CUBA, ¿REALMENTE UN ESTADO PATROCINADOR DEL TERRORISMO?

Mario J. Viera

 

Para un cubano refugiado político en Estados Unidos y residente en el sur de la Florida, no le resulta muy cómodo, fácil y exento de polémicas, dar un enfoque objetivo al tema de la reinclusión de Cuba en la lista negra de los Estados Patrocinadores del terrorismo.

 

El pasado 11 de enero, solo a muy pocos días del fin del periodo presidencial de Donald Trump, Estados Unidos, volvía a incluir a Cuba en la selecta lista de los Estados patrocinadores del terrorismo ─ Corea del Norte, Irán y Siria, luego de la exclusión de esta lista de Sudán tras haber reconocido al estado de Israel ─ bajo la acusación al régimen de La Habana de "brindar apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional", además de albergar, desde la década de los 70, a fugitivos estadounidenses como los militantes del Black Power, Ronald (Ishmael) LaBeet, Charles Lee Hill y Joanne Chesimard, también conocida como Assata Shakur,  y a dirigentes de grupos rebeldes colombianos.

 

El anuncio de esta decisión lo dio a conocer Mike Pompeo, en un mensaje de su cuenta de Twitter donde exponía: “El continuo apoyo de Cuba al terrorismo en el hemisferio occidental debe detenerse. Hoy Estados Unidos está devolviendo a Cuba a la lista de Estados Patrocinadores de Terrorismo para responsabilizar al régimen de Castro por su comportamiento maligno”; para luego agregar en un comunicado: "Durante décadas, el gobierno cubano ha alimentado, alojado y brindado atención médica a asesinos, fabricantes de bombas y secuestradores, mientras que muchos cubanos pasan hambre, se quedan sin hogar y no tienen medicamentos básicos". Alegaba, además, Pompeo como una de las bases para sustentar el ingreso de Cuba, nuevamente como Estado patrocinador del terrorismo, es la negativa cubana de extraditar a Colombia a los negociadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, tras la ruptura de las negociaciones de paz al producirse el atentado con bombas por parte del ELN contra una academia policial de Bogotá donde murieron 22 personas.

 

Se alegaba también el apoyo que el gobierno de Cuba le ha estado prestando al gobierno de Nicolás Maduro; gobierno que ha sido señalado de violaciones a los derechos humanos por parte de la comunidad internacional, acusando a Cuba de crear "un ambiente permisivo para que los terroristas internacionales vivan y prosperen dentro de Venezuela". No obstante, hay una evidente exclusión, ya que Venezuela, donde “los terroristas internacionales” viven y prosperan, no fue incluida por la administración Trump en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. No obstante, al inicio de la administración Trump en 2017, Cuba se mantenía fuera de la lista de patrocinadores del terrorismo.

 

Desde 1982 Cuba formaba parte de la lista hasta el 2015 cuando, durante la administración de Obama, se decidió excluirla de la lista. De acuerdo con la información recogida por Radio y Televisión Martí, el 14 de abril de ese año, el presidente Obama, tras su reunión con Raúl Castro, en Panamá durante la celebración Cumbre de las Américas, anunció su decisión de eliminar a Cuba de lista negra, “Las razones por las que Washington mantenía a Cuba junto a Irán, Sudán y Siria, en la lista negra ─ según informó entonces Radio Televisión Martí ─ eran su presunta acogida a miembros de la organización terrorista vasca ETA, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y algunos fugitivos de la justicia estadounidense”. El portavoz del Departamento de Estado, Jeff Rathke, explicó en un comunicado que "la rescisión de la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo refleja nuestra evaluación de que Cuba cumple con los criterios legales para la rescisión", que "si bien Estados Unidos tiene importantes preocupaciones y desacuerdos con una amplia gama de políticas y conductas de Cuba, estas son ajenas a los criterios pertinentes para la rescisión de la designación de un Estado como patrocinador del terrorismo".

 

En marzo de 2016, no obstante, la organización anticastrista del exilio cubano, Centro para una Cuba Libre, presidida por Frank Calzón elaboró un informe dirigido a los funcionarios del gobierno de Obama, Ben Rhodes, Consejero de Seguridad Nacional; Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica; y Jeffrey DeLaurentis, embajador en La Habana, un listado de “terroristas” para que, “tan pronto como sea posible” llamaran la atención de Barack Obama, entre los que incluía a ciudadanos estadounidenses como, Joanne Chesimard, alias Assata Shakur;  Charlie Hill; los puertorriqueño Víctor Manuel Gerena y William Morales; e Ishmael LaBeet. En julio de 2017, el Centro por una Cuba Libre no desiste en su empeño de revertir la política que, hacia Cuba, el gobierno de Obama abría, y hace un llamamiento al presidente Trump acompañado de la firma de más de 100 ex embajadores estadounidenses, académicos, expresos políticos cubanos, líderes empresariales y escritores, teniendo en cuenta las leyes y los estatutos de este país. Motivado por este llamamiento, Trump, el 9 de julio de 2017, anunció un freno parcial al deshielo con Cuba si no se cumplían ciertas condiciones, como elecciones libres y justas, que se permitiera la oposición política y una apertura económica, y, en primer lugar, la extradición de todos los convictos estadounidenses que huyeron a Cuba en busca de asilo.

 

Pero, como bien apunta el New York Times, los “expertos sostienen que, si Estados Unidos solicita la extradición de esas personas, Cuba puede hacer lo mismo. Eso podría incluir la entrega de Luis Posada Carriles, un cubano relacionado con la CIA que vive en Estados Unidos, pero es buscado por el gobierno cubano debido a, entre otras cosas, su posible participación en el ataque con una bomba que mató a 73 personas en un avión cubano de pasajeros”. Posada Carriles fallecería, casi un año después, el 23 de mayo de 2018. Con independencia de lo apuntado por el New York Times, Cuba podría alegar que, además de Posada Carriles, Estados Unidos dio refugio a oficiales del derrocado gobierno de Batista que eran reclamados por el gobierno de la isla por numerosos hechos de sangre, y nunca fueron extraditados, como los connotados Esteban Ventura, Pilar García y Rolando Masferrer.

 

Con fecha 19 de julio de 2017, seis meses después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Radio y Televisión Martí, informó: “El Departamento de Estado (en esa fecha), denunció que Venezuela siguió albergando a individuos ligados a las FARC, al grupo terrorista español ETA y a simpatizantes de la milicia libanesa Hizbulá, y que ‘por undécimo año consecutivo’, Caracas ‘no cooperó adecuadamente con los esfuerzos antiterroristas de EEUU’". Sin embargo, a diferencia de Cuba, que, por las mismas razones en 1982, fuera incluida en la lista de los patrocinadores del terrorismo, no se incluyó a Venezuela en esa lista y aún sigue sin su inclusión como Estado patrocinador del terrorismo.    

 

En rechazo a la reinserción de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, respaldado, según el diario español El País, por el grupo de líderes mundiales reunidos en la organización The Elders, le solicitó a Joe Biden que revoque la designación de Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo”. “Rechazo inequívocamente la decisión de la Administración estadounidense anterior de redesignar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. El presidente Biden debería comenzar de inmediato el proceso de revisión para revocar esto. Cuba debe ser aplaudida por la función crucial que desempeñó para ayudar a poner fin a décadas de conflicto y facilitar la reconciliación en Colombia, y no enfrentar sanciones por haberlo hecho. Los países que facilitan los procesos de paz merecen nuestro agradecimiento y reconocimiento”, expresó Santos en declaraciones recogidas por The Elders.

 

The Elders es una organización internacional no gubernamental, formada por un grupo de conocidos líderes globales, defensores de la paz, y de los derechos humanos, y cuyo propósito es contribuir a resolver problemas mundiales, como el cambio climático, el VIH / SIDA, el hambre y la pobreza, así como a "utilizar su independencia política para ayudar a resolver algunos de los conflictos más difíciles del mundo". Como informa el diario colombiano El Tiempo, para formar parte de “este selecto grupo porque solo tiene 18 miembros, de los cuales 2 ya fallecieron, la persona debe contar con una importante confianza de la comunidad internacional, haber construido una reputación por su liderazgo inclusivo y progresivo y, debe encontrarse actualmente apartada de cargos públicos”.

 

Entre los miembros de The Elders, se cuentan personalidades como, Martti Ahtisaari, expresidente de Finlandia, Premio Nobel de la Paz; Gro Harlem Brundtland, ex Primera Ministro de Noruega; Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil; Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz; Ricardo Lagos, expresidente de Chile; Mary Robinson, expresidente de Irlanda y ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Ernesto Zedillo, expresidente de México; Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz;  Aung San Suu Kyi, Birmania líder de la oposición y Secretaria General de la Liga Nacional para la Democracia que fue presa política en Birmania y es Premio Nobel de la Paz; Ellen Johnson Sirleaf, ex Presidenta de Liberia y Premio Nobel de la Paz 2011; y Zeid Raad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos entre 2012 y 2014.

 

Aunque el gobierno del presidente colombiano Iván Duque Márquez exige  la extradición del grupo de comandantes del ELN que participaban en las rotas negociaciones de paz con su gobierno ha elevado la tensión en las relaciones con Cuba que se niega a las extradiciones, la organización The Elders, advierte: “Los negociadores del ELN habían recibido garantías formales de un regreso seguro, de acuerdo con los protocolos estándares para las negociaciones de paz, que el Gobierno cubano debe defender”. Por otra parte, Humberto de la Calle, jefe del Equipo Negociador por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos en el Proceso de Paz con las FARC, y Sergio Jaramillo, quien entre 2010 y 2012 ejerció el cargo de Alto Asesor Presidencial de Seguridad Nacional, del gobierno Santos, y a los cuales se les considera como los arquitectos del acuerdo con las FARC, declararon:

 

“Es entonces un despropósito y un acto de ingratitud estatal sin par con la República de Cuba que, en el marco de negociaciones similares con el ELN, el Gobierno de Iván Duque haya exigido la entrega a las autoridades colombianas de los miembros de esa delegación, en contra de los protocolos firmados por el Gobierno de Colombia y los garantes internacionales, que exigen regresar a los negociadores del ELN a sus lugares de origen en caso de rompimiento de las conversaciones. El hecho de que el ELN hubiera cometido un acto de terrorismo atroz en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional en Bogotá – que condenamos con la mayor vehemencia – y de que el Gobierno, como es su derecho, hubiera abandonado la negociación, no cambia los términos de lo acordado formalmente por Colombia en el marco del proceso de paz”.

 

“Noruega, como pone de relieve El País, el otro garante del proceso con las FARC, ha señalado que, si los países que facilitan esfuerzos de paz corren el riesgo de terminar incluidos en la lista negra de patrocinadores del terrorismo, lo van a pensar dos veces antes de apoyar esos esfuerzos”.

 

Cuando se compara a Cuba con el trío de asociados dentro de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, hoy por hoy, se puede concluir que no cumple con los mismos méritos ─si mérito se pudiera calificar a toda acción detestable ─ que esos estados, Corea del Norte, Irán y Siria, poseen. El régimen del Partido Comunista de Cuba (PCC) no es para nada un modelo digno de seguir ni de defender. Sin embargo, nada semejan sus métodos represivos con el terrorismo de estado que practican esos gobiernos insertos en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. En Cuba se aplicó la Ley 88 que condenaba con largos años de prisión a activistas y periodistas independientes, pero nada como la aplicación del delito de desacato que el 21 de noviembre de 2008 condenó en Birmania al comediante U Maung Thura a 45 años de privación de libertad, solo por criticar la mala gestión del gobierno ante los destrozos provocados por un huracán.

 

No es necesario elaborar una leyenda negra para condenar al régimen del PCC. Mucho se puede alegar en su contra, como los sucesos del remolcador Trece de Marzo y del río Canimar y el derribo de las avionetas de Hermanos al rescate sobre aguas internacionales. Se puede condenar al régimen por su pésima conducción de la economía nacional, por su desprecio y persecución a la opinión disidente, por esto y por mucho más. Valdría más reclamar la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ocupa ilegítimamente.

 

La inclusión de Cuba, nuevamente en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, por parte de la administración trumpista, conlleva dos posibles propósitos, contentar al sector ultraderechista de la comunidad cubana con vistas a una probable candidatura de Trump para el 2024 y, dificultarle a la administración Biden dar pasos en su propósito de mejorar las relaciones diplomáticas con el Estado cubano.