Mario J. Viera
De cuando en vez, surge en Cuba alguna que
otra organización, o algún que otro proyecto o plataforma, que se pretenden
como lo último en la lucha contra la dictadura del Partido Comunista, o como la
gran iniciativa de competencia política, para alcanzar, de modo gradual, la
democracia, aunque luego resulten ser solo hermosos fuegos artificiales que
iluminan por momentos el negro cielo disidente. Floreos intelectuales que a
nada llegan, aunque de súbito alcancen una cierta notoriedad mediática. Ese es
el caso de una determinada organización, plataforma o proyecto denominado
Candidatos por el Cambio (CxC).
Según declaran sus promotores, CxC representa
“una acción ciudadana dirigida a promover la democracia desde las estructuras
de base del Estado Cubano”, constituida “alrededor de una estructura electoral,
ideológica y a partidista, y miembro de la oposición democrática al gobierno
del Partido Comunista de Cuba”. La idea en sí misma no es mala; pero solo como
idea, como hipótesis intelectual; pero, desde la realidad objetiva y
concretamente cruel, se trata solo de una pérdida de tiempo y un soporífico
para la conciencia social de la necesidad del cambio. Como si se trata de
emplear un antibiótico para enfrentar un virus.
“Promover la democracia desde las estructuras
de base del Estado cubano”, de un Estado controlado y dirigido desde el Buró
Político del Partido Comunista, nominando para ello precandidatos que opten por
la candidatura para delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular y,
de ser posible, ganar diputados para un asiento en el “Parlamento”, débil eufemismo
para referirse a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Plan ambicioso que
solo presenta un escollo legal: El Código Electoral vigente de la dictadura, y
hasta el Proyecto de reforma del Código electoral, redactado, como lo fuera la
Constitución, para introducir muchos cambios y terminar dejando todo igual.
El artículo 152 del Proyecto de Código
Electoral, establece: “Para elaborar y presentar los proyectos de
candidaturas de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y cubrir
los cargos que eligen esta y las asambleas municipales del Poder Popular, se crean las comisiones de candidaturas
nacional, provinciales y municipales”. ¿Quiénes integrarán esas
comisiones de candidaturas? Por supuesto que no los miembros de un Tribunal Electoral
de carácter independiente e imparcial sino por representantes de las
denominadas organizaciones de masas, todas ellas dirigidas por militantes del
Partido Comunista de Cuba predeterminados por su Buró Político, verdadero
depositario de la soberanía nacional: “representantes
de la Central de Trabajadores de Cuba,
de los Comités de Defensa de la
Revolución, de la Federación de
Mujeres Cubanas, de la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños, de la Federación Estudiantil Universitaria y de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, designados por las
direcciones nacionales, provinciales y municipales respectivas” (Artículo
153.1 del Proyecto de Reforma del Código Electoral). ¿Ir de la Ley a la Ley?
Pero como dice el ex profesor de la
universidad de historia del arte y cine, hasta el 2005, el Msc. Julio Antonio
Aleaga Pesant, padre putativo de la iniciativa de “acción ciudadana” que es
Candidatos por el Cambio, no se trata de una “megaestructura; es un pequeño equipo, agrupado a través del Centro de
Aplicación de Marketing y Publicidad Política (¡sic!), de personas calificadas, ejecutivas, que intentan transmitir una idea,
y voluntarios. No muchos”. La transmisión de ideas se plantea asistiendo a
las asambleas de rendición de cuentas de los delegados de circunscripción.
Aleaga Pesant se refiere entusiasmado con la participación de voluntarios de
CxC en las mismas, en agosto de 2016 declara: “De 70.000 asambleas, CxC logró participación en 166. Es mínimo, pero es
un paso de avance”. ¿Mínimo? ¡Más que mínimo!, solo 0.24%. Hay que
reconocerle su honestidad.
Candidatos por el Cambio, de ninguna
manera puede aceptar la formulación de un Código Electoral que le corte toda
posibilidad de participar en los procesos “eleccionarios” de Cuba. El 21 de
junio de 2019 CxC emitió una declaración donde, en su primer párrafo dice: “Rechazamos
rotundamente la nueva Ley Electoral
recientemente publicada por medios oficialistas”. Es que, en el nuevo
documento “permanecen las comisiones de
candidatura para seleccionar a los
incondicionales que conforman los órganos de gobierno que se limitan a
aprobar todo lo que le ponga delate la cúpula del Partido&Gobierno”. ¿Ir de la Ley a la Ley?
Y en la declaración afirman que la “única salida viable para el país es la
democratización de la sociedad incluyendo a todos los cubanos, donde quiera que
estos residan y esta Ley Electoral es la negación de todo eso y la eternización
institucional de una elite militar-burocrática-represiva que niega al
condicionarlos todos los derechos universalmente reconocidos”. Pero ¿cómo
se encuentra esa única “salida viable”? ¿Quién se supone que debe emprender esa
“salida viable”? ¿Ir de la Ley a la Ley? ¿Cómo puede ser esto, si esa ley es “la eternización institucional de una elite
militar-burocrática-represiva que niega al condicionarlos todos los derechos
universalmente reconocidos”?
No basta esa declaración, se requiere
actuar, así el 26 de junio de 2019 se hace una petición cívica... ¿a quién?
Pues al Consejo de Estado de la República de Cuba, a la Asamblea Nacional del
Poder Popular y al Gobierno de la Nación; es decir a esos mismos que ha
denominado como “los incondicionales que
conforman los órganos de gobierno que se limitan a aprobar todo lo que le ponga
delate la cúpula del Partido&Gobierno”, para que en “franco ejercicio democrático solicitamos que la discusión del Proyecto
de Ley Electoral, se haga extensivo a toda la sociedad cubana, tal y como
determina la nueva Constitución en su Artículo 3 que plantea y cito: “En la
República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del
cual dimana todo el poder del Estado…”.
Por desgracia y como consecuencia de que
esos a quienes formulan la “petición
cívica” forman parte de la “elite
militar-burocrática-represiva que niega al condicionarlos todos los derechos
universalmente reconocidos” les darán la misma atención que le dieron al
pueril Proyecto Varela, el que, en contrario con esta petición cívica, contaba
con el respaldo de las firmas de más de 10 mil electores.
La Constitución de 1940 estableció en el
segundo párrafo de su artículo 102, lo siguiente: “Para la Constitución de nuevos partidos políticos es indispensable
presentar [...], un número de
adhesiones igual o mayor al dos por ciento del Censo electoral correspondiente (Nacional,
provincial o municipal)”. Si consideramos que el registro electoral de Cuba
para 2019 corresponde a un total de 8 705 723 electores los candidatos de CxC
para poder tener suficiente representación y poder para promover cambios,
deberá contar con un total de 174 114 de adhesiones de electores. Y estas
adhesiones no se consiguen solo con las técnicas de Marketing y Publicidad Política, se requiere labor sistemática de
proselitismo. Algo de lo que en la actualidad están muy lejos de practicar los
grupos opositores/disidentes y Candidatos por el Cambio en específico.
Así se expresó Julio Antonio Aleaga Pesant
en agosto de 1016: “Nuestra idea
fundamental es modernizar la sociedad de
la ley a la ley, con gobernabilidad y gradualidad. [...] Queremos todas las libertades, ¿pero podemos
asaltar el poder; lo dejarían los comunistas? ¿Y quién lo asumiría?” ¿Se
puede construir la democracia con el PCC en el poder?: “Es así. Parte de la práctica política, como espacio de negociación, implica
el reconocimiento del contrario. Desgraciadamente, la dictadura no reconoce
a la sociedad civil como actor activo. Esa es su falta de visión. Partimos de
criterios minimalistas: construir la democracia paso a paso. En las elecciones
de los próximos años, prevalecerán los realmente elegidos por la sociedad, y no
los designados”.
Error de conceptos: En democracia, sí
existe un “espacio de negociación
política”, entre los factores de la oposición y el Gobierno, y sí, en la
democracia existen “contrarios” y es legítimo dar el “reconocimiento al
contrario”. En una dictadura solo existen dos bandos, los sostenedores de la
dictadura y los que defienden la democracia, y ambos bandos son antagónicos,
contrarios irreconciliables y, por tanto, enemigos.
En una dictadura tradicional, clásica, se
puede intentar “construir la democracia”
a partir de “criterios minimalistas” de ir “de la ley a la ley” de modo
gradual para “construir la democracia
paso a paso”. Entre 1952 y 1958, en
Cuba regía la dictadura de Fulgencio Batista y existía también la ley que
amparaba la existencia de los partidos políticos, existían medios informativos
independientes, lesionados, en ocasiones, por la censura de la prensa y por la
suspensión de las garantías constitucionales, y estas, por razón del estado de
insurgencia generado que impulsaba Fidel Castro. Si no hubiera intermediado el
proceso insurreccional, quizá hubiera sido posible haber llegado gradualmente a la democracia partiendo de la ley a la ley. No obstante, la
dictadura batistiana, como tal, planteaba, no el reconocimiento de los
contrarios, sino la confrontación entre contrarios.
En una dictadura de carácter totalitario,
no hay modo de llegar a la ley partiendo de la ley impuesta, por el poder de un
único partido político, reconocido y legalizado y colocado por encima del
Estado y la sociedad. Ante una dictadura totalitaria solo cabe un recurso para
conquistar la democracia, derrocar al gobierno dictatorial por medios
insurreccionales o por la resistencia noviolenta de grandes masas conducidas
por líderes decididos, guiados por una estrategia de lucha inteligente y
práctica. Es precisamente implantar la desobediencia civil y el rechazo a todas
las estructuras del poder. No se trata de reconocer al gobierno totalitario como
contrario, ni de negociaciones partiendo de criterios minimalistas para
gradualmente llegar a la democracia. Se trata de ¡todo o nada!
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