¿Soberanía radio-electrónica? No, control de la información.

Mario J. Viera

Furioso, insultante, represivo es el fondo de un artículo aparecido en Granma, ese diario de propaganda y manipulación noticiosa del régimen castrista, bajo el título “Bandidos contra la soberanía radio-electrónica”. ¿Su autor? Uno cualquiera de los que reciben su sueldo del Departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista y que, en lo fundamental, se dedicara a escribir reseñas, con las pupilas del propagandista oficial, de actividades o temas vinculados al arte y a la cultura y autor de un librito editado en España bajo el título “El arte nunca duerme”.

Veamos en primer lugar los objetos delictivos en posesión de aquellos a quienes el cronista se refiere como bandidos violadores de la “soberanía radio-electrónica”. En un allanamiento, dice, se encontraron “varios receptores satelitales DIRECTV, antena satelital DIS NETWORK, teléfonos celulares marca BLAK BERRY, tarjetas satelitales, más de 70 metros de cables coaxiales, y otros sofisticados equipos electrónicos”. (Los sustantivos escritos todos en mayúscula son del Granma).

¿Es un delito? Sí, en Cuba. ¿Cuál es el delito vinculado a la posesión de esos equipos? Atentar contra la soberanía radio-electrónica del paraíso cubano. ¿Cómo se protege esa soberanía? Impidiendo que la población pueda tener acceso a los medios informativos allende las costas cubanas.

Todo aquel que busque un medio de ganarse unos pesos, fuera de los marcos oficiales, fuera del control de la insoportable burocracia estatal es presumiblemente un criminal y, según el plumífero del Granma, alguien que pasa “por encima de los valores humanos” y violador de los “conceptos fundamentales de la convivencia en sociedad”. Que nadie se ría. Esa es la concepción oficial de los valores humanos. Violar los valores humanos no es asediar, atacar, vilipendiar, agredir a los opositores, es defender la soberanía nacional, porque según el gobierno los que se le oponen no pueden ser otra cosa que mercenarios y, ¡claro!, violadores de la convivencia en sociedad, con sus reclamos de libertad cuando todos los cubanos tienen toda la libertad que les permita gozar su glorioso gobierno y no esas tonterías burguesas de los derechos humanos.

No existe, para todo el conjunto de la nación, conexiones legales para los servicios de telecomunicaciones. El acceso al servicio telefónico está restringido a solo los confiables o a los que ya lo poseían antes de que se asaltara el infierno; la conexión a las trasmisiones satelitales solo a muy pocos y bien identificados con el poder, y de la internet ¡Ni se diga! Sin embargo el escribiente afirma: “La obtención de servicios de telecomunicaciones mediante conexiones clandestinas o fraudulentas, o la utilización de cualquier maniobra técnica que permita neutralizar, eludir o burlar los mecanismos de control establecidos, constituye un delito”. Lo malo de esas conexiones “clandestinas”, “fraudulentas” es que permiten liberarse de los controles que ejerce el estado policial sobre la ciudadanía. El Estado tiene que conocer todo, saber con quién se comunican los ciudadanos, tener escucha en sus comunicaciones telefónicas y sobre todo, no permitir que el ciudadano acceda a medios informativos que no sean los oficiales, los medios del gobierno.

Sin embargo, el plumífero destaca en letras mayúsculas, las excusas ofrecidas en ese bodrio televisivo denominado “Las razones de Cuba” por el director general de la Agencia de Control y Supervisión del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (cansa solo el escribir el nombre del organismo): “Cuba no está en contra del uso de la tecnología, al contrario. El mundo se mueve a velocidad vertiginosa en esta esfera, pero se requiere... (Anote el lector) se requiere ORDEN, CONTROL. Montar estaciones de satélite, necesita licencia”.  El gobierno de Cuba no está en contra de la tecnología, está en contra de su uso masivo y a favor de su uso policiaco y propagandístico solo por el gobierno y para su élite de poder.

Luego de emplear argumentos insostenibles para justificar la represión en este campo de la informática, el pobre diablo que escribe, no lo que opina por sí mismo, sino lo que se le ordena que haga aquellos que le dan su paga y hasta le permiten acceder al Direct TV, concluye diciendo: “Cuba (léase mejor, “régimen castrista”) tiene todo el derecho de salvaguardar su soberanía radio-electrónica. Los que intenten burlarla recibirán el peso de la aplicación de las normas administrativas correspondientes y de la Ley penal”.