Atardecer del dia 27 de agosto de 2003. El auto se mueve por las calles de Machiques en el estado de Zulia. Un hombre que aún no ha cumplido los cuarenta, conduce el vehículo, conversa tranquilamente con su esposa que viaja en el asiento de al lado. El hijo del matrimonio, de año y medio de edad, sentado en el asiento trasero. Se dirigen a su vivienda.
Veintisiete días antes, él había dejado de trabajar como director de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Machiques de Perijá. Ese día parecía ser como cualquier otro, sin mayores sobresaltos. Ya llegan a la vivienda, pero, un poco antes, dos hombres en una moto que venía detrás del auto se le adelantan.
No tiene tiempo para reaccionar cuando se percata que el hombre que iba en la parte de atrás de la moto se volvió con un arma de fuego automática y sin mediar palabra lanza una andanada de plomos contra el parabrisas del automóvil. Las balas impactaron la cabeza y el pecho del conductor del carro. La esposa y el menor reciben también heridas.
Pronto llegó la asistencia, pero todo fue inútil para el abogado José Castillo González, para los que le conocían, simplemente Joé. En el camino hacia el hospital perdía la vida.
Los asesinos huyeron rápidamente de la escena. Nunca se conocerían sus nombres. El crimen, uno de los tantos que casi a diario se producen en Venezuela y muy especialmente en la frontera de Venezuela con Colombia. ¿Sospechosos?, tal vez algunos de los elementos que se alinean en grupos armados, o quizá en organismos policiales y militares que actúan al margen de la ley.
No se conocen los autores materiales ni quienes se encuentran detrás de los ejecutores.
Monseñor Ramiro Díaz, vicario de Machiques, lamentó el asesinato de su antiguo colaborador; para él este atentado sangriento, uno más en Machiques, se origina en un ambiente social hostil; el ambiente que se respira ya en prácticamente en toda la tierra del Libertador.
Cinco días después en el Vicariato se reciben amenazadoras llamadas telefónicas. Nunca pudo saberse quienes hicieron esas llamadas.
Cinco años después, todavía sin rastros de los sicarios, el Centro para la Paz del Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunciaron que el Ejecutivo mantenía contra ellos una política de criminalización a la que responsabilizaron con las más de siete decenas de muertes entre activistas de derechos humanos y líderes agrarios que se habían producido en aquella década.
Liliana Ortega, directora de Cofavic, explicó que “Casos como el de Joe Castillo o el de María Galucci (quien ha recibido varios atentados por denunciar los grupos parapoliciales de Guárico) son ejemplos del entorno hostil en el que hacemos nuestro trabajo”.
Marino Alvarado, coordinador de Provea, fue tajante señalando al gobierno de Hugo Chávez de institucionalizar la discriminación por motivos políticos con instrumentos como la lista Tascón y el comando Maisanta.
"La exclusión por razones ideológicas o partidistas ─ dijo entonces Alvarado ─ existía antes de Chávez, la diferencia es que ahora es una política de Estado y eso ha tenido un efecto negativo sobre los derechos laborales, pues a muchos venezolanos se les han impedido acceder a un trabajo en la administración pública por pensar de manera distinta a quienes gobiernan"
La Lista Tascón es la lista elaborada por el diputado oficialista por el estado de Táchira Luis Tascón, ya fallecido, que divulgaba el nombre de todos los que habían firmado una planilla dirigida a impulsar el referendo revocatorio contra Hugo Chávez de agosto de 2004. La Lista Tascón es empleada por el oficialismo para negarle a sus firmantes pasaportes, contratos, cédulas de identidad y otros documentos legales, trabajo y beneficios.
Al cabo de ocho años vuelve a ponerse sobre el tapete el caso del activista de los derechos humanos José Castillo González. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha interesado en conocer, a instancias de la Vicaría Apostólica de Caracas, por qué el gobierno venezolano no ha sido capaz de detener y enjuiciar a los asesinos del abogado Castillo.
La CIDH informó que demandaría al gobierno de Venezuela por no garantizarle a Castillo y a sus familiares sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la justicia.
Sospechosamente, Hugo Chávez no ha hecho nada para la aclaración del asesinato y la persecución de los autores intelectuales y materiales del crimen. Probablemente se revolverá furioso contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusándola de estar en complicidad con la “oligarquía” venezolana y los “piti yanquis”
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