Desvergüenza

Alejandro Armengol. EL NUEVO HERALD

Los residentes de Massachusetts, al llenar su declaración de impuestos, deben presentar pruebas de que cuentan con un seguro médico. Si no lo hacen, tienen que pagar una penalidad, que se les descuenta de sus reembolsos.

¿Quién emitió esta medida tan “injusta”?

¿Barack Obama?

¿Quién le puso este “impuesto” a los ciudadanos norteamericanos de ese estado?

¿Barack Obama?

No, Mitt Romney.

Desde que sufrieron el revés en la Corte Suprema, y el órgano judicial le dio luz verde a la ley de servicios médicos conocida como Obamacare, los republicanos han comenzado a presentar la legislación como un impuesto que afecta especialmente a los pobres y a la clase media estadounidense.

Por supuesto que no se trata de un “impuesto”, sino de una penalidad. Los bancos, las aseguradoras y las tarjetas de crédito, entre otros, imponen penalidades. Y a nadie se le ha ocurrido acusarlas de crear impuestos.

Es un argumento torcido, pero al parecer no hay límites a la hora de ejercerlo.

En una entrevista en CNN, el legislador Mario Díaz Balart llegó a afirmar que esta ley era la causante del estancamiento económico del país, que estaba impidiendo la creación de empleos y era el peor impuesto en la historia nacional.

Así que para el legislador la cuestión es muy fácil: o trabajas o vas al médico.

En una muestra de hipocresía y deshumanización, los republicanos afirman que la ley de Obama es mala para los pobres, porque multa a los que carecen de recursos para comprar un seguro.

Eso no es cierto. La ley contempla diferentes formas de obtener una cobertura médica más barata, limita los costos excesivos y obliga a las aseguradoras a brindar servicios a esos pacientes que actualmente rechazan por una condición médica previa. Además, contiene una ampliación de los servicios de Medicaid.

Sin embargo, la adopción o no de esta ampliación del Medicaid es lo que la Corte Suprema ha dejado en mano de los gobernadores estatales. Y aquí están de nuevo los republicanos, para ponerle el asunto bien difícil a los pobres.

Uno de los primeros que ha declarado que no aceptará ni Obamacare ni la ampliación del Medicaid es Rick Scott, el gobernador republicano de Florida.

La razón de Scott para esa negativa es muy simple: va contra su propio negocio.

Los seguros y los servicios médicos privados han servido para enriquecer al gobernador.

Antes de ser elegido gobernador de Florida, Scott presidía un conglomerado de servicios médicos que fue acusado de estafar al Medicare en más de $600 millones. Al final todo se resolvió con una multa.

Debido al escándalo el gobernador tuvo que renunciar, pero al término no solo quedó libre de cargos sino que recibió una indemnización de $10 millones por su despido.

En Estados Unidos unos buenos abogados pueden hacer milagros, siempre que exista dinero de por medio.

Lo curioso es que Scott no ha cambiado en lo que respecta a los servicios médicos privados, y desde la venta de vitaminas hasta clínicas privadas rurales sigue en el negocio.

En la actualidad el programa de Medicaid es cubierto en un 55 por ciento por el gobierno federal. Bajo la expansión de servicios que se espera produzca el Obamacare, Washington pagaría el ciento por ciento de ésta, durante los primeros tres años, a partir del 2014. Luego iría disminuyendo gradualmente, hasta cubrir el 90 por ciento a partir del 2020.

Es evidente que la ley no va a significar la ruina de ningún estado.

Los republicanos quieren engañar con una falsa preocupación hacia quienes no tienen seguro y son pobres, y por lo tanto podrían ser multados por la ley, pero al mismo tiempo hacen todo lo posible, ya sea mediante legislaciones obstruccionistas o a través de los cargos que ocupan, para que esos mismos pobres no puedan adquirir un seguro a su alcance. Es decir, quieren que los pobres no puedan ir al médico. Así de sencillo.

Todos los días leemos informaciones sobre el brote de cólera en Cuba. Sin embargo, hay otras enfermedades que deberían preocuparnos más o igual.

Hay una epidemia de tuberculosis en el estado. En lo que va de año se han detectado 99 casos y se registraron 13 muertos.

Una situación lo suficientemente seria para que el Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) haya emitido una alerta nacional, de acuerdo a la información aparecida en el diario español El Mundo, edición América.

Sin embargo, Scott ha hecho caso omiso de la situación. Incluso ha ordenado el cierre del único hospital del estado especializado en el tratamiento, situado en West Palm Beach, con el argumento de que hay que ahorrar dinero.

Es evidente que la salud de la población le preocupa mucho al gobernador, siempre y cuando pueda negociar con ella y llenar sus bolsillos.