El
neoimperialismo brasileño, por la boca de su vocero Marco Aurelio García ─
declarado enemigo del Paraguay ─, sentenció que si nuestro país vuelve al
Mercosur tras las elecciones generales del próximo año, “debe
someterse” a lo que sus “socios” han decidido de manera ilegal
EDITORIAL DE ABC COLOR
Una gran parte de las turbulencias,
tribulaciones y guerras que azotaron el mundo a lo largo de todas las épocas se
debió a que unos estados se consideraban superiores a otros. Algunas naciones,
dada su supremacía política, económica o militar, se creían en el derecho de
avasallar a las demás. Tras el último conflicto bélico que conmovió al planeta
entre 1939 y 1945, y que costó la vida de 60 millones de seres humanos, los
pueblos de la Tierra fundaron la Organización de las Naciones Unidas, una
institución del derecho internacional encargada de velar por el mantenimiento
de la paz y la seguridad globales.
Para garantizar estos principios
fundamentales de la convivencia internacional, la Carta de las Naciones Unidas,
desde su primer artículo, estableció que su propósito era: “Fomentar entre las naciones relaciones de
amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de
la libre determinación de los pueblos”. En el artículo 2, prescribió que
para la realización de los propósitos señalados precedentemente “la Organización está basada en el principio
de la igualdad soberana de todos sus Miembros”.
Estos valores fundamentales son
recogidos por nuestra Constitución Nacional, en cuyo artículo 143 señala: “La República del Paraguay, en sus relaciones
internacionales, acepta el derecho internacional y se ajusta a los siguientes
principios: 1) la independencia nacional; 2) la autodeterminación de los
pueblos; 3) la igualdad jurídica entre los Estados”, entre otros valores
primordiales.
Sin embargo, en el Mercosur estos
principios esenciales tan claros han sido quebrantados alevosamente cuando Argentina,
Brasil y Uruguay dispusieron incorporar a Venezuela al proceso de integración
regional en abierta violación del derecho comunitario, específicamente del
Tratado de Asunción, que dispone que el ingreso de nuevos socios al bloque debe
hacerse con el consentimiento unánime de los Estados partes, y del mismo
Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur, en cuyo artículo 12 se requiere
que el mismo cuente con la ratificación parlamentaria de los cuatro países
miembros para entrar en vigencia: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Días después de celebrada la infausta
cumbre presidencial de Mendoza, a fines de junio pasado, el canciller uruguayo
Luis Almagro reconoció públicamente que la decisión fue adoptada bajo la fuerte
presión ejercida por el Gobierno brasileño. Poco después, el presidente José
“Pepe” Mujica justificó la embestida del poderoso Brasil asegurando que el
ingreso de Venezuela se produjo en la forma que se produjo ─ avasallando el
derecho comunitario ─ porque “lo político
supera largamente lo jurídico”.
Tanto en el terreno de la teoría como
en el de los hechos, esto vino a significar una descarada ruptura del estado de
derecho en el Mercosur, lo cual fue muy bien graficado por el vicepresidente
uruguayo Danilo Astori, quien en abierta contradicción con su propio
presidente, aseguró que, a partir de la cumbre de Mendoza, en el bloque no ha
quedado ninguna norma que no haya sido violada.
En suma, el 29 de junio de 2012,
Argentina, Brasil y Uruguay declararon que los Estados ya no son iguales entre
sí, que los más poderosos pueden imponer sus propias reglas de juego al margen
de los principios del derecho internacional. Como si todo fuera poco, el
neoimperialismo brasileño, por la boca de su vocero Marco Aurelio García ─ declarado
enemigo del Paraguay ─, sentenció que si nuestro país vuelve al Mercosur tras
las elecciones generales del próximo año, “debe someterse” a lo que sus
“socios” han decidido de manera ilegal.
Ante tamaño ultraje a la soberanía de
la República del Paraguay y el avasallamiento del principio de la igualdad
jurídica entre los Estados que ahora se vinieron a consagrar dentro del
Mercosur, lo único que cabe es que el Congreso Nacional, sin más dilación ni
trámite, considere y rechace de plano el Protocolo de Adhesión de Venezuela al
proceso de integración regional, suscrito en Caracas el 4 de julio de 2006.
Por lo tanto, no cabe el doble
discurso que viene utilizando el oficialismo, que por un lado remitió al
Congreso el mencionado instrumento para su consideración y, por otro ─ bajo la
insidiosa influencia de Itamaraty ─ ejerce presión sobre los mismos
legisladores del gobernante Partido Liberal para evitar que el mismo sea
tratado en el recinto parlamentario.
Al Paraguay, como un país pequeño, de
menor desarrollo económico relativo, sin costa marítima y rodeado de naciones
poderosas y angurrientas, no le resta más que ampararse en el derecho
internacional para preservar en todo momento y lugar su independencia y su
soberanía. Su poderío no deviene de la potencia de sus armas, sino de la fuerza
de sus derechos.
Nuestro país ha sido miserablemente
avasallado, y lo único que cabe esperar de los señores legisladores es que
actúen con la dignidad que corresponde a los graves desafíos que presenta la
hora actual. Hacerlo en este sentido significa, hoy, aquí y ahora, repudiar la
forma ilegal en que nuestros “socios” metieron al déspota bolivariano Hugo
Chávez al Mercosur por la ventana, y rechazar de plano el infame protocolo que
ellos nos pretenden imponer.
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