¿Legalidad en Cuba?

Avanza inédita demanda en Cuba

Juan O. Tamayo. EL NUEVO HERALD. 14 de junio de 2011.

Licenciado Wilfredo Vallín

Después de una batalla sin precedentes que llegó al tribunal supremo de Cuba, un grupo de abogados independientes ha ganado el primer paso para inscribir una organización que proporcione asesoramiento jurídico a la sociedad civil, incluidos los disidentes.

“No estamos cantando victoria todavía, pero ya estamos preparando el segundo paso necesario para convertirnos en protectores del pueblo, de todo el pueblo sin excepciones”, dijo el lunes Wilfredo Vallín por teléfono desde La Habana.

El abogado de 63 años puso una demanda contra la ministra de Justicia, María Esther Reus González, en el 2009 alegando que violó la ley al negarse a responder a su intento de inscribir oficialmente la Asociación Jurídica Cubana (AJC) como una organización no gubernamental.

Los funcionarios del ministerio no habían respondido nunca antes a tales solicitudes de los críticos del gobierno, lo cual hace que los grupos fueran técnicamente ilegales y, por lo tanto, que estuvieran sujetos a castigo por el delito de “asociación ilícita”.

Los tribunales, controlados por el Partido Comunista descartaban a su vez las pocas impugnaciones legales presentadas por los disidentes contra el gobierno o sus funcionarios, según expertos legales. El gobierno califica regularmente a los disidentes como “mercenarios” pagados por Estados Unidos.

Sin embargo, Vallín se sorprendió de que su demanda ascendiera por la escala legal de Cuba hasta abril, cuando el máximo tribunal declaró que el abogado no había presentado su documento ante el tribunal apropiado, pero permitió que el caso continuara.

Vallín escribió en la página web de la AJC el lunes que se enteró de su victoria durante una visita al ministerio, “en la que fue atendido con una amabilidad que ojalá se aplicara a cuanto cubano acude a ese ministerio”.

Vallín publicó una copia del documento del 3 de junio, expedido por el Departamento de Inscripción de Asociaciones del Ministerio de Justicia, que certifica que ningún otro grupo se ha inscrito con el mismo nombre o propósito que la AJC.

Con ese documento en la mano, ahora puede pedir que la AJC sea legalmente reconocida y autorizada para llevar a cabo su labor, le dijo a El Nuevo Herald.

La AJC se proyecta como un grupo independiente que ofrece asesoramiento jurídico gratuito a cualquier persona que lo necesite. Sin embargo, ha trabajado sobre todo con grupos disidentes, y los funcionarios de la seguridad del Estado han bloqueado o prevenido varios seminarios de la AJC diseñados para enseñar a los disidentes sus derechos cuando se enfrentan a la policía.

“No se me escapa que para aquellos acostumbrados a hacer de la ley letra muerta y a campear ‘por su respeto’, la posibilidad de la existencia de una ONG de abogados independientes que reclame la aplicación pareja de la ley a todos en igualdad ante ella, no es una buena noticia”, escribió en su mensaje en la web.

Vallín demandó a Reus González para obligar a que su ministerio respondiera su solicitud de un certificado donde se estableciera que ninguna otra organización no gubernamental se había inscrito con el mismo nombre o propósito que la AJC.

Para sorpresa de Vallín y de los expertos legales cubanos, un tribunal accedió a considerar su queja y, posteriormente, ordenó a la ministra que designara abogados para que la defendieran contra la demanda.

“Al fin, luego de dos años y dos meses, la Asociación Jurídica Cubana (AJC) recibió el certificado que nos llevó a una insospechada (e indeseada) marcha hasta el Tribunal Supremo de la nación”, escribió Vallín el lunes.

Agregó que se encuentra trabajando actualmente en el siguiente paso: la solicitud de que la AJC sea oficialmente reconocida como la primera organización independiente y verdaderamente no gubernamental de Cuba.

La certificación del MinJus

Wilfredo Vallín Almeida. 13 junio, 2011.

Al fin, luego de 2 años y 2 meses, la Asociación Jurídica Cubana (AJC)  recibió el certificado  que nos llevó a una insospechada (e indeseada) marcha hasta el Tribunal Supremo de la nación.

Como es nuestra costumbre, y dado que no tenemos nada que esconder, ese documento, tal y como nos fuera entregado en la sede del registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia, es posible leerlo en las pestañas  superiores de nuestro blog.

El que suscribe fue atendido con una amabilidad que ojalá se aplicara  a cuanto cubano acude a ese Ministerio en cualquier gestión y por el solo hecho de ser cubano.

Y ahora, al tema que nos ocupa, el análisis del certificado que nos diera el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia.

Como conocen nuestros lectores, la Asociación Jurídica Cubana acudió al Registro de Asociaciones el Ministerio de Justicia solicitándole una certificación en que debían reflejarse dos cuestiones:

a)      Si existía o no en el país otra  asociación con nuestro nombre.

b)      Si los objetivos (propósitos) de nuestra organización coincidían con los de otras ONG ya existentes.

Según puede verse en la copia del documento que obra en este blog, las respuestas fueron:

a)      No existe en el país ninguna otra organización con ese nombre.

b)      Se hace una relación de las ocupaciones de la Unión de Juristas de Cuba y de la Organización de Bufetes Colectivos con la suposición de que la AJC pudiera duplicar con sus propósitos,  actividades ya abarcadas por estas organizaciones.

A fuer de sinceros, debemos decir que estamos muy complacidos con esa respuesta del Ministerio de Justicia.

En primer lugar porque, al igual que el Tribunal Supremo Popular reconoció nuestro derecho a asociarnos, ahora ese Ministerio reconoce que no hay otra organización de abogados con ese nombre en nuestro país.

En segundo lugar, porque al referirse a las actividades que desarrollan la Unión de Juristas de Cuba y la Organización de Bufetes Colectivos y dárnosla por escrito, sin mencionar las actividades que nosotros desarrollamos y que son de perfecto conocimiento de las autoridades, nos brinda la oportunidad de demostrar, en el momento correspondiente, que no existe duplicidad de propósito alguna entre la AJC y esas dependencias estatales.

No se me escapa  que para aquellos acostumbrados a hacer de la ley letra muerta y a campear “por su respeto”; la posibilidad de la existencia de una ONG de abogados independientes que reclame la aplicación pareja de la ley a todos en igualdad ante ella, no es una buena noticia.

No puede serlo tampoco para otros que, ignorando los sufrimientos y penurias de nuestro pueblo hacen de su profesión y posición de letrados, pedestal para obtener beneficios personales, fuera de su salario, ayudando a los que pueden pagar y dejando a la inmensa mayoría de los necesitados de dirección letrada en la indefensión más absoluta.

No puedo menos que sentir pena por aquellos colegas que han olvidado la frase del Maestro:

    En un mero soldado la rapiña puede ser natural, pero todo atentado contra el derecho, en tierra propia o ajena, es crimen en un hombre de pensamiento.