Juicios públicos, un mensaje claro a la ciudadanía

Alejandro Tur Valladares. CUBANET

Escena de juicio en la calle. Foto de Alejandro Tur

Como si de una novela seriada se tratase, los Juicios Públicos en la ciudad de Cienfuegos acaban de editar lo que pudiéramos decir su tercera temporada, cuando el pasado 6 de agosto dos ciudadanos fueron procesados y condenados en uno de estos aquelarres, por haber apedreado un ómnibus de pasajeros, teniendo como anfiteatro la populosa avenida Calzada de Dolores.

La práctica de sancionar a presuntos quebrantadores de la ley  fuera del salón del tribunal no es nueva, se remonta al inicio del gobierno comunista a fínales de los años cincuenta, cuando elementos vinculados al aparato represivo de la dictadura batistiana, primero, y opositores políticos emanados de las filas del Ejército Rebelde o de organizaciones afines al 26 de Julio,  después, eran presentados en plazas públicas para que la masa enardecida les gritase, frenética: “Paredón, Paredón”, sin que contasen con las más elementales garantías procesales. La verdad que esto poco importaba y poco importa ahora, pues el cometido principal de estos procesos es ayudar a instaurar el terror revolucionario sobre determinado sector poblacional, no el  de impartir justicia.

Durante la década de los años 90, la herramienta represiva fue desenfundada nuevamente, esta vez buscaba acallar el disenso popular que crecía  a raíz del hambre, los desabastecimientos extremos y los inacabables apagones que oscurecían la isla de un extremo a otro durante lo que ha sido conocido como “Periodo Especial”. Decenas de individuos que buscando un desahogo la emprendieron a pedradas contra vidrieras de comercios, ómnibus de pasajeros o que simplemente causaron daño a la telefonía pública, fueron expuestos como animales de feria ante un público ahora menos efusivo y comprometido con el poder, que se limitó a mirar callado sin atreverse a enunciar su desacuerdo con la forma en que se ejecutaba el proceso.

El juicio que acaba de concluir se enmarca en la nueva campaña gubernamental llamada a combatir las indisciplinas sociales, cuyo tiro de arrancada fue dado tras el discurso de Raúl Castro el pasado 26 de Julio. Desde entonces, se observa un marcado interés por revivir viejos métodos de coacción social dirigidos a embalsar las aguas, ya no solo del legítimo descontento, sobre todo de comportamientos francamente antisociales que están en alza dada la pérdida de valores que aquejan nuestra sociedad,  y en esta estrategia,  los Juicios Públicos, juegan un rol fundamental según consideran  ideólogos del castrismo.

No trato aquí de justificar comportamientos malsanos como dañar un ómnibus, a todas luces un bien social, máxime si quienes lo ejecutan poseen un amplio record delictivo y confiesan haber actuado motivados por el consumo del alcohol y al calor de una riña. Se trata de comprender que la justicia debe tener como prioridad la reeducación  social del individuo, en última instancia, aislarle de la colectividad a la que causa perjuicio, sin que esto suponga, como carga adicional, el asesinato moral de quien delinque.

En definitiva, si lo pensamos detenidamente veremos que esta distorsionada forma de impartir justicia supone algo más que una denigrante modalidad de enjuiciamiento. No se trata tan solo de que las garantías procesales del incriminado sean endebles, o que la celebración en plena vía pública ante centenares de transeúntes implique una pena adicional fuera del marco sancionador que estipulan las leyes, por el costo moral que infringe al procesado, o que aun antes de ser juzgados, la presunción de inocencia sea echada al cesto de la basura, pues no conozco ninguna experiencia similar en que los implicados hayan sido declarados inocentes; de lo que se trata en realidad es enviar un mensaje que se oiga claro y fuerte dentro de la sociedad, para que entienda el costo que puede acarrearle cualquier intento por quebrantar el orden socialista. Este tratamiento será dado  lo mismo al que delinque por vocación, que quien lo hace por necesidad; al sujeto descontento que rompe una vidriera o pone un cartel disidente como acto único de desahogo, que al opositor político que desobedece leyes sistemáticamente por considerar que violan derechos reconocidos universalmente.

Así lo entiende la población. No por casualidad uno de los presentes en el lugar me comentó disgustado: “Esto nos lo hacen a los muertos de hambre. ¿Por qué no hicieron un juicio similar a los corruptos de Felipe Pérez Roque o Carlos Lage? ¿Por qué cuando un primer secretario del partido es expulsado de su puesto por robar no se le da igual tratamiento?”.

Los abogados hicieron su mayor énfasis tratando de demostrar el carácter “revolucionario” de sus defendidos, en pedir clemencia pues estaban afiliados a los CDR y pagaban su cotización.

Se contentaron con remitir sus esfuerzos al intento por ganar el favor de la “magnánima justicia revolucionaria”. Nada de defensa brillante o de alegatos suspicaces. Todo siguiendo un guion preestablecido. Los acusados antes de transitar por aquella avenida para tener su cita con la doncella ciega de la balanza justiciera ya se sabían condenados.