Miriam Leiva. CUBAENCUENTRO
“Bandidos contra la soberanía radio-electrónica” es un titular que, en la última página (8) del periódico Granma del 14 de noviembre, agredía la capacidad de discernimiento de cualquier persona. Encuadrado en rojo surgían las letras blancas: “Cuba no está en contra del uso de la tecnología, al contrario. El mundo se mueve a velocidad vertiginosa en esta esfera, pero se requiere orden, control. Montar estaciones de satélites, necesita licencia…”. Concluía citando la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que reconoce el derecho soberano de los estados a reglamentar esta rama.
Inmediatamente se avivó el interés en leer la denuncia sobre la edificación clandestina de un tenebroso centro de comunicaciones. Las primeras líneas demostraban el error, pues con el tono de los “teques políticos” y de las arengas propagandísticas de decenios, se comparaba que “mientras nuestro pueblo lleva adelante la actualización de su modelo económico para garantizar la continuidad del socialismo… otros cubanos, actuando diferente, quieren vivir sin dar nada y queriéndolo todo”. En fin, el escrito trataba sobre robos para construir e instalar antenas parabólicas y equipos de recepción de señales satelitales a cambio de importantes sumas de dinero, así como recibir llamadas internaciones sin necesidad de acceder a las redes terminales de la empresa estatal ETECSA, alegando, como era de esperar, que esta actividad es “financiada por Estados Unidos”.
Para un lector de cualquier parte del mundo esas tediosas explicaciones quizás parezcan ciencia ficción, relatos sobre acontecimientos absurdos o acerca de un viaje al pasado que no conoció. Hasta en los países más pobres se puede adquirir el equipamiento para recibir en los hogares las señales telefónicas, televisivas e Internet. Las limitaciones radican en las posibilidades económicas de los interesados. Los cibercafés están por todos lados, a precios muy módicos, y florecen las tabernas con acceso gratis a la red para incentivar la afluencia de clientes para consumir las bebidas y comidas propias del lugar.
Pero en Cuba todo eso está prohibido y penado por leyes. Hace muchos años los cubanos, ávidos de entretenerse e informarse, comenzaron a crear sistemas de transmisión de “canales”, fundamentalmente de la Florida, a través de antenas y cables ilegales y ofrecerlas por un pago mensual. También iniciaron la copia de programas, sobre todo telenovelas y películas, para alquilarlas en los “bancos de vídeos o DVD”. Ya no es noticia el corretear de los vecinos para recoger los cables y pequeños equipos cuando alguien avisa que se acercan los inspectores. Hay personas que se ufanan de no ver nunca la televisión nacional, una forma de evadirse de la dura vida cotidiana y la propaganda gubernamental. Absurdo no contactar al menos un poco con el “mundo en que vivimos”.
Con el desarrollo tecnológico internacional, los cubanos han querido ampliar sus horizontes, en esa comezón ancestral de conocer y experimentar personalmente. Durante años se han comprado ilegalmente horas de Internet, usualmente en las madrugadas, a extranjeros o empleados de empresas estatales. Aunque desde 2008 el Gobierno autorizó a ETECSA la venta del servicio de telefonía móvil a los cubanos, y permitió el acceso a Internet en los hoteles y algunos cibercafés, el elevado precio de estos servicios continúa favoreciendo el dulce sabor de lo prohibido.
En el artículo de Granma se ejemplifican el soborno y el robo de angulares, cables coaxiales, equipos de computación y otros medios para establecer los servicios de comunicación satelital mediante antenas parabólicas, usualmente muy rudimentarias. Se cita el Decreto-Ley 157 y la Resolución 098 de 1995, del Ministerio de la Informática y las Telecomunicaciones, que fija sanciones entre 10.000 y 30.000 pesos o su equivalente al cambio oficial en pesos convertibles, así como el Código Penal que establece la privación de libertad de uno a tres años o multa elevada, además de la confiscación de los bienes.
En resumen, el mencionado escrito es una mezcla de lucha contra el delito y la corrupción, con acusaciones a la violación de la soberanía por parte del culpable de todos los males cubanos: Estados Unidos. Resulta verdaderamente inverosímil que todo eso ocurra en Cuba durante la segunda década del siglo XXI. El Estado origina las ilegalidades y la degradación de los valores morales al impedir el acceso a la información y la comunicación, con el objetivo de mantener su férreo control político.
Sin embargo, el delito de las autoridades es aún mayor por negar la posibilidad de conocimiento en una época de intenso desarrollo cultural y científico-técnico. En Cuba no se publica ni venden libros especializados y novedosos —a pesar de la gran propaganda anual de la Feria Internacional del Libro—, ni se invierte para remozar el equipamiento. Internet es derecho de los ungidos, pero quizás con limitaciones. No se progresa al ritmo internacional y se tapan ojos y oídos, lo cual va aniquilando la característica inquisitiva del cubano.
En estos aspectos urge la apertura, como ha ocurrido con la venta de viviendas y autos. Esos y muchos otros derechos elementales conculcados, forman parte de las prohibiciones absurdas esbozadas por el presidente Raúl Castro, originadoras de muchísimos males de la sociedad cubana actual.
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