Alberto Recarte.
Trabajo publicado inicialmente en el número 135 de la revista Estudios Empresariales de Deusto Business School - Campus de San Sebastián
Hace mucho tiempo que no hay datos fiables, siquiera aproximados, sobre la economía cubana. Desde 1959 a 1969, el castrismo fue guevarista, empeñado en la destrucción de la contabilidad y del dinero como medio de pago. Tras el fracaso de la zafra de los 10 millones, en 1969, el castrismo se convirtió a la planificación soviética. Por unos años, hasta que la subida de los precios del azúcar en el periodo 73-76 y el aumento de la ayuda de la URSS permitieron a Castro involucrarse en las guerras africanas: Angola, Somalia, Etiopía y Eritrea fueron algunos de los países en los que hubo ejércitos cubanos desde 1976 hasta mediados de los ochenta. La economía cubana pasó a ser la de un país en guerra, volcada a la intervención exterior, sometida a las necesidades de los grandes ejércitos a los que acompañaban sanitarios y educadores.
La perestroika de Gorbachov puso fin a las intervenciones exteriores del ejército cubano.
La caída del muro en 1989 y la desaparición de la URSS dejaron a la economía cubana sin los subsidios soviéticos que supusieron, como mínimo, alrededor del 30% de su PIB anual desde 1970 a 1990. La economía cubana entró, entonces, en lo que se denominó un "periodo especial", caracterizado por la adaptación a una situación en la que la ayuda soviética había desaparecido. Fue el segundo periodo desde 1959 –el primero ocurrió entre 1970 y 1976– en el que el líder máximo aceptó la introducción legal de algunos incentivos económicos, hasta que la conquista del poder por Chávez en Venezuela permitió, desde principios del nuevo siglo, recuperar subsidios del exterior y asegurar que la población no pasara hambre.
Fidel Castro eliminó entonces algunas reformas e intentó retomar los principios guevaristas. Cuba volvió a ser "anti-capitalista" sin intentar, siquiera, la planificación.
La enfermedad de Fidel Castro y los límites de la ayuda de Chávez obligaron, hace ahora alrededor de cinco años, por tercera vez a iniciar otra política de reformas para permitir que una mínima racionalidad elevara la producción y el comercio de alimentos y algunos otros productos básicos. Ésta ha sido la historia de la política económica del castrismo. El siguiente capítulo comenzará cuando muera el tirano.
Mientras en el exterior discutimos sobre si el régimen castrista evolucionará hacia un modelo chino o vietnamita, en el interior lo único que preocupa a la oligarquía castrista es cómo reformar la economía para mantener el poder político absoluto de la nomenclatura, en la que participan la familia Castro, los mandos militares, la policía política y los burócratas del régimen. En la duda, se ha depurado a los que querían más cambios y más poder, y se ha optado, nuevamente, por la represión política y autorizado unas mínimas reformas para evitar las hambrunas.
En la Cuba castrista no hay estadísticas fiables, ni mediciones homogéneas de la actividad, ni un sistema de precios que permita asignar los recursos en función de su rentabilidad. Hay precios que no se han movido desde principios de los años 60, otros de los 70, los 80 y los 90, hasta precios actualizados –algunos, incluso, en dólares– para un pequeño conjunto de bienes de importación que se pueden adquirir por toda la población o por pequeños grupos, seleccionados con criterios políticos. Desde 1993 hasta 2004, en Cuba convivieron tres monedas: el dólar norteamericano, el peso cubano convertible –que tenía la misma cotización que el dólar– y los pesos nacionales, que tenían un tipo de cambio oficial de 24 pesos nacionales por 1 peso convertible. En 2004, aprovechando la mejoría que supuso la ayuda venezolana, se prohibió la circulación del dólar norteamericano. En 2005 el peso convertible fue revaluado un 8% en relación con el dólar. En 2011 se ha vuelto a la paridad peso convertible-dólar norteamericano para intentar mejorar la competitividad del sector turístico.
El único factor de homogenización para medir lo que se produce y lo que se invierte es el conjunto de precios del mercado negro en el que se comercializan dólares, pesos convertibles, pesos nacionales no convertibles y algunos bienes y servicios. En este mercado, la oferta y la demanda fijan precios; precios que, obviamente, dependen de la cantidad de pesos que pone en circulación el Banco Central, de la cantidad de pesos convertibles que tiene la población –por transferencias de los exiliados a sus familias–, del suministro de productos alimenticios que se permite que los campesinos vendan en los mercados y algunos servicios que, legal o ilegalmente –en su mayoría– se comercializan también en esos mercados, y de la importación de bienes de consumo, duraderos y no duraderos, que lleva a cabo el Estado cubano y que legal –y sobre todo ilegalmente– terminan, también, en el mercado negro.
Estos precios, precios del mercado negro, no existen para las autoridades. De hecho, los responsables económicos no utilizan ningún sistema de precios para tomar decisiones económicas. Saben que los oficiales son ficticios. Las decisiones económicas se toman por los "planificadores" en función de las carencias; por ejemplo, la falta de carbón para poner en funcionamiento las centrales térmicas existentes, la falta de transportes para la población, la falta de camiones para mover mercancías, las faltas graves de alimentos, de medicinas, de camas de hospital o de quirófanos. Y, por supuesto, la falta de energía eléctrica. Los salarios, por su parte, se fijan para que la mayoría pueda pagar los mínimos suministros que se consiguen con la raquítica cartilla de racionamiento, con los que es imposible vivir. En eso consiste la política económica. En intentar resolver los cuellos de botella que se presentan y que nadie muera de hambre. El resto es un lujo. Lo es la alimentación no racionada, la vivienda, la electricidad, los libros, la atención hospitalaria, las medicinas, los coches y camiones, los carburantes, el vestido, el calzado...
El castrismo, como ideología, sólo tiene un dogma: que "el comandante" es el único cubano con capacidad para pensar y decidir lo que necesitan sus súbditos. El dogma tiene dos caras: la primera que el poder tiene que ser absoluto; la segunda, que nadie pueda disponer de medios económicos suficientes para vivir al margen de lo que decida el líder máximo. El gran enemigo es, en esta elemental ideología, la propiedad privada. Por eso se nacionalizaron primero y se estatizaron después todos los medios de producción, desde las fábricas hasta los comercios, desde la tierra hasta las oficinas o los medios de transporte. Fidel Castro se ha disfrazado con todo tipo de ropajes a lo largo de los interminables 52 años en los que ha ejercido la tiranía. Ha sido guevarista, soviético ortodoxo, golpista en América Latina, militar en África, colaborador de narcotraficantes, incluso cercano al sistema capitalista a mediados de los 70, pero siempre ha tenido claro un principio: en Cuba nadie debe poder ganarse la vida autónomamente de una forma continuada. Siempre ha tenido claro que la propiedad privada es el germen de la libertad de pensamiento. Y en Cuba sólo él se considera con capacidad para pensar correctamente y decidir lo que conviene a todos y cada uno de los 11 millones de cubanos.
En los tres momentos de mayor riesgo político y económico del régimen, el primero después del fracaso de la zafra de los 10 millones de toneladas, el segundo tras la desaparición de la URSS y, el tercero, el actual –con ayuda venezolana, pero limitada–, los responsables económicos, siempre dirigidos por Raúl Castro, han hecho algunas reformas que han consistido en permitir cierta libertad económica para producir alimentos, para comercializarlos y para abrir pequeños negocios. Vigilando siempre que ningún cubano pudiera tener demasiados ingresos. La propiedad privada sigue siendo, y es, el enemigo. A pesar de que cada vez que se liberaliza la actividad económica, aumenta la producción y mejora el bienestar de la población. La actividad normal, la pública, es ineficiente, pesada, corrompida, militarizada o cedida parcialmente a empresas extranjeras. Se administra por la burocracia castrista.
Con este "sistema", por llamarlo de alguna forma, económico –algo que los progresistas de este mundo no entienden ni aceptan– lo llamativo es que en la Cuba castrista no haya hambrunas, que el nivel educativo asegure una formación entre baja y media y que el sanitario evite las epidemias y haya reducido al mínimo la mortalidad infantil. Algo que se consideran triunfos fundamentales en el exterior de Cuba, sobre todo por los que creen que esos triunfos se han logrado a pesar del "bloqueo" norteamericano. Un bloqueo que permite a Cuba comerciar con todo el mundo, excepto con Estados Unidos y con empresas norteamericanas. Que no ha impedido que Cuba suspenda pagos en rublos convertibles, en divisas de países occidentales y en moneda nacional, hasta el punto de que el tipo de cambio oficial del peso convertible es 24 veces el del peso con el que los cubanos se ganan la vida. Y que tampoco ha impedido que haya grandes inversores extranjeros, sean españoles (tabaco y hoteles), canadienses (níquel) o de otras nacionalidades.
Las instituciones internacionales, ya sean el FMI, el Banco Mundial, el Banco lnteramericano de Desarrollo –de ninguna de las cuales quiere ser miembro el régimen castrista– no pueden medir su PIB, ni la renta per capita de sus ciudadanos. Por más que se empeñen los organismos nacionales cubanos y las cátedras especializadas de las universidades norteamericanas, no existe ningún medio para medir el valor de la producción de bienes y servicios cubanos. Conscientes de esta limitación, los burócratas del régimen se dedican a elaborar y publicitar estadísticas de producción, en toneladas, metros u otras unidades físicas, de todo tipo de bienes. Que esos bienes se hayan producido, que tengan algún valor práctico, o que su calidad permita que se aprovechen, no es relevante para el régimen. Igual ocurre con los servicios. Lo importante para el régimen y sus estudiosos es resaltar que en Cuba no hay analfabetismo, y que se licencian anualmente decenas de miles de maestros, médicos e ingenieros. Lo que sepan no importa.
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