Ayer 4 de marzo se inició en La Habana el juicio incoado en contra del sub contratista judeo americano Alan P. Gross acusado bajo los términos del artículo 91 de la Ley 88, la misma por la que fueron procesados 75 opositores y periodistas independientes durante la Primavera Negra de Cuba.
La vista se llevó a cabo bajo fuerte control policiaco en una dependencia judicial de la barriada de La Víbora y solo se permitió la presencia en la sala a la esposa del acusado, su abogado estadounidense Peter J. Kahn y representantes consulares de la Sección de Intereses de los Estados Unidos. No se permitió el acceso de la prensa como es acostumbrado en los juicios políticos que se realizan en Cuba.
De acuerdo con una nota del oficialista Cuba Debate, Gross en esta primera vista “hizo declaración libre y respondió preguntas del fiscal, de la defensa y del tribunal sobre los hechos que se le imputan”.
A la salida del tribunal Peter J. Klan no dio amplia información del proceso concretándose a declarar que “Alan y su representación legal cubana llevaron a cabo una defensa vigorosa”. La abogada que representa a Gross es la licenciada cubana Nuris Piñero Sierra, quien a su vez representa a los cinco espías de la Red Avispa condenados en los Estados Unidos.
En una declaración del abogado cubano Wilfredo Vallín presidente de una organización de abogados de oposición se refirió a la abogada diciendo: "Ella lo va a defender sin límite alguno, eso es seguro. Ellos (el gobierno) tienen que, aunque sea, cumplir con las apariencias de darle un juicio justo”
El periódico español EL PAIS llama la atención sobre el “destape” de dos agentes de la seguridad del estado infiltrados en las filas de la oposición días antes como ocurriera durante el proceso de los 75. Agregando que según “diversos observadores, el objetivo es demostrar que Washington es el financiador y principal organizador de la oposición”, idea esta compartida por los académicos Lawrence Wilkerson y Arturo López-Levy, fuertes críticos de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra el gobierno castrista. Estos dos académicos consideraron en una columna aparecida en la página digital The Washington Note opinaron que con ese juicio el gobierno de Raúl Castro podría cumplir tres de sus objetivos: ‘‘Estimular los sentimientos nacionalistas del pueblo cubano para denunciar la interferencia extranjera en los asuntos internos de Cuba. Crear un ejemplo para disuadir a otros cubanos, estadounidenses y personas de terceros países de participar en programas para cambiar el régimen y, finalmente, Impulsar la condena internacional de la política de EEUU y fortalecer la solidaridad con la soberanía de Cuba''.
Es opinión generalizada entre los opositores cubanos que los juicios que se llevan a cabo en Cuba contra acusados por actos políticos considerados por el gobierno como delitos, los juicios son solo representaciones judiciales y que las sentencias ya han sido determinadas previamente.
Varios observadores creen que una vez condenado Gross, será posteriormente excarcelado. Algunos consideran que el juicio y la petición fiscal de veinte años de prisión contra Gross es la respuesta que da el gobierno de Castro a la negación de la Casa Blanca de intercambiar la libertad de Gross por la de los cinco espías de la inteligencia cubana que cumplen prisión en Estados Unidos.
De acuerdo con la nota oficial aparecida en Cubadebate el “juicio proseguirá este sábado con la continuación de la práctica de la prueba documental, pericial y testifical, las declaraciones del instructor y los informes conclusivos del fiscal y la defensa” lo que hace pensar que el acto concluirá mañana en un juicio apresurado.
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