Estos republicanos...

Casas de horror

Daniel Morcate. EL NUEVO HERALD

Foto edulcorada de las Assisted Living Facilities

Si hubiera que estudiar los efectos nocivos de la ideología de gobierno mínimo que tan alegremente han abrazado nuestros legisladores conservadores, recomendaría empezar por la precaria situación en la que ha dejado a miles de inquilinos de las ALFS, las llamadas Assisted Living Facilities, esas residencias para ancianos, pacientes mentales y discapacitados que han proliferado por millares en la Florida y por cientos de miles en toda la nación. Verdaderas casas de horror, muchas ALFS se han convertido en salones de tortura y negligencia para sus residentes, monumento a la avaricia de sus operarios y ejemplo del descarnado contubernio entre la industria privada y los políticos que, por corrupción, ignorancia o fanatismo ideológico, se colocan irresponsablemente a su servicio en detrimento de uno de los segmentos más vulnerables de nuestra población.

Como casi todos los floridanos, he tenido y tengo familiares y amigos internos en ALFS. Y desde que doblé la cincuentena una de mis fantasías recurrentes era que pasaba mis últimos días en un residencial de ancianos rodeado de mis socios del alma, jugando al ajedrez o al tute, piropeando abuelas atractivas, comentando novedades literarias, revisitando las películas de Lina Wertmuller y maldiciendo a Fidel Castro por haber sobrepasado ya los 100 años perpetrando sus habituales crímenes. Era una de mis fantasías, digo, hasta que leí las denuncias de premio que sobre las ALFS han hecho el Wall Street Journal y el Miami Herald.

Las ALFS se idearon para atender de manera compasiva a una población envejeciente cada vez más nutrida y longeva de la que no podían ocuparse sus familiares. En teoría su utilidad social y su valor humanitario son incuestionables. Pero en la práctica sus operarios influyen sobre legisladores y gobernadores para relajar o anular las normas de seguridad que rodean su funcionamiento. Es lo que ha sucedido en la Florida desde el 2008, según ha documentado el Herald con propiedad.

Como resultado, por lo menos 70 residentes de ALFS en nuestro estado han muerto de hambre, gangrena, quemaduras y sobredosis de medicinas, entre otras causas evitables. Y otros 200 han perecido en circunstancias misteriosas cuyos detalles permanecen sellados por una amañada ley estatal. Las denuncias de maltratos y negligencia se acumulan sin que nadie las investigue, pues legisladores conservadores han paniaguado reglas de supervisión de las ALFS. Estas ni siquiera tienen que reportarle ya a la Legislatura estatal las muertes de sus residentes, como era de rigor desde que ese adalid de los ancianos que fue el congresista Claude Pepper hizo que se convirtiera en requisito obligatorio.

Los legisladores que relajaron las normas dicen haberlo hecho para mejorar la efectividad de las ALFS. Uno de ellos, Matt Hudson, representante republicano de Naples, afirma: "Soy fuerte partidario de menos reglas gubernamentales... Hay problemas en algunas de nuestras instalaciones, pero también los hay en cualquier otro negocio en nuestro estado". Este razonamiento, increíblemente necio, ignora que el negocio de las ALFS no es como cualquier otro negocio, sino que afecta directa y fundamentalmente el bienestar y la vida de personas desvalidas.

Otros legisladores que han contribuido a aflojar las reglas dicen ignorar los efectos dañinos de su estrategia. Por ejemplo, el senador republicano de Hialeah Raúl García asegura que no sabía que una medida que apoyó privaría al estado de la facultad de quitarle la licencia a cualquier ALF que cometa violaciones graves. Pero cabe preguntarse cuánto de esta ignorancia tiene que ver con los cientos de miles en fondos de campaña que los legisladores reciben de las ALFS. A García, sin ir más lejos, le dieron $8,100. Y como healthcare consultant, el hombre trabaja precisamente en el giro sobre el que legisla. Tal vez por eso su correligionario Mark Haridopolos, el presidente del Senado estatal, lo acaba de premiar colocándolo al frente de una fuerza especial que estudiará reformas para las ALFS, fuerza en la que además predominan representantes de esa industria. ¿Quién se encargará de evitar que con las leyes que de ahí salgan también salgan las trampas?

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