Andrés
Oppenheimer
 |
| Elba Esther Gordillo "La Maestra" |
CIUDAD DE MEXICO --
Esta puede ser una semana histórica para México. Después de décadas en que
varios gobiernos trataron sin éxito de modernizar la educación pública, el
presidente Enrique Peña Nieto ha puesto detrás de las rejas a la todopoderosa
lideresa sindical Elba Esther Gordillo, más conocida como “la maestra”, y ─ más
importante aún ─ firmó una enmienda constitucional que permitirá reformas claves
a la educación en el país.
La reforma
constitucional para la reforma educativa firmada por Peña Nieto, que había sido
aprobada en el congreso por los tres principales partidos políticos de México a
pesar del rechazo de Gordillo y su poderoso Sindicato de Trabajadores de la
Educación (SNTE), aún debe ser regulada por el Congreso mediante una “ley
secundaria” que debe ser aprobada en los próximos seis meses.
Pero a juzgar por lo
que vi durante una visita a México esta semana, aunque existe el riesgo de que
el Congreso apruebe una “ley secundaria” diluida, el arresto de Gordillo bajo
cargos de corrupción – y las acusaciones de que entre otras cosas “la maestra”
habría gastado alrededor de 3 millones de dólares en compras en Neiman Marcus,
una de las tiendas más caras de Estados Unidos – hará más fácil que el Congreso
apruebe una ley efectiva.
La reforma constitucional
establece, entre otras cosas, que se deberán hacer evaluaciones obligatorias a
todos los maestros, y que las contrataciones y promociones de los docentes
deberán estar sujetas a estas evaluaciones. Lo que es más, permite que los
maestros mal evaluados puedan ser despedidos, algo a lo que el SNTE se ha
opuesto con uñas y dientes.
Hasta ahora, el SNTE,
que cuenta con 1,7 millones de afiliados y es el sindicato más grande de
Latinoamérica, de hecho decidía quién podía ser contratado como maestro. Gracias
al poder político del sindicato — que tiene incluso un partido político, con
senadores y diputados — los maestros de México no podían ser despedidos por más
que no fueran a dar clases, o no estuvieran capacitados para hacerlo.
Todo esto ha llevado a
un deterioro de la calidad educativa, y a una corrupción rampante. En
evaluaciones voluntarias de maestros llevadas a cabo en los últimos años, más
de la mitad de los docentes reprobaron la prueba. Y la venta de plazas ─ la práctica
por la cual aspirantes no calificados compran puestos de maestros vitalicios
por unos $10,000 dólares ─ es una práctica aún vigente, tal como la propia
Gordillo me admitió en una entrevista en el 2010.
Como resultado de este
perverso sistema educativo, México sale mal parado en los exámenes
internacionales PISA para estudiantes de 15 años. En el último test PISA
realizado en 2009, México salió en el puesto 51 entre 65 países (aunque,
Brasil, Colombia y Argentina ocuparon puestos aún más bajos en la tabla).
Cuando le pregunté al
jefe de gabinete del presidente, Aurelio Nuño, en una entrevista en el palacio
presidencial pocas horas antes del arresto de Gordillo si no hay un riesgo de
que el mandato constitucional sea diluido en el congreso cuando se dicte la
“ley secundaria”, meneó la cabeza como diciendo “de ninguna manera”.
Según Nuño, es en el
interés del gobierno de que la reforma educativa se implemente, porque la
aprobación de una reforma educativa efectiva le hará más fácil a Peña Nieto
hacer aprobar sus proyectos de reformas de telecomunicaciones, y energética.
Cuando se logra una reforma, se hace más fácil aprobar la próxima, me aseguró.
Preguntado sobre el
arresto de Gordillo, David Calderón, director de Mexicanos Primero, un grupo
cívico no partidario que ha luchado por la educación de calidad, me dijo que
podría facilitar la aprobación de una “ley secundaria” efectiva. Las presuntas
pruebas de corrupción masiva en el SNTE harán más difícil para muchos
congresistas defender al sindicato, argumentó.
Mi opinión: Aunque el
arresto de Gordillo generó los titulares más grandes, la prueba de fuego más
importante para la futura prosperidad de México será si el Congreso aprueba una
“ley secundaria” efectiva para implementar con vigor la reforma educativa. Eso
ayudaría a reducir la pobreza, al darle a los pobres una educación de calidad
que les permitiría acceder a mejores empleos, y además, ayudaría a México a ser
un país más competitivo, y más próspero.
El SNTE tiene razón
cuando dice que los maestros mal evaluados deben tener la oportunidad de
recibir capacitación, y de dar un segundo – y quizás tercer – examen
evaluatorio. Pero si ese proceso toma diez o quince años, o se hace infinito,
como pretende el sindicato, la reforma constitucional será apenas un texto
inspiracional.
La verdadera batalla
por la reforma educativa en México recién empieza. Si la “ley secundaria” que
debatirá el congreso en los próximos seis meses refleja la letra y el espíritu
de la reforma constitucional, como parece factible ahora, sin duda esta semana puede
terminar siendo histórica para México.
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