Mario J. Viera
El martes 25 de octubre se celebró la Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Se debatía el derecho a la libre expresión de la prensa amenazada por la prepotencia del presidente de Ecuador Rafael Correa.
La CIDH había acogido las peticiones de organizaciones de periodistas ecuatorianos que solicitaron la asistencia del organismo interamericano en defensa del derecho a la expresión y de medidas para asegurar el ejercicio de la comunicación en Ecuador. Allí estaban presentes representantes de la Fundación Andina para la Observación (Fundamedios), la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos del Ecuador (Aedep), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador (UNP) y del Diario el Universo al igual que los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro 'El gran Hermano” que están bajo proceso por una demanda interpuesta contra ellos por Correa con el alegato de injuria supuestamente recogidas en el libro.
En representación del olímpico Correa estaban presentes el canciller Ricardo Patiño, y el Procurador Diego García. Y Patiño habló en defensa de Correa, habló de sus supuestos “logros” en el tema de los derechos humanos; habló de los supuestos vínculos de los medios ecuatorianos contra los poderes mercantiles que habían prevalecido en Ecuador antes de la aparición del Mesías Correa; pero ni él, ni Diego García, como afirmara Hernán Salgado ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “pudieron explicar lo que pasa en el país en materia de libertad de expresión. No comprendieron la dimensión jurídica que tiene esta instancia”. O como se expresa en un Editorial del diario El Comercio, la intervención de Patiño desconoció los casos concretos y a derivó “hacia argumentos políticos que le permitieron, en última instancia, recurrir al argumento de la soberanía nacional, como si el Ecuador pudiera sustraerse a los principios hemisféricos”.
El socorrido pretexto de la defensa de la soberanía nacional al que concurren todos los gobierno dictatoriales o totalitarios para sustraerse a las críticas de instancias internacionales y que en definitiva enmascara la soberanía del caudillo, su derecho exclusivo de decidir, ejecutar e imponer por encima de los poderes del Estado.
César Ricaurte, director ejecutivo en Ecuador de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedio) indicó que Patiño y García “prefirieron hablar de las obras que hace el Gobierno o argumentar la no interferencia en asuntos internos del Ecuador” sin referirse a lo fundamental que son los juicios y las amenazas del poder contra los periodistas. Aseguró además, que en el Ecuador “existe una constante y sistemática política de acoso y vulneración de las libertades de prensa, expresión y asociación”.
Solo verborrea, nada concreto, nada que fuera de la retórica oficialista justificara a la luz del derecho las demandas interpuestas por Correa contra varios periodistas que le hicieron críticas. Solo defensa de lo que asegura Correa es un acto legítimo de responder a ofensas recibidas por la prensa. Cola de paja tiene el mandatario en este tema que hasta la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, luego de argumentar que los “más altos funcionarios han sostenido que hay que proteger la honra, que hay que proteger el buen nombre, y que en Ecuador no se garantiza el derecho al insulto, y la tesis de que no está protegido el derecho al insulto” y de citar a Correa que dijo “que las personas que lo llamaban fascista estaban cometiendo un delito y que él consideraba que había que procesarlos” y luego de señalar que varios “de los periodistas presentes (en la audiencia) y otros que no están han sido procesados o condenados por irrespetar la honra del presidente, pero, él y altas autoridades, han sostenido por un lado, han imputado a periodistas, y les han dicho corruptos, estafadores, golpistas, y todos aquí sabemos que eso es un delito, pero a más les han dicho imbéciles, idiotas, basura...” formuló la siguiente pregunta: “¿El delito se aplica solamente para los ciudadanos que puedan ofender la honra de los funcionarios, y por lo tanto, es el delito de desacato o es un delito que se aplica universalmente, y por lo tanto, las autoridades que han utilizado esas expresiones también estarían incurriendo en ese delito?”
Frente a las evidencias presentadas por los periodistas en la audiencia, los representantes del gobierno de Ecuador quedaron sin argumentos, lo que originó la ira del presidente Correa.
La Comisión interamericana “no es el oráculo de Delfos” saltó de inmediato; la CIDH “puede estar equivocada, no son el oráculo de Delfos y están muy influenciados por estos grupos que tienen una capacidad de presión extremadamente grande”; es como decir que los miembros de la CIDH son un grupo de tontos fácilmente manipulables por los voceros de la oligarquía, y como tontos que son dictarán un fallo que él no podrá aceptar de ningún modo si es favorable a los demandantes y ese fallo, para él, será como una ofensa a su honor. Lamentará, eso sí, si se produce el ofensivo fallo, no poder demandar a los tontos de la CIDH y colocarles bajo el arbitrio del juez Paredes.
Ya está preparado para la resolución que probablemente apruebe la Comisión, entonces ya está diciendo: “Si va a tomar una resolución la Comisión Interamericana en base de mentiras, por supuesto que no la aceptaremos”. Como afirma El Correo en su editorial: “Más tarde que temprano, el Gobierno tendrá que decidir si acepta o no los postulados de la OEA, y por ende las recomendaciones que seguramente le llegarán tras la audiencia”. Desde ahora ya se vislumbra cuál será la decisión de Corra.
Correa, tan delicadito como es considera un insulto a su honor ser acusado de fascista y más aún, un delito de lesa majestad que debe ser castigado severa y ejemplarmente, pero él si puede, desde su particular interpretación del derecho, insultar: "Les seguiré diciendo, cuantas veces sean necesarias, a ciertos medios que son corruptos, que son una mafia, que son faltos de profesionalismo”, no, a él no se le puede decir que es fascista pero él si puede decirle a otros que son mafiosos. He aquí la base de su cuestionamiento a las posibles conclusiones de la Comisión interamericana. De este modo lo enfoca: “Esta confrontación no va a acabar porque esos medios, que son negocios, no es que defiendan la libertad de expresión, defienden la libertad de empresa, sus intereses” y agrega: “Lo que hay es un monopolio de la comunicación. Estamos rompiendo con ese monopolio, y mientras sigamos esa lucha los medios monopólicos, los grandes capitales dedicados al negocio de la comunicación seguirán oponiéndose al gobierno”; por eso se empeña en arruinarles con multimillonarias demandas y aspirando, como se hizo en Cuba, colocar a todos los medios bajo el control exclusivo del gobierno, de su gobierno, del gobierno de él, el intocable, el Júpiter Capitolino, Su Majestad Rafael Correa.
Carente de argumentos, Correa se prepara para desacatar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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