José Antonio Fornaris
LA HABANA (www.cubanet.org). Durante seis días, entre el 17 y el 22 de enero, de acuerdo con lo publicado por el diario oficial Granma, se realizó la vista oral del juicio contra los responsables de la muerte de 26 enfermos mentales hace un año en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido por decenios como Mazorra.
Ayer, finalmente se dio por concluido el juicio y Granma informó los resultados: “El órgano judicial consideró probados los hechos imputados por la Fiscalía y a los acusados como responsables, indistintamente, según el grado de participación, de los delitos de Abandono de Incapacitados y Desvalidos, en su modalidad agravada al producirse la muerte de varias personas, Malversación e Incumplimiento del deber de Preservar los Bienes de Entidades Económicas y, en consecuencia, impuso sanciones privativas de la libertad entre 5 y 15 años; y en relación con una acusada el límite máximo de multa prevista en el Código Penal”.
Aunque no se dice de manera directa, queda claro que los dementes murieron de hambre y de frío, y que los hechos ocurrieron debido a la corrupción reinante en el centro hospitalario y la insensibilidad e ineficiencia de los directivos.
En un artículo anterior, cuando anunció el comienzo del juicio, el rotativo dijo que, esas muertes fueron tomadas como pretextos para tratar de desprestigiar “una de las conquistas más hermosas de la Revolución”: el sistema de salud (con grandes carencias y deficiencias hace años).
El hecho ocurrió, es innegable. Fueron 26 enfermos que estaban al cuidado de una institución del Estado. Si no deseaban que se hablara de algo tan escandaloso, hubieran evitado que ocurriera. Si un caso similar a ese hubiera ocurrido en Estados Unidos o en algún otro país no aliado al régimen, los medios y figuras gubernamentales de Cuba hubieran hablado del asunto hasta el cansancio.
Llevar a juicio a los responsables directos de ese crimen masivo era una obligación ineludible de los organismos encargados de impartir justicia en la isla. De forma lamentable, “olvidaron” a José Ramón Balaguer, que como ministro de Salud Pública en esos momentos también debió de ser juzgado.
Balaguer fue dejado fuera del cargo unos meses después de que ocurrieran esos hechos, pero en ningún momento se dijo si esa separación tenía que ver con la muerte de los 26 dementes. Él pertenece al grupo intocable de los llamados “históricos” de la Revolución, uno de los gobiernos de más larga data en la historia de la humanidad.
De todas formas, el caso de Mazorra ha sido llevado a los tribunales y, eso es lo normal, aunque no sean satisfactorios los resultados. Pero, hay otro suceso en que un grupo de cubanos murieron y sus responsables no han sido presentado a los tribunales: el hundimiento del “Remolcador 13 de Marzo” en julio de 1994.
Por esa fecha, el caso fue muy divulgado. De algo más de 70 personas que trataban de llegar a costas de la Florida en esa embarcación, 42 murieron, entre ellas 11 menores, al ser hundida por los remolcadores Polargo 2, 3 y 5 con golpes al casco y grandes chorros de agua.
En su momento Fidel Castro dijo que lo ocurrido había sido un accidente, pero fue un asesinato. No obstante, en Cuba las leyes establecen que toca a los tribunales determinar en todos los casos si existe “homicidio doloso” o “culposo”, no es el gobernante ni ninguna otra figura pública la encargada de esa función.
Varias personas, y en más de una ocasión, han solicitado de la Fiscalía General de la República, máxima representante de la legalidad socialista, su intervención en el caso, pero nunca ha existido ningún tipo de respuesta.
Quizás éste sea el momento (recordemos que ese tipo de crimen no prescribe) para que los asesinos materiales e intelectuales de los tripulantes del remolcador 13 de Marzo sean llevados a juicio. Esa sería una buena manera de demostrar, como dijo el general Raúl M. Castro recientemente, que en Cuba no existe nadie por encima de las leyes.
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