Fernando Ochoa Antich. EL UNIVERSAL
Dejémonos de tonterías. En Venezuela,
lo que ha ocurrido es un golpe de Estado mediante un fraude constitucional. La
arbitraria y antijurídica decisión del Tribunal Supremo de Justicia ha sido
criticada con severidad por los más prestigiosos constitucionalistas de nuestro
país. Esas opiniones han sido acertadas, objetivas y prudentes. De todas
maneras, y ojalá así lo entienda la opinión pública internacional, dicha
interpretación no ha sorprendido a los venezolanos: todos conocen que el
Tribunal Supremo de Justicia, desde que fue reorganizado por el régimen
chavista, no ha dictado una sola decisión contraria a la posición del Ejecutivo
Nacional. No voy a profundizar en disquisiciones jurídicas. Me detendré a
analizar las consecuencias políticas de esta arbitraria decisión.
La primera consecuencia es de suma
gravedad: Venezuela no tiene presidente constitucional. Hugo Chávez, presidente
electo de la República por haber triunfado, el 7 de octubre de 2012, en unas
elecciones muy cuestionadas por la opinión pública, no pudo juramentarse el 10
de enero de 2013, como establece la Constitución Nacional, por una sola razón:
no se encuentra en condiciones físicas y
mentales para ejercer dicho cargo. Esa es la verdad. Ningún venezolano, a
excepción de la camarilla que se beneficia del poder y su familia, ha tenido la
oportunidad de verlo y oírlo. Los partes
médicos del Gobierno Nacional han sido incoherentes y mentirosos. El gobierno
actual, presidido por Nicolás Maduro,
usurpa la voluntad popular y es
ilegítimo. Surge de un golpe de Estado.
El delicado asunto de la enfermedad de
Hugo Chávez se podía resolver cumpliendo cabalmente con la Constitución
Nacional a objeto de evitar provocar la actual crisis nacional: designar al
presidente de la Asamblea Nacional encargado del Poder Ejecutivo a objeto de
formar un gobierno legítimo y nombrar una junta médica para determinar su
verdadero estado de salud. En caso de
comprobarse la incapacidad física y mental de Hugo Chávez, que a mi criterio ya
es una realidad, convocar a elecciones a los treinta días como establece la
Constitución Nacional. Tomaron el camino del golpe de Estado. Conocen, lo dicen
todas las encuestas, que en el momento actual, ni Maduro ni Cabello son capaces
de derrotar a Henrique Capriles en
elecciones justas y equitativas.
La segunda consecuencia es muy
delicada: los actos que realice el vicepresidente Maduro y cualquiera de los
actuales ministros es "nulo de toda nulidad", es decir no existen y
por lo tanto no tienen efecto alguno. Esta compleja situación surge como
consecuencia a la flagrante inconstitucionalidad de la decisión del Tribunal
Supremo de Justicia. No soy un experto
en derecho constitucional para visualizar la crisis institucional hacia dónde
se dirige Venezuela, pero mi larga
experiencia en la administración pública y haber desempeñado cargos ministeriales en medio de una severa crisis
política en la década de los noventa, me indica que un gobierno que surge tan
cuestionado en su legitimidad de origen es incapaz de enfrentar una situación
como la que se visualiza en Venezuela.
El colmo fue el acto político
organizado por el chavismo el mismo jueves 10 de enero de 2013. Fue el inicio
de la campaña electoral de Nicolás Maduro. Es tal la urgencia de fortalecer su
imagen que, en lugar de hacer un acto protocolar discreto y respetuoso ante la
gravedad de Hugo Chávez, organizó un mitin para iniciar su gobierno e invitó a varios jefes de Estado y cancilleres
de América Latina y del Caribe para darle mayor prestancia al acto. El objetivo de dicho mitin era claro: tratar
de asustar a los sectores de la oposición para evitar se movilicen ante el
fraude constitucional. Naturalmente, sobraron las amenazas: el sobrevuelo de
aviones Sukhoi, las ofensas a la oposición de algunos presidentes extranjeros y
la amenaza de Nicolás Maduro a Henrique Capriles.
Compañeros de armas: ustedes tienen
una gran responsabilidad histórica. Deben mantenerse unidos para poder
garantizar la paz de la República. Nicolás Maduro, de una manera sibilina, se
dirigió a la Fuerza Armada Nacional y a la milicia bolivariana como dos
organizaciones distintas. Esto es inaceptable. Busca dividirnos y enfrentarnos.
Ustedes pueden lograr reorientar el proceso político y obligar se regrese al
texto constitucional: designar encargado del Poder Ejecutivo al presidente de
la Asamblea Nacional, establecer una junta médica calificada para determinar el
estado de salud de Hugo Chávez y en caso de no poder desempeñar sus funciones
declarar la ausencia absoluta del presidente de la República y convocar a
elecciones. Ustedes tienen la palabra.
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