Proyecto del Centro para la
Democracia en las Américas y la Oficina de Washington sobre América Latina.
(Segunda parte)
Mario J. Viera
En la propuesta para la renovación de
los compromisos diplomáticos con Cuba, los ponentes consideran que se puede
alcanzar una política exitosa siempre que sirvan al interés nacional y adaptar
de manera realista las capacidades a los objetivos (“sentido normativo); y
contar, además, con suficiente apoyo de las partes interesadas pertinentes para
ser sostenibles (sentido político) Teniendo esto presente, el proyecto del
Centro para la Democracia en las Américas y la Oficina de Washington sobre
América Latina (WOLA), plantea cuatro interrogantes para las cuales intenta
responder:
• ¿Por qué Cuba debería ser una
prioridad cuando tantas otras cuestiones urgentes requieren atención?
• Después de cuatro años de hostilidad
estadounidense, ¿Cuba sigue interesada en mejorar las relaciones?
• ¿Qué piensan las principales partes
interesadas sobre esta polémica cuestión política interna?
• ¿Cómo puede una nueva política de
compromiso superar los obstáculos del apoyo de Cuba al gobierno venezolano y el
misterio sin resolver de las lesiones al personal estadounidense que presta
servicio en Cuba?
Esto, según los ponentes, requiere
alcanzar tres imprescindibles etapas, dentro de las cuales se consideran:
1.
Reparación del daño: En los primeros meses de la nueva administración, revertir el daño
causado por el uso de la autoridad ejecutiva por parte del presidente Trump
para "cancelar" la apertura del presidente Obama.
2.
Tomar la Iniciativa: Identificar e
implementar medidas adicionales para avanzar la política de participación a un
nuevo nivel utilizando la autoridad ejecutiva del presidente.
3 Terminar el trabajo: Tratar de
cambiar las disposiciones legales que han prescrito las sanciones contra Cuba
en la ley, limitando la autoridad constitucional del presidente para dirigir la
política exterior de estados Unidos.
Ante los numerosos problemas, a los que,
el gobierno de Biden tendrá que buscarle soluciones, tales como “la pandemia COVID-19, la peor recesión
económica desde la década de 1930, y las demandas de justicia racial que se habían
demorado durante mucho tiempo”, los ponentes del proyecto se cuestionan, si
Cuba, debiera ser una prioridad en la agenda del presidente. “Después de todo ─ aseguran ─, Cuba es un país pequeño que no representa una amenaza real para los
Estados Unidos, a pesar de más de medio siglo de antagonismo”. Existen,
de acuerdo a los ponentes, “varias
buenas razones para que el presidente se mueva rápidamente para volver a
comprometerse con Cuba”.
La primera de estas “buenas razones” es
la crisis en Venezuela, porque, señalan, “guste
o no, una solución política a la crisis venezolana requerirá la cooperación
internacional entre actores con diferentes intereses, incluyendo Cuba y Estados
Unidos”. En segundo lugar, se
dice, está previsto que estados
Unidos organice la Novena Cumbre de las Américas a finales de 2021, donde la
nueva administración de Estados Unidos podrá formular “su enfoque general hacia
América Latina, incluida Cuba”. Consideran los ponentes que, si “Estados Unidos detuvo el compromiso;
dependerá de los Estados Unidos dar los primeros pasos hacia su restauración”,
aprovechando un encuentro de Biden con el nombrado como presidente por el PCC, Miguel
Díaz-Canel, en esa Cumbre, para subrayar el interés de Estados Unidos en mejorar
las relaciones.
En mi opinión este “primer paso” que se
le propone dar a Biden, sería un error político y hasta mostraría una posición
débil por parte de Estados Unidos. Es cierto que, el denominado “compromiso”,
se interrumpió por la política oportunista de Trump hacia Cuba, aunque, reamente,
fue el propio gobierno de Cuaba quien creó las condiciones para torpedear las
buenas intenciones del presidente Obama. Biden pudiera abrirse a una solución
pactada con el gobierno cubano sí, y solo, si el representante de ese gobierno
fuera quien diera el primer paso. Por otra parte, si fuera Biden quien diera el
primer paso en el acercamiento, el sector ultraderechista del exilio cubano se
haría más agresivo hacia la administración demócrata, y se ahondaría más la
división que hoy afecta a toda la comunidad cubana de exiliados y emigrantes.
En tercer lugar, se declara en el
proyecto, “volver a comprometerse con Cuba es relativamente fácil”; esto solo
es verdad a medias. Es cierto que Biden, de un plumazo pudiera revertir las
sanciones que, por autoridad ejecutiva, Donald Trump le impuso a Cuba. Sin
embargo, la situación actual no es la misma que se esperaba alcanzar en 2016.
Independiente de las acciones agresivas de la administración Trump, en Cuba,
tanto las condiciones económicas como políticas y sociales se abocan a una
crisis. El régimen se ha dado a la tarea de reprimir a la disidencia, en
especial después de los acontecimientos del pasado 27 de noviembre; en tanto,
las diferentes y escuálidas organizaciones opositores al interior de la isla,
están entregadas a un inmovilismo político confiando en las quimeras de las
organizaciones de ultraderecha del exilio y sus promesas de liberación via las
acciones de sanciones económicas.
No se puede volver al 2016. Biden no
debe hacerle concesiones unilaterales al régimen de la dictadura de un partido
colocado por encima del Estado y la sociedad. La política de descongelamiento
de las relaciones diplomáticas mutuas, se puede reencaminar a partir se la
supresión de las sanciones económicas impuestas por Trump, conjuntamente con el
reintegro del personal diplomático
estadounidense retirado de la embajada de Estados Unidos, desde septiembre de
2017, como respuesta a las lesiones reportadas a unas dos docenas de ellos, por
un supuesto ataque sónico que no ha podido ser identificado claramente.
Este tema de las afectaciones sufridas
por el personal diplomático de Estados Unidos en La Habana, es considerado,
dentro del proyecto, como uno de los dos principales obstáculos para el
reinicio del compromiso Cuba-Estados Unidos. Resaltado en negrita, el proyecto
plantea, con respecto a este conflicto, lo siguiente: “El presidente no debe permitir que este misterio sin resolver determine
nuestra relación con Cuba. Devolver las embajadas de Estados Unidos y Cuba a la
plena funcionalidad es un primer paso crítico en una nueva política de
compromiso”. Propone entonces, cumplir determinados requisitos para que esto se haga de forma
segura:
“• Dotar la embajada poco a poco, con nuevo personal, priorizando la
reanudación de los servicios consulares, la ausencia de los cuales ha puesto la
mayor carga para la reunificación familiar y el intercambio cultural. •
Realizar pruebas de referencia y reevaluaciones periódicas del personal
estadounidense estacionado en La Habana para identificar rápidamente cualquier
problema nuevo. • Aumentar la seguridad
en y alrededor de las residencias diplomáticas de los Estados Unidos. • Continuar los esfuerzos para identificar la
causa original de las lesiones, compartiendo toda la información necesaria
con los investigadores de la Academia Nacional de Ciencias, reanudando la cooperación con los investigadores
cubanos y replicando el protocolo de pruebas canadiense sobre temas
estadounidenses para determinar si produce resultados comparables (…) Las
precauciones enumeradas anteriormente reducirán la probabilidad de nuevos casos
y proporcionarán la capacidad de identificarlos rápidamente si se produce
alguno”.
El segundo obstáculo, de marcado carácter político, el proyecto lo ve
en la crisis en Venezuela y en la implicación del gobierno de Cuba a favor del
gobierno de Maduro. “La crisis
política, económica y humanitaria en Venezuela ─ señala el proyecto ─ es
uno de los temas más urgentes en el hemisferio occidental y el apoyo de Cuba al
gobierno de Maduro representa tanto un obstáculo político para el renovar el
compromiso como para una oportunidad diplomática”.
Según el proyecto, la participación de Cuba tiene importancia capital
en la búsqueda de una solución negociada del caso venezolano, “que conduzca a
elecciones libres y justas”, y la “política estadounidense debe apoyar los
esfuerzos internacionales para lograr un acuerdo político que conduzca a
elecciones libres y justas, en la línea del acuerdo que puso fin a la guerra
civil de Nicaragua en 1990”. Se agrega diciendo: “Como partidario clave
del gobierno de Maduro, Cuba tendrá una influencia considerable sobre si tal
solución es posible. Te guste o no,
involucrarse con La Habana es una condición necesaria para llegar a un
asentamiento venezolano que funcione”.
El supuesto de que el régimen cubano sea un partícipe crucial en la
solución de la crisis venezolana, más que nada, solo es una expresión de
“buenos deseos”. Aunque el proyecto funda sus esperanzas en la participación
cubana durante las conversaciones que pusieron fin a la guerra entre Angola y
Sudáfrica en la década de 1980, y su participación en los acuerdos de paz en
Centroamérica en la década de 1990 y, en asociación con Noruega, al acuerdo de
paz colombiano negociado en La Habana en 2016; esto no significa necesariamente
que, el régimen del PCC se interesará en conversaciones que puedan producir la
caída del gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela es un aliado de primera línea
de Cuba. Es del todo improbable que Cuba se una en un esfuerzo común con
Estados Unidos para “apoyar un esfuerzo de mediación internacional viable
encaminado a resolver la crisis venezolana a través de elecciones libres y
justas”.
Sin embargo, el proyecto se contradice cuando, luego de considerar el
papel de Cuba como mediador en Venezuela, concluye diciendo: “El volver al compromiso con Cuba no debe condicionarse a los progresos en Venezuela ni al fin del apoyo
cubano a Maduro. Volver a comprometerse con Cuba es la política exterior
correcta porque sirve a una amplia gama
de intereses estadounidenses, a pesar del conflicto venezolano”. No
obstante, no abandona del todo sus esperanzas con respecto al régimen de La
Habana: “Pero volver a comprometerse ─ confían los ponentes del proyecto
─ creará condiciones más propicias para alistar la cooperación cubana para
poner fin a ese conflicto”. Algo así como la comedia de Shakespeare “Sueños
de una noche de verano”.
Pero,
¿realmente Cuba es una cuestión de
política exterior de alto perfil, como lo entienden los redactores del
proyecto?, “tal vez más de lo que la importancia intrínseca de Cuba
dictaría. La apertura del presidente Obama en 2014 a Cuba atrajo la atención y
los elogios a nivel mundial como un acontecimiento histórico. Una de las
razones del alto perfil de Cuba es la larga historia de crisis”, se afirma
en el proyecto; y agrega: “Otra es la diáspora cubano-estadounidense, que se
preocupa profundamente por las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ya sea a
favor o en contra. Una acción rápida
para volver a comprometerse con Cuba enviará el mensaje de que el presidente tiene la intención de
tener una política exterior activa, volver a comprometerse con aliados y
adversarios, y reconstruir la estatura estadounidense en el mundo”.
Los autores
del proyecto se cuestionan diciendo: “¿Es Cuba un socio confiable?
¿Mantendrán los líderes cubanos su parte del trato? La respuesta corta es sí”.
¿Y por qué esta rotunda afirmación?, porque así lo consideran los promotores
del proyecto diciendo: “…a lo largo de la administración Trump, los líderes
cubanos continuaron insistiendo en que están abiertos a mejorar las relaciones
con los Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo. Sin embargo, para
superar las sospechas cubanas, (según el proyecto, como resultado de “la
reversión del presidente Trump de los logros hechos durante la apertura de
Obama”) una nueva administración
estadounidense tendrá que hacer un esfuerzo concertado para reconstruir una
medida de confianza, lo que significa tomar los primeros pasos para renovar el
proceso”. De nuevo la
condición de que Estados Unidos dé el primer paso. No, la administración de
Biden debe dejar asentado que el proceso de distensión con Cuba, no implica el
que Estados Unidos renuncie a la denuncia de las violaciones de los derechos
humanos de Cuba tanto civiles como políticos; que Estados Unidos reconoce el
derecho de todo cubano a organizarse políticamente y a disentir; que Estados
Unidos condena todas las manifestaciones represivas por razones políticas, y
los denominados “Actos de Repudio”, lo que no implica intromisión en los
asuntos internos de Cuba.
Es que,
según lo enunciado en el proyecto, Cuba sigue interesada en el compromiso.,
porque las “condiciones políticas y económicas de Cuba han cambiado desde
que el presidente Obama y el presidente Castro anunciaron su intención de
normalizar las relaciones, pero los incentivos económicos estructurales que
llevaron a Cuba a apoyar la normalización siguen
vigentes”. Lo único vigente es que ambas embajadas continúan abiertas y
solo existe una cooperación en temas como el narcotráfico. Lo que el régimen de
La Habana está interesado es en el relajamiento de las sanciones económica y en
el levantamiento del embargo, sin mayores compromisos de su parte; sin
intromisión en sus asuntos internos, como es el tema de los derechos humanos.
El PCC reclama este punto como cota aparte de cualquier acuerdo, nada de
legalización de la oposición, nada de libre expresión que no sea favorable a su
poder.
¿Cuál es la
propuesta del proyecto para que Estados Unidos sea quien dé el primer paso para
la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos que la política de Trump
ha dificultado? Partiendo del postulado asumido por los redactores del
proyecto, que una “nueva política
de compromiso implica relativamente poco riesgo político y el potencial de
movilizar una amplia variedad de electores en apoyo”, los promotores del proyecto del Centro para la
Democracia en las Américas y la Oficina de Washington sobre América Latina,
plantean varias recomendaciones que la administración Biden-Harris debieran
seguir.
En primer
lugar, el proyecto plantea, como cuestión esencial, lo siguiente: “En los primeros 100 días, un
representante presidencial debe reunirse con miembros
comprensivos de la comunidad cubano-estadounidense, pidiendo su apoyo para
una nueva política de compromiso y escuchando qué temas son de especial
importancia para ellos”. Esto dicho, luego de exponer: “Muchos de los líderes de la comunidad cubano-estadounidense que fueron
partidarios abiertos de la política del presidente Obama han estado callados ante la reversión de la misma por parte del
presidente Trump, no porque ya no apoyen el compromiso, sino porque vieron un espacio limitado para que
sus voces marcaran la diferencia”. ¿Muchos? Habría que preguntar,
quiénes son esos líderes. ¿Acaso algunos como Max Lesnik de la Alianza Martiana o como la Brigada Antonio
Maceo o la Fundación para la Normalización de las Relaciones entre
Estados Unidos y Cuba de Elena
Freyre? Todos comprometidos en la defensa del sistema que rige
en Cuba. ¿Acaso algunos de los participantes en el encuentro con representantes
del gobierno cubano, denominado “La
Nación y la Emigración”? Por otra parte, ¿Quiénes son, a juicio de los
promotores del proyecto, esos “miembros comprensivos de la comunidad
cubano-estadounidense”? Tal vez, Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia que ha estado opuesto al embargo, o miembros fundadores
de CubaOne Foundation o algún miembro cubano de Engage Cuba.
No creo que
alguno de ellos sea representativo del conjunto de la comunidad cubana de
exiliados y emigrados.
El proyecto
fundamenta esta propuesta basándose en los resultados de una encuesta realizada
en marzo de 2015, cuyos resultados mostraban un apoyo del 51% de los
cubano-americanos a la normalización y un 47% se declaraba a favor de levantar
el embargo. Un año después del anuncio de Obama, los cubano-americanos apoyaron
la normalización (56% a favor, 36% en contra) y el levantamiento del embargo
(53% a favor, 31% en contra). Todos estos datos, luego de los cuatro años de
propaganda trumpista han dejado de ser confiables. Las organizaciones cubanas
del exilio han tendido cada vez más hacia posiciones de extrema derecha y de
firme oposición a cualquier política que entiendan como favorable al régimen de
La Habana. Entre estas, se destacan el Directorio
Democrático Cubano y su apéndice, la Asamblea de la Resistencia Cubana, que,
según sus impulsores, agrupa a
organizaciones opositoras de dentro y fuera de la isla.
La
recomendación a la nueva administración más apropiada debería ser: “En los primeros 100 días, la Oficina del Contador General (GAO) y la United States Agency
for International Development (USAID), deberán realizar una auditoria a todas
las organizaciones del exilio cubano para ver en qué se invierte el dinero de
los contribuyentes que cubre los respectivos grants, y cuyos resultados se
hagan públicos”.
Otra de las
recomendaciones incluidas en la “Hoja de ruta”, plantea lo siguiente: “Al principio,
la nueva administración debe consultar con la Cámara de Comercio de los Estados
Unidos, el Consejo Empresarial EE.UU.-Cuba y la Coalición de Agricultura de los
Estados Unidos para Cuba para discutir cómo el gobierno de los Estados Unidos
puede facilitar la expansión de las relaciones comerciales con Cuba”. Sin embargo, lo principal a tener en cuenta es no
hacer concesiones unilaterales al régimen del PCC a cambio de nada. Aunque,
conveniente para los Estados Unidos, la administración Biden no debe mostrarse
muy generosa en cuanto a facilitar la expansión comercial con Cuba. Esta
expansión comercial debe tener en cuenta la situación de los derechos políticos
y civiles existentes en Cuba, el respeto a la libre expresión y al disenso.
En otro sentido,
no puede omitirse la realidad de la economía cubana, tal como lo expresa Richard
E. Feinberg, en la monografía titulada “Extender la mano: La nueva economía de Cuba
y la respuesta internacional”: “La
principal restricción que retrasa a la economía cubana no son las sanciones
impuestas por los Estados Unidos (aunque son realmente duras). En realidad, es
el propio modelo económico desactualizado de planificación centralizada que
Cuba heredó de la Unión Soviética”. Además, gravitando en la economía cubana está la
situación de su deuda externa tal y como demostró un Documento de la Unión Europea sobre la estrategia nacional
de Cuba y Programa Nacional Indicativo para el período 2011-2013,
citado por Feinberg, los $ 31,6 mil millones de deuda externa cubana en el 2008,
Cuba debía mil millones o más a cada uno de sus acreedores: Venezuela ($11.4
mil millones), España ($3.2 mil millones), China ($3.2 mil millones), Japón
($2.8 mil millones), Argentina ($2 mil millones), Francia ($1.9 mil millones),
Rumania ($1.2 mil millones), y Rusia postsoviética ($1.1 mil millones).
Con el
presupuesto de que una “sección bipartidista de la comunidad de
política exterior y seguridad nacional apoyó la apertura del presidente Obama a
Cuba con el argumento de que la
vieja política era un remanente ineficaz de la Guerra Fría que estaba dañando
las relaciones de Estados Unidos con los aliados, especialmente en América
Latina”, el proyecto propone, que: “En los primeros 100 días, el presidente debe reunirse con
miembros seleccionados del Congreso, incluidos demócratas y republicanos que apoyan el
compromiso (por ejemplo, el Grupo de
Trabajo de Cuba en la Cámara), para pedir su apoyo”. Propuesta esta que pasa por alto la realidad política actualmente
existente, luego de los cuatro años de los desastres trumpistas, manifestada en
una acentuada polarización entre los congresistas republicanos y demócratas que
dificulta el avance de cualquier iniciativa presidencial si, finalmente, los
demócratas no aseguran la mayoría formal en el Senado. Por otra parte, el
denominado Grupo de Trabajo de Cuba en la
Cámara, prácticamente ha desaparecido.
El Grupo de
Trabajo de Cuba (Cuba Working Group) fue una iniciativa bipartidista aparecido en diciembre
de 2015, formado por 17
representantes republicanos y 17 demócratas, como un grupo especial de la cámara baja del Congreso en apoyo a un abordaje
"más pragmático" para una mejora de las relaciones con Cuba. El 4 de junio de 2019, lo que
quedaba del grupo especial, tras el anuncio del Departamento del Tesoro de
aumentar las restricciones a los viajes de los Estados Unidos a Cuba, declaró:
“Todo estadounidense debe tener derecho a viajar libremente. La decisión de
la Administración de restringir aún más los viajes de Estados Unidos a Cuba no
sólo viola ese derecho, sino que socava los esfuerzos para ayudar a promover la
democracia y mejorar la vida del pueblo cubano. La fallida política de embargo
de Estados Unidos hacia Cuba en los últimos 60 años ha dado lugar al resultado
que vemos hoy. Ahora, los miembros del Congreso deben preguntarse si quieren
continuar por el mismo camino con respecto a Cuba o trazar un nuevo rumbo a
través de la participación”.
(Continuamos)
