Mario J. Viera. Englewood, Florida.
El pasado viernes, 16 de septiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de Leopoldo López, ordenando que al Estado venezolano le reconociera la habilitación para poder aspirar a la candidatura a la presidencia de Venezuela. “El Estado (…) debe asegurar que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación del señor López en el evento de que desee inscribirse como candidato en procesos electorales”, declaró en su fallo la CIDH. La reacción del chavismo no se hizo esperar.
Fue Nicolás Maduro, canciller venezolano el primero en expresarse al respecto, al declarar que el gobierno prefería estudiar el fallo antes de fijar su posición; pero, no sin dejar de agregar, que “la lucha contra la corrupción y los corruptos seguirá”. ¡Ah, por supuesto!, como es característico en estos gobiernos de corte marxista no se inhibió para acusar a los organismos internacionales de seguir “una militancia política anti venezolana”, presentando cualquier crítica al gobierno como un atentado contra todos los ciudadanos del país.
A continuación la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, hizo saber que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que ajustarse a la legislación venezolana y no atentar contra la soberanía de Venezuela, olvidando al parecer que las decisiones de la CIDH son vinculantes para este país por ser Venezuela firmante de la Corte.
Es evidente que se intenta ganar tiempo para impedir que concurra a las elecciones una figura como Leopoldo López, ex alcalde del municipio Chacao en Caracas, que puede ser un candidato con muchas probabilidades de derrotar a Hugo Chávez en las elecciones de 2012.
Posteriormente el gobierno de Chávez emitió una nota oficial en la que expresaba no tener duda “en calificar de políticamente parcializado” el fallo emitido el pasado viernes de restituir al político de la oposición en sus derechos electorales. “Este pronunciamiento (…) ─ aseguró la nota oficial emitida por la Cancillería ─ será referido por el gobierno a los órganos del Poder Judicial para que analicen su pertinencia constitucional una vez que sea notificado oficialmente”. Al mismo tiempo en la nota se hace un llamamiento a “todas las instituciones venezolanas a ratificar el compromiso previsto en la ley para castigar la corrupción”, dado que, en opinión de la Cancillería “con este tipo de decisiones se da un claro estímulo” a la corrupción.
En el 2005, López fue acusado por la Contraloría General de haber recibido donaciones a nombre de una organización que conducía proveniente de Petróleos de Venezuela S.A donde trabajaba la madre de él y, en consecuencia había emitido una orden de inhabilitación por un período de 3 y 6 años. Sin embargo no se han formulado cargos penales en su contra. El siempre ha sostenido su inocencia. Como expresara recientemente Javier El-Hage, Director Jurídico de la Human Rights Foundation, la Corte IDH había ratificado “que las sanciones que prohíben a una persona presentarse a elecciones o ejercer un cargo público solamente pueden producirse como consecuencia de una sentencia penal, y no a través de procedimientos administrativos, o de resoluciones judiciales previas a una sentencia”. Según El-Hage, “el 24 de junio de 1981, el Estado venezolano reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que sus fallos son de cumplimiento obligatorio para este país”.
Pero este argumento no significa nada para Hugo Chávez, quien antes de partir para La Habana para una nueva sesión de quimioterapia le expresó a varios periodistas en Miraflores: “¿Qué valor puede tener esa corte? Para mí no vale nada, cero a la izquierda (…) Un corte de cabello vale más que esa Corte. El corte de mi cabello vale más que esa Corte”, alegando a continuación que el fallo representa la “desesperación de la burguesía buscando hacerse una víctima, buscando un candidato sea quien sea".
Bien sabe el desmelenado y deslenguado Chávez que el político centrista Leopoldo López, poseedor de una personalidad atractiva y carismática no es un candidato cualquiera, sino uno que le puede derrotar en los comicios.
Chávez la emprendió contra esa, que calificó, “tristemente célebre Corte forma parte de esas instituciones del pasado” y abogó que la “Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) debe tener pronto, más pronto que tarde, una corte de derechos humanos, como debe tener el Banco del Sur”. Lo de siempre, nada cambia. Si la OEA no hace su voluntad, pide crear una nueva organización internacional que la sustituya y si la CIDH no falla a favor de su gobierno pues entonces no sirve y hay que crear otra que le venga bien a Correa, a Morales, a Ortega y a él mismo.
Al conocer el fallo, Leopoldo López escribió jubilosamente en su cuenta de Twitter: “LO LOGRAMOS, se hizo Justicia. ESTOY HABILITADO. Un triunfo de todos los que hemos luchado por los derechos y la justicia. Ganó Venezuela!”
No obstante, el abogado constitucionalista Tulio Álvarez ha considerado que el Estado pudiera retrasar, como parece ser el caso, el acatamiento del fallo, lo que obligaría a la Corte a iniciar “un proceso de ejecución que puede durar años”. En su opinión, después de esto se declararían “sanciones pero para llegar a las sanciones hay todo un camino indeterminado de tiempo y lo más probable es que al Estado venezolano lo único que le interesa es retardar y a la Corte tampoco le interesa sacar a Venezuela del sistema”
Por otra parte, Pablo Pérez, gobernador del Zulia y candidato presidencial, expresó: "Exigimos al Gobierno que acate la decisión de la CIDH, la cual falló a favor de habilitar políticamente a Leopoldo López. El Consejo Nacional Electoral tiene que permitir la inscripción de López". Y acotó que no aceptar el fallo constituiría un desacato a la Corte.
No obstante, López no se desanima y afirma: “Voy a ganar las primarias y luego vamos a armar una gran alianza con el resto de la oposición. Vamos a reunir una fuerza para lograr la victoria el 7 de octubre”. En declaraciones a Reuters López agregó: “Los venezolanos van a elegir al capitán de un equipo de fútbol. El candidato no es un boxeador que va a instalarse en el ring contra Chávez. Es más como el capitán de un equipo de fútbol. Estoy comprometido a ser parte de ese equipo en cualquier posición que sea llamado a jugar”.
Tanto López como Henrique Capriles Radonski son dos buenas opciones a elegir por la Mesa de Unidad de la oposición a Chávez. Cualquiera de los dos posee las capacidades que se requieren para derrocar por medio de las urnas a la dictadura de Chávez.
La decisión de la CIDH representa en este caso no una posición anti venezolana como pretende Maduro, se trata, definitivamente de un acto de Justicia.
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