El Gobierno también tiene que saber que el tiempo corre, los problemas se acumulan y resultará más difícil encontrarles solución
Oscar Espinosa Chepe.
Si algo está definido en estos momentos es que las transformaciones económicas emprendidas por el Presidente Raúl Castro no han dado los resultados que el país necesita con urgencia. Al cumplirse tres años de la implantación del Decreto-Ley 259 sobre la entrega de tierras en usufructo, a pesar de haberse otorgado más de un millón de hectáreas de tierra, la agricultura continúa con niveles productivos insatisfactorios, incluso distantes de los existentes en 1989, que tampoco fueron aceptables.
En 2011 debido al incumplimiento de varios programas agropecuarios y la caída de la producción en algunos rubros importantes, como la leche de vaca, deberán importarse nuevamente más de 1.500 millones de dólares en alimentos, con lo cual se constriñe más la limitada capacidad de compra del país. Las causas de los pobres resultados obtenidos de las tierras entregadas en usufructo fueron expuestas por varios especialistas desde el inicio del proceso, quienes alertaron que la cantidad de prohibiciones y cortapisas impuestas harían imposible un aumento productivo significativo.
Al parecer, las autoridades obligadas por las circunstancias se aprestan a “hacer concesiones” y flexibilizar los mecanismos de control a los usufructuarios. Según ha trascendido, podría extenderse la cantidad de tierra a entregar hasta una cifra que rondaría las 5 caballerías (67,1 hectáreas); una significativa ampliación en comparación a las 13,42 hectáreas a entregar a personas naturales sin tierra, y hasta 40,26 hectáreas para personas en caso de poseer tierras con anterioridad, según estableció el Decreto-Ley 259. Asimismo se ha señalado la intención de dar la tierra por un plazo de tiempo indefinido, eliminando el plazo inicial de 10 años, prorrogable sucesivamente por otros 10 años. También se habla de que se permitirá la construcción de viviendas en las tierras dadas en usufructo, lo que facilitaría la permanencia de los agricultores en sus áreas y por consecuencia un mayor cuidado de las cosechas y demás pertenencias.
Algunas autoridades han sugerido que entre las medidas flexibilizadoras que examinan aplicar, estará la eliminación de trabas para que los agricultores puedan vender sus productos directamente en el mercado. En agosto, se bajaron notablemente los precios de insumos agrícolas (en algunos casos hasta en 60 %), lo cual denota los elevados precios anteriores, pero también la urgencia del Gobierno para producir alimentos. De todas formas, habrá que aguardar por las leyes y resoluciones correspondientes.
En cuanto al trabajo por cuenta propia se esperan transformaciones, de hecho anunciadas por el presidente Raúl Castro en su discurso del 1 de agosto. El cuentapropismo tampoco ha dado los resultados esperados, en especial en la creación de puestos de trabajo. Cifras oficiales indican que alrededor del 66 % de las personas inscritas a partir de octubre de 2010 realizaban con anterioridad la actividad de forma no autorizada. Por tanto, el Gobierno ha tenido que paralizar el proceso de reorganización laboral con el despido de 1,3 millón de personal sobrante en los centros de trabajo; quizás el objetivo más importante hoy, sin el cual será imposible elevar la productividad y, por consecuencia, aumentar los salarios y crear las condiciones para eliminar la dualidad monetaria.
Aún se desconoce hasta donde llegará el Gobierno en la liberalización del trabajo por cuenta propia; si lo ampliará, si sustituirá el asfixiante sistema impositivo vigente, especialmente en lo relativo al impuesto sobre los ingresos y por la contratación y utilización privada de la fuerza de trabajo, así como si dará pasos importantes en la creación de un sistema de comercio mayorista abastecedor de los cuentapropistas.
Las medidas rectificadoras continúan siendo demasiado tímidas y lentas. El incremento de los comensales permitidos en los paladares (restaurantes) y la eliminación (al parecer por un año) del impuesto por la utilización de fuerza de trabajo hasta 5 empleados, entre otros pequeños movimientos, no resuelven los problemas. Ahora se espera la promulgación de una nueva ley de presupuesto que debería cambiar los impuestos al débil sector cuentapropista, y por lo menos permitir que se creen las bases para el funcionamiento de pequeñas y medianas empresas (PYMES), abandonando los dogmas contra la propiedad privada y el mercado, que tanto daño han causado a la economía cubana.
Por otra parte, debería acelerarse un proceso de creación voluntaria de cooperativas en las esferas productivas y de servicios. En este contexto deben promulgarse con celeridad las legislaciones para la autorización de compra-venta de autos y viviendas, con la menor intervención posible del Estado. En cuanto a las viviendas, podría generarse una gran demanda de reparaciones, para lo cual el Gobierno no tiene respuesta, por lo que debería alentarse la gestión privada.
Aunque el Gobierno tome medidas flexibilizadoras, que seguramente aportarían resultados positivos para el desarrollo económico, sin dudas la falta de capital es un problema fundamental, máxime después de más de 20 años de acelerada descapitalización. Con bueyes y machetes es inviable desarrollar una agricultura eficiente; con una industria en ruinas y atrasada no pude avanzarse; de igual forma con una infraestructura y servicios cuasi-paralizados resulta imposible lograr el progreso de una nación. No existen reservas nacionales para afrontar este crítico escenario, por lo que es necesario promover la inversión extranjera; tarea no fácil actualmente, debido a la desconfianza que provoca la conocida insolvencia del país y la incidencia de una coyuntura internacional desfavorable.
Para superar esas dificultades se requerirá dar amplias garantías a la inversión extranjera y un ambiente de confianza, asentado en hechos reales, no en retórica vacía. Si existiera la voluntad política del Gobierno para empezar esa tarea, resultaría indispensable dar pasos concretos, a lo que ayudaría mucho mantener una conducta responsable y justa hacia el pueblo cubano en todos los campos: económico, político y social. Las acometidas contra indefensos sectores de la sociedad, que solo reclaman derechos, no ayudan. El creciente descontento popular, como prueban los sucesos acaecidos en varios países árabes es insoluble con medios represivos. Esa acción es como arrojar gasolina a un incendio. El único camino racional es el de hacer las transformaciones que con urgencia requiere la sociedad cubana.
El Gobierno también tiene que saber que el tiempo corre, los problemas se acumulan y resultará más difícil encontrarles solución, si continúa la lentitud en aplicar los cambios. Ahora mismo se está complicando la situación económica internacional. No es descartable otra recesión a escala planetaria, que podría ser más dañina que la ocurrida en 2008, la cual impactó muy fuertemente en la pobre y desprotegida economía cubana. Si lamentablemente esto ocurriera sin haberse concretado las reformas, el impacto en Cuba sería terrible.
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