Emilio Palacio
LOS PRIMEROS PLANTONES COINCIDIERON con otra noticia de gran impacto: la revelación del informe de las Fuerzas Armadas ecuatorianas sobre su participación en los acontecimientos del 30 de septiembre. (Vea el informe aquí).
El documento fue mencionado primero por la revista Vanguardia en su edición del 25 de julio, pero provocó verdadera conmoción cuando distribuimos su texto íntegro a través de este boletín.
A partir de ese momento, se instaló en la sociedad el debate sobre una pregunta clave: Si el presidente no ordenó disparar el 30 de septiembre, ¿quién lo hizo? Varios columnistas han abordado el tema las dos últimas semanas.
El jueves de esta semana, el asambleísta de Pachakutik por Zamora Chinchipe, José Cléver Jiménez, y dos ciudadanos, Fernando Villavicencio y Carlos Eduardo Figueroa, presentaron en Quito una denuncia penal contra el Presidente por el "crimen de ordenar una incursión armada al hospital [de la Policía Nacional], poniendo en peligro la vida de pacientes, personal médico, paramédico y ciudadanos civiles". (Vea la demanda aquí).
La acusación se apoya en varios documentos, sobre todo en el informe militar que ya mencionamos y en el testimonio de Fernando Garzón Orellana, ex subsecretario de Desarrollo del Ministerio del Interior, testigo presencial de los acontecimientos del 30 de septiembre. (Vea su testimonio aquí).
El texto de la acusación de estos tres ciudadanos recuerda varios hechos conocidos. Por ejemplo, que el Presidente de la República "primero dijo que saldría del Hospital cuando se termine el suero que tenía puesto, para inmediatamente proseguir con que le han informado que el hospital estaba rodeado, y entonces dijo 'sentirse' secuestrado". Asimismo, que a las 15:15, Vinicio Alvarado reconoció que la rebelión se debía a "una demanda puntual de la Policía", y que a las 17:11, la ministra Doris Soliz negó enfáticamente que se tratase de un intento de golpe de estado.
Pero contiene además nuevas revelaciones. Gracias al testimonio de Fernando Garzón sabemos ahora, por ejemplo, que hacia las 19:50, "en todo el trayecto de las escaleras, desde la planta baja hasta el tercer piso, están apostados hacia la pared y cada tres escalones... policías del GOE y del GIR, armados con fusiles y con equipos de máscaras antigás y dispositivos que cubrían sus rostros, todos al mando del Presidente de la República".
Es decir que antes de que comience el rescate, las fuerzas leales al Primer Mandatario ya tenían bajo su control el edificio donde se produciría el tiroteo.
El 6 de febrero del 2011 escribí en El Universo:
El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. (Los destacados son añadidos en esta cita. El artículo completo lo pueden encontrar aquí).
El Presidente reaccionó acusándome de mentiroso. Me exigió que pruebe mis palabras, o de lo contrario, como acaban de hacer, me condenarían a tres años de cárcel y a pagar varios millones de dólares.
¿Pero cómo se puede probar una advertencia que aún no se realiza? ¿Cómo podría yo demostrar algo que dije que ocurriría "en el futuro"?
Afortunadamente, mi advertencia se hizo realidad antes de que concluya el juicio. No habían trascurrido seis meses de la publicación de mi artículo, y ya los opositores políticos del Presidente lo acusan penalmente de haber ordenado "una incursión armada al hospital, poniendo en peligro la vida" de gente inocente.
Se probó que lo que yo escribí era cierto. Mi advertencia tenía fundamento. El Presidente de la República debería retirar de inmediato su demanda. No lo hará, por supuesto.
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