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jueves, 27 de junio de 2013

“La vida de los otros” en Cuba


Lilianne Ruíz. CUBANET

En cada calle de Cuba existen los llamados “vigilantes revolucionarios”. Son independientes del trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y se reúnen periódicamente con un oficial de la seguridad del Estado para informar y caracterizar todo lo que sucede.   Pero no es un Estado de Derecho lo que protege este complejo aparato de vigilancia y represión. La seguridad del Estado en Cuba es una policía política destinada a impedir la diversidad política y garantizar la estabilidad del partido único.

Como en la película alemana La vida de los otros (2006), que conmovió al mundo por su valor histórico, ese servicio secreto cuenta a su vez con órganos auxiliares, provistos de los medios técnicos “para poder operar de manera personalizada y mantener un control efectivo” ─ relata Raúl Borges Álvarez, quien hasta el año 1989 se desempeñó como oficial de la contrainteligencia.

“A veces hay personas a las que no pueden penetrar con un agente y las controlan mediante los medios técnicos. Hasta el año 1989 había más de 30 departamentos en la Dirección General de la Contrainteligencia. Uno de estos departamentos es el 21, encargado del “enfrentamiento a la contrarrevolución”.

Raúl Borges Álvarez, a raíz del encarcelamiento político de su hijo, Ernesto Borges Pérez, inició actividades de denuncia que lo llevaron progresivamente a la oposición política dentro de la Isla.

Cuenta que existe el departamento de chequeo visual, que en Cuba se le llama k/J. Consiste en el seguimiento físico de personas  o la creación de puntos fijos fotográficos o fílmicos. Lo mantienen desde un punto cercano y de ese modo controlan las personas que entran o salen de un lugar, que también puede ser una casa particular.

“Incluso, pueden conseguir el modo para tomar actividades privadas con el objetivo de chantajear con cuestiones relacionadas con el pudor”, agrega el ex agente.

Está el chequeo de la correspondencia o K/C, “la correspondencia dirigida a un disidente, pasa por funcionarios que tienen en 100 y Boyeros. El Centro de chequeo se llama Internacional, porque se revisa lo que viene de todas partes del mundo, además del territorio nacional. El nombre de la “Persona de Interés Operativo” está en una lista y el oficial operativo al que le ha sido asignado “el caso” es informado del contenido de esta correspondencia”, continúa Borges Álvarez. “Luego, se hacen fotocopias de las cartas, y se decide si posteriormente el envío debe llegar  o no a su destino”.

El chequeo telefónico o K/T, monitorea 24 horas todas las llamadas. Ahí van haciendo toda una caracterización de lo que sucede, y lo van trasmitiendo. De acuerdo con el interés que tenga la conversación, al momento es comunicado al oficial operativo “que atiende al disidente”.

“De este modo pueden impedir mediante la desconexión una entrevista telefónica para denunciar un hecho ante un medio extranjero, ya que los medios nacionales están vedados por ser propiedad del Estado, frustrar una reunión, intentar sabotear un proyecto político, impedir la realización de una protesta en reclamo de derechos. Pero sobre todo ─ afirma ─, están estudiando el perfil desde la privacidad de esa persona, para luego ver cómo pueden controlarla. Desde intentar su reclutamiento por medio de la intimidación y el chantaje, hasta sacarla de circulación”.

La aparición de la Seguridad del Estado en la persona del oficial operativo puede significar detención, amenazas, pérdida de libertad. Todo este complejo aparato represivo, que tiene como objetivo desarticular los esfuerzos por el cambio no violento en la Isla, trata de hacer creer en primera instancia que los derechos no existen.

Cuando eso no es posible, dada la determinación de ese mismo opositor, se tratará entonces de destruirlo. Hay que recordar que una de las garantías de estabilidad de un sistema totalitario es mantener de manera individual una crisis de identidad donde la persona decide no tener ella misma iniciativas que puedan contradecir los dictámenes que provienen de la alta dirección, en este caso de la “Revolución”.

Como se trata de aspectos individuales como la libertad, la identidad y el reclamo de derechos, la policía política, habiendo estudiado el fenómeno de la represión y la sumisión (que fuera documentado desde los tiempos de Lenin y Stalin), se dirige a la destrucción del individuo.

Lo más escandaloso es que para llevar a cabo la violación, institucionalizada, de los derechos humanos en Cuba, la policía política estudia previamente los perfiles de las personas, como lo haría un asesino en serie, que estudia rutinas, fortalezas, debilidades, los temores y las esperanzas de las víctimas.

En la nómina del Departamento 21 hay agentes con comportamientos muy violentos, que luego son reconocidos por el gobierno con órdenes al servicio distinguido, ascensos rápidos y prebendas. Todos esos beneficios, que estimulan la crueldad, son obtenidos por realizar detenciones arbitrarias, sitiar lugares de reunión, propinar golpizas que pueden dejar complicaciones y secuelas posteriores, torturas e intimidación mental y física contra opositores.

La excusa ideológica para estos atropellos descansa sobre una falsedad, aquella de que las personas que hacen política ajena al partido comunista, o defienden las libertades y los derechos humanos, son “mercenarios y agentes del imperialismo”.

Algunas organizaciones políticas independientes y de derechos humanos dentro de la Isla abogan por formular una nueva legislación que impida al sistema y a sus agentes gozar de poderes para recluir, detener y castigar a seres humanos que perseveran en su dignidad y derechos inalienables.

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