En la calle y sin llavín

Mario J. Viera

El Nuevo Herald, en su edición del 7 de octubre informa que muchos residentes permanentes en los Estados Unidos han quedado desamparados por causa “de una ley federal que prohíbe la entrega de ayuda suplementaria del Seguro Social a discapacitados que no se han hecho ciudadanos dentro de los primeros siete años de haber llegado al país”. Señala además el diario del sur de la Florida que alrededor de “1,250 personas han perdido la ayuda en los últimos 12 meses en Florida, la mayoría de ellos cubanos”.

Para ilustrar la información el periódico se refiere al caso de Joaquín Valdivia, un refugiado cubano de 59 años discapacitado que desde el 30 de septiembre quedara desamparado al serle suspendida la ayuda federal de $674.00 que recibía como ingreso suplementario.

Al no cumplir el requisito de alcanzar la ciudadanía en un plazo de siete años contados a partir de su entrada al país, Valdivia quedaba sin otro ingreso económico y prácticamente en la calle.

Sin embargo son muchos los requisitos que exigen los funcionarios de inmigración para la concesión de la ciudadanía y en muchas ocasiones dependiendo de los humores del funcionario en cuestión y de su particular interpretación de las condiciones del aspirante.

La organización Americanos Pro Justicia Inmigrante dio a conocer a El Nuevo Herald el caso de Valdivia como parte de una campaña dirigida a presionar al Congreso buscando que se apruebe una nueva extensión temporal del Supplemental Security Income (SSI) que administra Seguro Social.

Dolores Groso, una residente permanente de 71 años que ingresó a los Estados Unidos en 2000  como esposa de un refugiado había recibido la condición de deshabilitada por su estado de salud. Conociendo que de no hacerse ciudadana transcurrido los cinco años de su llegada al país perdería la ayuda que representa el SSI, solicitó su ciudadanía.

Dada su incapacidad de recibir y retener nuevas informaciones y conocimientos no podía aprender el idioma inglés ni someterse a la prueba de historia y cívica. Su solicitud de ciudadanía fue acompañada por el formulario N 648 Medical Certification for Disablity Exeptions firmada por un psiquiatra que establecía su incapacidad para aprender inglés y los requisitos de historia y cívica.

Dos años después fue a la entrevista para la obtención de la ciudadanía. Los funcionarios que recibieron su caso en Miami solo dieron una simple mirada al formulario N 648 y le reclamaron una segunda opción dándosele una nueva cita para dos meses después. Requirió los servicios de un segundo psiquiatra al que tuvo que pagar los honorarios con sus propios recursos. La nueva certificación médica fue rechazada y como ya había transcurrido los cinco años su ingreso suplementario le fue suspendido. No sabía hablar inglés.

Luego de una extensión de dos años del SSI, Groso hizo una nueva solicitud de ciudadanía con un nuevo formulario N 648. Un año después, en Tampa, una funcionaria de mal talante, le rechazó su solicitud alegando que la psiquiatra que le atendía no había precisado algunos puntos esenciales en su certificación, por lo que le concedió una nueva fecha para la entrevista.

Con un nuevo formulario N 648 Groso se presentó a la segunda entrevista recibiendo un nuevo rechazo. La funcionaria de inmigración le aconsejó que solicitara de nuevo para el 2015 y hacer la entrevista con un examen en español de historia y cívica.

Acogiéndose a su derecho, Groso solicitó un hearing (audiencia) para reconsiderar la decisión de la funcionaria que le atendiera en primera instancia. Para la audiencia, presentó un nuevo formulario N 648. Cuál fue su sorpresa cuando ni siquiera se le permitiera argumentar en la denominada audiencia que se concretó a una nueva consideración de su caso por otra funcionaria de inmigración que se le presentó como supervisora. El resultado fue el mismo. La funcionaria alegaba que en todo el largo proceso de su solicitud de ciudadanía había presentado diferentes formularios firmados por tres médicos o psiquiatras diferentes.

Groso alega que por cambios en su seguro médico, primero Medicaid y posteriormente Medicare y Medicaid había sido tratada por diferentes profesionales.

Por su parte, Joaquín Valdivia, según El Nuevo Herald, señaló durante una entrevista en las oficinas de Americanos Pro Justicia Inmigrante, cerca del downtown de Miami que su única alternativa era esperar que recibiera de nuevo la ayuda una vez que se le concediera la ciudadanía: “Mi solicitud de ciudadanía ─ indicó Valdivia ─ ya está presentada en inmigración”, para lo cual tendrá que esperar hasta noviembre o diciembre.

De acuerdo con El Nuevo Herald, Valory Greenfield, abogada del grupo Florida Legal Services (Servicios Legales de Florida), dijo que hay algunos refugiados que han perdido la ayuda SSI y que no tienen familiares, por lo que se encuentran en una situación desesperada, encarando incluso la posibilidad de ser desalojados de sus hogares por no poder pagar el alquiler.

Greenfield ─ agrega El Nuevo Herald ─, que sigue de cerca los esfuerzos en el Congreso de aprobar una extensión de la ayuda, dijo que había un proyecto en el Senado pero que estaba en el aire, mientras que en la Cámara de Representantes se había presentado un proyecto que prolongaría la ayuda por un año más.

Mientras tanto, personas como Valdivia y Groso tendrán que acogerse a la ayuda que puedan proveerles algún que otro familiar ya de por sí bastantes presionados por las condiciones difíciles que en la actualidad existen en la economía y con el incremento de los índices de desempleo. Muchos, sin familiares con cierta capacidad de solvencia se verán como afirma el dicho en la calle y sin llavín.