En vísperas de un nuevo engendro constitucional

Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución.

Asamblea Nacional Constituyente (Francia), 26 de agosto de 1789.

Mario J. Viera

El castrismo quiere “renovarse” y atemperarse a los tiempos, y en tal propósito, desde la cúpula del Buró Político del Partido comunista, surgió la iniciativa de elaborar un proyecto de Constitución política que reformara, prácticamente de manera, total la vigente constitución de corte estalinista. Así después de muchos análisis dentro del Buró Político y dentro del Consejo de Estado, que para el caso es casi lo mismo, quedó elaborado un anteproyecto de Carta Magna, que posteriormente, luego de una sesión de solo tres días de la Asamblea Nacional del Poder Popular fué unánimemente aprobado como proyecto constitucional.

Ahora, el proyecto se someterá muy “democráticamente” a la “consulta popular” en un maratón de agotadoras y aburridas reuniones de CDR, asambleas laborales, nucleos del partido y secciones sindicales a lo largo de tres meses, desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre. Quizá en esos encuentros, alguien dará lectura a los 224 artículos del proyecto agrupados dentro de 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones; algunos no podrán disimular un bostezo de aburrimiento o se distraerán conversando de cualquier cosa con el que a su lado se siente; pero luego, todos levantarán la mano cuando se pida: “El que esté de acuerdo con el Proyecto que levante la mano”. ¡Magnífico, el proyecto se aprueba por unanimidad! No obstante, en algún que otro sector más intelectualizado alguien pronunciará alguna propuesta, quizá para mejorar el estilo o para redondear una de las ideas expresadas en el documento.

Según el oficialista Granma, un denominado “Grupo de Trabajo”, bajo la dirección de Raúl Castro y la “asesoría de varios especialistas” se dispuso a darle cumplimiento al acuerdo tomado el 29 de junio del 2014 por el Buró Político del Partido Comunista con vistas a elaborar “las bases legislativas” para la reforma de la Constitución. Luego de someterse al criterio del Buró Político y al Pleno del Comité Central, el 2 de junio del presente año la Asamblea Nacional accedió que se iniciara “el proceso de Reforma Constitucional y aprobar como primer paso la creación de una Comisión para estos fines”. Por supuesto para tal comisión, fueron seleccionados y aprobados 33 diputados de la Asamblea Nacional. No hacía falta convocar a una Asamblea Constituyente, porque, al fin y al cabo, la Asamblea Nacional tiene tanto la potestad legislativa como la constituyente.

Para la gran mayoría de los especialistas en Derecho Público y Constitucional, la Constitución política de un Estado es la manifestación de un contrato social que ejerce el pueblo en uso de su soberanía. En este caso concreto de reforma constitucional no es el pueblo el soberano; porque no está representado en todos sus diversos componentes políticos e ideológicos al ejercitarse el poder constituyente y solo una parte del mismo está representado en la voluntad del Partido comunista. Como H. Heller, citado por Elisur Arteaga Nava (Temas de teoría constitucional), indica: “La soberanía supone (...) un sujeto de derecho capaz de voluntad y de obrar que se impone regularmente a todos los poderes organizado o no que existen en el territorio; lo que significa que tiene que ser un poder de ordenamiento territorial de carácter supremo y exclusivo...”, y en este caso ese poder se concentra en el Buró Político del Partido comunista, colocado por encima del Consejo de Estado del Consejo de Ministros y, sobre todo, por encima de la sociedad.

El Proyecto define al Estado castrista como un estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad y la ética de sus ciudadanos, que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política (sic)      

Es del todo incorrecto calificar de democrático al “estado socialista de derecho” existente en Cuba, colocado bajo la férula del Partido Comunista, cuando en él se proscribe la oposición política y cualquier otra ideología u opiniones que contradigan a la posición oficial; se trata, por tanto, no de una democracia, sino de una monocracia, la del poder incompartido y absoluto del Buró Político del Partido Comunista. Aunque refiriéndose a la constituyente que ha impuesto Nicolás Maduro para reformar la Constitución de 1999, el experto en derecho constitucional venezolano Allan Brewer-Carías declaró en entrevista para Diario Las Américas 16 de mayo de 2017: “¿por qué se va a rechazar la participación de los partidos políticos? Los partidos están llamados a orientar la vida política de un país y tienen derecho de participar como cualquier ciudadano. No se puede establecer una Constituyente con base a una visión exclusivista y discriminatoria”.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, también según el Granma, declaró ante la Asamblea Nacional, el pasado 2 de junio, que el cometido de la comisión era tratar de “analizar el impacto que en el orden constitucional tienen los cambios (¿?) que se han venido experimentando, de evaluar cuestiones que se requieren incorporar al texto constitucional, en virtud de nuestras experiencias en la construcción del socialismo, y de estudiar procesos constitucionales desarrollados en diversos países, así como de profundizar en aspectos de nuestra historia y tradición constitucional”. Se trata, como dijera Castro el pequeño, de un intento de “dejar atrás el lastre de la vieja mentalidad (...) sin abandonar, ni por un instante, el legado martiano y la doctrina del marxismo-leninismo que constituyen el principal fundamento ideológico de nuestro proceso revolucionario”.

Creo que debo hacer una acotación a lo referido en el párrafo anterior. Hablar en estos tiempos sobre las experiencias en la construcción del socialismo, algo que, colmado de fracasos, nunca se ha llegado a su conclusión, como si se tratara del martirio de Tántalo, siempre amenazado de ser aplastado por la roca que pende sobre él y siempre imposibilitado de tomar una fruta o sorber un poco de agua porque al intentarlo de él se apartaban. Es totalmente ridículo. ¿Y cuáles son los procesos constitucionales que se emplearon como elementos en la composición del nuevo engendro constitucional? El propio Granma lo aclara: en primer lugar, las constituciones, del entorno latinoamericano, como las de Venezuela, Bolivia y Ecuador, surgidas del frustrado movimiento del Socialismo Siglo XXI, que consideran como “lo más avanzado del constitucionalismo en la región”. Otros modelos constitucionales fueron base de estudio para el remozamiento de la sovietizante Constitución de 1976, “como el de Vietnam y China”. Es como lo que el politólogo e historiador cubano miembro de Amnistía Internacional y profesor de la Universidad de Guanajuato Armando Chaguaceda le expresara al diario El País: “La reforma es cambio y continuidad, pero con más continuidad que cambio. El régimen político no tiene visos de cambio y no se toca el corazón del sistema monopartidista”.

Parece ser que Miguel Díaz-Canel no tiene ni la mínima idea de lo que está diciendo cuando refiere que se pretende profundizar en la tradición constitucional de Cuba, aunque el Granma matizó este aspecto cuando anotó que de “manera particular esta labor conllevó un estudio de nuestra historia constitucional, especialmente de la Constitución de 1940, la Ley Fundamental de 1959 y la actual Constitución de la República”. Siempre la Constitución de 1940 como referente obligatorio para hacer más digerible el bodrio constitucional. La tradición constitucional a la que se refirió Díaz-Canel es solo la surgida a posteriori de l959, cuando, de manera inconstitucional se impusieron numerosas reformas a la Constitución de 1940 y, también de manera inconstitucional, sustituyeron la carta del 40 por la denominada Ley Fundamental para, posteriormente reincidir en la inconstitucionalidad en la redacción de la vergonzosa Constitución de 1976.

Parece ser una crítica planteada por el Castro pequeño al modo de gobernar de su hermano cuando pidió “dejar atrás el lastre de la vieja mentalidad”. Él es ahora el máximo y quiere dejar planteada su propia impronta y dejar un legado de pragmatismo, y todo ello “sin abandonar, ni por un instante, el legado martiano y la doctrina del marxismo-leninismo”. ¿El legado martiano? Parece olvidar, cuando insiste en la doctrina del obsoleto marxismo-leninismo, que Martí rechazó una tal idea para ser plasmada en un texto constitucional.

En Escenas Americanas, un texto donde Martí ponderaba positivamente la Constitución de los Estados, había anotado, de manera tajante: “Una Constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos”. Hipócritamente en el Preámbulo de la vigente Constitución se reproduce aquella afirmación martiana dicha en el discurso que pronunciara en el Liceo Cubano en Tampa el 26 de noviembre de 1891: “yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”, quizá esta frase se reproduzca en el nuevo proyecto constitucional. Es que el Apóstol entiende por dignidad plena el rechazo al “peligro grave de seguir a ciegas, en nombre de la libertad, a los que se valen del anhelo de ella para desviarla en beneficio propio”; dignidad es el respeto a la “opinión franca y libre por sobre todas las cosas”, lo que condena el castrismo que solo permite como legítima su propia opinión. Y afirmó Martí: “O la república tiene por base el carácter entero de cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí propio, el ejercicio íntegro de sí y el respeto, como de honor de familia, al ejercicio íntegro de los demás; la pasión, en fin, por el decoro del hombre, o la república no vale una lágrima de nuestras mujeres ni una sola gota de sangre de nuestros bravos”. Y dice Martí en este mismo discurso: “Para verdades trabajamos, y no para sueños. Para libertar a los cubanos trabajamos, y no para acorralarlos. ¡Para ajustar en la paz y en la equidad los intereses y derechos de los habitantes leales de Cuba trabajamos, y no para erigir, a la boca del continente, de la república, la mayordomía espantada de Veintimilla, o la hacienda sangrienta de Rosas, o el Paraguay, lúgubre de Francia!” Y dijo más Martí, y se refirió a “aquel robo al hombre que consiste en pretender imperar en nombre de la libertad por violencias en que se prescinde del derecho de los demás a las garantías y los métodos de ella. [...] ¡Valiera más que no se desplegara esa bandera de su mástil, si no hubiera de amparar por igual a todas las cabezas!” Y esto es lo que él entiende que la República sea “con todos y para el bien de todos”.

Y sobre Marx ¿qué dijo José Martí?: “Como se puso del lado de los débiles merece honor. Pero no hace bien el que señala el daño y arde en ansias temerosas de ponerle remedio, sino el que enseña remedio blanco al daño”. Luego, refiriéndose a la lucha de clases, agrega el Apóstol: “Espanta la tarea de echar a los hombres sobre los hombres”. Y sobre el socialismo ¿qué dijo? Se adhirió a los criterios de Herbert Spencer y anotó: “La Futura Esclavitud se llama este tratado de Herbert Spencer. Esa futura esclavitud, (...) estudia Spencer, es el socialismo. [...] De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, iría a ser esclavo de los funcionarios. Esclavo es todo aquel que trabaja para otro que tiene dominio sobre él; y en ese sistema socialista dominaría la comunidad al hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo”. Entonces ¿de qué legado martiano se está hablando?

¿Propuestas nuevas en el Proyecto de Constitución? Se habla, en materia de justicia y el debido proceso, la presunción de inocencia, el proceso de Habeas Corpus elevado a categoría constitucional y la necesidad de asistencia jurídica para la defensa. Así como “la reinserción social de las personas privadas de libertad; ser tratados con respeto a su dignidad e integridad síquica, física y moral, así como ser procesado y condenado por tribunal competente, independiente, imparcial (¿?) y preestablecido legalmente”. Por otra parte, se ratifica que el Tribunal Supremo Popular rinde cuenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de los resultados de su trabajo y que los magistrados y jueces legos del Tribunal Supremo Popular son elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado. Entonces, ¿cómo se puede hablar de independencia e imparcialidad de los tribunales. Nada se dice sobre el establecimiento de un Tribunal Constitucional. De hecho, en la Constitución base se establece que la interpretación de las leyes y la decisión de inconstitucionalidad les corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En Manual de Derecho Constitucional, Juan Vicente Sola, refiriéndose a las cortes o tribunales constitucionales, expone:

“Una Constitución sin una corte de Justicia que imponga su interpretación y la efectividad de la misma aun en los casos cuestionados, es una Constitución sin un contenido jurídico estricto, que asocia su suerte a la del partido en el poder que impone, por simple prevalencia fáctica, la interpretación que en ese momento le conviene”.

(Continuará)

AMLO: ¿LA NUEVA REVOLUCIÓN MEXICANA?

Fernando Mires, Blog POLIS

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no es el Chávez mexicano sino un líder de izquierda-centro, uno de los tantos que hubo antes y que habrá después de Chávez. Pues imaginar una política sin izquierdas es tan absurdo como imaginar una sin derechas. El peligro es otro. El peligro es que en México estamos asistiendo a la implosión de todo un sistema político. Implosión que comenzó a tener lugar antes de la victoria de AMLO.

Ordenando la relación de factores, no fue la victoria de AMLO el hecho que provocó la implosión del sistema político, sino esto último llevó al ascenso de AMLO. Veamos los resultados. Ese 53% (record mexicano) obtenido sobre sus seguidores más inmediatos, el candidato continuista José Antonio Meade y el híbrido conservador Ricardo Amaya (candidato de derecha e izquierda a la vez) fue una victoria frente al vacío. Vacío de programa, vacío de política, vacío de todo. Frente a lo que esas candidaturas llegaron a representar, no solo AMLO, cualquier candidato que hubiera levantado una alternativa en contra de la corrupción, del gangsterismo estatal, de la delincuencia organizada por los partidos, habría podido vencer. Más todavía si ese candidato ha dado pruebas de seriedad (la alcaldía de de Ciudad de México fue administrada con relativa eficiencia por AMLO) virtud muy escasa en la clase política mexicana.

No, no se trata de una nueva derrota del PRI como cuando llegó a la presidencia Vicente Fox (2000). Se trata más bien de la relación de complicidad compartida entre el PRI y los demás partidos del sistema. De un sistema caracterizado, en lo fundamental, por una suerte de corporativismo político que durante largas décadas representó el PRI y después fuera ampliado hacia otros partidos como el PAN, y el propio PRD. Pues, hablando en términos polítológicos, lo que primaba en México era, en estricto sentido, una partidocracia. Ahora bien, en contra de esa partidocracia, hundida en los más turbios escándalos que es posible imaginar, levantó AMLO su candidatura. De ahí que, objetivamente, y haciendo abstracción de la retórica revolucionaria del nuevo presidente, su futuro gobierno aparece ante los ojos de muchos mexicanos como un factor de normalización y estabilidad.  Y AMLO como el hombre en condiciones de salvar la integridad de la política frente a la corrupción institucional y a la anomia social.

No sin cierta razón algunos publicistas han escrito que AMLO y su partido MORENA no solo encarnan un momento fundacional sino uno re-fundacional, vale decir, el de la fundación de un nuevo PRI. Pero las apariencias engañan. A pesar de todas las semejanzas que puedan existir entre el viejo PRI y el nuevo MORENA, hay dos grandes diferencias. La primera es que El PRI fundado por el militar Plutarco Elías Calle nació con el objetivo de institucionalizar – o cerrar ─ la revolución nacida en el 1910. MORENA en cambio, dicho con las propias palabras de AMLO, nació para comenzar una nueva revolución. Efectivamente, AMLO habla del inicio de una cuarta revolución: la de la Independencia (Hidalgo), la Gran Revolución (Madero) y la de la Reforma (Benito Juárez) son las tres primeras. La cuarta sería la revolución social de AMLO. Las tres primeras están unidas por dos características: en todas, las grandes masas escaparon a la conducción de sus líderes y todas, fueran sangrientas. Esperemos que la de AMLO, si de verdad hace una revolución, sea algo diferente. México es el país latinoamericano que más muertos ha entregado a sus grandes causas.

La segunda diferencia es que MORENA es el partido de AMLO, es decir, es propiedad de AMLO, fundado, organizado y liderado por AMLO. El PRI en cambio era una asociación de políticos y si alguna vez tuvo grandes líderes -Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán entre otros- estos fueron siempre fieles a la línea de su partido. En cambio MORENA es solo fiel a la línea de AMLO. Sin AMLO no hay MORENA. MORENA es la prolongación de AMLO. En otras palabras, estamos asistiendo a un nuevo fenómeno: el fin del principio del corporativismo político y el comienzo del principio del caudillismo nacional. Porque, lo quiera o no, AMLO es un caudillo nacional.  Más nacional aún si se tiene en cuenta que México, como consecuencia de los insultos racistas de Trump y del oprobioso muro, arrastra el dolor de una profunda herida narcisista.

Gracias o por culpa de AMLO la política de México ha entrado en un proceso de sudamericanización. La “dictadura perfecta” (Vargas Llosa), sin caudillo, ha cedido el paso al caudillaje del líder. Desde ahora en adelante el gobierno de México será personal, personalista y personalizado. Si logra éxitos, el honor será para AMLO. Si fracasa, el fracaso será de AMLO.

El futuro dirá si AMLO utiliza el personalismo caudillista para reformar las instituciones y ampliar la sociedad civil o simplemente se convierte en un nuevo autócrata latinoamericano. Para ambas vías hay condiciones. Pero algunos indicios hablan a favor de la primera: México no es una isla como Cuba y una dictadura vecina a los EE UU no parece ser una posibilidad geopolíticamente realizable. El mismo AMLO, conocido por su pragmatismo, ha optado, en lo económico, por seguir dentro del TLCAN.  Además, el mismo sabe que si ganó ampliamente en los comicios del 2018, no fue por ser el “candidato del sur pobre y empobrecido” como lo fue en anteriores elecciones, sino por haber recibido el apoyo del norte próspero, empresarial e industrial. Por cierto, AMLO siempre será un presidente que aboga por la justicia social. Pero si entiende que no hay mayor justicia social que el mantenimiento y ampliación de las libertades políticas, podría tener ante sí un futuro auspicioso.  

Desde una perspectiva latinoamericana sería conveniente pensar las elecciones mexicanas en términos paralelos a las colombianas, las dos últimas que han tenido lugar en la región. Mientras en las colombianas la derecha-centro se impuso alrededor del candidato tecnócrata Duque al candidato de izquierda centro, Petro, en México ocurrió exactamente al revés: los dos candidatos tecnócratas de la centroderecha fueron derrotados ampliamente y sin apelaciones por el candidato de izquierda-centro. Dos direcciones no solo diferentes. Además, definitivamente opuestas. Así, mientras el centro fue ocupado en Colombia por la derecha, en México fue ocupado por la izquierda. Sin embargo, ambas elecciones tienen un punto en común. En las dos, más en México que en Colombia, quedó evidenciada la ausencia de un centro democrático y liberal, autónomo e independiente, en condiciones de ejercer hegemonía sobre ambos extremos.

Pero ¿no ha sido y es esa ausencia el gran vacío histórico de la política latinoamericana?

LOPEZ OBRADOR INSPIRA RECELOS

Mario J. Viera

Quizá el líder de Morena sea el tan ansiado mesías de los mexicanos, aquel que llegue al rescate de México y el demoledor de injusticias; ¡Quizá! Sin embargo, para cualquier observador no mexicano, la figura y la trayectoria política de López Obrador inspira recelos. Simbólico fue el gesto suyo de votar en estas elecciones no por sí mismo, sino por una activista de derechos humanos que siempre estuvo vinculada al Partido Comunista de México, me refiero a Rosario Ibarra de Piedra, quien se destacó por su enfrentamiento a los regímenes priistas de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría y fundara en 1977 el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, también conocido como Comité ¡Eureka!, luego de que el 18 de abril de 1975, bajo el gobierno priista de Luis Echeverría, su hijo Jesús Piedra Ibarra, fuera secuestrado por razones políticas. El Comité fundado por Rosario Ibarra exigía, bajo la consigna de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, que el Estado presentara con vida a los desaparecidos políticos, consigna esta que ha sido retomadas por padres y familiares de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Como resultado de la lucha emprendida por Rosario Ibarra, en septiembre de 1978, bajo el gobierno priista de José López Portillo, se aprobó una ley de amnistía que puso en libertad a 1,500 presos políticos, permitiendo el regreso de 57 exiliados al país y el desistimiento de 2,000 órdenes de aprehensión.

Debe destacarse que durante el gobierno priista de Gustavo Díaz Ordaz (1964 – 1970) se produjo la que se conoció como masacre de Tlatelolco. Según un informe del Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), Dr. Ignacio Carrillo Prieto, librado el 26 de febrero de 2006, se detallaron los crímenes cometidos “durante las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982). Durante esos sexenios, cientos de ciudadanos mexicanos - tanto civiles inocentes como militantes armados-fueron asesinados o "desaparecidos" por fuerzas militares y de seguridad. Miles más fueron torturados, ilegalmente detenidos, o sujetos a hostigamiento y vigilancia por parte de las autoridades”. En este informe “se constata que el Estado mexicano, a los más altos niveles de mando, impidió, criminalizó y combatió a diversos sectores de la población que se organizaron para exigir mayor participación democrática en las decisiones que les afectaban, y de aquellos que quisieron poner coto al autoritarismo, al patrimonialismo, a las estructuras de mediación y a la opresión. El combate que el Estado emprendió en contra de estos grupos nacionales –que se organizaron en los movimientos estudiantiles, y en la insurgencia popular- se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio –al intentar destruir a este sector de la sociedad al que consideró ideológicamente como su enemigo- [...] Los principales hechos que consideramos que deben ser esclarecidos, en respuesta a las demandas de la sociedad, es lo sucedido en torno al movimiento estudiantil de 1968 y las políticas de Estado que ocasionaron la represión del movimiento estudiantil, la suerte de los detenidos que fueron desaparecidos durante la llamada ‘guerra sucia’, el trato que recibieron los detenidos que fueron señalados de apoyar la guerrilla y las políticas de contrainsurgencia que siguió el Estado mexicano llegando, incluso, a la ejecución extrajudicial de detenidos, así como los delitos de lesa humanidad que instrumentó en contra de su propia población”.

No está de más destacar que esos crímenes cometidos durante esos gobiernos priistas, principalmente el caso de Tlatelolco, no solo nunca fueron condenados por el régimen de Fidel Castro en Cuba, sino que también fueron silenciados por la prensa oficialista del castrismo. Fidel Castro mantenía estrechísimas relaciones con los gobiernos del PRI.

Desde la época de Lázaro Cárdenas ha estado funcionando en México una especie muy a la mexicana del Estado Corporativo, influencia del fascismo italiano que intentaría calcar Fidel Castro al inicio de su hegemonía. Así el informe de la fiscalía que estamos analizando expresa: “En México, el movimiento social es mediatizado y corporativizado por el Estado. Los sectores campesino, obrero y popular son organizados como ‘estructuras de mediación’. La defensa legítima de los intereses de los trabajadores se penaliza en un ordenamiento legal que la criminaliza. Las organizaciones sociales que el Estado no logra mediatizar son tratadas como subversivas; sus líderes son encarcelados acusados de este nuevo delito o son eliminados selectivamente. La represión de que fueron objeto los sectores combativos, la huella de impotencia que estas organizaciones dejaron en sus agremiados por no defender sus intereses –ya sea porque fueron corrompidas o porque fueron reprimidas-, el descrédito de las organizaciones sociales que eliminaron a sus dirigentes más honestos y, los sindicatos del sector público y gubernamental que terminaron por corromper las propias organizaciones educativas o productivas o de servicios dieron como resultado un escenario de desencanto y desmovilización con un poder de organización independiente prácticamente nulo”.

El PRI constituyó una verdadera dictadura disfrazada de democracia, una “dictadura perfecta” como la denominara Mario Vargas Llosa en 1990 cuando en una conferencia de prensa en la ciudad de México expresara: "México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México".

El PRI, por otra parte, implementó los principios del neoliberalismo como teoría rectora de la economía nacional. Los resultados fueron un gran crecimiento industrial aliado a una elevada diferenciación social, haciendo de los ricos, más ricos y más empobrecidos a los de menos recursos. Es el capitalismo salvaje donde el patrón posee todos los derechos con merma de los derechos laborales. En este marco el poder político queda prisionero del poder económico, una forma de intervencionismo, no la del Estado en la economía, sino la de la economía en el Estado.

Cuando se conocen estos antecedentes de la política de México y sus agudas contradicciones sociales, nada puede resultar ilógico que una abrumadora mayoría de mexicanos le dieran su respaldo electoral a AMLO.

Otro de los personajes con los que se ha relacionado López Obrador es esa patética figura, caricatura ridícula de Mao y Ernesto Guevara, el Subcomandante Marcos; sin embargo, ambos ya se han distanciado desde el 2013, cuando López Obrador dijera: "Puede haber diferencias, que las hay. De parte nuestra te diría que no tenemos pleito con la dirección [del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)]”; luego apuntó: “No tenemos pleito con la dirección del EZLN, pero ellos siempre dicen que sí hay problemas con nosotros”. Luego con fecha 15 de octubre de 2016, en un tuit López Obrador criticó al EZLN refiriéndose a la postulación de la dirigente indígena María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy:

El EZLN en 2006: era "el huevo de la serpiente". Luego, muy "radicales" han llamado a no votar y ahora postularán candidata independiente.

La respuesta del subcomandante Galeano (antes Marcos) fue: “Si somos una creación del salinismo, si nuestra apuesta era dividir el voto, ¿por qué el innombrable malo no movió sus gentes para meter las firmas”.

Muchos de los que sienten recelos con respecto a AMLO ─ incluido yo mismo ─ están motivados por la idea de su supuesto chavismo. Sobre este tema, Adrián Espallargas, del diario El Confidencial señala:

“López Obrador, por mucho que se insista, no es Chávez, ni el México de 2018 es la Venezuela de hace veinte años. Los orígenes de estos carismáticos políticos latinoamericanos son diametralmente opuestos. Chávez era un militar totalmente desconocido para el público venezolano hasta que dio aquél fallido golpe de Estado en 1992. Tras ser indultado, ganó popularidad y se metió en política para arrasar en las elecciones de 1998. AMLO, en cambio, lleva casi cuatro décadas en política e incluso fue alcalde de la Ciudad de México durante cinco años, un pasado que permite radiografiar el tipo de gobernante que es.

“En sus cinco años como jefe de gobierno del entonces DF (ahora CDMX), López Obrador no se caracterizó por el despilfarro ni demonización de la empresa privada. De hecho, la inversión extranjera se mantuvo a niveles similares a anteriores y posteriores, mientras que la deuda creció un 26,3% entre 2000 y 2005, un aumento considerable pero dentro de unos límites normales. Es más, Moody’s y S&P daban calificación AAA a la deuda del DF, su nota más alta, en el último año de AMLO como alcalde. Y, para más inri, en 2004 fue elegido segundo mejor alcalde del mundo por la organización City Mayor, la misma que eligió a Iñaki Azkuna, fallecido edil de Bilbao, mejor alcalde en 2012.

“Los programas sociales fueron el mayor logro de AMLO. Su gran éxito fue la creación de una pequeña pensión de para mayores de 70 años, una medida que al poco tiempo fue adoptada a nivel nacional. Dio ayudas a madres solteras y personas de bajos recursos. También hubo desarrollos de infraestructuras de transporte público, el Metrobús, y construcción de carreteras de peaje.

“Chávez y López Obrador, sin embargo, sí que guardan ciertas similitudes como su discurso dirigido a las clases menos pudientes. Primero, el continuo uso de figuras históricas para venerar un pasado glorioso. Para Chávez y Maduro, el héroe es Simón Bolívar. Para AMLO ese es Lázaro Cárdenas, quien en 1938 nacionalizó los activos petroleros en manos de empresas extranjeras y los dejó en manos de Pemex (...) AMLO no es un recién llegado a la política mexicana, pero se nutre de ese cansancio del pueblo con las élites para lograr al fin la victoria en su tercer asalto a Los Pinos, residencia oficial del presidente de México. Si no logra ganar los comicios, ya ha asegurado que se irá a La Chingada, nombre de su finca -y que en mexicano significa ‘irse a la mierda’-.”

No obstante, hay algo que me mantiene en alerta ante su futuro gobierno, y es aquella frase suya, dicha en el discurso de celebración, tras su victoria electoral; una frase que me recuerda un poco a la manera de pronunciarse Fidel Castro: “Llamo a todos los mexicanos a no poner por encima los intereses personales por legítimos que sean. Hay que poner por encima el interés superior”. Este un eslogan propio del fascismo italiano. La renuncia a los interese personales ante los intereses de toda la sociedad. Y sí se es fiel a este concepto se puede llegar hasta el punto de negar los derechos individuales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.