Otra vez la prensa

No me parece una buena propuesta ─ todavía en embrión hay que decirlo ─ aquella formulada por Rafael Correa en el sentido de que la información (¿acaso también la opinión?) sea administrada por el Estado tal como es la justicia

Orlando Alcívar Santos. EL UNIVERSO

Infinidad de veces se ha repetido ─ hemos repetido ─ que no es buena idea querer poner barreras a la prensa, es decir a la libertad que necesitan los pensamientos para ser expresados, pero parece que cualquier insistencia sobre el tema se queda corta ante la recurrencia del Gobierno por tratar de privar a los ciudadanos de uno de sus derechos fundamentales, que deberían disfrutar a plenitud y que deberían ser más respetados ahora que existen no solo medios privados de comunicación sino también una amplia gama de medios oficiales.

El Gobierno tiene ojeriza contra dos sectores, contra quienes ha tenido siempre una actitud de acoso y derribo: la prensa y la banca. No voy a defender a la banca porque no me compete ni asumo como míos sus aciertos ni sus errores, pero sí tengo la obligación como ciudadano libre ─ más que como columnista ─ de hacer esfuerzos para contribuir al mantenimiento de un periodismo serio y responsable, atrás del cual debe estar siempre la más amplia posibilidad de que las ideas no tengan cadenas ni subordinaciones, menos esclavismos.

Por eso no me parece una buena propuesta ─ todavía en embrión hay que decirlo ─ aquella formulada por Rafael Correa en el sentido de que la información (¿acaso también la opinión?) sea administrada por el Estado tal como es la justicia, pues aunque se trata de dos bienes jurídicos esenciales para la vida del hombre en sociedad, su aplicación y sus consecuencias son absolutamente distintas, diametralmente diferentes, como lo puede comprender hasta un iletrado si se le explica que no es lo mismo que un inocente esté purgando en la cárcel un delito que no cometió (por falta de justicia que siempre debe ser controlada por el Estado), que ese mismo inocente no se entere de que hubo un incendio en la Amazonía o una explosión en Afganistán (por falta de información que debe ser proporcionada por cualquiera).

Con menor importancia en cuanto a lo general pero con gran incidencia en el tema electoral, me apena y me preocupa que el Consejo Nacional Electoral, con una soltura de huesos digna de mejor suerte, decida, ordene, interprete sin rigor jurídico varias disposiciones legales, entre ellas las relacionadas con el tema central de este artículo, la posibilidad de que la información fluya libremente para que los ciudadanos estén completamente enterados de lo que ocurre en un proceso que debe ser una de las expresiones más importantes del ejercicio de la democracia.

Si el Consejo quiere aprobar un reglamento para que los medios de comunicación se abstengan de hacer promoción directa o indirecta a favor o en contra de un candidato, debe comenzar por regular la propaganda oficial en estos tiempos electorales, pues aunque no se trata exactamente de avisos publicitarios en estricto sentido, resulta sin duda injusto para los demás candidatos que el Gobierno promocione sus acciones ─ con el disfraz de información a la ciudadanía o de rendición de cuentas ─ creando un desbalance que, con el reglamento, se profundizaría más.

Debe haber equilibrio, igualdad y equidad, pero estos conceptos parece que están de vacaciones en los tiempos que corren. Lo que demando es un tratamiento justo para todos y que la prensa pueda caminar sin amarras.