Se impone el rechazo del Congreso al ingreso de Hugo Chávez al Mercosur

El neoimperialismo brasileño, por la boca de su vocero Marco Aurelio García ─ declarado enemigo del Paraguay ─, sentenció que si nuestro país vuelve al Mercosur tras las elecciones generales del próximo año, “debe someterse” a lo que sus “socios” han decidido de manera ilegal

EDITORIAL DE ABC COLOR

Una gran parte de las turbulencias, tribulaciones y guerras que azotaron el mundo a lo largo de todas las épocas se debió a que unos estados se consideraban superiores a otros. Algunas naciones, dada su supremacía política, económica o militar, se creían en el derecho de avasallar a las demás. Tras el último conflicto bélico que conmovió al planeta entre 1939 y 1945, y que costó la vida de 60 millones de seres humanos, los pueblos de la Tierra fundaron la Organización de las Naciones Unidas, una institución del derecho internacional encargada de velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad globales.

Para garantizar estos principios fundamentales de la convivencia internacional, la Carta de las Naciones Unidas, desde su primer artículo, estableció que su propósito era: “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos”. En el artículo 2, prescribió que para la realización de los propósitos señalados precedentemente “la Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros”.

Estos valores fundamentales son recogidos por nuestra Constitución Nacional, en cuyo artículo 143 señala: “La República del Paraguay, en sus relaciones internacionales, acepta el derecho internacional y se ajusta a los siguientes principios: 1) la independencia nacional; 2) la autodeterminación de los pueblos; 3) la igualdad jurídica entre los Estados”, entre otros valores primordiales.

Sin embargo, en el Mercosur estos principios esenciales tan claros han sido quebrantados alevosamente cuando Argentina, Brasil y Uruguay dispusieron incorporar a Venezuela al proceso de integración regional en abierta violación del derecho comunitario, específicamente del Tratado de Asunción, que dispone que el ingreso de nuevos socios al bloque debe hacerse con el consentimiento unánime de los Estados partes, y del mismo Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur, en cuyo artículo 12 se requiere que el mismo cuente con la ratificación parlamentaria de los cuatro países miembros para entrar en vigencia: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Días después de celebrada la infausta cumbre presidencial de Mendoza, a fines de junio pasado, el canciller uruguayo Luis Almagro reconoció públicamente que la decisión fue adoptada bajo la fuerte presión ejercida por el Gobierno brasileño. Poco después, el presidente José “Pepe” Mujica justificó la embestida del poderoso Brasil asegurando que el ingreso de Venezuela se produjo en la forma que se produjo ─ avasallando el derecho comunitario ─ porque “lo político supera largamente lo jurídico”.

Tanto en el terreno de la teoría como en el de los hechos, esto vino a significar una descarada ruptura del estado de derecho en el Mercosur, lo cual fue muy bien graficado por el vicepresidente uruguayo Danilo Astori, quien en abierta contradicción con su propio presidente, aseguró que, a partir de la cumbre de Mendoza, en el bloque no ha quedado ninguna norma que no haya sido violada.

En suma, el 29 de junio de 2012, Argentina, Brasil y Uruguay declararon que los Estados ya no son iguales entre sí, que los más poderosos pueden imponer sus propias reglas de juego al margen de los principios del derecho internacional. Como si todo fuera poco, el neoimperialismo brasileño, por la boca de su vocero Marco Aurelio García ─ declarado enemigo del Paraguay ─, sentenció que si nuestro país vuelve al Mercosur tras las elecciones generales del próximo año, “debe someterse” a lo que sus “socios” han decidido de manera ilegal.

Ante tamaño ultraje a la soberanía de la República del Paraguay y el avasallamiento del principio de la igualdad jurídica entre los Estados que ahora se vinieron a consagrar dentro del Mercosur, lo único que cabe es que el Congreso Nacional, sin más dilación ni trámite, considere y rechace de plano el Protocolo de Adhesión de Venezuela al proceso de integración regional, suscrito en Caracas el 4 de julio de 2006.

Por lo tanto, no cabe el doble discurso que viene utilizando el oficialismo, que por un lado remitió al Congreso el mencionado instrumento para su consideración y, por otro ─ bajo la insidiosa influencia de Itamaraty ─ ejerce presión sobre los mismos legisladores del gobernante Partido Liberal para evitar que el mismo sea tratado en el recinto parlamentario.

Al Paraguay, como un país pequeño, de menor desarrollo económico relativo, sin costa marítima y rodeado de naciones poderosas y angurrientas, no le resta más que ampararse en el derecho internacional para preservar en todo momento y lugar su independencia y su soberanía. Su poderío no deviene de la potencia de sus armas, sino de la fuerza de sus derechos.

Nuestro país ha sido miserablemente avasallado, y lo único que cabe esperar de los señores legisladores es que actúen con la dignidad que corresponde a los graves desafíos que presenta la hora actual. Hacerlo en este sentido significa, hoy, aquí y ahora, repudiar la forma ilegal en que nuestros “socios” metieron al déspota bolivariano Hugo Chávez al Mercosur por la ventana, y rechazar de plano el infame protocolo que ellos nos pretenden imponer.