en su carácter social y la no intromisión del Estado en las actividades
productivas y económicas del país y abogar por una economía de mercado que se fundamente
en la libre competencia y la condena del monopolio. La economía de la Nación no
puede ser conducida de acuerdo con principios ideológicos de cualquier modelo.
La
lucha en el campo económico debe aclararse que no es contra la riqueza legal y
honestamente obtenida sino contra la pobreza. Una sociedad donde la pobreza es
la característica predominante conspira contra los principios democráticos y
siempre será una sociedad inestable y propensa a caer en la dictadura.
Es necesario establecer legalmente un
salario mínimo, que se calcule teniendo en cuenta el concepto de salario real,
mediante un mecanismo flexible, que permita su constante adaptación a las
variaciones en los precios de los productos y servicios disponibles en el
mercado.
La
Constitución de 1940 establece el procedimiento para establecer el salario
mínimo tanto para el sector industrial, agrícola y de servicios como para las
labores que requieran calificación técnica especializada.
El
gobierno castrista ha fallado en su programa de industrialización del país. Un
gobierno democrático deberá esforzarse por incentivar el capital nacional y por
atraer capitales extranjeros dedicados a la producción industrial bajo el
estímulo de las leyes, la supresión del peculado público, la seguridad pública
y la aplicación de una correcta política impositiva. Sin caer en una política
proteccionista se deberá establecer condiciones para que el capital privado
nacional juegue un papel destacado en la vida económica de la nación.
Se
deberá establecer una política financiera inteligente que conduzca a la
valoración de la moneda nacional.
Deberá
reorganizarse la banca nacional y darle funcionalidad al Banco Nacional de Cuba
en concordancia con la Ley No. 13, del 23 de diciembre de 1948 teniendo autonomía
orgánica, personalidad jurídica independiente y patrimonio propio; con
capacidad para centralizar las reservas monetarias y regular el crédito; crear
y retener medios de pago; actuar como Agente Financiero y Consejero Económico
del Estado; y ejercer en relación con la banca privada, las funciones que le
sean confiadas y actuar como cámara de compensación.
Se
debe elaborar un acápite dentro del Programa que trate de la Deuda Externa que
la República heredará del incompetente gobierno castrista. Se debe declarar:
Primero.
La República de Cuba no reconocerá a tercer país que se subrogue la deuda
contraída por el régimen castrista con la desaparecida Unión de Repúblicas
Soviéticas.
Segundo:
La República revisará cuidadosamente las deudas y obligaciones contraídas por el
gobierno usurpador a nombre de Cuba con otros gobiernos para determinar si se
deberá asumir tal deuda, capitalizarla o declararla nula.
La
usurpación de poderes no es fuente de derechos.
Educación
Podemos
coincidir con el enunciado que de este tema se presenta. Sin embargo habrá que
matizar su contenido, declarando: Primero que la Educación ha de ser un interés
primordial de la República concebida como inversión básica para garantizar el
futuro desarrollo económico de la Nación y libre de influencias ideológicas de
cualquier tipo. Debe sustentarse en principios científicos. Segundo, la
educación que imparta el Estado tendrá carácter laico, declarando la
obligatoriedad y gratuidad de la misma hasta el Octavo grado de la Enseñanza
elemental.
En
la Enseñanza preuniversitaria se restablecerá el Bachillerato, tanto de
Ciencias como de Letras, con una extensión de cinco años de acuerdo con la
reforma del Dr. Juan J. Remos en 1937 con la adecuada preparación académica
para el ingreso a las carreras universitarias, incorporando en su currículum el
estudio de la Historia de Cuba, de la Sociología, de la Sicología, y de los
principios de la Filosofía. Los locales donde se imparta la enseñanza
preuniversitaria deberán contar con laboratorios de Física, Química y Ciencias
Naturales.
Se
deberá dotar a las universidades con todos los recursos necesarios para formar
profesionales debidamente calificados.
Rescate
de la calidad de la enseñanza. La gran mayoría de los maestros de las
enseñanzas primaria y secundaria carecen de la debida preparación pedagógica y
didáctica por lo que se deberán restablecer las Escuelas Normales para
Maestros.
Se
proclamará en todos los centros universitarios la Autonomía Universitaria, refrendada
en el artículo 53 de la Constitución de 1940 por la que se garantice a cada
universidad la libertad de tomar dentro de su propia organización y por medio
de sus propios procedimientos las decisiones relacionadas con su legislación y
administración
Plenamente
de acuerdo con esta declaración: La remuneración
de los maestros y profesores debe estar acorde con la importancia que tiene la
educación en cualquier sociedad. Retribuir dignamente a estos arquitectos del
espíritu, no es solo la garantía de un futuro mejor, es también un deber moral
de la nación.
Salud
El acceso a la atención médica, de igual
forma que a la educación, constituye un baluarte imprescindible para los
cubanos.
Es
posible que este término de “baluarte imprescindible” se ajuste a la segunda
acepción que da la Real Academia de “amparo y defensa”. Políticamente no dice
nada, Hay que ser más preciso. La salud pública debe ser de atención
prioritaria del Estado pues contar con una población saludable y apta permite
que cada persona pueda desplegar todas sus capacidades productivas y participar
en el desarrollo social y económico de la Nación.
Los
servicios médicos hospitalarios son cada vez más costosos, y su dispensación
gratuita para todos constituye un poderoso gravamen en el gasto público. Los
recursos económicos para mantener un programa universal sanitario no descienden
como el maná del cielo. Los recursos que maneja el Estado provienen de los
contribuyentes, de los impuestos deducidos de sus ingresos. En los hospitales
públicos hay muchos servicios que se pueden ofrecer gratuitamente; pero otros
resultan onerosos; por tanto deberá crearse un Seguro Social que les permita a
las personas de bajos ingresos y a los jubilados, ancianos y niños obtener la
debida atención y servicios facultativos bien sea a bajo costo o cubiertos por el
Seguro Social.
El
personal médico que labore en instituciones hospitalarias públicas deberá ser
retribuido con un salario acorde con “su
noble y sacrificado trabajo” y de acuerdo a su nivel de calificación.
De
acuerdo con el Artículo 81 de la Constitución de 1940 sobre este aspecto,
establece: “Se reconoce el mutualismo
como principio y práctica sociales. La Ley regulará su funcionamiento de manera
que disfruten de sus beneficios las personas de recursos modestos, y sirva, a
la vez, de justa y adecuada protección al profesional”.
Deporte
Este
acápite presentado dentro de un programa político no posee carácter
movilizativo. No constituye una demanda a favor de la renovación de la
sociedad. Se ha traído a colación solo para debatir el enfoque que el poder totalitario
da al tema. Puede suprimirse sin problema alguno.
Prensa
Nadie debe poseer el monopolio absoluto de
los medios que producen y difunden los contenidos informativos. La prensa debe
tener un carácter totalmente independiente, de manera que su sentido, beneficio
y éxito radique únicamente en la credibilidad de quienes la consumen.
Pienso
que nadie consume prensa ya sea oficialista, ya sea independiente. Salvando
esta consideración se puede decir sí, es importante que el periodismo se ejerza
libremente sin censura ni control gubernamental. El periodismo es el perro
guardián de las libertades públicas. Sin embargo como reclamo debe aparecer en
la Declaración de Principios. Si defendemos la puesta en vigor la Constitución
de 1940 ya en ella está definida claramente la libertad de prensa en su
artículo 33.
Agricultura
Cuba
sigue siendo una sociedad eminentemente agraria. Un alto por ciento de su
fuerza laboral activa se dedica a las labores agro-ganaderas.
Uno
de los problemas más acuciantes dentro del sector agrario se refiere a la
tenencia y explotación de las tierras agrícolas. Aunque se han alcanzado
avances en la aplicación de la tecnología y la mecanización en el sector esto
no ha dado los resultados apetecibles dadas las relaciones de propiedad que el
castrismo ha implantado en el sector agrario, y al manejo burocrático de la
explotación agro-ganadera.
Extensas
áreas de suelo agrícolas presentan degradación. Oficialmente se ha reconocido
que más del 40 % del área agrícola nacional está afectada por erosión, mal
drenaje, salinidad, bajo contenido de materia orgánica y la reducción de la
fertilidad.
Se
requiere un campesinado libre en una agricultura libre, donde el campesino
decida qué deberá cultivar y donde comerciar su producción. No obstante en la
mayoría de las tierras de propiedad privada se practica una agricultura con
métodos rudimentarios que no obstante históricamente alcanza rendimientos
superiores a los obtenidos en las tierras de dominio estatal.
Se
deben modificar las relaciones de propiedad fundaría. Entregando las tierras a
aquellos que estén dispuestos a labrarlas, sustituyendo el sistema de usufructo
de la propiedad por la propiedad efectiva mediante la compra de esas tierras en
plazos y pagos determinados. Se reconocerá el derecho de los campesinos a
unirse en cooperativas sin pignorar su propiedad a nombre de la cooperativa
como persona jurídica. Todos los campesinos que se vinculen en una cooperativa
tendrán derecho a separarse de la misma sin la pérdida de su propiedad.
Para
facilitar que los campesinos puedan acceder al capital necesario para
establecer cultivos, sistemas de irrigación y maquinaria el Estado refundará un
sistema bancario que conceda créditos a los campesinos a tasas de interés no
superiores al 5 % anual para los campesinos con fincas de hasta cinco
caballerías (67 ha)
Se
establecerá provincial y municipalmente el Servicio de Extensión Agrícola para
la divulgación de modernas técnicas de cultivo; de manejo de plagas y
enfermedades de los cultivos y de métodos de conservación y recuperación de los
suelos. Servicio de asesoramiento a los campesinos en mercado y financiamiento.
Deberá
desarrollarse un plan extenso de construcción de carreteras y vías vecinales
que comuniquen al campo con los centros urbanos para la comercialización de su
producción.
Fuerzas
Armadas
Deberá
suprimirse el actual Ministerio de las Fuerzas Armadas y sus funciones asumidas
por el Ministerio de Defensa sometido al control civil con el asesoramiento en
el terreno militar de un Estado Mayor Conjunto. Desmilitarización de la
sociedad. Se suprimirá el servicio militar obligatorio. Cuba no requiere de
unas fuerzas armadas que sobrepase la proporción número de efectivos/ciudadanos
adecuada para tiempos de paz, por ello el número de los efectivos de las fuerzas
armadas actuales deberá reducirse al menos en un tercio de su tamaño.
Deberá
declararse: La oposición democrática no es enemiga de las fuerzas armadas. Los
militares nada tienen que temer del movimiento democrático. La oposición
democrática considera que el concurso de la joven oficialidad de las fuerzas
armadas será determinante en las transformaciones que se deberán implementar en
las estructuras políticas y sociales de la Nación.
Los
altos oficiales que hayan participado de forma activa con el régimen castrista
y enriquecido al amparo del mismo serán separados de sus mandos. Contra
aquellos militares acusados de corrupción, abuso de autoridad, enriquecimiento
ilícito o cualquier otro delito serán sometidos a los tribunales con todas las
garantías procesales.
Las
fuerzas armadas serán de carácter profesional sin participación en la vida política
nacional, ajustándose a las funciones que a las fuerzas armadas le competen en
una sociedad democrática: defensa de las costas y territorios nacionales y
protección de la Constitución de la República.
Disolución
de todos los cuerpos paramilitares.
Participar
en el sector de la economía no es función de las fuerzas armadas.
Ministerio
del Interior
Desmilitarización
de este organismo del Estado (Antiguo Ministerio de Gobernación) y depuración
de todas sus instancias con respeto a todos sus funcionarios que hayan actuado
con profesionalidad y respeto por los derechos civiles de los ciudadanos. El
Ministerio del Interior o Ministerio de Gobernación quedará sometido al control
civil.
Se
debe hacer una profunda depuración dentro del Departamento de la Seguridad del
Estado y su restructuración de acuerdo con los lineamientos que para los
servicios de Inteligencia y Contrainteligencia rigen en los países
democráticos.
Los
oficiales de la Seguridad del Estado que hayan ordenado, dirigido y/o
participado en actos de represión contra la oposición pacífica serán puestos a
disposición de Tribunales competentes garantizándoles un debido proceso con
todas las garantías procesales.
El
Ministerio del Interior (de Gobernación) tendrá a su cargo las Direcciones de Naturalización,
Extranjería e Inmigración, la Dirección de Orden Público (Cuerpos de Policía),
y la Dirección de Aduanas.
El
Departamento Técnico de Investigaciones será reorganizado estructural y
funcionalmente como Policía Técnica Judicial y transferido al Ministerio de
Justicia.
Organizaciones
de Masas
En
lugar de hablar de organizaciones de masas es preferible emplear el término de
Organizaciones no gubernamentales. Las actuales organizaciones denominadas de
masas desaparecerán por su propia dinámica al desaparecer las estructuras
totalitarias de la dictadura castrista.
Las
organizaciones que surjan desde la sociedad deben ser el resultado de la
voluntad espontánea de sus miembros para defender sus derechos e intereses,
especialmente los sindicatos.
Esta
condición está recogida de manera más precisa en el artículo 37 de la
Constitución de 1940: “Los habitantes de la República tienen el derecho de
reunirse pacíficamente y sin armas, y el de desfilar y asociarse para todos los fines lícitos de la vida, conforme a las
normas legales correspondientes, sin más limitación que la indispensable para
asegurar el orden público”.
Sobre
los sindicatos la Constitución de 1940 estipula en su artículo 69: “Se reconoce el derecho de sindicación a los
patronos, empleados privados y obreros, para los fines exclusivos de su
actividad económico-social. La autoridad competente tendrá un término de
treinta días para admitir o rechazar la inscripción de un sindicato obrero o
patronal (…) Las directivas de estas
asociaciones estarán integradas exclusivamente por cubanos por nacimiento”.
En
el Artículo 71, la Constitución postula: “Se
reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los patronos al
paro, conforme a la regulación que la Ley establezca para el ejercicio de ambos
derechos”. Y en el Artículo 72 establece: “La Ley regulará el sistema de contratos colectivos de trabajo, los
cuales serán de obligatorio cumplimiento para patronos y obreros. Serán nulas y
no obligarán a los contratantes, aunque se expresen en un convenio de trabajo u
otro pacto cualquiera, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución,
adulteración o dejación de algún derecho reconocido a favor del obrero en esta
Constitución o en la Ley”.
Sobre
el sindicalismo solo se mencionan los sindicatos como cita para redondear un
breve párrafo (Ver párrafo citado más arriba) En este mismo párrafo se deja la
organización de las organizaciones no gubernamentales “de masas” a la
espontaneidad, a “la voluntad espontánea
de sus miembros”. En política se requiere acción, actuación dirigida a un
propósito objetivo; no cabe la espontaneidad. Hay que estimular la formación de sindicatos paralelos o independientes
dentro de los centros laborales. Movilizar a los trabajadores para que se
organicen en sindicatos que no sean “correas de transmisión” de las directivas
del Partido Comunista y sí contrapuestos a los sindicatos supuestamente rojos
pero que en realidad son verdaderos sindicatos amarillos; es decir, sindicatos
que responden a los intereses de los empleadores que los crean y los controlan
(en este caso el poder comunista) y no de los trabajadores que representan.
Hay
que denunciar a la Central de Trabajadores de Cuba como organismo rector de los
sindicatos amarillos para el dominio sobre los trabajadores y anular su
espíritu de lucha. El comunismo en cualquiera de sus formas, leninista,
trotskista o castrista es contrario a los intereses de los trabajadores; es el
ejercicio de la dictadura del Partido Comunista sobre los trabajadores a
quienes reducen a la condición de “proletarios”.
Hay que buscar el apoyo de la
intelectualidad, captar a aquellos
intelectuales que desarrollan su trabajo al margen de la oficialidad,
escritores, poetas, pintores… imbuirles de las ideas de una oposición seria, no
burocrática. Hay que entrar a los
predios universitarios y captar apoyos entre el estudiantado. Hay que saber
quiénes se muestran amigos hacia las ideas de la oposición y pactar con los
potenciales aliados. Hay, por otro lado,
que desarraigar lo que queda de plattismo en la conciencia política que
deposita todas sus esperanzas en la ayuda que pueda ofrecer Estados Unidos. Las
castañas están sobre las brasas y no podemos esperar que otros nos saquen las
castañas de la candela.
