EDITORIAL DE LA TERCERA
En una situación que sólo cabe
calificar como una triste paradoja, Cuba accederá mañana a la presidencia de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (Celac). Parece lamentable
que el único miembro abiertamente dictatorial de esta instancia
intergubernamental sea el encargado de representarla y liderarla durante un
año, más aún si la Celac ha sido concebida como un organismo que tiene un
“compromiso indeclinable con el fortalecimiento de la democracia” y sus
integrantes dicen compartir los principios y valores del respeto a los derechos
humanos.
El régimen cubano no satisface ninguno
de estos requisitos que la misma Celac se ha impuesto. El hecho de que haya
sido seleccionado para asumir la presidencia de ésta es una muestra de la falta
de coherencia de los países que la integran. También constituye una evidencia
de la escasa relevancia que ellos mismos le asignan al ente, pues es muy
probable que no confiarían a un gobierno de esas características el cargo si
éste tuviera importancia real.
En todo caso, el simbolismo es muy
significativo, pues supone la incorporación sin cortapisas de Cuba en la
comunidad latinoamericana y caribeña, concretando así un antiguo anhelo de la
diplomacia de ese país. Una situación que parece inaceptable, dada la realidad
política que se vive en la isla, donde el control del Partido Comunista es
total y no existe posibilidad alguna de alternancia en el poder. Al mismo tiempo,
el reconocimiento entregado supone una inexplicable ausencia de solidaridad y
comprensión hacia los ciudadanos cubanos que sufren el diario atropello a sus
derechos básicos. Por lo anterior, que La Habana ocupe la presidencia de la
Celac debe ser motivo de vergüenza para un continente que en las últimas
décadas ha desplegado ingentes esfuerzos para dotarse de institucionalidades
democráticas.
A Chile esta realidad le afecta de
manera especial. En los últimos años, el gobierno cubano ha brindado refugio a
varios de los autores materiales e intelectuales del asesinato del senador
Jaime Guzmán, ocurrido en 1991. De manera sistemática, La Habana se ha negado a
colaborar con la justicia chilena para poner a disposición de ésta a los
culpables, al punto de que existen indicios de que uno de los terroristas que
atentó contra la vida de Guzmán reside actualmente en la isla junto a su
pareja, quien también habría participado en la planificación del crimen. La
cooperación cubana con los asesinos del parlamentario es un hecho inexcusable y
de la mayor gravedad, que no puede ser pasada por alto y que cuestiona la
idoneidad del gobierno de ese país para presidir la Celac.
Las autoridades nacionales han dejado
en claro que representarán al gobierno cubano su inquietud en torno al tema. El
Presidente de la República señaló ayer que demandará del jefe de Estado de ese
país la colaboración para facilitar la investigación que llevan adelante los
tribunales chilenos y La Moneda ha anunciado que le entregará al dignatario visitante
documentación para formalizar tal solicitud y aportar antecedentes. Un mínimo
de coherencia en la defensa de los derechos humanos y el rechazo a la violencia
política terrorista exige que todos los sectores políticos del país respalden
al Ejecutivo en esta materia, pues lo que está en juego aquí es más profundo
que alguna ventaja partidista puntual.
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