En
Venezuela, la mal llamada e ilegítima asamblea nacional constituyente ha creado
una “comisión para la verdad, la justicia y la tranquilidad pública”; una
suerte de tribunal de inquisición, con amplios poderes de investigación y
atribuciones sancionatorias.
Gustavo
Tarre Briceño EL NACIONAL
Las “comisiones de la verdad” se han
convertido en una práctica corriente en países que han vivido períodos de
violencia y transiciones democráticas. Buscan afrontar la impunidad, romper el
ciclo de violencia y de violación de los derechos humanos y lograr establecer,
de manera objetiva e imparcial, qué fue lo que realmente ocurrió en un
determinado lapso histórico. Todo ello para propiciar una reconciliación
auténtica, basada en recomendaciones de políticas que buscan identificar y
atender las causas de los abusos y de las violaciones con el fin de prevenir su
futura repetición.
Históricamente, las comisiones de la
verdad se han creado durante períodos de cambio político, cuando se derrumban
regímenes dictatoriales o con la finalidad de ayudar a la resolución de un
conflicto armado. No suele ocurrir que sea el régimen autoritario y represivo
el que la promueva.
La característica más importante de una
verdadera comisión de la verdad debe ser su absoluta imparcialidad. A estos
efectos, sus miembros deben estar totalmente alejados de toda parcialidad o
influencia política, así como gozar de una intachable honorabilidad y
reputación moral y profesional. Los procedimientos para las investigaciones
deben ser absolutamente transparentes y no pretender sustituir a los tribunales
de justicia. No les corresponde establecer responsabilidades penales
individuales y sus actuaciones solo pueden servir como elementos de juicio para
los procesos judiciales
En Venezuela, la mal llamada e ilegítima
asamblea nacional constituyente ha creado una “comisión para la verdad, la
justicia y la tranquilidad pública”; una suerte de tribunal de inquisición, con
amplios poderes de investigación y atribuciones sancionatorias.
Este mamotreto, que desvirtúa la esencia
de las comisiones de la verdad, es totalmente inaceptable y merece un rechazo
general que aún no ha ocurrido. No olvidamos los muy acertados comentarios del Observatorio Venezolano de la Justicia
que dirige la profesora Laura Louza y otras valiosas opiniones de
organizaciones no gubernamentales como Transparencia
Venezuela que, con legítima indignación, han señalado que más que una
comisión de la verdad es una comisión de la venganza que busca perseguir a la
oposición política y a quienes se atreven a pensar distinto.
¿Quiénes integran este adefesio? Empecemos
por señalar que su presidente es Delcy Rodríguez. Está integrado por el
defensor del pueblo, el fiscal general, tres miembros de la ANC, tres de
organizaciones de víctimas de la violencia política 1999-2017, un miembro de
una organización venezolana de derechos humanos; dos personas designadas por su
“competencia profesional, integridad y
ética”, y tres diputados de la Asamblea Nacional en representación de la
“derecha”.
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Delcy Rodríguez. Presidenta de la Asamblea
Nacional Constituyente de Venezuela a propuesta de Diosdado Cabello
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Muy correctamente, la Asamblea Nacional se
negó a participar en esta parodia. Las más prestigiosas organizaciones de derechos
humanos no fueron ni siquiera consultadas y solo las “víctimas” afines al
gobierno fueron tomadas en cuenta. En resumen, los 14 miembros de la comisión son militantes o declarados
simpatizantes del PSUV.
La presidente de la ANC y de la comisión
anunció que esta abordará varias investigaciones, entre ellas: los planes
desestabilizadores promovidos por Julio Borges contra el sistema socioeconómico
y financiero del país; la violencia y el terror que generaron grupos de choque
opositores durante los últimos meses, dirigidos por el diputado Freddy Guevara;
y la presunta red de corrupción y extorsión encabezada por la fiscal general
Luisa Ortega Díaz y por su esposo. No
hay ninguna intención de investigar los asesinatos de cientos de manifestantes
ni los miles de heridos en las calles de las ciudades venezolanas, ni la
tortura sistemática, ni las detenciones arbitrarias, ni los juicios por
tribunales militares, ni el saqueo de los dineros públicos, ni las violaciones
de la libertad de expresión.
¿Engaña a alguien esta payasada? No lo
creo, pero sí pienso que el repudio a esta manipulación espuria, a este
patético mamarracho, debe ser mucho más sonoro y contundente, antes de que
empiece a “establecer verdades” y a imponer “la tranquilidad pública”. Nadie con
un átomo de respeto por sí mismo puede participar en actividades promovidas o
auspiciadas por una comisión de odio y de venganza.
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