Carlos A. Romero. EL UNIVERSAL
El conflicto nacional que tanto ha
dividido a los venezolanos en estos últimos años llevó a que nuestra
Universidad Central y otras casas de estudio se convirtieran en el foco
principal de la perfidia gubernamental. No se trata solamente de observar con
espanto y dolor la bien planificada tarea de reducir el presupuesto a las
universidades autónomas a través de un torniquete financiero, sino también de
crear paralelamente y de prisa otras instituciones de muy bajo nivel.
En este contexto, se ha pretendido
reducir las actividades del saber de dos maneras. Por una parte, hostigando a
profesores, empleados, obreros y estudiantes con la permanente amenaza de
allanamiento, de control, de subordinación y desaparición del status docente y
de investigación. Y por la otra, introduciendo la violencia en el campus
universitario, desafiando, las buenas maneras, el diálogo, el patrimonio y el
compromiso docente y autonómico que son propios de la cultura académica.
Desde luego que estos hechos y otros
que pueden ocurrir en el futuro son manifestaciones típicas de los procesos
políticos antidemocráticos. Porque detrás de los culpables de la "angustia
salarial" y del acoso político está la pretensión autoritaria de quienes
han tratado de uniformar al país y de promover el pensamiento único. De ahí se
desprende la idea de que la lucha por una universidad autónoma no es tan sólo
un tema "economicista" sino básicamente un asunto vital desde las
ópticas política y ética.
A fin de cuentas, lo que está en juego
es el derecho que tiene la comunidad universitaria a fomentar la pluralidad de
ideas y la convivencia democrática, valores que son fundamentales en la vida de
los venezolanos y que se plasman día a día en la promesa del estudiante, en la
pulcritud de la cátedra universitaria, en la prestación de servicio de los
trabajadores y en la confianza depositada por la sociedad en la institución, en
su legado y en sus símbolos.
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