BIDEN NO PARECE DARSE PRISA

 Mario J. Viera

 

Intensa ha sido la lluvia de cartas, proposiciones y sugerencias, que no cesa de caer sobre la administración de Joe Biden, solicitándole la instrumentación de una nueva política hacia Cuba. Desde el amable intento de los “puentes de amor”, solicitando la remoción de todas las políticas de Trump tendientes a incrementar las sanciones económicas no selectivas contra Cuba, y hasta la eliminación del “bloqueo/embargo”; la romántica propuesta del proyecto del Centro para la Democracia en las Américas, y la Oficina de Washington sobre América Latina, pidiendo a Estados Unidos dar el primer paso; la coja propuesta de la Joven Cuba; la carta del Cuba Study Group con la recomendación de que ambos gobiernos [Estados Unidos y Cuba] “negocien acuerdos de cooperación y faciliten arreglos económicos entre su sector privado que puedan consolidar suficientemente las relaciones diplomáticas y la integración socioeconómica entre los dos países”, más interesado en hacer negocios en Cuba que cualquier otro criterio altruista; hasta concluir el aguacero con la ríspida Carta Cuba-Estados Unidos que propone hasta casi la celebración de un simposio para llevar a cabo las negociaciones diplomáticas entre ambos estados.

 

Parece, no obstante, que Biden no se está dando prisa en el tema de la renovación del acercamiento con el gobierno de Cuba; al menos, hasta ahora, no ha hecho ninguna alusión al asunto. Bueno, sí, este 24 de febrero, aniversario 25 del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate por aviones Mig del Ejército Cubano, Biden envió al Congreso una proclamación por la cual prorrogó, por un año más la declaración de emergencia con Cuba, firmada por Bill Clinton e 1ro de marzo de 1996, aduciendo que sigue existiendo la necesidad de continuarla.

 

En su declaración, Biden expresó: “La posibilidad de entradas no autorizadas a gran escala de embarcaciones registradas en Estados Unidos en aguas territoriales cubanas perturbaría las relaciones internacionales de los Estados Unidos con respecto a Cuba al permitir o proporcionar los medios para facilitar una migración masiva de ciudadanos cubanos y amenazar nuestra seguridad nacional”.

 

Algo más. El 8 de febrero, el encargado de negocios estadounidense Mark Cassayre hizo la siguiente declaración: "Tengo el gusto de informarles que, esta mañana, el secretario de Estado Blinken va a anunciar que Estados Unidos se comprometerá de nuevo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en calidad de observador", Algunos días después, Bliken explicaría en un comunicado que “la administración Biden ha reencauzado a Estados Unidos a una política exterior centrada en la democracia, los derechos humanos y la igualdad”, para agregar: “El uso efectivo de herramientas multilaterales es un elemento importante de esa visión, y en ese sentido, el presidente ha instruido al Departamento de Estado a reintegrarse inmediatamente y de forma robusta con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”; afirmando además, que  “seguirá denunciando abusos en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Irán (…) Los que tienen peores registros de derechos humanos no deberían ser miembros de este Consejo”.

 

Todavía más. Así se refirió la exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante el gobierno de Obama, Samantha Power con respecto a la canción “Patria y Vida”, opinó: "Una mirada muy interesante a la nueva generación de jóvenes en Cuba y cómo están presionando contra la represión gubernamental”. Power, que también ha sido nominada por Biden para dirigir la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID); agregó a su comentario, diciendo: “Un grupo de artistas canalizó sus frustraciones en una nueva canción tremendamente popular que el Gobierno ahora está desesperado por suprimir”.

 

Ninguno de estos mensajes debe sonar muy agradable a los oídos de los regentes del PCC.

 

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si ya la administración Biden le haya pedido al Departamento de Estado un estudio para revisar la pertenencia de Cuba dentro de la lista de países patrocinadores del terrorismo, vuelta a colocar por Trump en la lista negra el 11 de enero de 2021, revirtiendo la decisión tomada por la administración Obama el 29 de mayo de 2015 para excluirle de tal designación. Todo un regalito de “buena voluntad” que le dejara Trump a Joe Biden con el propósito de dificultar el proceso de renovar las relaciones diplomáticas entre Estados y Cuba.

 

Mientras Biden se toma su tiempo para la elaboración de su política hacia Cuba, ya le han aparecido cuatro piedrecitas en su zapato para hacerle cojear. Se trata de cuatro congresistas cubano americanos ─ casualmente todos con representación de Florida en el Congreso de Estados Unidos ─, el senador Marco Rubio y los representantes Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A, Giménez, lo cuales, en un comunicado dirigido a la Casa Blanca, instaron a “mantener la presión” sobre Cuba a propósito de un tema muy delicado en Miami, como es el nuevo aniversario del derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales.

 

En el comunicado, los cuatro radicales congresistas declaran: "Cada año que pasa nos sirve como recordatorio que este régimen asesino, narcoterrorista y antiamericano no ha cambiado en lo absoluto. El régimen castrista debe enfrentar consecuencias por sus actos criminales. Específicamente el asesino Raúl Castro, quien ordenó esta atrocidad, así como los tres individuos ya imputados en una Corte Federal de los Estados Unidos: el general Rubén Martínez Puente y los pilotos de combate Lorenzo Alberto Pérez-Pérez y Francisco Pérez-Pérez. El régimen ha demostrado repetidamente que no respeta la vida humana ni los derechos humanos más básicos. Mientras que los asesinos responsables sigan caminando sobre la faz de la tierra seguiremos exigiendo justicia para las víctimas del régimen: Carlos, Armando, Mario y Pablo”.

 

Declaraciones estas muy duras, que obligan a pensar, si resulta políticamente ventajoso para la Casa Blanca impulsar un acercamiento con el gobierno de Cuba. Por cierto, en el comunicado, ni por casualidad hicieron una referencia a la masacre del remolcador Trece de Marzo, ocurrida el 13 de julio de 1994, provocada por la embestida de embarcaciones gubernamentales contra el remolcador, provocando el saldo de 41 civiles, incluidos 11 niños, que pretendían llegar a territorio de Estados Unidos. Cualquiera sea un poco suspicaz, pensaría que, el propósito del comunicado, aparte de tener la intención de dificultar cualquier relajamiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, estaría dirigido a las elecciones intermedias de 2022. ¡El factor Miami-Florida!

 

Sí, el factor Miami-Florida, algo que toma en cuenta la carta del Cuba Study Group., dirigida al presidente Joe Biden, cuando, en una de sus partes, resalta que, “el gobierno cubano también debe darse cuenta de que es poco probable que el acercamiento con Estados Unidos sea sólido si intenta eludir Miami”. Reconociendo que la política de Estados Unidos hacia Cuba, no debiera guiarse por la política electoral interna, el Cuba Study Group consideró que esto solo será “una aspiración más que un reflejo de la realidad actual” como consecuencia de, “la fuerte oposición partidista en el Congreso de Estados Unidos y el enorme papel de Florida (y su número cada vez mayor de votantes inmigrantes cubanos) en el Colegio Electoral (…) El sentimiento de los votantes cubanoamericanos hacia el gobierno cubano y las relaciones entre Estados Unidos y Cuba representa el mayor obstáculo político interno hacia la normalización”, lo que yo denomino “Factor Miami-Florida”.

 

En lo esencial, el cúmulo de sugerencias que, desde diferentes grupos de intereses, se promueven, se resumen en lo siguiente: levantar las restricciones a los vuelos comerciales y chárter, poner fin a los límites de remesas, restablecer los servicios consulares en Cuba, reiniciar el Programa de Reunificación Familiar para Cubanos, suspender la ejecución de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton; todo esto, algo que, como he dicho en otro artículo, Biden, por sí mismo y por condiciones humanitarias, puede decretar la derogación de las sanciones económicas que Donald Trump, previamente había dictado. No obstante, el presidente y su gobierno se están tomando su tiempo para implementar todo lo concerniente a la política que ha de seguir, respecto a Cuba.

 

Ahora bien, algunos proponen que la administración Biden se decida por el levantamiento del embargo y hasta hay los que reclaman su levantamiento incondicional (Carta de la Joven Cuba). Esto es algo muy diferente. Repito aquí lo que antes dije en el artículo que publiqué el 12 de febrero (La Carta de la Joven Cuba al presidente Biden, cojea):  “Aunque el embargo sea, en el presente, solo una reliquia anquilosada del periodo de guerra fría; aunque su aplicación no ha conseguido aperturas y reformas profundas en Cuba, las sanciones económicas contempladas en las leyes Torricelli y Helms-Burton no pueden o no deben ser levantadas de manera unilateral por parte de Estados Unidos, y aunque en muchos sectores de la economía estadounidense se plantean reclamos para su supresión, optar por su levantamiento necesita pasar por un proceso de negociaciones, en una especie de quid pro quo”.

 

El embargo es un tema espinoso y de muchas aristas. Independientemente de que la Ley Helms-Burton codificó el embargo, también estableció. como premisa para su levantamiento, la existencia de un Gobierno de transición en Cuba, con determinadas características, entre las cuales se pueden enumerar las siguientes: que haya legalizado todas las actividades políticas; que haya puesto en libertad a todos los presos políticos; haya disuelto el Departamento de Seguridad del Estado, incluidos los Comités de Defensa de la Revolución y las Brigadas de Respuesta Rápida; y haya expresado públicamente su compromiso de organizar elecciones libres y justas para un nuevo gobierno; con la participación de múltiples partidos políticos independientes; que exprese públicamente, su decisión de avanzar en el establecimiento de un poder judicial independiente; el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales internacionalmente reconocidos; la creación de condiciones para el establecimiento de sindicatos independientes, y de asociaciones sociales, económicas y políticas independientes; y sobre todo que ese gobierno de transición no incluya a Fidel Castro ni a Raúl Castro. Solo cuando se certifique la existencia de un gobierno de transición y la formación de un gobierno elegido democráticamente, podrá levantarse el embargo.

 

Dentro de estas condicionales presentes en la vigente ley, un presidente, sea Biden o cualquier otro presidente, dictar por orden ejecutiva el levantamiento del embargo sería ir contra derecho, por muy legítima que pudiera ser considerada tal decisión. Para derogar la Helms-Burton, el Partido Demócrata necesitaría ganar en el 2022 una mayoría congresional de cerca de las dos terceras partes de todos los escaños, tanto en el Senado como en la Cámara de representantes, algo que a todas luces no parece ser probable, Aún en el caso que esto ocurriera y se lograra derogar la Helms-Burton debería considerarse si resultara apropiado el levantamiento del embargo de solo un plumazo, o hacerlo por etapas.

 

Bajo las condiciones políticas que hoy rigen en Cuba, el levantamiento del embargo no redundaría en mayores beneficios para el cubano común y corriente; solo se obtendrían algunas ligeras mejoras existenciales. El cubano continuaría siendo el mismo gallo desplumado de antes, aunque con un poco más de maíz. Tal vez quedaría sin sentido la coartada del régimen como plaza sitiada. Tal vez la retórica de lucha “antimperialista” se suavizase. Pero, el Partido Comunista de Cuba mantendría su no discutible hegemonía; las leyes de desacato no serían revocadas y el sistema judicial perduraría como tal y no como uno de los poderes independientes del estado. La represión en contra de la opinión disidente persistiría bajo formas más sutiles, los medios informativos continuarían bajo el monopolio oficialista y con mayores recursos económicos para sostenerles y para reforzar la propaganda gubernamental; los sindicatos continuarían siendo secciones sindicales para servir como correa transmisora de las directivas del PCC.

 

La economía pudiera mejorar, pero solo, en especial, para tanto el sector de los empresarios privados, como el de los inversores extranjeros en asociación con el gobierno; y el sector de los altos cargos del aparato gubernamental. No quedaría resuelto el problema del desabasto de la población, porque la prominencia estaría en el sector estatal de la economía bajo el principio de la planificación centralizada. Mantener el embargo, por otra parte, no garantiza de ningún modo la democratización de Cuba; levantar el embargo, tampoco garantizará la democratización del país.

 

Alcanzar la democracia en Cuba, no viene de mano del embargo estadounidense, ni de su supresión. La democracia, en Cuba, se alcanzará cuando cese el tribalismo entre los diferentes grupos de la oposición interna; cuando esa oposición se disponga a unirse en el lanzamiento de un reto poderoso al régimen; cuando esa oposición se aparte, se autonomice de los grupos de ultraderecha del exilio; cuando esa oposición deje de ser figura virtual para convertirse en presencia real actuando dentro de las entrañas del pueblo.