BOLIVIA, ¿EN CAMINO HACIA LA DEMOCRACIA?

Mario J. Viera

El Socialismo del Siglo XXI que rigió durante 14 agónicos años en Bolivia, cayó estruendosamente. La transición, como toda después de una dictadura, no es camino que pueda recorrerse sin obstáculos y contradicciones, y mucho menos en un país multiétnico como Bolivia. La Constitución de 2009, que rigiera a lo largo del régimen de Evo Morales, no ha sido derogada, ni se ha puesto en vigencia la anterior Constitución de agosto de 1994. Si la Constitución de 2009 no está derogada y el Gobierno Provisional no ha dictado ningún Estatuto Constitucional sobre el cual establecer sus atributos, entonces, el gobierno tiene que atenerse a los postulados de esa Constitución para su ejercicio legal.

En medio de grandes protestas populares por los resultados fraudulentos de las elecciones del 20 de octubre que le declaraban como presidente electo en la primera vuelta electoral, Evo Morales, el 12 de noviembre, se ve obligado a renunciar al cargo de presidente que llevaba ostentando durante 14 años. El 2 de noviembre, el cristero de extrema derecha Luis Fernando Camacho, considerado por muchos como el Bolsonaro boliviano, se convierte en la figura más representativa de las protestas en contra del fraude, al reclamarle al ejército y a la policía “ponerse del lado de la gente” y pedir a Morales su renuncia. El 8 de noviembre se producen amotinamientos de los cuerpos policiacos en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, extendiéndose la insubordinación a otras regiones del país. El 12 de noviembre, el jefe del Ejército boliviano le reclama a Morales su renuncia. Se ha producido, en la práctica, un golpe de estado atípico, que es bien recibido por la comunidad internacional.

Con la renuncia de Evo Morales, del Vicepresidente y de los presidentes de la Cámara y del Senado se presentó una situación de ausencia de poder. Es entonces que, en virtud del Artículo 169.1 de la vigente Constitución, Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado por el partido Unidad Demócrata, el mismo 12 de noviembre, se autoproclama presidente de Bolivia, en una sesión legislativa sin quórum en ninguna de sus cámaras. Una acción esta, que, con independencia de interese políticos, sirvió para salvar el vacío de poder. Pero Añez no se ajustó completamente a las normas constitucionales, pues de inmediato se dirigió a la casa de gobierno, portando una Biblia de gran volumen, en contradicción total con el postulado del Artículo 4 de la vigente Constitución que establece la laicidad del Estado: “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”. La línea política del gobierno provisional, gobierno de facto en su esencia, aunque haya sido reconocido por muchos otros gobiernos, ya quedó trazada desde el mismo día cuando la Biblia ocupara lugar prominente en la casa de gobierno sobre el texto constitucional. "¡Gracias a Dios, ha permitido que la Biblia vuelva a entrar al Palacio!", había exclamado Añez. Es que ella en abril de 2013 había expresado en un Twitter: "¡Sueño con una Bolivia libre de ritos satánico indígenas, la ciudad no es para los indios que se vayan al altiplano o al chaco!!".

Si cotejamos los medios periodísticos de Bolivia, al menos todos aquellos que poseen ediciones digitales, se comprobará que, la mayoría se muestra a favor del gobierno transicional de Jeanine Añez. Fueron 14 años de restricciones al ejercicio informativo y de opinión. Como dijera en 2015, el director de Página 7, el periodista boliviano Raúl Peñaranda, bajo el régimen de Morales, los medios en Bolivia eran preocupantes, y agregaría: “El gobierno ha logrado acabar casi por completo con los medios independientes. Ahora esos son solo un puñado. El gobierno, a través de empresarios amigos, ha comprado medios y les ha cambiado la línea editorial. También los ha presionado, con agresiones verbales y entidades estatales, para debilitarlos y atemorizarlos. Finalmente los ha cooptado, con millones de dólares para publicidad gubernamental. Esos medios, para obtener esa publicidad, y luego seguir recibiéndola, también cambiaron su línea editorial y se volvieron órganos de prensa pro-gobierno”.

Muchos periodistas tuvieron conflictos con el régimen, sometidos a presiones que dificultaban el ejercicio de su profesión, como los que cita Infobae en mayo de 2019, Juan Pablo Guzmán, Erwin Valda, Jhon Arandia, Amalia Pando, Raúl Peñaranda, Carlos Valverde, Gonzalo Rivera y Galo Hubner. La situación del control de los medios informativos durante el gobierno de Evo Morales, la ejemplificó el periodista de la red televisiva ATB, Juan Pablo Guzmán, cuando expresó: “Hoy no hay nada que aterrorice más a muchos medios que la queja de alguna autoridad o de un oficialista por haber sido incomodado en una entrevista”.

La caída del régimen indigenista, comunistoide y bolivariano, muy afín con el castrismo y el chavismo, no acabó con todas sus estructuras. La atipicidad del golpe de estado del 12 de noviembre se caracteriza en el hecho de que el congreso, con mayoría oficialista, no fue disuelto. Dos fuerzas antagónicas que necesitan alcanzar consenso para que la transición se produzca sin mayores convulsiones, de un lado los congresistas del partido del dictador derrocado y del otro, minoritario en el Congreso, de la oposición, ahora en el gobierno. Izquierda contra derecha. Una izquierda bananera y una derecha mojigata.

Para poder cumplimentar lo prescrito en el párrafo primero del artículo 169, que impone la condición de convocar elecciones en el plazo máximo de 90 días cuando el presidente sea reemplazado de manera definitiva, primero se hizo necesario aprobar una ley para la realización de esas elecciones. Entre el 22 y el 23 de noviembre el proyecto para la tal ley sería consensuado y aprobado unánimemente en el Senado y Diputados. Al siguiente día Añez promulgó la Ley que sería conocida como, “Ley No. 1266 del Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales”. Por esta norma legislativa se establece un régimen excepcional y transitorio para la designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral y Tribunales Electorales Departamentales. ¡No queda más remedio! Hay que derogar el antiguo Tribunal Superior Electoral conformado por elementos afines y comprometidos a favor de Evo Morales. La Ley consta de 24 artículos en tres Capítulos, y cinco “Disposiciones Finales”. Declara que se “deja sin efecto legal las Elecciones Generales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados” (Artículo 2.1), y se declara el cese de las funciones de los Vocales Titulares y Suplentes del Tribunal Supremo Electoral al momento de la promulgación de la Ley; además se da un plazo máximo de hasta 20 días calendario para la elección de los vocales del Tribunal Supremos Electoral, que deberían tomar posesión “al día siguiente de su elección”. Los veinte días calendario se cumplían el 14 de diciembre, sin embargo, el nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia tomó posesión el 19 de diciembre tras ser elegido por el Congreso y el 20 de diciembre fueron designados su presidente y vicepresidente (artículos 5 y 7).

El último de los capítulos de la Ley (Capítulo IV. Elecciones Generales), trata de los pormenores de la convocatoria a las elecciones generales. El artículo 12 establece que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contaba con 48 horas posteriores a su elección para presentar el calendario electoral o convocatoria para las elecciones, es decir para el 22 de diciembre. No obstante, el TSE alegó que con el tiempo establecido no sería suficiente para elaborar el calendario electoral de la convocatoria a elecciones generales. El 20 de diciembre. en consecuencia, Jeanine Áñez firmó una ley modificativa de la Ley 1266 para prorrogar por diez días el plazo que tiene el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para convocar elecciones en el país. “He promulgado ─ declaró Añez ─ la Ley de Modificación a la Ley N° 1266, de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, resultado de la coordinación entre la Asamblea, el TSE y el Ejecutivo para la realización de unas elecciones limpias, justas y transparentes”.

La ampliación de los plazos, cuadra con el gobierno de transición, ya que su mandato, legalmente debiera concluir el 22 de enero, sin la posibilidad de celebrar los comicios antes de esa fecha. Como citó la agencia de noticias boliviana ABI, Añez declaró: “La ley que hoy día estamos promulgando es el resultado de la coordinación entre la Asamblea, el Tribunal Supremo Electoral y el Ejecutivo (...) estamos trabajando para la realización de elecciones limpias, justas y transparentes”, y agregó: “Todo esto lo hacemos porque queremos que las elecciones nacionales y subnacionales se conviertan en una fiesta democrática y recuperación del valor de nuestro voto, y no en una pesadilla, como nos ha pasado en octubre con el fraude monumental del Gobierno anterior de Evo Morales”.

El 27 de diciembre se hizo conocer que los vocales del TSE perfilaban la convocatoria a elecciones generales para junio de 2020, la probable segunda vuelta para julio y la posesión de las nuevas autoridades elegidas, el 6 de agosto. "No se establecieron fechas concretas, pero sí hay topes. Teniendo en cuenta que se está sujeto a cambios, el borrador del calendario electoral señala que la primera vuelta de las elecciones se desarrollaría en junio", explicó el vocal del Tribunal Departamental de Potosí, Julio Mujica, en declaraciones al periódico boliviano El Deber. No obstante, el calendario electoral, deberá ser presentado a más tardar el 7 de enero. De ser así las elecciones generales, se celebrarán 150 días después de emitida la convocatoria.  No obstante, el segundo párrafo del Artículo 12 de la Ley 1266 estableció que “Las Elecciones Generales 2020, se realizarán en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario a partir de la convocatoria”. De este modo, el mandato de Jeanine Añez se extenderá hasta el 6 de agosto de 2020.

Mientras tanto y según El Mundo: “La última encuesta realizada en Bolivia atribuye un 23% de los apoyos a Andrónico Rodríguez, uno de los principales favoritos para suceder a Evo y quien más atrae a las nuevas generaciones de la revolución. que en un sólo mes ha crecido en siete puntos. Le sigue el excandidato presidencial opositor Carlos Mesa, que también habría crecido al calor de los errores de los otros políticos opositores, situándose con el 21% de los apoyos. Este, en mi opinión, sería la mejor opción.

Detrás aparecen los dos líderes cívicos que comandaron la revuelta contra Evo Morales, Luis Fernando Camacho (13%) y Marco Pumari (10%), los dos perdiendo apoyos tras un mes muy polémico, con acusaciones entre ambos, que al principio había prometido ir unidos a las elecciones. No obstante, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari acaban de anunciar su binomio para las elecciones generales, que, se ha considerado, se realicen en junio de 2020. "Nos quisieron dividir, nos quieren divididos, pero demostraremos que la unión hace la fuerza", escribió Pumari en su cuenta en Facebook. Si se me preguntara mi opinión sobre esta pareja, diría que sería la peor opción que pudieran hacer los bolivianos.

Detrás de ambos se mantiene el evangélico Chi Hyun Chung, que ha perdido el paraguas del Partido Demócrata Cristiano, pero que pese a todo conservaría el 9% de votos”.

Con vistas a las elecciones, Añez presentó recientemente un proyecto de ley que obliga a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia a participar en debates electorales. En apoyo a este proyecto, Añez alegó: “El expresidente Morales ha rehuido el debate de manera constante porque para él y su grupo de gobernantes que gozaron de tantos privilegios la democracia era un pretexto, era un instrumento para consolidar su proyecto de poder hegemónico. A Evo Morales no le interesaba el voto informado, a él le interesaba el fraude”.

Crisis diplomática y nacionalismo

A lo largo del mes de diciembre, Bolivia, más bien, su gobierno de transición, se ha visto envuelta en una controversia, de dura retórica y teorías de conspiración, con México y España, que la mente suspicaz, ve como dirigida a alcanzar un propósito muy diferente al pretendido de dignidad nacional ofendida. Se trata de la crisis diplomática surgido con México y España con motivo del asilo concedido por Andrés López Obrador a Evo Morales y el refugio en la embajada mexicana de nueve altos funcionarios del derrocado gobierno, entre los cuales se encuentra el exmilitar graduado de la Escuela de las Américas, el centro de entrenamiento creado por Estados Unidos para militares de América Latina, y exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana Taborga, uno de los hombres fuertes del equipo de Morales y exembajador de Bolivia en Cuba. El diario boliviano Página Siete reprodujo un documento filtrados por Wikileaks que hace referencia a Quintana Taborga; un cable, del 31 de marzo de 2006 con el código 06LAPAZ906, donde se decía que Quintana es “un irritado exmilitar que fue despedido de su cargo en el Ministerio de Defensa el año 2000 durante el régimen de Banzer. Quintana siempre sospechó que EEUU estaba detrás de su despido, algo que tiene cierto respaldo, y se convirtió como resultado de eso en un estridente antiestadounidense”.

Sobre Quintana Taborga pesan cargos de terrorismo, acusado de promover acciones violentas y vandalismos durante los actos de protestas que llevaron a la renuncia de Evo Morales; se le relaciona también con cuatro cubanos, con documentos de identidad de la Brigada Médica Cubana, que fueron detenidos en El Alto. En el auto que conducían fueron ocupados unos 90 mil bolivianos (algo más de 13,000 dólares). De acuerdo con lo informado en Página 7, los vecinos aseguraron que los cubanos pagaban a manifestantes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que bajaron en una movilización hasta La Paz, acusándoles además de estar financiando a los vándalos que saqueaban negocios durante las manifestaciones. Según la versión de los aprehendidos, el dinero iba a ser destinado a pagar los sueldos de los médicos cubanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, aseguró que los cubanos trasladaban el dinero extraído de un banco local para pagar servicios básicos y alquileres de los 107 miembros de la brigada médica en la región de El Alto, y, de acuerdo con Cibercuba, agregó en un comunicado oficial, que representantes de la policía y del Ministerio Público de Bolivia visitaron las sedes de la Brigada Médica en El Alto y La Paz y “corroboraron, a partir de documentos, nóminas y datos bancarios, que la cifra de dinero coincidía con la cantidad extraída regularmente todos los meses”. Finalmente, las autoridades bolivianas, liberaron a los cuatro cubanos sin imponerles cargos.

Parece el tema de una película hollywoodense de “intriga internacional”, y sus guionistas son tres más uno. Esta es la crisis de las relaciones diplomáticas del gobierno transitorio de Bolivia con México y España. Los principales redactores del texto son dos controvertidos personajes: el expresidente de Bolivia y designado delegado del gobierno de Añez ante la comunidad internacional, Jorge “Tuto” Quiroga, ahijado político del exdictador militar de Bolivia Hugo Banzer, como lo fuera también el reclamado Juan Ramón Quintana, un hombre que emplea una retórica que hace recordar los medios expresivos de Diosdado Cabello de Venezuela; y Carlos Arturo Murillo Prijic, Ministro de Gobierno (equivalente a Ministro de Gobernación o Ministerio del Interior), es el “hombre duro” del gobierno de Jeanine Añez; un hombre del cual, el periódico boliviano El Deber, ha dicho: “En diciembre del año pasado (2017), cuando se discutía la ampliación de causales para despenalizar el aborto, Murillo mandó a las mujeres a matarse. ‘Decidan con su vida, quieren matarse, que se maten, que se tiren del quinto piso, que se suiciden, hagan lo que quieran con su vida, pero no con una vida que no les pertenece’, dijo entonces el senador”. El Torquemada de la justicia de revancha contra el evismo. Advierte: “Les digo a todos aquellos que están en sedición que van a ir a la cárcel”. Amenaza a Juan Ramón Quintana: “Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, ¿por qué es una cacería? Ese es un animal que está matando gente en nuestro país y no lo vamos a permitir”. Y denuncia, acusa sin aportar pruebas, diciendo que se ha identificado que en las protestas “hay cubanos, hay venezolanos, hay gente de la guerrilla que ha estado viniendo aquí”. Asegura luego: “A todas esas personas vamos a aplicarles el mayor rigor de la ley. Bolivia no puede estar sufriendo por esta gente, extranjeros que vienen a nuestra patria a matar a nuestros compatriotas y no lo vamos a permitir”. Pero ninguno de esos supuestos agentes extranjeros ha sido capturados y sancionados “con el mayor rigor de la ley”.

A estos dos hombres se agrega una tercera, la encargada de las Relaciones Exteriores, Karen Longaric Rodríguez, que piensa que los temas de exteriores son como el texto de un manual de consignas y descalificaciones. Si México denuncia que ante su embajada en Bolivia hay una “presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos” y hasta piqueteros que allí hacen vigilia vigilando quien sale y quien entra en la sede, y rechaza entregar a los refugiados bolivianos en la embajada, Longaric reclama: “Simplemente pedimos al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no se inmiscuya más en nuestros asuntos internos y que respete la soberanía boliviana, Bolivia no es una colonia de México”; y asegura: “La Embajada es el instrumento que utiliza México para confrontar a Bolivia”. ¿A qué viene esa aclaración de que Bolivia no es colonia de México? Quizá lo mismo que reclama Arturo Murillo de España, tras el incidente de los “encapuchados”: “Voy a pedir a la presidenta y a la canciller que pida que esas personas se vayan del país, no es correcto que vengan a hacer lo que quieran, hace muchísimos años hemos dejado de ser colonia española”. Solo demagogia nacionalista. Lo mismo que se desprende de las declaraciones de la ministra: “Queremos manifestar nuestra preocupación y protesta a nombre del gobierno de Bolivia frente a las acciones que constituyen un abuso a la amistad que siempre ha existido entre España y Bolivia”. Lo mismo que se insinúa en lo dicho por Tuto Quiroga: “López Obrador, este cínico sinvergüenza, se pasó de bellaco con Bolivia”; lo mismo que se intuye de lo que dijera, agregando a lo antes dicho, y dirigiéndose a AMLO: “Entonces señor López Obrador, es hora de hablar claro. Usted claramente ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos y usted es un cobarde matoncito, porque lo hemos visto pasar vergüenza, arrodillado ante Trump, que le pone exigencias, que lo obliga a deportar a centroamericanos y que le está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento” (¿Verdad que se parece al modo de hablar de Diosdado Cabello?)

Luego, cuando Añez, accedió a los requerimientos de su Ministro de Gobierno y ordenara la salida del país de la embajadora de México, así como de la encargada de negocios, el cónsul de España y los famosos "encapuchados"; el gobierno español en un comunicado, declaró: "España rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia (…) cualquier afirmación en este sentido constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias. La relación entre nuestros dos países se basa en el mutuo respeto a nuestras instituciones democráticas y esta será siempre la referencia en nuestras actuaciones”.

En un comunicado la Unión Europea le dio una respuesta magistral a los ineptos funcionario del Gobierno de Transición en temas diplomáticos: “La Delegación de la Unión Europea en Bolivia expresa su profunda preocupación por la escalada de tensión diplomática que se ha saldado con la declaración de persona non grata de la encargada de negocios y del encargado de la sección consular de la Embajada de España, medida que rechaza”, dice el primer punto del comunicado. Calificó de “medida extrema e inamistosa” la expulsión de funcionarios diplomáticos, algo que debe reservarse a situaciones de gravedad. Y recalca el comunicado: “El pleno respeto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el diálogo son fundamentales para reducir la tensión”. Y concluye el comunicado: “La Delegación de la Unión Europea también agradecería recibir a la mayor brevedad una explicación de parte del Gobierno interino de Bolivia”.

Y no podía faltar la cuarta rueda de la carreta, Yerko Núñez, el Ministro de la Presidencia, quien en respuesta al comunicado de la Unión Europea diría: “...está claro que Bolivia no es colonia de nadie y se debe respetar la soberanía de nuestra patria”, otra vez el tema de “colonia”. Continúa diciendo e insistiendo en el tema de la protección de la soberanía boliviana de atropellos externos: “En Bolivia ha habido un atropello a la soberanía de nuestra patria por personas encapuchadas, presumiblemente armadas, que quisieron entrar (a la residencia de México) a sacar personas que están denunciadas por la justicia boliviana (...) Eso no es amistoso, por eso es que nosotros como Gobierno hemos procedido a declarar personas no gratas, porque no es amistad el venir a querer sacar a personas que están seriamente denunciadas (...), hay las vías diplomáticas para hacerlo”.

A continuación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, en un comunicado oficial, declaró: “Bolivia desea superar este impasse a la brevedad y mantener estrechas relaciones con el Reino de España, en el marco del tradicional respeto y la amistad que siempre las han caracterizado. Para este cometido, el Gobierno Constitucional de Bolivia acreditará en la Embajada de Bolivia en Madrid a un alto representante diplomático”.

Toda esta campaña nacionalista de defensa de la soberanía, tienen solo el interés político de captar apoyos dentro de la población; un intento para anular cualquier influencia que todavía le quede al interior del país al Movimiento Al Socialismo (MAS). Las elecciones están programadas para el mes de julio y ya aparecen las encuestas, nada favorables para los cristeros. Existe el temor de que Andrónico Rodríguez del MAS pueda ganar las elecciones y hay que captar votos, para el dueto Camacho-Pumari. La Biblia tiene que quedarse en el Palacio de Gobierno.

Por otra parte, si se produce un agravamiento de la crisis diplomática, si aparece algún brote de resistencia al gobierno de transición, en cualquier punto del país, el Artículo 137 de la Constitución, capacita a la Presidencia a implantar el estado de excepción (En caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, la Presidenta o el Presidente del Estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción, en todo o en la parte del territorio donde fuera necesario).