Abundando sobre el Yasuní

Orlando Alcívar Santos. EL UNIVERSO

Desde que Rafael Correa está en el poder ninguna decisión suya ha sido tan cuestionada como la de explotar el Yasuní, ninguna ha concitado tanta oposición ni tan profusos comentarios, unos razonados y otros viscerales, especialmente porque fue el propio Gobierno el impulsor principal de la idea de dejar el petróleo donde se encuentra.

Analizo el tema sin pasión y digo que es enormemente penoso que los trabajos que conlleva la apertura de caminos, el traslado de equipos y la propia extracción del mineral cause daños ambientales irreparables, pero hay que ser sincero con uno mismo: ¿ante la necesidad humana de combatir la pobreza, es posible y es ético no aprovechar los recursos de la naturaleza? No creo que de pronto todos los ciudadanos nos hayamos convertido en ecologistas radicales –infantiles o maduros– pero aunque no lo seamos, es obligatorio señalar, con la transparencia del hombre común a quien no le interesa la política, que duele la afectación de ese maravilloso sector selvático.

La que no termino de entender es que si, según el decir de algunos funcionarios, el daño a la naturaleza será mínimo por el cuidado que tendrán en las obras de ingeniería junto al empleo de tecnología de punta, ¿por qué no se procedió antes a la explotación petrolera y se creó toda la expectativa y la frustración que el tema ha generado? ¿O es que antes no había tanta necesidad de fondos como ahora? Porque se debe tener presente que la explotación del Yasuní va a producir dinero antes de que salga el primer barril a la superficie porque es posible la venta anticipada del crudo. El problema general para el régimen es el costo político que Rafael Correa ha decidido asumir, pues parece que en el momento actual lo más importante son los ingresos. Unos ingresos sobre los que la ciudadanía estará vigilante pues la desdichada tradición de los gobiernos ecuatorianos ha sido la mala utilización de los recursos públicos.

Hay que advertir a quienes tomen la decisión y ejecuten la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, por lo que pueda venir en los años futuros, que la Constitución señala textualmente, en el capítulo que trata de la biodiversidad y de los recursos naturales, que “las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles”, lo que significa que deberán tener mucho tino en esta operación riesgosa en múltiples aspectos, cada uno con su propia importancia, no solo por el inevitable impacto en la vida animal y vegetal sino además por la posible agresión a la vida humana de los pueblos no contactados o en aislamiento voluntario que, según afirman otros funcionarios, no habitan en la zona y ni siquiera transitan por ella a pesar de su nomadismo, conforme lo han podido comprobar por el monitoreo realizado.

En lo constitucional, la Corte de la materia – cuya costumbre es demorar sus pronunciamientos – no creo que califique la pregunta presentada por algunos grupos sociales para una eventual consulta popular, si la Asamblea Nacional se adelanta en declarar, seguro que lo hará, que la explotación del Yasuní es “de interés nacional” como exige la Constitución de la República. Dirá que no cabe la consulta nacional porque el procedimiento específico para este caso está determinado en el artículo 407 y solo la Asamblea podrá convocar a la consulta si lo estima conveniente.

En cambio, lo que parece ineludible es la consulta previa a los pueblos indígenas que habitan en esa jurisdicción, conforme establece el artículo 57 de la misma Norma Suprema en protección de sus derechos colectivos, bien se trate de una medida legislativa o de otra simplemente administrativa.

El tema no luce sencillo.