Agencias AP, AFP, Reuters y EFE
La Paz.- Inmerso en una de sus peores crisis políticas en mucho tiempo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, afrontó ayer una masiva huelga general que paralizó al país, tres días después del violento desalojo de indígenas que protestaban por una obra vial.
La Central Obrera Boliviana (COB), ex aliada del gobierno, había llamado a un paro de 24 horas en rechazo a la represión de los indígenas y a la gestión de Morales, pese a que el mandatario suspendió la construcción del proyecto.
La protesta fue "contundente, con todo el coraje y la rabia contra el gobierno, que no cumplió los acuerdos con la COB y los indígenas", dijo ayer Pedro Montes, principal dirigente de la mayor agrupación sindical del país, que alertó sobre la posibilidad de llamar mañana a una huelga indefinida.
El paro, acatado por afiliados de la COB y trabajadores independientes en las principales ciudades del país, fue acompañado con masivas marchas, las mayores desde enero pasado, cuando Morales decretó un aumento en el precio de los combustibles, que luego derogó ante el rechazo popular.
A diferencia de protestas anteriores, ayer se volcaron a las calles sectores populares que antes apoyaban al mandatario y que ahora se muestran desilusionados.
La COB lideró a decenas de miles de manifestantes que bajaron de la ciudad de El Alto a La Paz y bordearon la plaza Murillo, donde están las sedes de la presidencia y el Parlamento, resguardados por policías antidisturbios y una compañía de operaciones especiales.
Maestros, médicos, trabajadores municipales, universitarios, grupos ecologistas e indígenas participaron en esa movilización y en otras en Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Sucre y Potosí, mientras que en la región amazónica de Beni varios pobladores bloquearon caminos.
Los sindicatos del transporte, cuyos dirigentes son afines a Morales, no secundaron la huelga, pero las marchas los obligaron a paralizar el tránsito en el centro de varias ciudades. La policía evitó dispersar a los manifestantes.
La violenta represión del domingo pasado -que dejó unas 20 personas desaparecidas- desencadenó la renuncia de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, y del ministro de Gobierno Interior, Sacha Llorenti, además de otros dos funcionarios, en desacuerdo por la forma en que el gobierno manejó la protesta indígena.
Morales decidió recomponer su gabinete con gente de su entorno, a pesar de los pedidos de sectores sociales afines para que diera un golpe de timón.
El presidente designó anteanoche a Wilfredo Chávez en reemplazo de Llorenti, a quien los indígenas culpan de la brutal operación policial. Además, nombró ministro de Defensa a Rubén Saavedra -que ya había ocupado ese cargo hasta principios de este año- para sustituir a Chacón.
"Morales está viviendo una situación crítica. No creo que vaya a caer porque no hay oposición política. Continuará más débil, mientras la oposición social irá creciendo. Sólo le queda reconstruir su gobierno incorporando las voces críticas de las calles'', opinó Jim Shultz, del Centro para la Democracia, una ONG con base en Estados Unidos y en Bolivia.
En tanto, la fiscalía general formó una comisión de cuatro fiscales forenses para investigar la acción policial en la Amazonia boliviana, donde fue dispersada la marcha de los nativos, que llevaban más de un mes camino a La Paz para pedir la suspensión de una ruta de unos 300 kilómetros que pasaría por la reserva natural del Tipnis.
"Los que han ordenado y atropellado a los hermanos indígenas deben ir a la cárcel. Los fiscales y jueces tienen que trabajar en eso, de lo contrario, vamos a estarles cerca", advirtió Montes, líder de la COB.
Fortalecidos por la ola nacional de solidaridad, centenares de los indígenas que fueron reprimidos proclamaron en una manifestación en el pueblo de Rurrenabaque (400 kilómetros al norte de La Paz) que "la lucha continúa".
"¡Viva la histórica marcha por el Tipnis!", exclamó la dirigente Mariana Guasanía ante los indígenas concentrados en la plaza central. "Gobierno cazador de indígenas", rezaba un afiche.
Los manifestantes también portaron banderas bolivianas con crespones negros en las astas, como señal de duelo, ya que aseguran que la operación policial dejó varios muertos, lo que ha sido negado por el gobierno. Hasta ahora no se reportó oficialmente ninguna muerte.
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