Mario J. Viera
En un anterior artículo expresé que “Si la oposición se decide por
participar en las elecciones de diciembre estará actuando como compañero de
viaje de la dictadura y de hecho reconociéndole a la ANC la capacidad de
convocatoria” esto de ninguna manera puede ponerse en práctica bajo las actuales
condiciones del juego o rejuego político que actualmente se vive en Venezuela.
La fraudulenta Asamblea Nacional Constitucional erigida en megapoder convocó a
la realización de elecciones municipales para el 10 de diciembre. Impuso además
la condición de quienes resultaran electos deberían jurar sus cargos ante su
autoridad, algo que de ningún modo puede aceptar la oposición luego de haberle
declarado unánimemente de fraudulenta.
Tan pronto se anunció la convocatoria electoral, tanto el Partido
Primero Justicia (PJ) de Henrique Capriles como el Voluntad Popular del líder
encarcelado Leopoldo López rechazaron participar en lo que será una nueva farsa
electoral orquestada por la dictadura al amparo de su Consejo Nacional
Electoral (CNE), su Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y su ANC. La condición
sine qua non planteada para participar en ese proceso electoral es, primero la
reforma del CNE tal como lo había propuesto el presidente de Colombia Juan
Manuel Santos el 17 de octubre, CNE independiente, y segundo, veedores
extranjeros. Jorge Millán, coordinador general de PJ ya había expresado que la
situación política es de todo punto de vista “complicada debido a que el
Gobierno del presidente Nicolás Maduro busca con acabar con todos los espacios
de participación ciudadana”. En ese juego donde
solo hay un ganador a priori, la oposición venezolana no puede prestarse para
servir de coartada al régimen. En igual sentido se expresó también Humberto
Agudo, dirigente en Lara del partido de tendencia socioliberal Causa Radical, al
considerar que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no debía ir a unas
elecciones donde prevalezcan las mismas condiciones de las elecciones
regionales y aseguró, como lo reportó Unión Radio: “El Consejo Nacional Electoral no
ha determinado el cronograma, esa es la primera etapa del fraude (…) La Unidad en su refundación tiene que plantear esta nueva tarea,
una agenda clara en relación al cronograma electoral, no podemos volver a un
proceso electoral con un Plan Republica parcializado con el régimen”, dijo refiriéndose al operativo de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana con el supuesto propósito de custodiar el proceso electoral y
puesto en marcha por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López.
Por boca de su presidente Richard Blanco, Alianza Bravo Pueblo (ABP),
organización fundada por Antonio Ledesma, actualmente en arresto domiciliario,
aunque ratifica la lucha por la democracia, afirma: “No podemos dejarnos llevar por
un proceso inconstitucional como lo propone la ilegítima asamblea nacional
constituyente. (...) No es tiempo de participar en
la candidatura de las municipales, lo primordial es rescatar al pueblo
venezolano de esta crisis”. Por supuesto, la
organización que encabeza María Corina Machado, Vente Venezuela, se mantiene en
su posición de no participación en procesos electorales efectuados “en
dictadura”. Gregorio Salazar de Tal cual digital hace observar que: “Ahora la cúpula roja se apresta a acelerar los
tiempos de las elecciones de alcaldes y concejos legislativos y ya hay quien le
ha declarado la guerra a cualquier intento de participación, lo cual encuentra
eco en importantes sectores de la población. Nada menos”. Y, definitivamente, los principales grupos políticos reunidos bajo
el manto de la MUD se han decantado por el abstencionismo ante las próximas
elecciones, incluyendo tanto a los anteriores citados como los siguientes
partidos, Acción Democrática, el socialcristiano Un Nuevo Tiempo y Movimiento
Progresista, considerando la mayoría de la MUD que la convocatoria es un
proceso amañado y plagado de trampas.
En opinión del cronista de EL NACIONAL, Fernando Ochoa Antich: “Los dilemas siempre han sido
los mismos: ¿es posible aceptar competir en unas elecciones sin que se
modifiquen las actuales condiciones electorales? ¿Existe algún margen de
maniobra para poder negociar este único punto con el régimen madurista? La
oposición democrática, a excepción de lo ocurrido en 2005, ha participado
multitudinariamente en los procesos electorales, pero siempre con serios
cuestionamientos al ventajismo oficial y a las dudas surgidas de los
escrutinios”; y el Grupo de Lima
reunido en Canadá coincide en que es imprescindible “la revisión del sistema
electoral, incluyendo en particular, la renovación del Consejo Nacional
Electoral con miembros nombrados por la Asamblea Nacional y la publicación de
un cronograma de elecciones, las que deben ser supervisadas por observadores
electorales independientes”.
En ocasiones la democracia también se defiende renunciando al uso de
uno de sus recursos básicos como el del ejercicio del voto. Ahora bien, luego
de esta decisión mayoritaria de la oposición ¿qué recurso queda? Como ha
sugerido Marta de la Vega en. Tal Cual, digital: “Urge una coalición
verdaderamente concertada, sin arrogancia ni terca pedantería de algunos jefes
de partidos. Se necesitan líderes que piensen más allá de la coyuntura y de las
circunstancias inmediatas, que alcen la mirada con una visión a largo plazo”. Decisión que se tiene que emprender decidida y concertadamente, pero
lo primero, lo estrictamente político y estratégico ahora es salvar la unidad
opositora por encima de cualquier controversia o interés de grupo. Si la MUD se
fracciona, Nicolás Maduro y sus colaboradores se habrán anotado la más
importante victoria política y lograrán que la presión internacional sobre su
régimen se disipe paso a paso y, al mismo tiempo, la oposición ya no tendrá una
opción consistente para el reto político unificado y solo se podrá emprender
pírricas batallas dispersas e individuales. Como su consecuencia, el gobierno,
en alianza con el Tribunal Supremo de Justicia, con el Consejo Electoral
Nacional y la Asamblea Nacional constituyente, ante una oposición dispersa,
podrá seguir los pasos del régimen castrista ilegalizando a todo partido
político que no se ajuste a la línea de dirección del oficialismo. El castrismo
entonces habrá triunfado en Venezuela. Primero consolidar la unidad y luego
impulsar la presión popular, la resistencia noviolenta, la desobediencia civil
y el empuje de las manifestaciones exigiendo la renovación, la restructuración
del CNE, depurándolo de sus elementos más comprometidos con el régimen,
principalmente con la democión de su presidenta Tibisay Lucena Ramírez.
Movilización en contra de la ANC y a favor de nombrar veedores extranjeros para
supervisar la transparencia de todo el proceso.
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