Ante la nueva realidad jurídica de las relaciones Cuba-Estados Unidos.

Mario J. Viera

Aunque ha sido desconcertante, tanto para la oposición anticastrista dentro de la isla como para el anticastrismo  de este lado del Estrecho de la Florida, el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba, la realidad es que ya, de hecho, es una nueva realidad jurídica ante la cual, ni el exilio ni la oposición tienen capacidad de revocar. Definitivamente, el reconocimiento explícito de los Estados Unidos al gobierno usurpador de Raúl Castro es el reconocimiento de una realidad jurídica de facto aunque no de jure.

Las reglas del juego han cambiado y hay que saber mover las fichas dentro del tablero de la nueva situación; hay que tener la capacidad para colocar las piezas en una posición favorable, sin necesidad de recurrir al enroque, aprovechar los descuidos y lanzar el ataque para dar jaque al rey. Nos toca ahora jugar. Tenemos las piezas negras y debemos proteger nuestra Dama.

La oposición anti castrista deberá replantearse sus actos y métodos ante la nueva realidad jurídica, surgida a nivel internacional, tras el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Barack H. Obama y quien detenta el poder de facto en Cuba, general Raúl Castro, del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países interrumpidas desde enero de 1961.

El acuerdo entre los dos estados ha sido felicitado tanto por el papa Francisco como por  el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, quien, al conocer la decisión bilateral declaró: “Esta noticia es muy positiva. Ya es hora de que Cuba y Estados Unidos normalicen sus relaciones bilaterales. En ese sentido, doy una enérgica bienvenida a las noticias de hoy”.

Así, será imprescindible que la oposición cubana esté preparada para un eventual levantamiento del embargo comercial que Estados Unidos mantiene contra el gobierno castrista y la entrega del territorio que alberga la Base Naval de Guantánamo.

En estas condiciones la oposición cubana debe consolidarse en partidos políticos con programas coherentes, o en una coalición opositora al estilo de la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela; al mismo tiempo, deberá dirigir sus esfuerzos, en la esfera internacional, para ser reconocidas sus organizaciones como factores sociales de cambio, y cabildear ante los gobiernos de la América Latina y el gobierno de Estados Unidos exigiendo que el gobierno de Castro suprima el artículo 5 de su Constitución, pues Cuba es el único país del continente que consagra constitucionalmente al partido de gobierno como único partido político colocado sobre el Estado y la sociedad y niega legitimidad a cualquier organización política disidente u opositora.

Con el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ya el castrismo carece de argumentos para satanizar a la oposición como “mercenarios del imperialismo” y deberá modificar su retórica cargada de epítetos al referirse a los opositores.

En los reclamos políticos de la oposición al gobierno castrista, debe incluirse, como factor de primera prioridad, el restablecimiento del orden jurídico consagrado por la Constitución de 1940, reclamo este que fuera el argumento básico de los opositores políticos e insurreccionales del pasado siglo al gobierno del general Fulgencio Batista, luego del golpe de estado de 1952.

Muchos pueden considerar que la Constitución republicana de 1940 está envejecida y que se requieren nuevos enfoques constitucionales; sin embargo, esta Constitución no fue abolida o reformada de acuerdo a los preceptos establecidos en su cláusula de reforma. La Constitución del 40 fue abolida de facto y no de jure. La defensa de la Constitución del 40 como base para futuras reformas constituye, desde el punto de vista institucional,  una legitimación jurídica de la lucha opositora.

Si Estados Unidos deja de ser el “enemigo objetivo” para el castrismo, la oposición deberá incluir entre sus reclamos la abolición inmediata de la draconiana Ley 88, denominada de “Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba”.

De manera provisional, la oposición deberá hacer pública la exigencia de incluir dentro del actual texto constitucional los postulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, con este propósito, recaudar el apoyo de manera efectiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Se requerirá un esfuerzo mancomunado entre la oposición interna y las comunidades de exiliados en Estados Unidos, España y otros países de Europa y América Latina para constituir grupos de presión ante los respectivos gobiernos exigiendo el respeto de los derechos humanos en Cuba y denunciando las violaciones de estos derechos por parte del gobierno castrista a través de declaraciones públicas o enviando cartas con estos reclamos y denuncias a los jefes de gobierno y miembros de los parlamentos y congresos.

El exilio cubano en Estados Unidos deberá presionar al presidente Obama para que sea consecuente con su afirmación de que, con el restablecimiento de relaciones diplomáticas, continuaría planteando de manera directa al gobierno de Raúl Castro “los asuntos relacionados con la democracia y los derechos humanos en Cuba”.

Ahora, en una situación diferente, la oposición cubana, debiera tomar para sí el consejo dado por Jesucristo a sus discípulos: “Ser cautos como las palomas y sagaces como las serpientes”. Ser menos contestatarios y más politizados, más hábiles y más abiertos hacia el interior. Que nadie se considere como el iluminado de los dioses con la posesión de la verdad y busque la verdad compartida.

La oposición, si sabe ser astuta políticamente, puede revertir la aparente victoria obtenida por el castrismo.