René Gómez Manzano
Porfirio Lobo y Mel Zelaya, firma del Acuerdo de Cartagena
LA HABANA, Cuba, junio (www.cubanet.org) – La pasada semana fue noticia el retorno a Honduras del ex Presidente Manuel Zelaya, dentro del marco de un proceso que culminó con la firma del Acuerdo de Cartagena de Indias. Ese regreso ha servido para la readmisión del país centroamericano en la OEA, en cuyas reuniones dejó de participar una vez que el ensombrerado personaje salió del poder.
En aquella oportunidad, muchos gobiernos (principalmente los del “socialismo del Siglo XXI”) calificaron la remoción de Zelaya como “golpe militar”, a pesar de faltar en el incidente los atributos usuales en las aventuras de ese género, otrora tan usuales en Nuestra América.
En realidad, la única acción indudablemente contraria al ordenamiento constitucional hondureño fue el empecinamiento de Mel en llevar a cabo, por decisión unipersonal, una llamada “consulta popular”, en contra de la decisión expresa de todos los otros órganos del Estado, los que calificaron ese empeño como espurio.
El fin último de la maniobra era llegar a tener una nueva Carta Magna, cuyo elemento central habría sido la reelección presidencial, algo que la actual superley de Honduras prohíbe terminantemente, pero que los otros jefes del ALBA lograron incluir en las nuevas constituciones que han hecho aprobar en sus respectivos países.
Aunque reconozco que los demócratas hondureños, con la expulsión de Zelaya en pijama, proyectaron una imagen deformada, creo que la asunción de Roberto Micheletti como Presidente no podía considerarse ilegítima, máxime cuando todos los restantes órganos constituidos de ese país democrático lo apoyaron.
Pero todavía hoy estoy dispuesto a otorgar el beneficio de la duda a quienes tienen otra opinión. Lo decididamente obsceno fue el haber hecho extensiva esa valoración adversa al gobierno de Porfirio Lobo, candidato opositor que el pueblo soberano escogió por amplia mayoría en comicios ejemplares, al nuevo Congreso seleccionado democráticamente y a los restantes órganos del Estado hondureño.
¿Acaso no se reconoció en su momento la plena validez de las elecciones celebradas en otros países latinoamericanos que pugnaban por dejar atrás un régimen dictatorial? ¿No fue ese el caso de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y tantos otros? Suponiendo que Roberto Micheletti haya estado en igual situación (que ya hemos visto que es demasiado suponer), ¿por qué había que darle un tratamiento diferente a Honduras? ¿Será porque ese país hermano es pequeño y pobre?
Un punto central del Acuerdo de Cartagena de Indias es el que franquea la celebración de un plebiscito, cuyo objetivo final sería la elección de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna. Su implementación o no dependerá de la decisión que adopten los órganos que las leyes hondureñas facultan para ello.
Aunque los parlamentarios de su propio partido están por el momento reacios a aceptar una consulta popular de ese tipo, parece que el Presidente Lobo no es adverso a esa iniciativa. ¿Se trata simplemente de una táctica que empleó para lograr el fin de la exclusión de la OEA? ¿O será que también él está interesado en poder ocupar por segunda ocasión la presidencia del país, cosa que veda la actual Constitución?
Acuden a mi memoria los conocidos ripios: No tan sólo Bonachea / fabrica los cucuruchos, / porque yo conozco a muchos / que tienen la misma idea. ¿Habrá que aplicar esa rima a la situación actual de la fraterna Honduras?
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